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Los gobernadores dicen que no podrán pagar los sueldos por culpa de Macri

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Los 19 que no responden a Cambiemos rechazaron los recortes de impuestos que son coparticipables. Y advirtieron que no son responsables de las “propias y malas políticas económicas y financieras” del Presidente.

BUENOS AIRES (Agencias y diarios). Los gobernadores de la oposición advirtieron que peligra el pago de sueldos por la “grave situación de desfinanciamiento” que les provoca el paquete de medidas de Mauricio Macri, y amenazaron con ir a la justicia por una compensación.

En una reunión que se realizó este miércoles en la sede del CFI, se concentró el rechazo de 19 mandatarios provinciales a las medidas de Macri referidas a los recortes de impuestos como IVA y Ganancias, que son coparticipables.

Estuvieron presentes los gobernadoress o representantes de las provincias donde no gobierna Cambiemos, incluso algunos cercanos a la Rosada como Alberto Weretilneck, que antes presentó ante la Corte Suprema un recurso contra al congelamiento del precio de las naftas.

La cumbre terminó con un duro documento de rechazo a las medidas que los gobernadores consideran tomadas de “forma inconsulta, unilateral y sin tener en cuenta de dónde saldrán los recursos” para afrontarlas.

Nos hace compartir los costos fiscales al no disponerse con ellas las compensaciones necesarias a las provincias, generando un despojo de nuestros recursos y colocándonos en una grave situación de desfinanciamiento”, se quejaron.

Los mandatarios señalaron que Macri no puede “disponer inconstitucionalmente de recursos que son de las provincias”, lo que da pie a la amenaza del último párrafo del documento, donde advierten que irán a la justicia en caso de que la Rosada no instrumente las compensaciones para que no pierdan recursos.

Fuentes al tanto de lo discutido en la reunión explicaron que la idea planteada por los gobernadores es una acción coordinada de los 19 fiscales de Estado provinciales presentando en paralelo recursos ante la Corte Suprema, en caso de que en los próximos días el Gobierno no plantee una negociación.

En la nota los representantes provinciales sostuvieron que ante el recorte de recursos coparticipables están “en grave peligro” de no poder afrontar gastos corrientes como “el cumplimiento de las obligaciones salariales” y “la prestación de servicios esenciales”.

A continuación, le advirtieron a Macri que no les corresponde pagar por las consecuencias de “sus propias y malas políticas económicas y financieras, de las cuales no tenemos ninguna responsabilidad”.

Los gobernadores señalaron que la medida, “a todas luces tan arbitraria y perjudicial”, los pone “al borde de una grave crisis, que puede empujar incluso a la toma de medidas de carácter excepcional o de emergencia”.

En la reunión en el CFI estuvieron presentes los gobernadores Juan Manuel Urtubey (Salta), Alberto Rodríguez Saá (San Luis), Gerardo Zamora (Santiago del Estero), Miguel Lifschitz (Santa Fe), Carlos Verna (La Pampa), Alberto Weretilneck (Río Negro), Sergio Uñac (San Juan), Hugo Passalacqua (Misiones), Juan Manzur (Tucumán), Gustavo Bordet (Entre Ríos), Mariano Arcioni (Chubut), Rosana Bertone (Tierra del Fuego), Lucía Corpacci (Catamarca), Sergio Casas (La Rioja), Gildo Insfrán (Formosa), Omar Gutiérrez (Neuquén) y Domingo Peppo (Chaco). Además, estuvieron como enviados el vicegobernador de Santa Cruz, Pablo González, y el ministro de Economía de Córdoba, Osvaldo Giordano.


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El gobierno aumentó a $70.000 la asignación de ayuda escolar anual

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ayuda escolar

El presidente Javier Milei firmó este viernes un decreto mediante el cual incrementó en un 311% la asignación de ayuda escolar anual para la educación desde el nivel inicial hasta el secundario, elevando de esta manera el beneficio de $17.000 a $70.000.

La mencionada ayuda escolar se trata de un beneficio otorgado a través de Anses a trabajadores en relación de dependencia, monotributistas, jubilados y pensionados como así también beneficiarios de la AUH con hijos en edad escolar.

