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Inicio de sesiones: Alberto defendió el acuerdo con el FMI y descartó ajustes

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Alberto

El presidente Alberto Fernández inauguró el 140° período de sesiones ordinarias en el Congreso Nacional con un discurso de poco más de hora y media en que defendió el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), y negó que su gobierno tenga previsto reformas en los sistemas jubilatorio y laboral, y descartó cualquier ajuste y tarifazo.

El acuerdo con el FMI por la deuda del gobierno de Mauricio Macri, de U$S 44.500 millones, ocupó el centro del discurso de Fernández, que adelantó que “aún hoy” sigue “negociando aspectos vinculados a la formalización de ese acuerdo”, que confía “concluir a la brevedad” y que no implicará “políticas de ajuste”.

“No queremos más ajustes, nunca defendimos los ajustes”, sentenció el presidente. “Queremos más producción, más trabajo, mejores ingresos y menor inflación”, indicó.

Afirmó que el acuerdo con el organismo internacional “no significa mayor endeudamiento” de la sideral deuda tomada por el macrismo, sino la posibilidad de “empezar a pagar en 2026”, con lo que auguró años de crecimiento.

“El acuerdo que anunciamos semanas atrás sobre el marco de políticas económicas es el mejor acuerdo que el Gobierno de la Argentina podía conseguir”, expresó.

Sin tarifazos

El presidente descartó que hubiera en la agenda un tarifazo. Prometió aumentos razonables de tarifas en sintonía con la Ley N° 27.743, de 2018, que ponía como tope de las tarifas la variación del salario mínimo, y fue vetada por el entonces presidente Macri.

“Lo que nosotros haremos será utilizar ese mismo indicador, pero estableciendo que la evolución de las tarifas estará claramente por debajo de la evolución de los salarios. Así, alineamos el tema de las tarifas con una política clara para recomponer los ingresos en términos reales”, prometió.

“Vamos a segmentar los subsidios para lograr niveles de tarifas razonables, con justicia y equidad distributiva para los servicios públicos de gas y electricidad. Por eso, en principio, apuntamos a que el 10 % de mayor capacidad económica deje de ser beneficiario de subsidios”, agregó.

El jefe de Estado negó que el acuerdo con el FMI implique reformas en el sistema jubilatorio y laboral.

“No habrá una reforma previsional”, enfatizó. “La edad jubilatoria no será alterada. Jubilarse es un derecho y se debe respetar a rajatabla”, expresó.

“Quiero ser claro: no habrá una reforma laboral”, señaló. “Los derechos de los que trabajan no pueden ser alterados en su perjuicio”, argumentó.

“Queremos más trabajo para una Argentina grande, con crecimiento y empleo, sin exclusiones y con ampliación de derechos”, sentenció.

Fernández adelantó que esta semana enviará el texto del acuerdo al Congreso.

Investigar la deuda

En su discurso, el jefe de Estado recordó el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 8/2021 por el que instruyó a la Procuración del Tesoro para iniciar una “querella criminal” orientada a “establecer la verdad y las responsabilidades” sobre la deuda con el FMI.

La mención de este DNU provocó la reacción de la bancada del PRO, cuyos legisladores abandonaron el recinto.

“Este acuerdo tampoco releva al Poder Judicial de avanzar en esa investigación. Los argentinos y las argentinas tienen el derecho de saber cómo ocurrieron los hechos y quienes fueron los responsables de tanto desatino”, dijo Fernández mientras los parlamentarios macristas se retiraban del hemiciclo.

Sobre la deuda en sí, Fernández señaló: “No nos dejaron ni un puente, ni una nueva carretera, solo nos dejaron una deuda externa impagable”.

Al término de la sesión, entrevistado por varios medios porteños, el diputado radical Facundo Manes calificó de “falta de empatía” la actitud de sus colegas del PRO.

Más trabajo

Entre los anuncios, el presidente Fernández adelantó la creación de 200.000 nuevos puestos de trabajo, el incremento de la exportaciones de U$S 80.000 millones a U$S 100.000 millones para fines de este año, y U$S 170.000 millones para 2030.

Indicó que leyes como la del cannabis medicinal y uso industrial del cáñamo, de inversiones automotrices, electromovilidad, agro bioindustrial; de hidrógeno, nanobiotecnología; del sistema nacional de calidad y de desarrollo hidrocarburífero, entre otras, “serán una palanca del desarrollo y generadoras de miles de nuevos empleos”.

Fernández aseguró que de aquí al final de su mandato, le imprimirá un fuerte impulso a la inversión pública en materia de obras de infraestructura, y en la educación pública.

Puntualmente, habló de la construcción del segundo puente entre las provincias de Corrientes y Chaco, con una inversión de U$S 600 millones, y del gasoducto Néstor Kirchner, de 1.000 kilómetros de extensión y una inversión de U$S 2.500 millones.

