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El titular de la AFIP tiene acciones en una empresa acusada por evasión

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ElectroMisiones.com.ar De La Finca Hydro Piscinas

En medio de la polémica generada por la Declaración Jurada del presidenteMauricio Macri, el titular de la AFIP Alberto Abad declaró poseer entre sus bienes, títulos de la empresa Molinos Río de la Plata que, en 2015 fue acusada por el organismo que él ahora preside de haber evadido al fisco $ 1.100 millones en concepto de pagos atrasados del Impuesto a las Ganancias. Esa tenencia de títulos públicos con cotización en el país lo coloca en una situación de incompatibilidad prevista en el Código de Ética que rige para el personal del organismo recaudador, porque podría generar una situación de conflicto de intereses en quien debe aplicar el poder de policía sobre una firma de la que su resultado financiero influye en su propio patrimonio. La deuda reclamada por el organismo remite a dos períodos en los que Abad era el titular de la AFIP. Adicionalmente, la Declaración Jurada del funcionario reconoce en el ítem de deudas contraídas, a distintas sociedades financieras sometidas también al control de la AFIP.

Según su DDJJ presentada ante la Oficina Anticorrupción por el período 2015, Abad reconoce poseer acciones y Obligaciones Negociables de las empresas Pan American Energy, IRSA y Arcor entre otros. Pero entre los títulos públicos con cotización en el país señalan que al inicio del año poseía un monto equivalente $ 85.525 invertido en Molinos Río de la Plata. Al cierre de ese período, el valor de esos títulos trepó, según lo declarado, a $ 121.540. Sin que el monto sea significativo en el patrimonio total del funcionario, su declaración puede traer aparejada un posible conflicto de intereses, según las normas que rigen el funcionamiento interno de AFIP. En el Código de Ética que lo alcanza está descripta esa controversia cuando”se contrapongan en una misma situación los intereses de este Organismo con los intereses personales de los funcionarios”. Además aclara que su personal “debe evitar situaciones que desencadenen un conflicto de interés real o potencial”.

En el acápite “b”, la norma establece que nadie en AFIP “debe entablar relaciones personales o profesionales, ni aceptar situaciones en cuyo contexto sus intereses personales, laborales, económicos o financieros pudieran estar en conflicto con el cumplimiento de los deberes y funciones a su cargo”. En 2015, la AFIP inició un proceso de determinación en el cual le reclamó a la empresa el pago de Ganancias de $ 220,9 millones por el ejercicio 2006 y de $ 919 millones por el de 2007. Objetó esos pagos atrasados que habrían sido generados por precios de transferencia en transacciones internacionales entre firmas pertenecientes al mismo grupo empresario. El reclamo por la deuda coincide con el período en el que Abad fue el administrador federal: dejó su cargo en 2008. Según declaró, en 2013, esos títulos fueron incorporados a su patrimonio. De avanzar el proceso -más allá de las apelaciones planteadas por la empresa- se podría dar la paradójica situación en la que Abaddebiera cobrarle a la firma en la que posee sus inversiones personales.

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En ese marco, también resaltan dos deudas reconocidas con el Banco Santander Río (por $ 720.000 cada una) y con Prisma Medios de Pago ($ 85.950), que agrupa servicios de pago electrónico como Pago Mis Cuentas y Monedero, entre otras. De ambas Abad fue director titular en las sociedades controlantes. Esas dos empresas están incluidas en los procesos de fiscalización del organismo. En 2014, el kirchnerista Norberto Berner había sido denunciado por haber declarado una deuda con una telefónica que debía ser controlada por la Secretaría de Telecomunicaciones a su cargo.

Defensa

Abad está imputado por presunta violación de secretos en una causa que investiga l-a divulgación de datos bajo secreto fiscal con objetivos políticos. En medio de un clima enrarecido dentro de la AFIP, hizo circular un memo interno en el cual exhortó a la unidad del personal, conmocionado por las denuncias contra funcionarios del organismo recaudador. “Se han realizado importantes acciones legales en contra de grupos económicos que intentan defraudar al Estado, evadiendo impuestos o aprovechando indebidamente beneficios fiscales”,sostuvo el descargo en el que resaltó las acciones penales llevadas adelantes por AFIP. “No es casual entonces que nos encontremos como es de público conocimiento ante una artera campaña de desprestigio contra el personal de las distintas áreas”, que según dijo, están basados en “falsos hechos y en los más inverosímiles delitos”. Cuestionó a los medios que los publicaron y condenó las “cobardes acciones” llevadas a cabo contra algunos funcionarios imputados. Los alrededores de la AFIP se poblaron con afiches ofensivos que dan cuenta de una interna desatada.