La asignación generalmente se cobra en marzo y sirve como una asistencia para los gastos que derivan del inicio del ciclo lectivo.

De acuerdo a un comunicado del Ministerio de Capital Humano encabezado por Sandra Pettovello, la medida alcanzará a unos 7,3 millones niños escolarizados desde nivel inicial hasta secundaria. Con el incremento dispuesto, el monto a cobrar pasará entonces de los $17.318 actuales a $70.000.

El decreto señala que el aumento se debe a que el país “se encuentra atravesando una situación de inédita gravedad, generadora de profundos desequilibrios que impactan negativamente en toda la población, en especial en lo social y económico”.

¿Quiénes pueden solicitar la Ayuda Escolar?

Pueden solicitar la Ayuda Escolar las familias que reciben una Asignación Familiar o Universal, que tengan hijos a partir de los 45 días y hasta el mes que cumplan 18 años y que concurran a la escuela, ya sea nivel inicial, primario o secundario/polimodal. Es sin límite de edad en caso de que tengan hijos con discapacidad que reciban una educación especial, concurran a talleres protegidos, centros de rehabilitación o que reciban el apoyo de maestros particulares matriculados.

Tope máximo de ingreso del grupo familiar $ 3.960.000.- (bruto)

Tope máximo de cada integrante del grupo familiar $ 1.980.000.- (bruto)

¿Cómo solicito la Ayuda Escolar?

Se solicita ingresando al sitio web Mi ANSES, con CUIL y Clave de la Seguridad Social. Eligiendo la opción Hijos > Presentar un certificado escolar para generar el formulario para cada uno de tus hijos.

Una vez impreso, se deberá llevar el formulario a la escuela para que la institución complete todos los datos y la firme. Luego se deberá sacar una foto y subirla a Mi ANSES Para cobrar la Ayuda Escolar todos los años es necesario acreditar la escolaridad de los hijos antes del 31 de diciembre.


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La inflación de enero fue de 20,6% y llegó a 46,1% en dos meses con Milei

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inflación enero

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) de la Argentina informó esta tarde que el índice de inflación registrado durante enero fue del 20,6% y que el balance interanual alcanzó el 254,2%.

Se trata del segundo informe publicado desde la asunción de Javier Milei como presidente y del relevamiento oficial se desprende que en poco más de dos meses la gestión del líder libertario los precios tuvieron un aumento de 46,1%, tras el 25,5% registrado en diciembre.

En detalle, los resultados del relevamiento correspondiente al Índice de Precios al Consumidor (IPC) de enero posicionaron a bienes y servicios varios (44,4%) como el rubro con mayor alza durante el mes pasado con respecto a diciembre, escoltado por transporte (26,3%), comunicación (25,1%), recreación y cultura (24%) y equipamiento y mantenimiento del hogar (22,3%).

Según las cifras difundidas por el mismo organismo, el 2023 cerró con un 211,4% de inflación anual y antes de la asunción de Milei en diciembre el mes con mayor incremento había sido noviembre, con 12,8%, cuando todavía el presidente era Alberto Fernández.


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Transportistas advierten que el servicio está en riesgo ante quita de subsidios

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transportistas

En un comunicado subido a sus redes sociales este martes, la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (Fatap) rechazó la decisión del gobierno del presidente Javier Milei de eliminar el Fondo Compensador para el Transporte del Interior y advirtió: “Los ciudadanos del interior serán privados del único transporte público del que disponen”.

En el documento, titulado “Transporte público del interior, crónica de una crisis con responsables”, la organización que nuclea a más de 250 empresas de todo el país, alertó sobre la quita de los subsidios y consideró la decisión como el tiro de gracia a un sistema que experimentaba un deterioro de larga data.

“Desde hace varios años, Fatap viene advirtiendo que la movilidad masiva de las ciudades del Interior se encaminaba hacia un triste final”, arranca el comunicado de la entidad empresaria.

“La intempestiva decisión del Gobierno Nacional de eliminar el Fondo Compensador del Transporte y toda asistencia al transporte del Interior, después de haber afirmado que terminaría con la discriminación que este último sufría en la asignación de recursos, es la culminación del proceso de deterioro denunciado”, afirma.

