Nacionales
El Gobierno Nacional compró alimentos 50% más caro que en el supermercado
La Argentina amaneció con una polémica compra de alimentos . Mediante siete resoluciones , el Ministerio de Desarrollo Social hizo compras millonarias en medio de la pandemia del coronavirus. El punto no es la cantidad de aceite, fideos, arroz o lentejas que compró, sino los precios que pagó . Tan llamativo es el proceso licitatorio que el propio Estado convalida precios muy superiores a los que establece en el programa Precios Máximos .
BUENOS AIRES. El caso más llamativo es el del aceite . Mediante la resolución 150/2020 autorizó la compra de 1,700,000 “unidades de aceite mezcla en presentación de 1,5 litros, solicitada por la Secretaría de Articulación de Política Social”.
La norma establece la compra, finalmente, de dos lotes de 340.000 unidades de botellas de 1,5 cada una. La empresa Sol Ganadera se quedó con una de las partidas. Le vendió al Estado cada botella de la marca Indigo en $157,80. El otro lo contrató la firma Copacabana por una cantidad similar y el precio, en este caso de la marca Ideal, es de 157,67 pesos.
La cuenta lleva la contratación a un total de 107.599.800 pesos por 1,02 millones de botellas, ya que el resto no se adjudica. El punto es que en la página de Precios Máximos , que el Gobierno señala como de cumplimiento obligatorio, uno de esos productos, el aceite de 1,5 litros Ideal, tiene un valor máximo de 98 pesos por botella.
“La Sindicatura General de la Nación (Sigen) fija los precios testigo, las licitaciones son abiertas y, en todos los casos, el Ministerio pidió rebajas de precios”, dijo esta mañana a LA NACION una alta fuente del Ministerio de Desarrollo Social.
Pero el aceite no es la única compra llamativa . En otra de las licitaciones publicadas, que se pueden verificar en Boletín Oficial , se puede ver un caso similar con los fideos . La cartera que conduce Daniel Arroyo convalidó la compra de 1.020.000 paquetes de fideos semolados de medio kilo.
Esta vez fueron tres lotes de 340.000 paquetes, cada uno de las marcas Doña Luisa o Sua Pasta, Pastarole y Aldente o Pastarole. Cada uno de ellos se compró a $85,76, $84,77 y $84 respectivamente, lo que da un promedio de 84,84 cada uno.
En este punto, el ministro aclaró a este medio que mediante otra resolución se modificó un error en el que consigna que los 84, 84 pesos que se pagó en realidad corresponden al kilo, pese a que el proveedor lo entregue en paquetes de 500 gramos.
Sin embargo, siempre según el relevamiento que se puede hacer de la lista de Precios Máximos convalidada por el Gobierno, un producto similar tiene un valor de 52 pesos, aunque hay opciones más económicas.
Pero más allá del disparatado nivel de precios, lo llamativo es que aquellos valores impuestos por el Estado son por la compra unitaria de un producto . En este caso, el Estado pagó mucho más por millones de unidades.
“Hemos hecho una compra extraordinaria de alimentos…leche, azúcar, fideos, lentejas y harina. La Sigen establece los precios testigos y se convocaron a once proveedores de alimentos y a diez proveedores de leche”, explicó Arroyo , titular de la cartera, en declaraciones a LA NACION y a otros medios televisivos. Y enseguida agregó: “La compra es por kilo, el paquete es por medio kilo. La Sigen no establece el tema de la logística”.
Sin embargo, en el Ministerio, reconocieron a LA NACION que se pagó por encima de los Precios Máximos mediante un comunicado que hicieron llegar a este medio.Y aclararon que el Estado paga a 90 o 120 días en muchos casos.
En los casos de aceite y azúcar, los proveedores cotizaron por encima del precio testigo y se les solicitó una mejora de precio. Las ofertas posteriores siguieron por arriba del precio, pero ante la necesidad de llegar a comedores y merenderos con esos productos que forman parte de la canasta básica, se decidió realizar la compra.
Beneficiado
El Ministerio de Desarrollo Social fue beneficiado en la semana con una partida millonaria para la compra de alimentos. En una modificación presupuestaria que tuvo la firma del Jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y del ministro de Economía, Martín Guzmán , se le asignaron 36.688 millones de pesos para la compra de alimentos.
Sólo para establecer una comparación. En esa misma norma, el fondeo para el Ministerio de Salud fue de $4325 millones para el programa “Prevención y control para enfermedades inmunoprevenibles” y para la adquisición de bienes, $2565 millones.
El changuito del Ministerio de Desarrollo Social se realizó sostenido por un herramental de normas de emergencia que se aplican por la crisis del coronavirus mediante las que se “habilitan a todas las áreas comprometidas en dar respuestas integrales a utilizar herramientas que otorguen celeridad y eficacia a la atención de las necesidades que se presenten con relación al Coronavirus COVID-19”, dicen los considerandos.
