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Los gobernadores dicen que no podrán pagar los sueldos por culpa de Macri

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Los 19 que no responden a Cambiemos rechazaron los recortes de impuestos que son coparticipables. Y advirtieron que no son responsables de las “propias y malas políticas económicas y financieras” del Presidente.

BUENOS AIRES (Agencias y diarios). Los gobernadores de la oposición advirtieron que peligra el pago de sueldos por la “grave situación de desfinanciamiento” que les provoca el paquete de medidas de Mauricio Macri, y amenazaron con ir a la justicia por una compensación.

En una reunión que se realizó este miércoles en la sede del CFI, se concentró el rechazo de 19 mandatarios provinciales a las medidas de Macri referidas a los recortes de impuestos como IVA y Ganancias, que son coparticipables.

Estuvieron presentes los gobernadoress o representantes de las provincias donde no gobierna Cambiemos, incluso algunos cercanos a la Rosada como Alberto Weretilneck, que antes presentó ante la Corte Suprema un recurso contra al congelamiento del precio de las naftas.

La cumbre terminó con un duro documento de rechazo a las medidas que los gobernadores consideran tomadas de “forma inconsulta, unilateral y sin tener en cuenta de dónde saldrán los recursos” para afrontarlas.

Nos hace compartir los costos fiscales al no disponerse con ellas las compensaciones necesarias a las provincias, generando un despojo de nuestros recursos y colocándonos en una grave situación de desfinanciamiento”, se quejaron.

Los mandatarios señalaron que Macri no puede “disponer inconstitucionalmente de recursos que son de las provincias”, lo que da pie a la amenaza del último párrafo del documento, donde advierten que irán a la justicia en caso de que la Rosada no instrumente las compensaciones para que no pierdan recursos.

Fuentes al tanto de lo discutido en la reunión explicaron que la idea planteada por los gobernadores es una acción coordinada de los 19 fiscales de Estado provinciales presentando en paralelo recursos ante la Corte Suprema, en caso de que en los próximos días el Gobierno no plantee una negociación.

En la nota los representantes provinciales sostuvieron que ante el recorte de recursos coparticipables están “en grave peligro” de no poder afrontar gastos corrientes como “el cumplimiento de las obligaciones salariales” y “la prestación de servicios esenciales”.

A continuación, le advirtieron a Macri que no les corresponde pagar por las consecuencias de “sus propias y malas políticas económicas y financieras, de las cuales no tenemos ninguna responsabilidad”.

Los gobernadores señalaron que la medida, “a todas luces tan arbitraria y perjudicial”, los pone “al borde de una grave crisis, que puede empujar incluso a la toma de medidas de carácter excepcional o de emergencia”.

En la reunión en el CFI estuvieron presentes los gobernadores Juan Manuel Urtubey (Salta), Alberto Rodríguez Saá (San Luis), Gerardo Zamora (Santiago del Estero), Miguel Lifschitz (Santa Fe), Carlos Verna (La Pampa), Alberto Weretilneck (Río Negro), Sergio Uñac (San Juan), Hugo Passalacqua (Misiones), Juan Manzur (Tucumán), Gustavo Bordet (Entre Ríos), Mariano Arcioni (Chubut), Rosana Bertone (Tierra del Fuego), Lucía Corpacci (Catamarca), Sergio Casas (La Rioja), Gildo Insfrán (Formosa), Omar Gutiérrez (Neuquén) y Domingo Peppo (Chaco). Además, estuvieron como enviados el vicegobernador de Santa Cruz, Pablo González, y el ministro de Economía de Córdoba, Osvaldo Giordano.

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El gobierno promulgó la reforma laboral y los cambios rigen desde hoy

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El gobierno promulgó la reforma laboral y los cambios rigen desde hoy

A una semana de la sanción en el Congreso de la Nación, el gobierno promulgó este viernes la Ley de Modernización Laboral y los cambios comienzan a regir a partir de hoy.

El Poder Ejecutivo puso en vigencia la Ley 27.802, a través de la publicación en el Boletín Oficial del Decreto 137/2026, que lleva las firmas del presidente Javier Milei, del jefe de Gabinete Manuel Adorni y de la ministra de Capital Humano Sandra Pettovello.

La norma, compuesta por 25 capítulos, introduce cambios en las relaciones de trabajo, principalmente, en indemnizaciones, salarios, vacaciones, jornada laboral, derechos sindicales y flexibiliza las condiciones de contratación.

Sobre las indemnizaciones, la Ley reduce la base de cálculo y deja de considerar dentro de las mismas vacaciones, aguinaldo, propinas o premios. Quedará un tope salarial como base de remunerativa, que no puede exceder tres veces el salario promedio mensual según el convenio colectivo aplicable a la categoría del trabajador. De esta manera, las indemnizaciones se actualizarán por inflación más un plus del 3%. También habilita a las Pymes el pago en cuotas.

Los salarios podrán abonarse en dinero -en moneda nacional o extranjera- o en especie, mediante provisión de habitación o alimentos. Además, se incorpora el concepto de “salario dinámico”, que podrá ser acordado en convenios colectivos, regionales o por empresa, y contemplarse como una retribución vinculada al mérito personal del trabajador o a su productividad.