“Lamentablemente, las consecuencias de la desidia suelen hacerse presentes en los momentos más inoportunos, como el actual, cuando la pobreza no encuentra su piso, ensañándose con los estudiantes, trabajadores, profesionales, monotributistas y adultos mayores -principales usuarios del transporte público- quienes padecerán un sistema precario, ineficaz e inseguro, si no se adoptan medidas urgentes”, advierte.

La Fatap apunta que la situación “reconoce como responsables a que quienes tuvieron la obligación de garantizar la sustentabilidad del transporte público del Interior y han contribuido, por acción u omisión, a esmerilar el capital de las empresas prestadoras, su infraestructura y material rodante, llevándolas a una situación de impotencia y riesgo cierto de desaparición”.

Fuera de tiempo

La entidad empresaria sostiene que la preocupación de los gobiernos provinciales y municipales llegó “a destiempo”, y acusa: “Recién hoy ven las consecuencias de la destrucción del capital de las empresas y de establecer irresponsablemente tarifas que destruyeron el concepto de precio del servicio, quebrando así la ecuación económica de los contratos que ellas mismas diseñaron”.

“Las apelaciones al federalismo y la equidad en el reparto de fondos estatales son banderas que Fatap ha levantado desde siempre”, aclara la organización empresarial y arremete: “Mientras, los titulares de los servicios privilegiaban la coyuntura y soslayaban las consecuencias de la discriminación que sufrió el Interior durante varios años, que hoy los interpela”.

“En este contexto, no hay tiempo para perder en disputas y pases de facturas”, manifiesta la Fatap y sentencia: “Es urgente emplear las energías en retomar el respeto a los contratos; privilegiar el profesionalismo y la capacidad en la toma de decisiones y, en suma, elevarse por sobre la coyuntura generando reglas claras, previsibles y duraderas que faciliten y protejan la inversión y el trabajo”.

Plan inmediato

“Las más de 250 empresas argentinas nucleadas en Fatap, han sido injustamente señaladas como responsables del deterioro del sistema, cuando, en verdad, fueron dramáticamente perjudicadas por la licuación de sus patrimonios y la asunción de numerosas deudas a causa de la necesidad de mantener la regularidad y continuidad de los servicios en condiciones anómalas, carentes de previsibilidad económica y financiera, con reglas de juego precarias y sometidas a decisiones arbitrarias, ajenas a toda consideración técnica”, argumenta.

Frente a ello, la entidad, explica que “las definiciones de financiamiento a los usuarios expresadas por el Gobierno Nacional no son idóneas para superar el estado de cosas descripto”, y repasa, en cuatro puntos, el cuadro de situación.

“El sistema de transporte público del interior se encuentra en una crisis económica y financiera que no admite indefiniciones en ningún aspecto”, apunta y reclama: “Es imprescindible generar de modo muy urgente un marco legal y económico previsible, sostenible y duradero”.

“No existe capacidad empresaria para absorber ningún costo operativo adicional, antes bien, se requieren imperiosamente aportes que permitan la recuperación del capital perdido”, agrega en el punto 2.

En un tercer ítem, los transportistas señalan que “los recursos deben ser generados en el momento en que el usuario consume el servicio, ya que las empresas del sistema han perdido el crédito comercial con sus proveedores, y las obligaciones asumidas a causa de la crisis generada por sus concedentes no pueden seguir agravándose a las tasas actuales”.

Por último, la entidad reclama, “de modo inmediato, un plan de financiamiento a largo plazo de las obligaciones devengadas, impositivas y de adquisición de capital de trabajo e infraestructura, con cargo de los intereses a los responsables del sistema de transporte”.

El comunicado de los transportistas alega, en su último párrafo, que “sin un plan de acción que implemente inmediatamente lo expresado en los puntos anteriores, con la conformación de una mesa de trabajo integrada por las autoridades municipales, provinciales y Fatap, que genere las normativas y diseñe las acciones necesarias, la República Argentina será menos federal y menos igualitaria, ya que los ciudadanos del interior serán privados del único servicio de transporte público del que disponen, que es esencial para el desarrollo social y económico de sus comunidades”.


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