Fuente Ambito Financiero

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Diputados aprobó el proyecto de ‘alcohol cero’ para conductores en todo el país

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alcohol

La Cámara de Diputados de la Nación aprobó y envió al Senado el proyecto que reforma la Ley de Tránsito para reducir de 0,5 a 0 miligramos la cantidad de alcohol por litro de sangre que puede tolerarse para conducir. 

El proyecto se aprobó con 195 votos afirmativos, 19 en contra y cuatro abstenciones, que provinieron, mayoritariamente, de diputados de provincias con actividad vitivinícola. 

“Esta ley es producto del esfuerzo que hicieron quienes están en los balcones, la movilización y compromiso de muchas ONGs que hoy nos acompañan y que fueron quienes pusieron en el conocimiento de todos los diputados el objetivo de esta ley, que lejos está de ser una ley contra el consumo de alcohol. No tiene que ver con la prohibición de beber sino de no conducir cuando se ha consumido alcohol”, argumentó el presidente de la comisión de Transportes Jorge Rizzotti, de la Unión Cívica Radical (UCR). 

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“Todos los abordajes terapéuticos y de control del uso de sustancias en usuarios y usuarias, que tienen perspectiva de derechos, coinciden en que el consumo de sustancia no es compatible con conducir vehículos”, agregó. 

“La modificación de esta ley es un paso fuerte de extremo, un paso en un camino largo. Esta legislación intenta un cambio cultural, pretende luchar contra la violencia vial y configurar una práctica de conciencia y responsabilidad ciudadana”, completó.  

Por el Frente de Todos, Jimena López, vicepresidenta de la comisión de Transportes, destacó que “esta ley que tiene que ver con la siniestralidad producto del consumo, viene a reparar al menos un poco, la gran pérdida que sufrieron muchas familias”. 

“Esta ley viene a poner límite a la especulación de una copa o dos. El consumo tiene impacto y afecta las facultades”, indicó. 

Por su parte, la diputada del PRO, María Luján Rey, enfatizó: “Hoy estamos regulando cómo se debe conducir en nuestro país, esta ley viene a igualar la responsabilidad a los conductores priorizando la seguridad. El bien que queremos resguardar no es más ni menos que el bien de la vida”. 

Desde el interbloque Federal, el exministro de Transportes, Florencio Randazzo, precisó: “Cuando hablamos de seguridad vial estamos hablando de vida o muerte; y sobre todos en menores de 25 años la mayor causa de muerte no natural es la accidentología vial, por eso valga si tiene importancia o no debatir este tipo de cuestiones”. 

En contra 

En contra del proyecto se manifestaron los diputados José Luis Espert, de Avanza Libertad, y Ricardo López Murphy, de Republicamos Unidos, quienes sostuvieron que el proyecto “no ataca el fondo del problema y restringe libertades ciudadanas”. 

“Legislar sobre alcohol cero por supuesto que es barato y gratis, pero creo que no pasa por esto el problema de los accidentes viales sino por una cuestión de educación vial, muchas más autovías en lugar de rutas comunes y de esa manera el estado y la responsabilidad política estarían resolviendo el problema de los ciudadanos”, afirmó Espert. 

“Conducir alcoholizado aumenta el riesgo de accidentes”, reconoció el legislador opositor, pero indicó que “no está demostrado que bajar de 0.5 a 0.0 tenga efectividad y justifique que se limiten aún más las libertades de los ciudadanos”.  

“Creo que no fuimos donde está la clave del problema: en las penalidades, en la gestión y en la educación vial. Esta legislación no pone los énfasis donde deberían estar y por esta razón no concuerdo con el proyecto de la mayoría”, señaló Lopez Murphy.

Provincias 

 La actual Ley de Tránsito 24.449 establece, para cualquier tipo de vehículos, una tolerancia de hasta 500 miligramos (0,5 gramos) de alcohol por litro de sangre; para motocicletas o ciclomotores hasta 200 miligramos (0,2 gramos); y para transporte de pasajeros de menores de edad y de carga, alcohol cero. 

