Nacionales
El titular de la AFIP tiene acciones en una empresa acusada por evasión
En medio de la polémica generada por la Declaración Jurada del presidenteMauricio Macri, el titular de la AFIP Alberto Abad declaró poseer entre sus bienes, títulos de la empresa Molinos Río de la Plata que, en 2015 fue acusada por el organismo que él ahora preside de haber evadido al fisco $ 1.100 millones en concepto de pagos atrasados del Impuesto a las Ganancias. Esa tenencia de títulos públicos con cotización en el país lo coloca en una situación de incompatibilidad prevista en el Código de Ética que rige para el personal del organismo recaudador, porque podría generar una situación de conflicto de intereses en quien debe aplicar el poder de policía sobre una firma de la que su resultado financiero influye en su propio patrimonio. La deuda reclamada por el organismo remite a dos períodos en los que Abad era el titular de la AFIP. Adicionalmente, la Declaración Jurada del funcionario reconoce en el ítem de deudas contraídas, a distintas sociedades financieras sometidas también al control de la AFIP.
Según su DDJJ presentada ante la Oficina Anticorrupción por el período 2015, Abad reconoce poseer acciones y Obligaciones Negociables de las empresas Pan American Energy, IRSA y Arcor entre otros. Pero entre los títulos públicos con cotización en el país señalan que al inicio del año poseía un monto equivalente $ 85.525 invertido en Molinos Río de la Plata. Al cierre de ese período, el valor de esos títulos trepó, según lo declarado, a $ 121.540. Sin que el monto sea significativo en el patrimonio total del funcionario, su declaración puede traer aparejada un posible conflicto de intereses, según las normas que rigen el funcionamiento interno de AFIP. En el Código de Ética que lo alcanza está descripta esa controversia cuando”se contrapongan en una misma situación los intereses de este Organismo con los intereses personales de los funcionarios”. Además aclara que su personal “debe evitar situaciones que desencadenen un conflicto de interés real o potencial”.
En el acápite “b”, la norma establece que nadie en AFIP “debe entablar relaciones personales o profesionales, ni aceptar situaciones en cuyo contexto sus intereses personales, laborales, económicos o financieros pudieran estar en conflicto con el cumplimiento de los deberes y funciones a su cargo”. En 2015, la AFIP inició un proceso de determinación en el cual le reclamó a la empresa el pago de Ganancias de $ 220,9 millones por el ejercicio 2006 y de $ 919 millones por el de 2007. Objetó esos pagos atrasados que habrían sido generados por precios de transferencia en transacciones internacionales entre firmas pertenecientes al mismo grupo empresario. El reclamo por la deuda coincide con el período en el que Abad fue el administrador federal: dejó su cargo en 2008. Según declaró, en 2013, esos títulos fueron incorporados a su patrimonio. De avanzar el proceso -más allá de las apelaciones planteadas por la empresa- se podría dar la paradójica situación en la que Abaddebiera cobrarle a la firma en la que posee sus inversiones personales.
En ese marco, también resaltan dos deudas reconocidas con el Banco Santander Río (por $ 720.000 cada una) y con Prisma Medios de Pago ($ 85.950), que agrupa servicios de pago electrónico como Pago Mis Cuentas y Monedero, entre otras. De ambas Abad fue director titular en las sociedades controlantes. Esas dos empresas están incluidas en los procesos de fiscalización del organismo. En 2014, el kirchnerista Norberto Berner había sido denunciado por haber declarado una deuda con una telefónica que debía ser controlada por la Secretaría de Telecomunicaciones a su cargo.
Defensa
Abad está imputado por presunta violación de secretos en una causa que investiga l-a divulgación de datos bajo secreto fiscal con objetivos políticos. En medio de un clima enrarecido dentro de la AFIP, hizo circular un memo interno en el cual exhortó a la unidad del personal, conmocionado por las denuncias contra funcionarios del organismo recaudador. “Se han realizado importantes acciones legales en contra de grupos económicos que intentan defraudar al Estado, evadiendo impuestos o aprovechando indebidamente beneficios fiscales”,sostuvo el descargo en el que resaltó las acciones penales llevadas adelantes por AFIP. “No es casual entonces que nos encontremos como es de público conocimiento ante una artera campaña de desprestigio contra el personal de las distintas áreas”, que según dijo, están basados en “falsos hechos y en los más inverosímiles delitos”. Cuestionó a los medios que los publicaron y condenó las “cobardes acciones” llevadas a cabo contra algunos funcionarios imputados. Los alrededores de la AFIP se poblaron con afiches ofensivos que dan cuenta de una interna desatada.
Fuente Ambito Financiero
En la tarde hoy, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) reveló que la inflación acumulada en 2024 fue de 117,8% y en diciembre registró un 2,7%, marcando sus principales incrementos en Vivienda (5,3%), Comunicación (5,0%), Restaurantes y hoteles (4,6%) y Alimentos (2,2%).
Según el Índice de Precios al Consumidor, las dos divisiones con menores variaciones durante ese mes fueron Prendas de vestir y calzado (1,6%) y Equipamiento y mantenimiento del hogar (0,9%).
A nivel de las categorías, los Regulados (3,4%) lideraron el incremento, seguidos del IPC núcleo (3,2%), mientras que los Estacionales cayeron 1,4%.
De esta manera, los resultados muestran que los precios se aceleraron en el último mes del año, teniendo en cuenta que en noviembre la inflación fue de 2,4 y en diciembre igualó la cifra registrada en el mes de octubre, aunque continúa por debajo del 3%.
