Nacionales
Extienden hasta 2021 la prohibición de cortes de luz, agua, cable-internet y teléfono
Amplió de tres a seis las facturas impagas para los usuarios en situación de vulnerabilidad. Se podrá acumular sin que la empresa de cualquiera de los servicios públicos pueda interrumpir el suministro.
BUENOS AIRES. El gobierno nacional prorrogó hasta fin de año el congelamiento de las tarifas de los servicios públicos, determinado en la Ley de Emergencia Social, que regía hasta este mes, como así también la disposición que prohíbe interrumpir la provisión de los servicios ante la falta de pago por parte de usuarios pertenecientes a sectores vulnerables.
En este sentido, el Decreto Nº 543/2020, publicado este viernes en el Boletín Oficial, amplió de tres a seis las facturas impagas consecutivas o alternas, que un usuario en situación de vulnerabilidad, podrá acumular sin que la empresa de cualquiera de los servicios públicos pueda interrumpir el suministro.
El decreto precisó que las empresas prestadoras de los servicios de energía eléctrica, gas por redes y agua corriente, telefonía fija o móvil e Internet y TV por cable, por vínculo radioeléctrico o satelital, no podrán disponer la suspensión o el corte de los respectivos servicios a los usuarios en caso de mora o falta de pago de hasta seis facturas consecutivas o alternas, con vencimientos desde el 1 de marzo de 2020.
Los incluidos son los beneficiarios de las asignaciones universales por Hijo (AUH) y por Embarazo (AUE); de pensiones no contributivas que perciban ingresos mensuales brutos no superiores a dos veces el Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM), actualmente en $ 16.875; monotributistas sociales; y jubilados, pensionados y trabajadores en relación de dependencia que perciban una remuneración bruta menor o igual a dos SMVM.
Además, están comprendidos los monotributistas inscriptos en una categoría cuyo ingreso anual mensualizado no supere en dos veces el salario mínimo; los que perciben seguro de desempleo; los electrodependientes; las empleadas domésticas y los exentos en el pago de ABL o tributos locales de igual naturaleza
En uso de la atribución conferida por el artículo 5° de la Ley 27.541, el Poder Ejecutivo Nacional dispuso ampliar por otros 180 días, hasta fin de este año, la vigencia del congelamiento de las tarifas de servicios públicos.
El decreto también prorrogó hasta el 28 de junio próximo, la obligación de las prestadoras de brindar un servicio reducido que garantice la conectividad, a los usuarios que cuentan con sistema de servicio prepago de telefonía móvil o Internet que no abonaren la correspondiente recarga para acceder al consumo.
Nacionales
La inflación en septiembre fue de 3,5% y acumuló un 101,6% en el año
Recientemente, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informó que la inflación minorista alcanzó en septiembre un 3,5%, por debajo del 4,2% registrado en agosto. En tanto, la suba de precios alcanzó el 101,6% en lo que va del año y 209% interanual, según detalló el organismo.
Respecto al porcentaje correspondiente al noveno mes del año, la división de mayor aumento fue alquiler de vivienda, agua, electricidad, gas y combustibles (7,3%), seguido por prendas de vestir y calzados (6,0%). Mientras que los dos rubros con menores variaciones fueron bebidas alcohólicas y tabaco (2,2%) y recreación y cultura (2,1%).
En cuanto a las categorías, Regulados (4,5%) lideró el incremento –por las subas en las tarifas de servicios públicos–, seguida del IPC núcleo (3,3%). Finalmente, las Estacionales aumentaron un 2,9%.
Las regiones con mayor impacto en cuanto a los gastos de vivienda y combustibles fueron las del Gran Buenos Aires (GBA), Noroeste y Cuyo, mientras que, en Pampeana, Noreste y Patagonia fue alimentos y bebidas no alcohólicas (2,3%), donde se destacaron los aumentos de carnes y derivados; pan y cereales; y leche, productos lácteos y huevos.
#DatoINDEC
Los precios al consumidor (#IPC) aumentaron 3,5% en septiembre de 2024 respecto de agosto y 209% interanual. Acumularon un alza de 101,6% en los primeros nueve meses del año https://t.co/KkdxyASmy6 pic.twitter.com/1twqxwnuuN— INDEC Argentina (@INDECArgentina) October 10, 2024
Nacionales
Hoy se debate el veto universitario y se espera una ajustada votación
La Cámara de Diputados de la Nación se prepara para tratar este miércoles el veto presidencial a la ley de financiamiento universitario y se aguarda una ajustada votación, tal como ocurrió el 11 de septiembre, cuando se abordó el blindaje al decreto de Javier Milei que dejó sin efecto el proyecto de reforma jubilatoria.
La sesión comenzará a las 11 y en la votación final los legisladores deben elegir si insisten con la ley o votan en contra de la normativa que asegura partidas financieras para las universidades, lo que sostendría el veto.
Para sostener el proyecto, los votos afirmativos deben ser más del doble que los negativos. Los cálculos estiman que la oposición tendría entre 160 y 164 votos asegurados, mientras que el oficialismo oscilaría entre 80 y 84, en tanto que habría 4 ausentes y alrededor de una decena de legisladores está en duda.