“La Secretaría de Articulación de Política Social indicó la necesidad de sumar acciones pertinentes a las medidas ya adoptadas, a fin de abastecer de manera inmediata las urgencias producidas a fin de evitar impactos más gravosos para la población de alta vulnerabilidad en razón del brote del nuevo coronavirus como una pandemia, de acuerdo a lo declarado por la Organización Mundial de la Salud”, se lee más adelante. Así, con la pandemia y la necesidad de alimento como telón de fondo, el Gobierno convalidó precios muy por encima de los que fija como máximos.
Hubo algunas compras más para el cotizado changuito del Ministerio de Desarrollo Social. También se licitaron 1,7 millones de bolsas de un kilo de azúcar y se adjudicaron 680.000 en dos lotes de 340.000. Le entregarán bolsas de una marca llamada La Muñeca por las que se habrán pagado $75 en promedio por cada una. En precios máximos hay cuatro marcas: Ledesma ($56), Chango ($56), Dominó ($50) y Arcor ($52).
Con las lentejas se dio una situación similar. Se adjudicaron tres lotes de 340.000 bolsas de 500 gramos cada una a un precio, promedio de 168,51 pesos.
La llamativa situación se da en medio de los enojos presidenciales por el precio de los alimentos. De hecho, según el propio Jefe de Estado Alberto Fernández dijo, prepara un decreto de necesidad y urgencia para convertir a los municipios en autoridad de aplicación de la ley de defensa a la competencia, justamente, para controlar los precios máximos de los alimentos.
La Nación
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La inflación en septiembre fue de 3,5% y acumuló un 101,6% en el año
Recientemente, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informó que la inflación minorista alcanzó en septiembre un 3,5%, por debajo del 4,2% registrado en agosto. En tanto, la suba de precios alcanzó el 101,6% en lo que va del año y 209% interanual, según detalló el organismo.
Respecto al porcentaje correspondiente al noveno mes del año, la división de mayor aumento fue alquiler de vivienda, agua, electricidad, gas y combustibles (7,3%), seguido por prendas de vestir y calzados (6,0%). Mientras que los dos rubros con menores variaciones fueron bebidas alcohólicas y tabaco (2,2%) y recreación y cultura (2,1%).
En cuanto a las categorías, Regulados (4,5%) lideró el incremento –por las subas en las tarifas de servicios públicos–, seguida del IPC núcleo (3,3%). Finalmente, las Estacionales aumentaron un 2,9%.
Las regiones con mayor impacto en cuanto a los gastos de vivienda y combustibles fueron las del Gran Buenos Aires (GBA), Noroeste y Cuyo, mientras que, en Pampeana, Noreste y Patagonia fue alimentos y bebidas no alcohólicas (2,3%), donde se destacaron los aumentos de carnes y derivados; pan y cereales; y leche, productos lácteos y huevos.
#DatoINDEC
Los precios al consumidor (#IPC) aumentaron 3,5% en septiembre de 2024 respecto de agosto y 209% interanual. Acumularon un alza de 101,6% en los primeros nueve meses del año https://t.co/KkdxyASmy6 pic.twitter.com/1twqxwnuuN— INDEC Argentina (@INDECArgentina) October 10, 2024
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Hoy se debate el veto universitario y se espera una ajustada votación
La Cámara de Diputados de la Nación se prepara para tratar este miércoles el veto presidencial a la ley de financiamiento universitario y se aguarda una ajustada votación, tal como ocurrió el 11 de septiembre, cuando se abordó el blindaje al decreto de Javier Milei que dejó sin efecto el proyecto de reforma jubilatoria.
La sesión comenzará a las 11 y en la votación final los legisladores deben elegir si insisten con la ley o votan en contra de la normativa que asegura partidas financieras para las universidades, lo que sostendría el veto.
Para sostener el proyecto, los votos afirmativos deben ser más del doble que los negativos. Los cálculos estiman que la oposición tendría entre 160 y 164 votos asegurados, mientras que el oficialismo oscilaría entre 80 y 84, en tanto que habría 4 ausentes y alrededor de una decena de legisladores está en duda.
Con estos números, la resolución es prácticamente voto a voto, aunque desde el gobierno confían en volver a alcanzar los números necesarios para blindar el veto, como ya sucedió cuando se trató la cuestión de la reforma jubilatoria, donde cinco diputados radicales, entre ellos el misionero Martín Arjol, cambiaron de postura horas antes de la sesión clave y hoy volverían a acompañar al oficialismo, al igual que la puertista Florencia Klipauka.
