Nacionales
El Gobierno Nacional compró alimentos 50% más caro que en el supermercado

La Argentina amaneció con una polémica compra de alimentos . Mediante siete resoluciones , el Ministerio de Desarrollo Social hizo compras millonarias en medio de la pandemia del coronavirus. El punto no es la cantidad de aceite, fideos, arroz o lentejas que compró, sino los precios que pagó . Tan llamativo es el proceso licitatorio que el propio Estado convalida precios muy superiores a los que establece en el programa Precios Máximos .
BUENOS AIRES. El caso más llamativo es el del aceite . Mediante la resolución 150/2020 autorizó la compra de 1,700,000 “unidades de aceite mezcla en presentación de 1,5 litros, solicitada por la Secretaría de Articulación de Política Social”.
La norma establece la compra, finalmente, de dos lotes de 340.000 unidades de botellas de 1,5 cada una. La empresa Sol Ganadera se quedó con una de las partidas. Le vendió al Estado cada botella de la marca Indigo en $157,80. El otro lo contrató la firma Copacabana por una cantidad similar y el precio, en este caso de la marca Ideal, es de 157,67 pesos.
La cuenta lleva la contratación a un total de 107.599.800 pesos por 1,02 millones de botellas, ya que el resto no se adjudica. El punto es que en la página de Precios Máximos , que el Gobierno señala como de cumplimiento obligatorio, uno de esos productos, el aceite de 1,5 litros Ideal, tiene un valor máximo de 98 pesos por botella.
“La Sindicatura General de la Nación (Sigen) fija los precios testigo, las licitaciones son abiertas y, en todos los casos, el Ministerio pidió rebajas de precios”, dijo esta mañana a LA NACION una alta fuente del Ministerio de Desarrollo Social.
Pero el aceite no es la única compra llamativa . En otra de las licitaciones publicadas, que se pueden verificar en Boletín Oficial , se puede ver un caso similar con los fideos . La cartera que conduce Daniel Arroyo convalidó la compra de 1.020.000 paquetes de fideos semolados de medio kilo.
Esta vez fueron tres lotes de 340.000 paquetes, cada uno de las marcas Doña Luisa o Sua Pasta, Pastarole y Aldente o Pastarole. Cada uno de ellos se compró a $85,76, $84,77 y $84 respectivamente, lo que da un promedio de 84,84 cada uno.
En este punto, el ministro aclaró a este medio que mediante otra resolución se modificó un error en el que consigna que los 84, 84 pesos que se pagó en realidad corresponden al kilo, pese a que el proveedor lo entregue en paquetes de 500 gramos.
Sin embargo, siempre según el relevamiento que se puede hacer de la lista de Precios Máximos convalidada por el Gobierno, un producto similar tiene un valor de 52 pesos, aunque hay opciones más económicas.
Pero más allá del disparatado nivel de precios, lo llamativo es que aquellos valores impuestos por el Estado son por la compra unitaria de un producto . En este caso, el Estado pagó mucho más por millones de unidades.
“Hemos hecho una compra extraordinaria de alimentos…leche, azúcar, fideos, lentejas y harina. La Sigen establece los precios testigos y se convocaron a once proveedores de alimentos y a diez proveedores de leche”, explicó Arroyo , titular de la cartera, en declaraciones a LA NACION y a otros medios televisivos. Y enseguida agregó: “La compra es por kilo, el paquete es por medio kilo. La Sigen no establece el tema de la logística”.
Sin embargo, en el Ministerio, reconocieron a LA NACION que se pagó por encima de los Precios Máximos mediante un comunicado que hicieron llegar a este medio.Y aclararon que el Estado paga a 90 o 120 días en muchos casos.
En los casos de aceite y azúcar, los proveedores cotizaron por encima del precio testigo y se les solicitó una mejora de precio. Las ofertas posteriores siguieron por arriba del precio, pero ante la necesidad de llegar a comedores y merenderos con esos productos que forman parte de la canasta básica, se decidió realizar la compra.
Beneficiado
El Ministerio de Desarrollo Social fue beneficiado en la semana con una partida millonaria para la compra de alimentos. En una modificación presupuestaria que tuvo la firma del Jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y del ministro de Economía, Martín Guzmán , se le asignaron 36.688 millones de pesos para la compra de alimentos.
Sólo para establecer una comparación. En esa misma norma, el fondeo para el Ministerio de Salud fue de $4325 millones para el programa “Prevención y control para enfermedades inmunoprevenibles” y para la adquisición de bienes, $2565 millones.
El changuito del Ministerio de Desarrollo Social se realizó sostenido por un herramental de normas de emergencia que se aplican por la crisis del coronavirus mediante las que se “habilitan a todas las áreas comprometidas en dar respuestas integrales a utilizar herramientas que otorguen celeridad y eficacia a la atención de las necesidades que se presenten con relación al Coronavirus COVID-19”, dicen los considerandos.
“La Secretaría de Articulación de Política Social indicó la necesidad de sumar acciones pertinentes a las medidas ya adoptadas, a fin de abastecer de manera inmediata las urgencias producidas a fin de evitar impactos más gravosos para la población de alta vulnerabilidad en razón del brote del nuevo coronavirus como una pandemia, de acuerdo a lo declarado por la Organización Mundial de la Salud”, se lee más adelante. Así, con la pandemia y la necesidad de alimento como telón de fondo, el Gobierno convalidó precios muy por encima de los que fija como máximos.
Hubo algunas compras más para el cotizado changuito del Ministerio de Desarrollo Social. También se licitaron 1,7 millones de bolsas de un kilo de azúcar y se adjudicaron 680.000 en dos lotes de 340.000. Le entregarán bolsas de una marca llamada La Muñeca por las que se habrán pagado $75 en promedio por cada una. En precios máximos hay cuatro marcas: Ledesma ($56), Chango ($56), Dominó ($50) y Arcor ($52).
Con las lentejas se dio una situación similar. Se adjudicaron tres lotes de 340.000 bolsas de 500 gramos cada una a un precio, promedio de 168,51 pesos.
La llamativa situación se da en medio de los enojos presidenciales por el precio de los alimentos. De hecho, según el propio Jefe de Estado Alberto Fernández dijo, prepara un decreto de necesidad y urgencia para convertir a los municipios en autoridad de aplicación de la ley de defensa a la competencia, justamente, para controlar los precios máximos de los alimentos.
La Nación
Nacionales
Cinco muertos por inhalación de monóxido de carbono en Villa Devoto