Repercusiones
Respecto a las especulaciones económicas, el ministro Luis Caputo, dijo que los datos confirman “la continuidad del proceso de desinflación”.
Y agregó: “Esto se da en un mes en el cual el índice presenta una estacionalidad positiva, vinculada a las fiestas y al inicio del período de vacaciones de verano, y en un contexto donde tanto la actividad económica como los ingresos reales de la población presentan una fuerte recuperación”.
La variación interanual del IPC Nacional fue de 117,8% i.a., siendo el octavo mes consecutivo de desaceleración en la comparación contra igual mes del año anterior, y contrastando con el 211,4% de inflación registrado en 2023.
Por segunda vez, el gobierno nacional, liderado por Javier Milei, prorrogó el Presupuesto de 2023 al no haber alcanzado un acuerdo en el Congreso para aprobar una nueva Ley de Leyes y no convocar a sesiones extraordinarias por temor a afectar el equilibrio fiscal.
De esta manera, en la mañana de hoy fue publicado en el Boletín Oficial el decreto 1131/2024, que oficializó la prórroga del Presupuesto General de la Administración Nacional para el año próximo.
Esto significa que, por segunda vez consecutiva, se extendió el presupuesto que fue aprobado en el último año de la presidencia de Alberto Fernández. Al respecto, el Ejecutivo justificó la decisión apuntando a la “necesidad de garantizar la continuidad de los servicios esenciales”.
A su vez, en su artículo 2, delega al jefe de Gabinete Guillermo Francos, la facultad de “adecuar oportunamente” la previsión presupuestaria según el contexto económico y financiero. En este marco, otorga al Ejecutivo discrecionalidad para manejar las cuentas del Estado, lo que podría afectar las negociaciones con las provincias y los organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Antecedentes y tensiones con las provincias
El último proyecto de presupuesto fue presentado en septiembre pasado, sin embargo, el Ejecutivo decidió no convocar a sesiones extraordinarias, argumentando preocupaciones sobre el impacto que un debate legislativo podría tener en el equilibrio fiscal.
En esta oportunidad la prórroga surge en un contexto de tensiones abiertas entre el Gobierno Nacional y las provincias, entre quienes las negociaciones se encuentran suspendidas, ya que los gobernadores reclaman puntos que, para el presidente, atentan contra su premisa central del déficit cero.
Algunas de las principales exigencias de los mandatarios provinciales son: las deudas por cajas previsionales, la coparticipación del impuesto a los combustibles líquidos, la distribución del Fondo de Aportes del Tesoro Nacional (ATN), la limitación de la alícuota de la Agencia de Recaudación Federal (ex AFIP) y las compensaciones pendientes del Consenso Fiscal 2017.
En conjunto, estos reclamos representan un total de 3.700 millones de dólares, aunque según pudo revelar la agencia Noticias Argentinas, desde Balcarce 50 insistieron en que “No hay plata. Tampoco proponen de dónde sacar esa plata. No hay 3.700 millones para sacar de ningún lado”.
Posibles cambios a partir de febrero
Desde el oficialismo consideran que el Presupuesto podría tratarse en febrero si los gobernadores acceden a garantizar el respaldo al proyecto original presentado en septiembre, aunque advierten que no hay antecedentes de votaciones presupuestarias en ese mes.
Al no haber podido alcanzar acuerdos concretos, y con un escenario legislativo incierto, el decreto aparece nuevamente como la herramienta clave para prorrogar el presupuesto sancionado en diciembre de 2022, tal como se hizo al inicio de la gestión libertaria en diciembre de 2023.
El viernes pasado, el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) había anunciado que los usuarios argentinos de telefonía móvil dejarían de pagar roaming en Brasil, Uruguay y Paraguay a partir de este domingo 29 de diciembre. Sin embargo, horas más tarde, comunicaron que la medida no entrará en vigencia hoy.
Esto se debe a que aún se encuentra pendiente una instancia técnica de coordinación con los reguladores de Uruguay y Paraguay, a quienes convocarán mañana lunes, mientras que Brasil está en proceso de ratificación del acuerdo, por lo que la puesta en marcha del servicio gratuito se realizará más adelante.
La medida prevé que a los usuarios de telefonía móvil que viajen a Brasil, Uruguay y Paraguay ya no se les cobrarán cargos extra al momento de acceder a Internet, enviar mensajes de voz y texto o realizar llamadas.
Antecedente
El acuerdo fue firmado en julio de 2019 entre los Estados Parte del Mercosur -Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay- y ratificado en Argentina en mayo de este año a través de la Ley 27740, la cual aprobó el Acuerdo para la Eliminación del Cobro de Cargos de Roaming Internacional a los Usuarios Finales del Mercosur.
El documento establece, entre otras cosas, que los prestadores de servicios móviles deberán aplicar a sus usuarios finales los mismos precios que cobren en su propio país, según la modalidad y al plan contratado por cada uno.
Esto quiere decir que los usuarios de telefonía móvil que viajen a los países que integran el Mercosur podrán seguir utilizando los servicios como si estuviesen en Argentina.
Una vez implementado el Acuerdo, un Comité de Coordinación Técnica, compuesto por representantes de los Estados Parte, deberá posibilitar su implementación, además de supervisar su ejecución y cumplimiento.
En Argentina, el comité de representación es integrado por la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología junto al Enacom.
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