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En un año, los productos de primera necesidad subieron hasta un 136%

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El oficialismo auguró un año 2017 con una inflación en torno al 17%, cifra a partir de la cual se propone discutir las paritarias de los trabajadores, principal motor del consumo interno. Pero la estimación oficial es puesta en duda si se tiene en cuenta la remarcación de precios, principalmente, los que hacen a artículos de primera necesidad.

Tal es el caso del pan, que esta semana pasó a costar cerca de $ 50 el kilo, luego de una suba de 15%. Según la Federación Industrial Panaderil de la provincia de Buenos Aires, la suba responde a un aumento en el costo de la materia prima: según estiman en el sector, la harina aumentará un 12% en los próximos días, y un 10% más en el mes de abril, que se suman al incremento del 16,8% que tuvo el producto durante 2016.

Según un relevamiento de precios de la consultora Ecolatina para ámbito.com, a enero de 2017, el kilo de pan francés aumentó un 33,7% interanual. Teniendo en cuenta la suba de febrero, el aumento fue del 70% interanual.

Pero no sería el único producto de primera necesidad que muestra un alza de ese nivel. Tal es el caso del aceite de girasol, que entre enero de 2016 a enero de 2017, registró un alza del 136,1%.

Vale recordar que, debido al incremento del aceite durante los primeros meses del año pasado (en julio de 2016 ya tocaba el 80%), el Gobierno tuvo que acordar topes mensuales con el sector aceitero, de entre el 4% al 6%.

Los lácteos también sufrieron subas importantes durante 2016. Tal es el caso de la manteca, cuyo precio se incrementó un 90,1% interanual, seguida por la leche, cuyo litro aumentó un 22,2%.

En el primer caso, y a diferencia de lo ocurrido con el aceite, el Gobierno no intervino para regular el precio. Incluso, el ministro de Agroindustria, Ricardo Buryaile, argumentó en declaraciones a la prensa que había faltante del producto porque había “una decisión empresarial de hacer más queso porque les permite un mayor margen de rentabilidad“. Y añadió en este marco que se trató de “decisiones empresariales en las que no nos podemos meter“.

Respecto a la leche, el sector advirtió sobre la suba a mediados de año pasado cuando, en señal de protesta, regaló el producto en las rutas como forma de dar a conocer los cierres de tambos, los problemas derivados de las inundaciones en las zonas tamberas, y la eliminación de productos lácteos de la lista de Precios Cuidados, tales como las leches marca “La Serenísima” (entera y descremada en sachet, y en polvo).

Las frutas y hortalizas también forman parte de los productos de primera necesidad que aumentaron durante 2016. Encabeza la lista la papa, cuyo precio se incrementó un 38,3% interanual. Frutas como la manzana, registraron una suba del 21,7%.

Respecto a las carnes, se registró un alza del 33,4% en el precio del pollo y un 18% en carnes rojas.

En tanto el pollo, se trata de otro producto que en 2016 el Gobierno no reincorporó a la lista de Precios Cuidados, al igual que el pescado.

Sin embargo, nuevos cortes de carne roja sí se agregaron al listado oficial, pero con subas. Es el caso del asado, uno de los cortes más requeridos, que tuvo un aumento del 18%.

Pero reemplazar el consumo de la carne por arroz o fideos, tampoco es una opción más barata. En un año, el precio del arroz subió un 24,6%, y el de los fideos, un 8,5%.


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Tierra del Fuego paraliza producción de petróleo por 24 horas el miércoles

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petróleo

Lo confirmó el gobernador fueguino Ricardo Melella, en respaldo de su par de Chubut, Nacho Torres, que mantiene un conflicto con el gobierno de Javier Milei por un recorte de $13.500 millones de la coparticipación federal.

La decisión paralizará la producción de petróleo por 24 horas el próximo miércoles, en acuerdo con el resto de las provincias patagónicas que se anotaron en apoyo de Torres.

“Es la producción de petróleo la que vamos a paralizar por un día. Se trata una decisión tomada por todos los gobernadores de la Patagonia, con el apoyo de los trabajadores del sector petrolero. Lo que le pedimos al Gobierno nacional es que se siente urgente con el gobernador de Chubut a tratar de resolver la situación”, explicó Melella a la agencia estatal Télam.

“El ajuste está yendo a los que menos tienen, a los trabajadores, y no a la famosa casta, eso es un verso”, afirmó el gobernador fueguino en diálogo con la prensa local.

En esa línea, agregó que “los que votaron a unos y a otros queríamos una Argentina de paz y no una Argentina de enfrentamiento, chicaneo o de provocaciones, y hoy vivimos eso”, enfatizó.

Para Melella, lo que se hace con Chubut es “poner en jaque a una provincia recortándole fondos”, porque “los fondos no se le recortan a un gobernador. El incentivo docente no se lo quitaron a Melella sino que a todos los docentes de Tierra del Fuego”, insistió.

Melella dijo que Torres llegó al cargo “con todas las ganas de llevar adelante su provincia con un plan de desarrollo y crecimiento, pero la quita de fondos lo pone en jaque ¿Cómo no va a reaccionar? En eso lo acompañamos y lo respaldamos todos los gobernadores”, declaró.

De todas maneras, confió en que haya “un camino de diálogo y una solución de acá al día miércoles y no paralizar la producción de petróleo, porque los argentinos necesitan dirigentes con racionalidad”.