Poroteo
El “poroteo” de votos calculado por periodistas especializados en cuestiones parlamentarias de Infobae contempla que el bloque de 160 votos que buscará anular el veto de Milei está conformado por los 99 diputados de Unión por la Patria y 27 de los 33 parlamentarios que tiene la UCR, dado que los denominados “radicales peluca” Luis Picat, José Tournier, Mariano Campero y el ya mencionado Arjol volverían a acompañar al oficialismo.
Los dos restantes de la UCR son Fernando Carbajal, quien se ausentará con licencia, y Pablo Cervi, que se abstendrá, lo que favorece el bloqueo del veto.
A esa cifra hay que sumarle el respaldo del bloque Encuentro Federal, que aportará 14 de las 16 bancas que tiene, dado que Ricardo López Murphy estará ausente y Francisco Morcchio está en duda.
Infobae apunta, además, que los bloques de la Coalición Cívica (6), el Frente de Izquierda (5) y Por Santa Cruz (2) acompañarán la insistencia en su totalidad, sumando 13 votos, mientras que desde el PRO habrá dos a favor de la ley: Álvaro González y Héctor Baldassi.
Innovación Federal, en tanto que contiene a los cuatro diputados misioneros de la Renovación, confirmó a 5 de sus 8 diputados -3 de Salta, 1 de Río Negro y 1 de Misiones-, mientras que el resto definirá su postura hoy. Lourdes Arrieta, de La Libertad Avanza (LLA), también acompañaría la insistencia de la ley. Sumados todos, el total da 160 diputados.
Cuando se trató el veto a la reforma jubilatoria, la oposición cosechó 153 votos a favor de la normativa, cifra que no alcanzó para doblegar los 87 votos efectuados por legisladores que decidieron acompañar al gobierno. Ese día hubo 8 abstenciones, entre los que estuvieron los renovadores Yamila Ruiz, Carlos Fernández, Daniel Vancsik y Alberto Rúa, todos ellos de Innovación Federal.
Mientras tanto, diversas fuerzas seguridad comenzaron a instalar vallados alrededor del Congreso ante posibles manifestaciones y diversas facultades del país se encuentran tomadas por estudiantes que realizaron una vigilia de la sesión.
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Tras la marcha federal, Milei vetó la ley de Financiamiento Universitario
A pesar de la multitudinaria marcha que se realizó en todo el país ayer para frenar la medida, el presidente Javier Milei vetó la Ley de Financiamiento Universitario. El Decreto 879/24 fue publicado en el Boletín Oficial de la Nación este jueves.
Con la publicación del decreto, el gobierno nacional estableció que el proyecto de ley 27.757, sancionada el 12 de septiembre, se observe en su “totalidad” y vuelva al Honorable Congreso de la Nación (HCN).
En los considerando del documento se detallan los distintos artículos de la legislación, entre los cuales se destaca las “modificaciones que impactan en el régimen jurídico de financiamiento de las Universidades Nacionales, en materia de gastos de funcionamiento y de salarios para el personal docente y no docente del Sistema Universitario Nacional”.
De esta manera, para justificar el veto total al financiamiento universitario, el gobierno libertario sostuvo que “es manifiestamente violatorio del marco jurídico vigente, en tanto contempla el impacto fiscal de la medida ni tampoco determina la fuente de su financiamiento“, al tiempo que señaló que “el artículo 38 de Ley 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional es claro al exigir de forma expresa que toda ley que autorice gastos no previstos en el presupuesto general deberá especificar las fuentes de los recursos a utilizar para su financiamiento”.
Además, puntualiza que el reglamento de la Cámara de Senadores, en su artículo 126, prevé que “todo proyecto que importe gastos incluirá en sus fundamentos la estimación de tales erogaciones e indicará la fuente de financiamiento, a fin de justificar la viabilidad del mismo. De no ser así, no se discutirá en las sesiones de la Cámara hasta tanto la omisión no sea subsanada, por el o los autores del mismo”.
Ahora, la legislación que preveía principalmente una recomposición salarial para el personal docente y no docente, deberá regresar a la Cámara de origen, el Senado de la Nación, donde los legisladores nacionales deberán votar por sostener el financiamiento universitario o acompañar el veto presidencial.
Con la oficialización de la medida, es la segunda vez que el presidente utiliza el mecanismo, primeramente vetó la reforma de movilidad jubilaría, para sostener el “equilibrio fiscal”.
Ayer, miles estudiantes, egresados, personal docente, no docentes de las universidades nacionales de la Argentina, así como también gremios y organizaciones sociales, salieron a las calles en todo el país para rechazar la medida del gobierno nacional y defender la educación pública, gratuita y de calidad. Sin embargo, el Ejecutivo no dio marcha atrás y concretó el veto.
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