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Ginés culpó al personal de salud por contagios del virus y fue repudiado por gremios

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El ministro de Salud había dicho que trabajadoras y trabajadores del sector fueron contagiados “por sus colegas y por no usar correctamente la ropa”. Fesprosa lo cuestionó públicamente.

BUENOS AIRES. El ministro de Salud Ginés González García, sin hacerse cargo del bajo presupuesto destinado a la salud en tiempos de pandemia, hizo referencia en una entrevista al alto porcentaje de contagios entre el personal de salud que, claro, es de los más expuestos al contagio de Covid-19.

Ginés los culpabilizó sin tomar nota ni de la falta de insumos de materiales de bioseguridad (barbijos, batones, botas, guantes, mascarillas) al que accede el personal, ni de la falta de equipamiento en los hospitales públicos.

“Esto tiene que ver con que no se usó correctamente la ropa, no se sacaron correctamente la ropa, o muchos de ellos concurrieron con fiebre a trabajar. Tenemos que ser menos omnipotentes y entender que si tenemos un síntoma, lo primero que tenemos que hacer es no ir a un lugar donde podemos contagiar a mucha gente”, fueron las palabras del ministro atacando al personal de salud que están en la primer línea contra el coronavirus todos los días.

Desde la Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República Argentina (Fesprosa) repudiaron este ataque. “Convertir a las víctimas en victimarios sólo va a empeorar una situación, ya difícil de por sí”, afirmó su presidenta María Fernanda Boriotti, quien lo comparó con una situación de abuso cuando se culpabiliza a la mujer víctima por supuestamente haber “provocado”.

Boriotti agregó: “nosotros le preguntamos al ministro: ¿Le consta que todos los contagiados tuvieron a disposición equipos de protección en tiempo y forma? ¿Le consta que las enfermeras que fueron a trabajar con fiebre no fueron presionadas por las patronales? ¿Le consta que se hicieron test preventivos para detectar casos asintomáticos o control de temperatura?

¿Le consta que todos los profesionales recibieron capacitación adecuada para el uso de Equipos de Protección Personal? ¿Le consta que el Ministerio de Salud de la Nación y las provincias ejercieron el poder de policía sanitaria para controlar el cumplimiento de protocolos en las clínicas privadas? ¿Conoce la realidad de salarios pluriempleo y precarización laboral entre los trabajadores de la salud?”.

Antecendentes

No es la primera vez que el ministro de Salud enfrenta a las trabajadoras y los trabajadores del sector. En 2005, cuando ejercía el mismo cargo pero respondiendo en aquel entonces al Gobierno de Néstor Kirchner, criminalizó al personal del Hospital Garrahan que estaba llevando adelante una lucha ejemplar en defensa de sus derechos y el de les niñes que se atienden allí, exigiendo un mayor presupuesto para Salud.

En ese momento, Ginés calificó a las y los manifestantes de “grupo salvaje”, “delincuentes sanitarios” que “hacen terrorismo” e incluso acusó penalmente a los delegados que dirigían el paro.

Hace quince años como ahora no parece que lo que le quite el sueño al ministro sea la salud del personal de salud, sino quedar limpio de culpa y cargo. Un discurso que justifique no aumentar mucho el presupuesto y tratar de ocultar el estado critico en el que se encuentra la salud pública.

La única manera seria de combatir el Covid-19 es con mayor inversión del Estado y que la producción de los elementos sanitarios necesarios sean declarados de interés público para que los empresarios dejen de especular con la pandemia, como con las clínicas privadas, en un único sistema de salud pública donde se resguarde a las y los pacientes y a las trabajadoras y los trabajadores de la salud, con acceso pronto y seguro a toda persona que lo necesite.

La Izquierda Diario


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UTA llamó a un paro de colectivos por 24 horas para el 5 de marzo

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uta paro de colectivos

Tras culminar la conciliación obligatoria sin acuerdo por los reclamos salariales, la Unión de Tranviarios Automotor (UTA) confirmó el paro de colectivos en todo el país, a excepción -hasta ahora- del área metropolitana de Buenos Aires (Amba), para el próximo martes 5 de marzo.

El anuncio de la medida de fuerza fue realizado esta tarde por la Asociación Argentina de Empresas de Transporte Automotor (AAETA), entidad que representa a más de 40 empresas dedicadas al transporte terrestre de pasajeros.

“Finalizó la audiencia en Secretaría de Trabajo entre los empresarios de colectivos del interior del país y la UTA. No hubo acuerdo y finaliza la conciliación obligatoria. UTA llama a un paro de 24 horas para el próximo 5 de marzo”, anunciaron a través de su cuenta en X.

En la publicación, además, se adjuntó un comunicado que añade: “En atención al vencimiento del período de conciliación laboral impuesto, y tras dos meses sin ofrecimiento salarial alguno y a la profundización del conflicto, informamos que se ha resuelto la adopción de una medida de acción gremial, consistente en un paro por 24 horas durante toda la jornada del día martes 5 de marzo de 2024″.

Además, AAETA informó que el 7 de marzo habrá una nueva audiencia virtual para “monitorear el estado de situación” y establecer nuevas medidas.


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Tierra del Fuego paraliza producción de petróleo por 24 horas el miércoles

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petróleo

Lo confirmó el gobernador fueguino Ricardo Melella, en respaldo de su par de Chubut, Nacho Torres, que mantiene un conflicto con el gobierno de Javier Milei por un recorte de $13.500 millones de la coparticipación federal.

