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IFE 4 o Ingreso Básico: a quiénes incluiría el nuevo pago de $10.000

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Mientras el Gobierno ultima detalles para la entrega de una nueva ayuda económica, ya sea el Ingreso Familiar de Emergencia o una Renta Básica, se conocen algunas caracteristicas de las posibles prestaciones.

 

Luego de finalizar la entrega el tercer bono del Ingreso Familiar de Emergencia ( IFE) que entregó el Gobierno durante la pandemia como apoyo económico de quienes más lo necesitan, se evalúa como continuará esta contención dada la prolongación de coronavirus (Covid-19).

Las alternativas que se analizan son dos, por un lado entregar un cuarto IFE a las casi 9 millones de personas que cobraron los bono anteriores, o comenzar con un Ingreso Básico asociado al trabajo y capacitanción.

¿A quiénes fue entregado el IFE?

Según un informe de Anses en total son 8.857.063 las personas que perciben el IFE, de las cuales más de la mitad (55,7%) son mujeres y el 42,3% de éstas son trabajadoras de la economía informal o desempleadas sin ningún tipo de cobertura estatal.

Asimismo, 5,6 millones de sus beneficiarios (61,7%) son trabajadores informales o desocupados sin seguro por desempleo; 2,4 millones (27,0%) son beneficiarios de la AUH; alrededor de 700 mil (7,8%) están inscriptos como monotributistas de las categorías A, B o al monotributo social; cerca de 180 mil (2,1%) son trabajadores de casas particulares, y 120 mil (1,4%) beneficiarios del programa Progresar.

Ingreso Básico o Renta Básica Univesal (RBU)

En este último caso, un Ingreso Base, a diferencia del bono de emergencia, vendría acompañado de oportunidades de trabajo y educación, así lo informó el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, quién sostuvo: “El plan de salida es trabajo. Los planes sociales como el IFE tienen que estar asociadas al trabajo, a capacitarse en oficios y terminar la escuela”.

“No puedo dar opiniones sueltas porque el Gobierno está estudiando las alternativas pero está claro que los planes sociales deben estar asociados al trabajo, con capacitaciones en oficios y posibilidad de terminar el secundario”, dijo el funcionario.

Un programa que se evaluó en el último tiempo fuela Renta Básica Universal, un plan para cerca de 4 millones de personas que eran parte del IFE (9 millones) pero que finalmente se dio marcha atrás ya que “Argentina no tiene condiciones fiscales en este momento para llevarlo adelante”, informó Arroyo.

Al mismo tiempo, la titular de Anses, María Fernanda Raverta, junto al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, también evaluaron cómo continuará la ayuda social.

“Se está pensando dentro del Gabinete Económico en cómo avanza la pandemia y en ver el impacto de los tres IFEs en las familias y en la economía”, informó la titular de Anses.

En ese marco, sostuvo que: “Estamos evaluando si existe un cuarto pago del IFE o vamos a construir otras políticas sociales de acompañamiento con otras perspectivas”.

Juan Pablo Chiesa, abogado especialista en prestaciones sociales dijo durante un programa de Crónica HD que el Gobierno analiza, en el caso de que no se entregue el IFE 4, que se abone un Ingreso Básico, “acotando el rango de edad” para que abarque a las personas entre 18 a 24, o de 18 a 30 años. Se esta orbitando quienes en esa franja viven con familiares sin ingresos”.

Sin embargo, las miradas están puestas sobre un nuevo bono de emergencia, ya que muchos municipios siguen afectados por la pademia y el aislamiento social, preventivo y obligatorio (ASPO), teniendo que conciderar un cuarto IFE en octubre.

Cuándo se abonaría el cuarto IFE

Raverta informó que “antes de fin de mes se va anunciar cómo sigue el IFE porque en octubre habría que empezar a pagarlo de nuevo”. Es decir, que ya se un IFE 4 o Ingreso Base, el Gobierno comenzaría a entregarlo el próximo mes.

Teniendo en cuenta los datos que adelantó Raverta, en el caso de que apruebe una nueva entraga del bono de emergencia, se comenzará a pagar a los beneficiarios del AUH y AUE, el 13 de octubre, tras el feriado. Luego accederían a los 10.000 pesos, todos aquellos que tienen cuenta bancaria o CBU.

Cuarto IFE: Requisitos-Fases por municipios

Antes de comenzar el pago del tercer IFE, el Gobierno analizaba disminuir el número de beneficiarios y entregar el bono de emergencia sólo en zonas donde continuaba el aislamiento, pero finalmente decidieron entregarlo al total de personas que ya habían cobrado los IFE anteriores.

Para una nueva edición, diferentes funcionarios sortearon la posibilidad de que para el pago del IFE 4 sea un nuevo requisito, entregandolo a aquellas personas que siguen afectadas por la pandemia.

La vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca Bocco, se refirió a las medidas adoptadas desde el Gobierno para paliar el impacto de la pandemia y su continuidad: “No tenemos una decisión tomada porque nosotros tanto el IFE como el ATP los evaluamos cada mes tratando de ver qué ha pasado con la cuestión sanitaria”.

“La cuestión sanitaria en las últimas semanas se modificó muchísimo, parecería estar estabilizándose en el AMBA pero parecería haber focos en otras provincias, nosotros tenemos que evaluar si ésta es la mejor manera de gastar el dinero”, señaló, y detalló que “cada IFE sale 90.000 millones de pesos, es mucho dinero, eso fue fundamental en estos meses”.

“La pregunta es si el IFE 4 es la mejor manera de gastar esos 90 mil millones de pesos o hay una manera mejor de gastarlos”, agregó.

Requisitos actualizados:

En la lista de condiciones para acceder al IFE, Anses sumó dos requisitos más durante la última entrega: menores de 25 años no deben vivir con sus padres, y personas privadas de su libertad no accederán al beneficio.

Estar desocupado/a
Estar trabajando en la economía informal
Ser monotributista inscripto/a en la categoría “A”
Ser monotributista inscripto/a en la categoría “B”
Ser monotributista social
Ser trabajador/a de casas particulares
Manifiesto además que me encuentro actualmente domiciliado en el territorio nacional y que a la fecha cumplo con cada uno de estos requisitos:
Ser argentino/a, nativo/a o naturalizado/a
Tener residencia legal en el país no inferior a dos (2) años contados desde la fecha de esta solicitud.
Tener entre 18 y 65 años.
No convivir con mis padres en caso de ser menor a 25 años.
No estar registrado/a como monotributista en la categoría “C” o una categoría superior, y no estar registrado/a en el régimen de autónomos.
No tener miembro/s de mi grupo familiar registrado/s como monotributista/s en la categoría “C” o una categoría superior ni registrado/s en el régimen de autónomos.
No encontrarme privado/a de la libertad, bajo cualquier modalidad.
No percibir, ni yo ni algún miembro de mi grupo familiar, ingresos por:
Trabajo en relación de dependencia registrado en el sector público o privado.
Prestación por desempleo.
Jubilaciones, pensiones o retiros de carácter contributivo o no contributivo, sean nacionales, provinciales, municipales o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Planes sociales, salario social complementario, los programas “Hacemos Futuro”, “Potenciar Trabajo” u otros programas sociales nacionales, provinciales o municipales (Nota: quedan exceptuados los ingresos provenientes de la Asignación Universal por Hijo o Embarazo o PROGRESAR).


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Tierra del Fuego paraliza producción de petróleo por 24 horas el miércoles

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petróleo

Lo confirmó el gobernador fueguino Ricardo Melella, en respaldo de su par de Chubut, Nacho Torres, que mantiene un conflicto con el gobierno de Javier Milei por un recorte de $13.500 millones de la coparticipación federal.

La decisión paralizará la producción de petróleo por 24 horas el próximo miércoles, en acuerdo con el resto de las provincias patagónicas que se anotaron en apoyo de Torres.

“Es la producción de petróleo la que vamos a paralizar por un día. Se trata una decisión tomada por todos los gobernadores de la Patagonia, con el apoyo de los trabajadores del sector petrolero. Lo que le pedimos al Gobierno nacional es que se siente urgente con el gobernador de Chubut a tratar de resolver la situación”, explicó Melella a la agencia estatal Télam.

“El ajuste está yendo a los que menos tienen, a los trabajadores, y no a la famosa casta, eso es un verso”, afirmó el gobernador fueguino en diálogo con la prensa local.

En esa línea, agregó que “los que votaron a unos y a otros queríamos una Argentina de paz y no una Argentina de enfrentamiento, chicaneo o de provocaciones, y hoy vivimos eso”, enfatizó.

Para Melella, lo que se hace con Chubut es “poner en jaque a una provincia recortándole fondos”, porque “los fondos no se le recortan a un gobernador. El incentivo docente no se lo quitaron a Melella sino que a todos los docentes de Tierra del Fuego”, insistió.

Melella dijo que Torres llegó al cargo “con todas las ganas de llevar adelante su provincia con un plan de desarrollo y crecimiento, pero la quita de fondos lo pone en jaque ¿Cómo no va a reaccionar? En eso lo acompañamos y lo respaldamos todos los gobernadores”, declaró.

De todas maneras, confió en que haya “un camino de diálogo y una solución de acá al día miércoles y no paralizar la producción de petróleo, porque los argentinos necesitan dirigentes con racionalidad”.

“Hay que reordenar cuestiones fiscales, es cierto. En el gobierno anterior tampoco estaban bien muchas cosas y había que cambiarlas, pero no con este ajuste brutal sobre la gente”, concluyó.


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Intiman a Estado nacional a responder por ley de derechos al pueblo guaraní

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Intiman a Estado nacional a responder por ley de derechos al pueblo guaraní

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) estableció un plazo de tres meses para que el gobierno Nacional realice un descargo por la denuncia de violación a los derechos humanos presentada ante el organismo por un total de 46 comunidades mbya guaraní de Misiones.