Espionaje no

La reforma judicial también estuvo en el discurso presidencial, con consideraciones sobre la falta de independencia del Poder Judicial y su “convivencia” con los sectores de poder económico.

Fernández ejemplificó con la falta de cumplimiento de un decreto suyo que declaraba servicio público esencial a la telefonía celular, internet y la televisión por cable, congelando las tarifas durante la pandemia.

“La justicia sigue sin resolver los amparos que impidieron la aplicación de ese decreto, lo que demuestra claramente la connivencia con el poder económico”, argumentó.

Fernández defendió el proyecto de ley de reforma de la justicia federal, y solicitó al Congreso abordar la situación y no rehuir una discusión “necesaria” que, incluso, abarca “la conformación de la Corte Suprema y su funcionamiento”.

El mandatario le dedicó unas líneas al sonado caso de la denominada “Gestapo macrista”, la operación para espiar y perseguir opositores durante el gobierno de María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires, y a la causa que enfrenta el ex presidente Macri por el espionaje ilegal a los familiares de los marinos del ARA San Juan.

“En Argentina no hay espacio para el espionaje político”, sentenció el jefe de Estado.

La guerra en Ucrania

En su discurso, Alberto Fernández habló de la guerra en Ucrania, abogando por el cese del fuego y la salida negociada del conflicto.

“La paz del mundo se altera por la invasión militar de la Federación de Rusia sobre Ucrania. Europa se conmueve mientras el fantasma de una guerra vuelve a levantarse. Otra vez la violencia bélica arrasa vidas humanas”, señaló.

Fernández pidió “darle una oportunidad a la paz” para “construir nuevas reglas que saquen de la postergación a los millones de desposeídos que apenas sobreviven, otra vez la humanidad estará siendo condenada a padecer la indecencia de los poderosos”.

Argumentó que como “parte de ese mundo”, Argentina “indefectiblemente” sentirá las consecuencias de la guerra en Europa.


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Intiman a Estado nacional a responder por ley de derechos al pueblo guaraní

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Intiman a Estado nacional a responder por ley de derechos al pueblo guaraní

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) estableció un plazo de tres meses para que el gobierno Nacional realice un descargo por la denuncia de violación a los derechos humanos presentada ante el organismo por un total de 46 comunidades mbya guaraní de Misiones.

El abogado Julio García, integrante del grupo misionero del Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (Endepa), dio una conferencia de prensa hoy frente a la Casa de Gobierno y explicó que la presentación de las comunidades guaraníes ante el organismo internacional es en base al incumplimiento del gobierno provincial a lo establecido en la Ley 4000, sancionada en el año 2003.

Dicha la ley incorpora a la Constitución de la provincia de Misiones los derechos de los pueblos mbya guaraní reconociéndolos como preexistentes y como segunda etapa preveía que el Poder Ejecutivo debía convocar a un plebiscito de “sufragio afirmativo del pueblo” para que los ciudadanos se pronuncien por Si o por No respecto a la incorporación de la enmienda al texto constitucional, procedimiento que nunca fue realizado y derivó en un proceso judicial.

“Esta ley de enmienda, que fue aprobada por unanimidad, requería un paso posterior que era la consulta al pueblo que debía ser realizada por el Poder Ejecutivo o por el gobierno de Misiones. Esta segunda etapa no se llevó adelante, no hubo plebiscito y no se incorporaron los derechos de los pueblos indígenas”, detalló el letrado en diálogo con los medios.

En esa línea, García explicó que “esto llevo a una serie de reclamos primero administrativo y después ante el Supremo Tribunal de Justicia (STJ) de Misiones. Ese reclamo demoró prácticamente diez años y a fines del 2021 se dictó una sentencia que no hizo lugar al planteo de la convocatoria al plebiscito”.

Tras el rechazo de la Justicia misionera, Endepa presentó el reclamo de las comunidades ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) y el máximo órgano judicial del país contestó que “era una cuestión local”.

“Nos quedó como única alternativa acudir al sistema internacional de protección de derechos humanos asistiendo a las comunidades indígenas y la Comisión Interamericana se interesó por el caso”, expresó el representante de las 46 comunidades.

Es así que el organismo interamericano corrió traslado al gobierno nacional y dispuso un plazo de tres meses, vigente desde diciembre, para responder los planteos de las 46 comunidades indígenas ante el organismo.

Sobre ello, el abogado Julio García dijo a La Voz de Misiones que “técnicamente se intimó al Estado nacional, pero quien tiene que responder de acuerdo a una cláusula federal que tiene la Comisión Interamericana es el Estado provincial, no se puede desligar de su responsabilidad del caso”.