La decisión paralizará la producción de petróleo por 24 horas el próximo miércoles, en acuerdo con el resto de las provincias patagónicas que se anotaron en apoyo de Torres.

“Es la producción de petróleo la que vamos a paralizar por un día. Se trata una decisión tomada por todos los gobernadores de la Patagonia, con el apoyo de los trabajadores del sector petrolero. Lo que le pedimos al Gobierno nacional es que se siente urgente con el gobernador de Chubut a tratar de resolver la situación”, explicó Melella a la agencia estatal Télam.

“El ajuste está yendo a los que menos tienen, a los trabajadores, y no a la famosa casta, eso es un verso”, afirmó el gobernador fueguino en diálogo con la prensa local.

En esa línea, agregó que “los que votaron a unos y a otros queríamos una Argentina de paz y no una Argentina de enfrentamiento, chicaneo o de provocaciones, y hoy vivimos eso”, enfatizó.

Para Melella, lo que se hace con Chubut es “poner en jaque a una provincia recortándole fondos”, porque “los fondos no se le recortan a un gobernador. El incentivo docente no se lo quitaron a Melella sino que a todos los docentes de Tierra del Fuego”, insistió.

Melella dijo que Torres llegó al cargo “con todas las ganas de llevar adelante su provincia con un plan de desarrollo y crecimiento, pero la quita de fondos lo pone en jaque ¿Cómo no va a reaccionar? En eso lo acompañamos y lo respaldamos todos los gobernadores”, declaró.

De todas maneras, confió en que haya “un camino de diálogo y una solución de acá al día miércoles y no paralizar la producción de petróleo, porque los argentinos necesitan dirigentes con racionalidad”.

“Hay que reordenar cuestiones fiscales, es cierto. En el gobierno anterior tampoco estaban bien muchas cosas y había que cambiarlas, pero no con este ajuste brutal sobre la gente”, concluyó.


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Intiman a Estado nacional a responder por ley de derechos al pueblo guaraní

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Intiman a Estado nacional a responder por ley de derechos al pueblo guaraní

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) estableció un plazo de tres meses para que el gobierno Nacional realice un descargo por la denuncia de violación a los derechos humanos presentada ante el organismo por un total de 46 comunidades mbya guaraní de Misiones.

El abogado Julio García, integrante del grupo misionero del Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (Endepa), dio una conferencia de prensa hoy frente a la Casa de Gobierno y explicó que la presentación de las comunidades guaraníes ante el organismo internacional es en base al incumplimiento del gobierno provincial a lo establecido en la Ley 4000, sancionada en el año 2003.

Dicha la ley incorpora a la Constitución de la provincia de Misiones los derechos de los pueblos mbya guaraní reconociéndolos como preexistentes y como segunda etapa preveía que el Poder Ejecutivo debía convocar a un plebiscito de “sufragio afirmativo del pueblo” para que los ciudadanos se pronuncien por Si o por No respecto a la incorporación de la enmienda al texto constitucional, procedimiento que nunca fue realizado y derivó en un proceso judicial.

“Esta ley de enmienda, que fue aprobada por unanimidad, requería un paso posterior que era la consulta al pueblo que debía ser realizada por el Poder Ejecutivo o por el gobierno de Misiones. Esta segunda etapa no se llevó adelante, no hubo plebiscito y no se incorporaron los derechos de los pueblos indígenas”, detalló el letrado en diálogo con los medios.

En esa línea, García explicó que “esto llevo a una serie de reclamos primero administrativo y después ante el Supremo Tribunal de Justicia (STJ) de Misiones. Ese reclamo demoró prácticamente diez años y a fines del 2021 se dictó una sentencia que no hizo lugar al planteo de la convocatoria al plebiscito”.

Tras el rechazo de la Justicia misionera, Endepa presentó el reclamo de las comunidades ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) y el máximo órgano judicial del país contestó que “era una cuestión local”.

“Nos quedó como única alternativa acudir al sistema internacional de protección de derechos humanos asistiendo a las comunidades indígenas y la Comisión Interamericana se interesó por el caso”, expresó el representante de las 46 comunidades.

Es así que el organismo interamericano corrió traslado al gobierno nacional y dispuso un plazo de tres meses, vigente desde diciembre, para responder los planteos de las 46 comunidades indígenas ante el organismo.

Sobre ello, el abogado Julio García dijo a La Voz de Misiones que “técnicamente se intimó al Estado nacional, pero quien tiene que responder de acuerdo a una cláusula federal que tiene la Comisión Interamericana es el Estado provincial, no se puede desligar de su responsabilidad del caso”.

El letrado cerró la conferencia en la plaza 9 de Julio añadiendo que: “Es un plazo para que la provincia haga el descargo a esta denuncia de violación de derechos políticos, de derechos a la participación, a la igualdad, a la no discriminación, básicamente lo que establece la Constitución para cualquier grupo humano, le fue vedado a las comunidades mbya”.

Reparación histórica

Hace más de 20 años, las comunidades mbya guaraní que habitan el territorio misionero luchan para que sus derechos sean reconocidos en la Constitución de la Provincia de Misiones.

Al reconocer la preexistencia étnica y cultural del pueblo indígena, se garantizaría el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural, a ser impartida, preferentemente, por docentes y auxiliares indígenas. Así como también la personería jurídica de sus comunidades y organizaciones, el derecho a la participación plena, a través de sus representantes, en la gestión de sus recursos naturales, el derecho de usar, mantener, desarrollar y administrar servicios propios de salud.

Además de reconocer la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano.

 

Foto: archivo Misiones Online.


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