Nacionales
Lesa humanidad: son 1088 los condenados desde la reapertura de los juicios
En el marco de un nuevo aniversario de La Noche de los Lápices, un reciente informe elaborado por la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad de la Nación indica que son 1088 las personas condenadas en Argentina por delitos de lesa humanidad desde la reapertura de los procesos de investigación en 2006.
El trabajo estadístico, que contiene datos actualizados al 9 de septiembre, consigna que desde la reapertura de estos procesos se ha dictado un total de 286 sentencias en tribunales federales de todo el país.
El informe, difundido por el Ministerio Público Fiscal (MPF) de la Nación, añade que en la actualidad hay 14 juicios en desarrollo, en tanto que 63 causas se encuentran a la espera del inicio del debate y otros 274 expedientes están en fase de instrucción, es decir, de investigación y recolección de pruebas.
“La infografía también especifica que las personas procesadas son actualmente 495, mientras que 135 se encuentran con falta de mérito para procesar o sobreseer, y 95 fueron sobreseídas. Los imputados por el MPF ascienden a 577 -es decir, personas aun no convocadas a declaración indagatoria- y los prófugos son actualmente 21. Fallecieron durante el trámite de los procesos 1371 personas, sin llegar a obtener sentencia”, agrega el MPF en su web oficial.
El dictador Jorge Rafael Videla recibió varias condenas a prisión perpetua y murió tras las rejas en una celda del penal de Marcos Paz en 2013.
El relevamiento de dicha Procuraduría, a cargo de la fiscal federal María Ángeles Ramos, también arroja que existen 725 personas detenidas por crímenes de lesa humanidad, mientras que 1514 se encuentran en libertad.
De esos 725 detenidos, en tanto, 551 gozan de arresto domiciliario, 113 en establecimientos penitenciarios y 61 en otras dependencias. Según indicaron, la mayoría de ellos son personas alojadas en la Unidad 34 del Servicio Penitenciario Federal con sede en la guarnición militar de Campo de Mayo, lugar que no es considerado como un establecimiento penitenciario por tratarse de una sede castrense con custodia actual y permanente del Ejército.
Misionero condenado
En ese lugar se encuentra, por ejemplo, Bernardo “El Ángel” Caballero, un militar retirado misionero condenado a 20 años de prisión en el marco del juicio por la denominada “megacausa de Campo de Mayo”.
Caballero es militar retirado y nació el 4 de octubre de 1955 en la localidad misionera de San Ignacio, según consta en la sentencia impartida en julio por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 1 de San Martín, provincia de Buenos Aires.
El militar retirado misionero Bernardo “Él Ángel” Caballero está alojado en la UP 34 de Campo de Mayo.
Actualmente, el misionero es uno de los pocos imputados en ese expediente que se encuentra privado de su libertad. Está detenido desde 2015 y pasa sus días y sus noches en una celda de la Unidad Penal 34 de Campo de Mayo, dependiente del Servicio Penitenciario Federal (SPF). Sí, en el mismo lugar donde operó, custodiando detenidos y siendo forma de grupos operativos o “patotas” durante la dictadura militar, ahora purgará su pena.
El hombre fue condenado a 20 años de prisión e inhabilitación absoluta y perpetua como coautor de los delitos de allanamiento ilegal (24 casos); robo agravado por el uso de armas de fuego (5 casos); privación ilegal de la libertad cometida por abuso funcional agravada por el empleo de violencias y amenazas (9 casos); privación ilegal de la libertad cometida por abuso funcional doblemente agravada por el empleado de violencia y amenazas y por su duración de más de un mes (43 casos); imposición de tormentos agravador por ser la víctima un perseguido político (52 casos).
Cinco integrantes de una familia, entre ellos una niña de 4 años, murieron este martes tras haber inhalado monóxido de carbono en una casa ubicada en la calle Sanabria del barrio porteño de Villa Devoto.
El trágico suceso se descubrió esta tarde, cuando un familiar de los fallecidos acudió a la vivienda y se topó con los cuerpos sin vida, para luego dar aviso al sistema de emergencias 911 de la Policía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Una vez en el lugar, los agentes dieron con los cadáveres de un hombre de 75 años y su mujer de 43; como así también el de otro hombre de 43 y su esposa de 42; y el de la pequeña de 4, hija de la pareja más joven.