El letrado cerró la conferencia en la plaza 9 de Julio añadiendo que: “Es un plazo para que la provincia haga el descargo a esta denuncia de violación de derechos políticos, de derechos a la participación, a la igualdad, a la no discriminación, básicamente lo que establece la Constitución para cualquier grupo humano, le fue vedado a las comunidades mbya”.

Reparación histórica

Hace más de 20 años, las comunidades mbya guaraní que habitan el territorio misionero luchan para que sus derechos sean reconocidos en la Constitución de la Provincia de Misiones.

Al reconocer la preexistencia étnica y cultural del pueblo indígena, se garantizaría el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural, a ser impartida, preferentemente, por docentes y auxiliares indígenas. Así como también la personería jurídica de sus comunidades y organizaciones, el derecho a la participación plena, a través de sus representantes, en la gestión de sus recursos naturales, el derecho de usar, mantener, desarrollar y administrar servicios propios de salud.

Además de reconocer la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano.

 

Foto: archivo Misiones Online.


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El gobierno anunció el cierre definitivo del Inadi

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En su habitual conferencia de prensa esta mañana, el vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció el cierre definitivo del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi).

“Uno de los ideales del presidente Milei es la reducción del Estado y la eliminación de todo lo que no genere un beneficio para los argentinos”, arrojó el vocero ante los periodistas en la Casa Rosada.

En esa línea, Adorni continuó: “Se tomó la decisión de avanzar en el desmantelamiento de diferentes institutos que efectivamente no sirven absolutamente para nada o son grandes cajas de la política o lugares para generar empleo militante y el primero de ellos va a ser el Inadi”.

Con la sanción de la Ley 24515 en 1995 se creó el Inadi. Dos años más tarde, en 1997, el instituto inició sus funciones con el objetivo de elaborar políticas para combatir toda forma de discriminación, xenofobia y racismo en todo el territorio nacional.

Actualmente, el organismo nacional se encuentra bajo la órbita del Ministerio de Justicia con la dirección de María Greta Pena, funcionaria nombrada por Alberto Fernández tras la renuncia Victoria Donda.

El vocero presidencial sostuvo que se iniciaron las actuaciones administrativas para su cierre, aunque no confirmó si el proceso se realizará por decreto o a través de un proyecto de ley.

En Misiones, el delegado del Inadi es el docente Jorge Víctor Ríos, quien asumió el cargo en abril del año pasado tras la salida de Silvia Risko.


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El gobierno aumentó a $70.000 la asignación de ayuda escolar anual

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El presidente Javier Milei firmó este viernes un decreto mediante el cual incrementó en un 311% la asignación de ayuda escolar anual para la educación desde el nivel inicial hasta el secundario, elevando de esta manera el beneficio de $17.000 a $70.000.

La mencionada ayuda escolar se trata de un beneficio otorgado a través de Anses a trabajadores en relación de dependencia, monotributistas, jubilados y pensionados como así también beneficiarios de la AUH con hijos en edad escolar.

La asignación generalmente se cobra en marzo y sirve como una asistencia para los gastos que derivan del inicio del ciclo lectivo.

De acuerdo a un comunicado del Ministerio de Capital Humano encabezado por Sandra Pettovello, la medida alcanzará a unos 7,3 millones niños escolarizados desde nivel inicial hasta secundaria. Con el incremento dispuesto, el monto a cobrar pasará entonces de los $17.318 actuales a $70.000.

El decreto señala que el aumento se debe a que el país “se encuentra atravesando una situación de inédita gravedad, generadora de profundos desequilibrios que impactan negativamente en toda la población, en especial en lo social y económico”.

¿Quiénes pueden solicitar la Ayuda Escolar?

Pueden solicitar la Ayuda Escolar las familias que reciben una Asignación Familiar o Universal, que tengan hijos a partir de los 45 días y hasta el mes que cumplan 18 años y que concurran a la escuela, ya sea nivel inicial, primario o secundario/polimodal. Es sin límite de edad en caso de que tengan hijos con discapacidad que reciban una educación especial, concurran a talleres protegidos, centros de rehabilitación o que reciban el apoyo de maestros particulares matriculados.

Tope máximo de ingreso del grupo familiar $ 3.960.000.- (bruto)

Tope máximo de cada integrante del grupo familiar $ 1.980.000.- (bruto)

¿Cómo solicito la Ayuda Escolar?

Se solicita ingresando al sitio web Mi ANSES, con CUIL y Clave de la Seguridad Social. Eligiendo la opción Hijos > Presentar un certificado escolar para generar el formulario para cada uno de tus hijos.

Una vez impreso, se deberá llevar el formulario a la escuela para que la institución complete todos los datos y la firme. Luego se deberá sacar una foto y subirla a Mi ANSES Para cobrar la Ayuda Escolar todos los años es necesario acreditar la escolaridad de los hijos antes del 31 de diciembre.


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