Con estos números, la resolución es prácticamente voto a voto, aunque desde el gobierno confían en volver a alcanzar los números necesarios para blindar el veto, como ya sucedió cuando se trató la cuestión de la reforma jubilatoria, donde cinco diputados radicales, entre ellos el misionero Martín Arjol, cambiaron de postura horas antes de la sesión clave y hoy volverían a acompañar al oficialismo, al igual que la puertista Florencia Klipauka.
Poroteo
El “poroteo” de votos calculado por periodistas especializados en cuestiones parlamentarias de Infobae contempla que el bloque de 160 votos que buscará anular el veto de Milei está conformado por los 99 diputados de Unión por la Patria y 27 de los 33 parlamentarios que tiene la UCR, dado que los denominados “radicales peluca” Luis Picat, José Tournier, Mariano Campero y el ya mencionado Arjol volverían a acompañar al oficialismo.
Los dos restantes de la UCR son Fernando Carbajal, quien se ausentará con licencia, y Pablo Cervi, que se abstendrá, lo que favorece el bloqueo del veto.
A esa cifra hay que sumarle el respaldo del bloque Encuentro Federal, que aportará 14 de las 16 bancas que tiene, dado que Ricardo López Murphy estará ausente y Francisco Morcchio está en duda.
Infobae apunta, además, que los bloques de la Coalición Cívica (6), el Frente de Izquierda (5) y Por Santa Cruz (2) acompañarán la insistencia en su totalidad, sumando 13 votos, mientras que desde el PRO habrá dos a favor de la ley: Álvaro González y Héctor Baldassi.
Innovación Federal, en tanto que contiene a los cuatro diputados misioneros de la Renovación, confirmó a 5 de sus 8 diputados -3 de Salta, 1 de Río Negro y 1 de Misiones-, mientras que el resto definirá su postura hoy. Lourdes Arrieta, de La Libertad Avanza (LLA), también acompañaría la insistencia de la ley. Sumados todos, el total da 160 diputados.
Cuando se trató el veto a la reforma jubilatoria, la oposición cosechó 153 votos a favor de la normativa, cifra que no alcanzó para doblegar los 87 votos efectuados por legisladores que decidieron acompañar al gobierno. Ese día hubo 8 abstenciones, entre los que estuvieron los renovadores Yamila Ruiz, Carlos Fernández, Daniel Vancsik y Alberto Rúa, todos ellos de Innovación Federal.
Mientras tanto, diversas fuerzas seguridad comenzaron a instalar vallados alrededor del Congreso ante posibles manifestaciones y diversas facultades del país se encuentran tomadas por estudiantes que realizaron una vigilia de la sesión.
Nacionales
Tras la marcha federal, Milei vetó la ley de Financiamiento Universitario
A pesar de la multitudinaria marcha que se realizó en todo el país ayer para frenar la medida, el presidente Javier Milei vetó la Ley de Financiamiento Universitario. El Decreto 879/24 fue publicado en el Boletín Oficial de la Nación este jueves.
Con la publicación del decreto, el gobierno nacional estableció que el proyecto de ley 27.757, sancionada el 12 de septiembre, se observe en su “totalidad” y vuelva al Honorable Congreso de la Nación (HCN).
En los considerando del documento se detallan los distintos artículos de la legislación, entre los cuales se destaca las “modificaciones que impactan en el régimen jurídico de financiamiento de las Universidades Nacionales, en materia de gastos de funcionamiento y de salarios para el personal docente y no docente del Sistema Universitario Nacional”.
De esta manera, para justificar el veto total al financiamiento universitario, el gobierno libertario sostuvo que “es manifiestamente violatorio del marco jurídico vigente, en tanto contempla el impacto fiscal de la medida ni tampoco determina la fuente de su financiamiento“, al tiempo que señaló que “el artículo 38 de Ley 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional es claro al exigir de forma expresa que toda ley que autorice gastos no previstos en el presupuesto general deberá especificar las fuentes de los recursos a utilizar para su financiamiento”.
Además, puntualiza que el reglamento de la Cámara de Senadores, en su artículo 126, prevé que “todo proyecto que importe gastos incluirá en sus fundamentos la estimación de tales erogaciones e indicará la fuente de financiamiento, a fin de justificar la viabilidad del mismo. De no ser así, no se discutirá en las sesiones de la Cámara hasta tanto la omisión no sea subsanada, por el o los autores del mismo”.
Ahora, la legislación que preveía principalmente una recomposición salarial para el personal docente y no docente, deberá regresar a la Cámara de origen, el Senado de la Nación, donde los legisladores nacionales deberán votar por sostener el financiamiento universitario o acompañar el veto presidencial.
Con la oficialización de la medida, es la segunda vez que el presidente utiliza el mecanismo, primeramente vetó la reforma de movilidad jubilaría, para sostener el “equilibrio fiscal”.
Ayer, miles estudiantes, egresados, personal docente, no docentes de las universidades nacionales de la Argentina, así como también gremios y organizaciones sociales, salieron a las calles en todo el país para rechazar la medida del gobierno nacional y defender la educación pública, gratuita y de calidad. Sin embargo, el Ejecutivo no dio marcha atrás y concretó el veto.
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