En la vivienda también encontraron un bebé que alcanzó a ser rescatado con vida y consciente. El niño fue trasladado de urgencia al hospital Zubizarreta, aunque posiblemente más tarde sea derivado al hospital de Niños o al Pedro Elizalde, ambos de Caba.
En un acto esta tarde en la sede del Cuerpo de Policía Montada, en el barrio porteño de Palermo, el presidente Javier Milei y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, presentaron el Departamento Federal de Investigación (DFI) que, con un logo casi idéntico al famoso FBI estadounidense, absorberá el 80% de las tareas de la Policía Federal (PFA) y se enfocará en el crimen organizado.
Según explicó el mismo presidente, se trata de una “reconversión profunda que transformará para siempre” a la fuerza federal, “replicando el espíritu” del legendario fundador del FBI norteamericano, J. Edgard Hoover.
El punto más controversial del Decreto 383/2025, publicado hoy en el Boletín Oficial de la República Argentina, es la autorización a la PFA para realizar ciberpatrullajes y requisas sin orden judicial.
El Decreto establece un cambio profundo en el rol operativo de la fuerza de seguridad, que pasará a concentrarse en la investigación de delitos federales y complejos como el crimen organizado, el narcotráfico y el ciberdelito.
Desde este martes, la PFA tiene la facultad de intervenir a partir de posteos de redes sociales y no necesitará la orden de un juez para hacerlo, e incluso puede utilizar la base de datos del Estado para ubicar a una persona.
“Hemos decidido reformar la PFA para reconvertirla en una fuerza dedicada a la investigación criminal y para eso creamos en DFI al interior de la PFA”, sostuvo Milei, en el acto de Palermo que compartió con Bullrich y otros funcionarios del gobierno, como Karina Milei, Guillermo Francos y los ministros Mariano Cuneo Libarona (Justicia), Mario Lugones (Salud), Luis Petri (Defensa), y el titular de Diputados, Martín Menem, entre otros.
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Los fiscales federales Diego Luciani y Sergio Mola dictaminaron en contra del pedido de prisión domiciliaria efectuado por la defensa de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, aunque la resolución final continúa en manos del Tribunal Oral Federal Dos, cuyas autoridades podrían resolver la cuestión este mismo martes, un día antes del vencimiento del plazo otorgado a CFK para iniciar el cumplimiento de su condena a 6 años de cárcel.
En un dictamen de diez páginas, los fiscales alegaron que “no se advierten las razones humanitarias que justifican conceder una medida excepcional como lo es la detención domiciliaria” y agregaron que “no se encuentran configuradas ni esgrimidas razones de salud o personales que, vinculadas a la edad, permitan inferir que el encierro carcelario pueda afectar el derecho a un trato digno o humanitario reconocido a las personas privadas de su libertad”.
Además, consideraron que CFK no argumentó ningún motivo de salud como para no estar en prisión e indicaron que la cuestión de edad -72 años- no es una obligación, sino una posibilidad prevista en la ley.
Sobre este tema citaron como ejemplo el caso de Ricardo Jaime, ex secretario de Transporte de la Nación, quien cumple condena en prisión por la tragedia de Once y al cumplir 70 años pidió la prisión domiciliaria pero le fue rechazada.
A pesar de la opinión fiscal, la decisión final le corresponde a los magistrados TOF 2 y las fuentes que siguen de cerca el caso estiman que la cuestión podría resolver hoy, un día antes del plazo otorgado para que se presente a Comodoro Py, lo cual podría darse en medio de una gran marcha organizada por militantes peronistas y seguidores partidarios.
La ex presidenta ya avisó que acatará la orden judicial, aunque solicitó cumplir su pena con arresto domiciliario en su departamento en cale San José 1.111 del barrio porteño de Montserrat, donde todos los días es acompañada por un numeroso grupo de personas que se aglomera bajo su balcón desde el día de la confirmación de su condena por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Tanto Luciani como Mola fueron severamente señalados por CFK durante el transcurso de la causa Vialidad por sus vínculos con el ex presidente Mauricio Macri, relevando encuentros, visitas y hasta actividades recreacionales juntos en la quinta Los Abrojos.
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