“Hay que reordenar cuestiones fiscales, es cierto. En el gobierno anterior tampoco estaban bien muchas cosas y había que cambiarlas, pero no con este ajuste brutal sobre la gente”, concluyó.


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Intiman a Estado nacional a responder por ley de derechos al pueblo guaraní

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Intiman a Estado nacional a responder por ley de derechos al pueblo guaraní

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) estableció un plazo de tres meses para que el gobierno Nacional realice un descargo por la denuncia de violación a los derechos humanos presentada ante el organismo por un total de 46 comunidades mbya guaraní de Misiones.

El abogado Julio García, integrante del grupo misionero del Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (Endepa), dio una conferencia de prensa hoy frente a la Casa de Gobierno y explicó que la presentación de las comunidades guaraníes ante el organismo internacional es en base al incumplimiento del gobierno provincial a lo establecido en la Ley 4000, sancionada en el año 2003.

Dicha la ley incorpora a la Constitución de la provincia de Misiones los derechos de los pueblos mbya guaraní reconociéndolos como preexistentes y como segunda etapa preveía que el Poder Ejecutivo debía convocar a un plebiscito de “sufragio afirmativo del pueblo” para que los ciudadanos se pronuncien por Si o por No respecto a la incorporación de la enmienda al texto constitucional, procedimiento que nunca fue realizado y derivó en un proceso judicial.

“Esta ley de enmienda, que fue aprobada por unanimidad, requería un paso posterior que era la consulta al pueblo que debía ser realizada por el Poder Ejecutivo o por el gobierno de Misiones. Esta segunda etapa no se llevó adelante, no hubo plebiscito y no se incorporaron los derechos de los pueblos indígenas”, detalló el letrado en diálogo con los medios.

En esa línea, García explicó que “esto llevo a una serie de reclamos primero administrativo y después ante el Supremo Tribunal de Justicia (STJ) de Misiones. Ese reclamo demoró prácticamente diez años y a fines del 2021 se dictó una sentencia que no hizo lugar al planteo de la convocatoria al plebiscito”.

Tras el rechazo de la Justicia misionera, Endepa presentó el reclamo de las comunidades ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) y el máximo órgano judicial del país contestó que “era una cuestión local”.

“Nos quedó como única alternativa acudir al sistema internacional de protección de derechos humanos asistiendo a las comunidades indígenas y la Comisión Interamericana se interesó por el caso”, expresó el representante de las 46 comunidades.

Es así que el organismo interamericano corrió traslado al gobierno nacional y dispuso un plazo de tres meses, vigente desde diciembre, para responder los planteos de las 46 comunidades indígenas ante el organismo.

Sobre ello, el abogado Julio García dijo a La Voz de Misiones que “técnicamente se intimó al Estado nacional, pero quien tiene que responder de acuerdo a una cláusula federal que tiene la Comisión Interamericana es el Estado provincial, no se puede desligar de su responsabilidad del caso”.

El letrado cerró la conferencia en la plaza 9 de Julio añadiendo que: “Es un plazo para que la provincia haga el descargo a esta denuncia de violación de derechos políticos, de derechos a la participación, a la igualdad, a la no discriminación, básicamente lo que establece la Constitución para cualquier grupo humano, le fue vedado a las comunidades mbya”.

Reparación histórica

Hace más de 20 años, las comunidades mbya guaraní que habitan el territorio misionero luchan para que sus derechos sean reconocidos en la Constitución de la Provincia de Misiones.

Al reconocer la preexistencia étnica y cultural del pueblo indígena, se garantizaría el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural, a ser impartida, preferentemente, por docentes y auxiliares indígenas. Así como también la personería jurídica de sus comunidades y organizaciones, el derecho a la participación plena, a través de sus representantes, en la gestión de sus recursos naturales, el derecho de usar, mantener, desarrollar y administrar servicios propios de salud.

Además de reconocer la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano.

 

Foto: archivo Misiones Online.


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El gobierno anunció el cierre definitivo del Inadi

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En su habitual conferencia de prensa esta mañana, el vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció el cierre definitivo del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi).

“Uno de los ideales del presidente Milei es la reducción del Estado y la eliminación de todo lo que no genere un beneficio para los argentinos”, arrojó el vocero ante los periodistas en la Casa Rosada.

En esa línea, Adorni continuó: “Se tomó la decisión de avanzar en el desmantelamiento de diferentes institutos que efectivamente no sirven absolutamente para nada o son grandes cajas de la política o lugares para generar empleo militante y el primero de ellos va a ser el Inadi”.

Con la sanción de la Ley 24515 en 1995 se creó el Inadi. Dos años más tarde, en 1997, el instituto inició sus funciones con el objetivo de elaborar políticas para combatir toda forma de discriminación, xenofobia y racismo en todo el territorio nacional.

Actualmente, el organismo nacional se encuentra bajo la órbita del Ministerio de Justicia con la dirección de María Greta Pena, funcionaria nombrada por Alberto Fernández tras la renuncia Victoria Donda.

El vocero presidencial sostuvo que se iniciaron las actuaciones administrativas para su cierre, aunque no confirmó si el proceso se realizará por decreto o a través de un proyecto de ley.

En Misiones, el delegado del Inadi es el docente Jorge Víctor Ríos, quien asumió el cargo en abril del año pasado tras la salida de Silvia Risko.


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