El abogado Julio García, integrante del grupo misionero del Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (Endepa), dio una conferencia de prensa hoy frente a la Casa de Gobierno y explicó que la presentación de las comunidades guaraníes ante el organismo internacional es en base al incumplimiento del gobierno provincial a lo establecido en la Ley 4000, sancionada en el año 2003.

Dicha la ley incorpora a la Constitución de la provincia de Misiones los derechos de los pueblos mbya guaraní reconociéndolos como preexistentes y como segunda etapa preveía que el Poder Ejecutivo debía convocar a un plebiscito de “sufragio afirmativo del pueblo” para que los ciudadanos se pronuncien por Si o por No respecto a la incorporación de la enmienda al texto constitucional, procedimiento que nunca fue realizado y derivó en un proceso judicial.

“Esta ley de enmienda, que fue aprobada por unanimidad, requería un paso posterior que era la consulta al pueblo que debía ser realizada por el Poder Ejecutivo o por el gobierno de Misiones. Esta segunda etapa no se llevó adelante, no hubo plebiscito y no se incorporaron los derechos de los pueblos indígenas”, detalló el letrado en diálogo con los medios.

En esa línea, García explicó que “esto llevo a una serie de reclamos primero administrativo y después ante el Supremo Tribunal de Justicia (STJ) de Misiones. Ese reclamo demoró prácticamente diez años y a fines del 2021 se dictó una sentencia que no hizo lugar al planteo de la convocatoria al plebiscito”.

Tras el rechazo de la Justicia misionera, Endepa presentó el reclamo de las comunidades ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) y el máximo órgano judicial del país contestó que “era una cuestión local”.

“Nos quedó como única alternativa acudir al sistema internacional de protección de derechos humanos asistiendo a las comunidades indígenas y la Comisión Interamericana se interesó por el caso”, expresó el representante de las 46 comunidades.

Es así que el organismo interamericano corrió traslado al gobierno nacional y dispuso un plazo de tres meses, vigente desde diciembre, para responder los planteos de las 46 comunidades indígenas ante el organismo.

Sobre ello, el abogado Julio García dijo a La Voz de Misiones que “técnicamente se intimó al Estado nacional, pero quien tiene que responder de acuerdo a una cláusula federal que tiene la Comisión Interamericana es el Estado provincial, no se puede desligar de su responsabilidad del caso”.

El letrado cerró la conferencia en la plaza 9 de Julio añadiendo que: “Es un plazo para que la provincia haga el descargo a esta denuncia de violación de derechos políticos, de derechos a la participación, a la igualdad, a la no discriminación, básicamente lo que establece la Constitución para cualquier grupo humano, le fue vedado a las comunidades mbya”.

Reparación histórica

Hace más de 20 años, las comunidades mbya guaraní que habitan el territorio misionero luchan para que sus derechos sean reconocidos en la Constitución de la Provincia de Misiones.

Al reconocer la preexistencia étnica y cultural del pueblo indígena, se garantizaría el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural, a ser impartida, preferentemente, por docentes y auxiliares indígenas. Así como también la personería jurídica de sus comunidades y organizaciones, el derecho a la participación plena, a través de sus representantes, en la gestión de sus recursos naturales, el derecho de usar, mantener, desarrollar y administrar servicios propios de salud.

Además de reconocer la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano.

 

Foto: archivo Misiones Online.


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El gobierno anunció el cierre definitivo del Inadi

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En su habitual conferencia de prensa esta mañana, el vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció el cierre definitivo del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi).

“Uno de los ideales del presidente Milei es la reducción del Estado y la eliminación de todo lo que no genere un beneficio para los argentinos”, arrojó el vocero ante los periodistas en la Casa Rosada.

En esa línea, Adorni continuó: “Se tomó la decisión de avanzar en el desmantelamiento de diferentes institutos que efectivamente no sirven absolutamente para nada o son grandes cajas de la política o lugares para generar empleo militante y el primero de ellos va a ser el Inadi”.

Con la sanción de la Ley 24515 en 1995 se creó el Inadi. Dos años más tarde, en 1997, el instituto inició sus funciones con el objetivo de elaborar políticas para combatir toda forma de discriminación, xenofobia y racismo en todo el territorio nacional.

Actualmente, el organismo nacional se encuentra bajo la órbita del Ministerio de Justicia con la dirección de María Greta Pena, funcionaria nombrada por Alberto Fernández tras la renuncia Victoria Donda.

El vocero presidencial sostuvo que se iniciaron las actuaciones administrativas para su cierre, aunque no confirmó si el proceso se realizará por decreto o a través de un proyecto de ley.

En Misiones, el delegado del Inadi es el docente Jorge Víctor Ríos, quien asumió el cargo en abril del año pasado tras la salida de Silvia Risko.


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