Cinco integrantes de una familia, entre ellos una niña de 4 años, murieron este martes tras haber inhalado monóxido de carbono en una casa ubicada en la calle Sanabria del barrio porteño de Villa Devoto.
El trágico suceso se descubrió esta tarde, cuando un familiar de los fallecidos acudió a la vivienda y se topó con los cuerpos sin vida, para luego dar aviso al sistema de emergencias 911 de la Policía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Una vez en el lugar, los agentes dieron con los cadáveres de un hombre de 75 años y su mujer de 43; como así también el de otro hombre de 43 y su esposa de 42; y el de la pequeña de 4, hija de la pareja más joven.
En la vivienda también encontraron un bebé que alcanzó a ser rescatado con vida y consciente. El niño fue trasladado de urgencia al hospital Zubizarreta, aunque posiblemente más tarde sea derivado al hospital de Niños o al Pedro Elizalde, ambos de Caba.
Nacionales
Gobierno autorizó a la Policía Federal a vigilar redes y requisar sin orden judicial

En un acto esta tarde en la sede del Cuerpo de Policía Montada, en el barrio porteño de Palermo, el presidente Javier Milei y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, presentaron el Departamento Federal de Investigación (DFI) que, con un logo casi idéntico al famoso FBI estadounidense, absorberá el 80% de las tareas de la Policía Federal (PFA) y se enfocará en el crimen organizado.
Según explicó el mismo presidente, se trata de una “reconversión profunda que transformará para siempre” a la fuerza federal, “replicando el espíritu” del legendario fundador del FBI norteamericano, J. Edgard Hoover.
El punto más controversial del Decreto 383/2025, publicado hoy en el Boletín Oficial de la República Argentina, es la autorización a la PFA para realizar ciberpatrullajes y requisas sin orden judicial.
El Decreto establece un cambio profundo en el rol operativo de la fuerza de seguridad, que pasará a concentrarse en la investigación de delitos federales y complejos como el crimen organizado, el narcotráfico y el ciberdelito.
Desde este martes, la PFA tiene la facultad de intervenir a partir de posteos de redes sociales y no necesitará la orden de un juez para hacerlo, e incluso puede utilizar la base de datos del Estado para ubicar a una persona.
“Hemos decidido reformar la PFA para reconvertirla en una fuerza dedicada a la investigación criminal y para eso creamos en DFI al interior de la PFA”, sostuvo Milei, en el acto de Palermo que compartió con Bullrich y otros funcionarios del gobierno, como Karina Milei, Guillermo Francos y los ministros Mariano Cuneo Libarona (Justicia), Mario Lugones (Salud), Luis Petri (Defensa), y el titular de Diputados, Martín Menem, entre otros.
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Fiscales rechazaron prisión domiciliaria para CFK y ahora decide el Tribunal

Los fiscales federales Diego Luciani y Sergio Mola dictaminaron en contra del pedido de prisión domiciliaria efectuado por la defensa de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, aunque la resolución final continúa en manos del Tribunal Oral Federal Dos, cuyas autoridades podrían resolver la cuestión este mismo martes, un día antes del vencimiento del plazo otorgado a CFK para iniciar el cumplimiento de su condena a 6 años de cárcel.
En un dictamen de diez páginas, los fiscales alegaron que “no se advierten las razones humanitarias que justifican conceder una medida excepcional como lo es la detención domiciliaria” y agregaron que “no se encuentran configuradas ni esgrimidas razones de salud o personales que, vinculadas a la edad, permitan inferir que el encierro carcelario pueda afectar el derecho a un trato digno o humanitario reconocido a las personas privadas de su libertad”.
Además, consideraron que CFK no argumentó ningún motivo de salud como para no estar en prisión e indicaron que la cuestión de edad -72 años- no es una obligación, sino una posibilidad prevista en la ley.
Sobre este tema citaron como ejemplo el caso de Ricardo Jaime, ex secretario de Transporte de la Nación, quien cumple condena en prisión por la tragedia de Once y al cumplir 70 años pidió la prisión domiciliaria pero le fue rechazada.
A pesar de la opinión fiscal, la decisión final le corresponde a los magistrados TOF 2 y las fuentes que siguen de cerca el caso estiman que la cuestión podría resolver hoy, un día antes del plazo otorgado para que se presente a Comodoro Py, lo cual podría darse en medio de una gran marcha organizada por militantes peronistas y seguidores partidarios.
La ex presidenta ya avisó que acatará la orden judicial, aunque solicitó cumplir su pena con arresto domiciliario en su departamento en cale San José 1.111 del barrio porteño de Montserrat, donde todos los días es acompañada por un numeroso grupo de personas que se aglomera bajo su balcón desde el día de la confirmación de su condena por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Tanto Luciani como Mola fueron severamente señalados por CFK durante el transcurso de la causa Vialidad por sus vínculos con el ex presidente Mauricio Macri, relevando encuentros, visitas y hasta actividades recreacionales juntos en la quinta Los Abrojos.
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