Según la norma, el empleador deberá otorgar las vacaciones entre el 1 de octubre y el 30 de abril del año siguiente, aunque las partes podrán acordar tomarlas fuera de ese período. También se prevé que empleador y trabajador puedan convenir el fraccionamiento de las vacaciones con una antelación no menor a 30 días, con períodos mínimos de siete días.

En relación con las horas extras y el banco de horas, el artículo 197 bis incorporado establece que el empleador y trabajadores “podrán acordar voluntariamente un régimen de compensación de horas extraordinarias”, el cual deberá formalizarse por escrito.

El texto señala, además, que “dicho régimen deberá respetar los descansos mínimos legales, asegurando en todo momento la protección, beneficio e interés del trabajador”.

Asimismo, la reforma establece porcentajes mínimos de funcionamiento durante las huelgas según la actividad: los servicios esenciales deberán garantizar una cobertura del 75% y los considerados trascendentales, del 50%. Además, amplía las actividades alcanzadas y dispone que, tras una conciliación obligatoria, los sindicatos presenten con anticipación el plan de la medida de fuerza. También establece que las asambleas de trabajadores deberán contar con autorización previa del empleador.

La nueva legislación aclara que sus disposiciones no alcanzan a empleados de la administración pública nacional o provincial, personal de casas particulares, trabajadores agrarios, prestadores independientes de plataformas tecnológicas ni a contratistas regidos por el Código Civil y Comercial, salvo que una norma específica los incluya.

La Reforma Laboral es ley: senadores misioneros votaron a favor

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Paro nacional universitario por 96 horas en reclamo de ley de financiamiento

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La Conadu Histórica, convocó a un paro nacional por 96 horas, desde el lunes 16 de marzo hasta el viernes 20, en reclamo de la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario aprobada por el Congreso de la Nación y vetada posteriormente por el presidente Javier Milei.

Sin embargo, los docentes de la Universidad de Buenos Aires (UBA) proponen que el cese de actividades sea “por tiempo indeterminado”, hasta que se aplique la ley y se concrete el pago de un aumento del 51% adeudado por la recomposición salarial.

De todas maneras, la medida será ejecutada conjuntamente el 16, en tanto, el día 20 se concretará una nueva asamblea general para evaluar los pasos a seguir. Mientras tanto, el gobierno nacional presentó un nuevo proyecto de ley, pero el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) ratificó la ley original.

En ese sentido, los universitarios plantean que la nueva maniobra oficialista busca “no acatar la Ley”, ya que “es una modificación que desconoce la deuda y nos da un aumento del 12%, en lugar del 51% adeudado y encima en tres cuotas a pagar hasta octubre de 2026”, expresó Laura Carboni, secretaria general de la Asociación Gremial Docente (AGD) de la UBA en diálogo con Noticias Argentinas.

En ese contexto, planean convocar a una marcha federal antes del tratamiento de la modificación en el Congreso.

Milei suspendió ejecución de las leyes Garrahan y financiamiento universitario

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Renunció Cúneo Libarona y lo reemplazará Juan Mahiques como ministro de Justicia

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El fiscal general de la Ciudad de Buenos Aires y titular de la Asociación Internacional de Fiscales, Juan Bautista Mahiques, dará el salto al Poder Ejecutivo tras la salida de Mariano Cúneo Libarona, según anunció el propio presidente Javier Milei.

Esta mañana alrededor de las 10, el mandatario argentino recibió al ministro de Justicia saliente, Mariano Cúneo Libarona, para resolver la conducción de la cartera luego de varios intentos del abogado mediático por renunciar al cargo, lo que finalmente se concretó este mediodía. 

Si bien en la danza de nombres para el reemplazo figuraba el ex intendente de Mar del Plata Guillermo Montenegro y el fiscal federal Carlos Stornelli, el presidente anunció a través de su cuenta de X la designación de Mahiques, quien inmediatamente expresó su agradecimiento por nombrarlo en esa cartera y enfatizó que “sin Justicia no hay futuro posible”.

Por su parte, el nuevo ministro de Justicia, hasta ahora fiscal general de la Ciudad de Buenos Aires, expresó: “Agradezco al Presidente Javier Milei por la confianza para asumir esta responsabilidad. Su liderazgo ha sido claro al marcar el camino: sin justicia no hay futuro posible”. 

Para el flamante funcionario, “ese rumbo exige instituciones que funcionen con arreglo al Estado de Derecho y un sistema jurídico con reglas claras y estables, que reconstruya la confianza pública, brinde seguridad real y un marco previsible para quien cumple la ley”.

Asimismo, agradeció también a la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, “por su apoyo permanente y por la dedicación con la que conduce y fortalece al equipo político del Gobierno”.

El responsable de Justicia también manifestó su “reconocimiento” a la labor de Cúneo Libarona “quien se ocupó de la primera etapa de transformación que debemos consolidar con responsabilidad y firmeza”.  

“La Argentina -recalcó- necesita una Justicia independiente de las disputas políticas, imparcial en sus decisiones, ágil en sus tiempos y moderna en sus herramientas; una institución que proteja a las víctimas, que no confunda garantías con impunidad y que reafirme, sin excepciones, que la ley se cumple para todos por igual”.

Finalmente destacó: “Asumo esta función con la convicción de que sin seguridad jurídica no hay inversión, sin reglas estables no hay desarrollo y sin jueces independientes no hay República”.

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