La “tolerancia cero” con el alcohol ya se implementa en siete provincias y 13 localidades del país, donde se obtuvieron mejores resultados en términos de siniestros viales que con la normativa actual.

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El salario mínimo subirá 20% hasta marzo y alcanzará los $69.500

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salario mínimo

El Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil acordó esta tarde un incremento del 20 por ciento en cuatro tramos sobre el haber básico, actualmente en $57.900, por lo que en marzo se llegará a $69.500.

Así lo confirmó el Ministerio de Trabajo de la Nación, que detalló que el acuerdo alcanzado junto a la CGT, la CTA y las cámaras empresarias contempla un aumento del 7% en diciembre, 6% en enero, 4% en febrero y un 3% marzo con una revisión prevista para el segundo mes de 2023.

Los participantes de la mesa de negociación arribaron esta tarde a la Casa Rosada para firmar el acuerdo y tomarse una fotografía con el presidente Alberto Fernández.

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La votación por el salario mínimo, que se realizó de manera virtual, cosechó 31 votos a favor y uno en contra, del secretario General de la CTA Autónoma, Hugo “Cachorro” Godoy.

“Hace rato que la inflación en Argentina no la determinan los aumentos de precios, sino por la especulación de los sectores empresariales. Y no vemos ningún esfuerzo de los empresarios para una distribución de ingresos en favor de los trabajadores”, apuntó Godoy en un comunicado.

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Chat de sospechoso por atentado a CFK: “Recién intentamos matar a Cristina”

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atentado a CFK

La vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, pidió durante la tarde de este martes que Nicolás Carrizo, el jefe de la banda de los “copitos”, que trabajaba junto a Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte, sea procesado como coautor del intento de asesinato contra ella, ocurrido el 1 de septiembre.

Así lo reflejó la dirigente en un hilo de Twitter en el que dio a conocer el resultado de la pericia realizada al celular del joven: “Recién intentamos matar a Cristina”, reza uno de los mensajes que reveló la ex mandataria.

“El mensaje que estás viendo surge de la pericia al teléfono celular de Gabriel Carrizo, el tercer detenido por el intento de asesinato en la puerta de mi casa. Las conversaciones que mantuvo esa misma noche con sus contactos, prueban su rol como coautor”, lanzó Fernández en su publicación.

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Frente a ello, la presidenta del Senado informó que, junto a sus abogados, “solicitamos que -Carrizo- sea procesado como coautor por este delito junto a Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte y que, además, se les aplique la figura de asociación ilícita prevista en el Art. 210 del Código Penal”.

Asimismo, CFK criticó las actuaciones de la Justicia, alegando que “entre otras medidas de prueba que debería haber hecho el juzgado, solicitamos pericia caligráfica del manuscrito sobre la Regla Tueller, hallado en la casa de Brenda Uliarte”.

Los mensajes

“Recordá esta fecha”, “Esta hdp (sic) ya está muerta”, “No sabés que hicimos con esto”, “Generar miedo”, “Para que el gobierno sepa con quienes se están metiendo”, son algunos de los mensajes hasta ahora desconocidos y enviados desde el celular de Carrizo, jefe del grupo de supuesto vendedores de copos de nieve para el que trabajaban quienes cometieron el atentado a CFK, según surge de la presentación de la querella.

En el escrito, los abogados que representan a Fernández de Kirchner también se refirieron a dos mensajes enviados por Carrizo en la mañana del 2 de septiembre, horas después del ataque fallido, a uno de su interlocutores de confianza a quien le decía: “Es un golpe que le dimos al gobierno” y “esto se va a poner peor”, refirió el medio Página/12, citando la presentación.

Los mensajes están consignados en un informe producido por la Dirección de Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) del Ministerio Público Fiscal (MPF) producido el 26 de octubre.

Los apoderados de la Vicepresidenta, José Manuel Ubeira y Marcos Aldazábal, cuestionaron además a la jueza del caso, María Eugenia Capuchetti, por su “nula iniciativa” en la investigación, y resaltaron la relevancia de evidencias surgidas durante el último mes para luego solicitar que se tomen las medidas probatorias y procesales urgentes.

En el escrito los abogados pidieron que se ordene una ampliación de la declaración indagatoria de los detenidos Sabag Montiel, Uliarte y Carrizo en base a nuevas evidencias surgidas en la causa.

Precisamente, los letrados entienden que hay pruebas para procesarlos como coautores de asociación ilícita, algo que reclamaron a la magistrada.

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