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El Senado aprobó proyecto para pagar deuda al FMI con dólares fugados

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El Senado de la Nación aprobó el proyecto para que la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI) sea pagada en base a la recuperación de “dólares fugados” de evasores que tienen bienes en el exterior no declarados ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).

La iniciativa presentada por el senador neuquino Oscar Parrilli, mano derecha de Cristina Kirchner, recibió 37 votos positivos y cosechó 31 rechazos, todos ellos de parte de Juntos.

El proyecto para crear el “Fondo Nacional para la Cancelación de la Deuda con el Fondo Monetario Internacional” apunta a formar un fideicomiso con el aporte del 20% de los bienes de ciudadanos argentinos en el exterior no declarados, porción que deberá ser abonada en dólares.

En el caso de que los evasores declarasen los bienes pasados los seis meses de la entrada en vigencia de la ley, la alícuota sube del 20 al 35%, de acuerdo al texto de la iniciativa, que recibió dictamen de mayoría el pasado 20 de abril.

Por otra parte, se estipula la creación de la figura del “colaborador”, que será “cualquier individuo, sea persona humana o jurídica, residente en el país o en el extranjero, que actuando en forma personal o conjuntamente, proporcione información relacionada con una violación de las leyes impositivas y de lavado de activos”.

El monto a partir del cual se considerará como acreditada la información proporcionada por el colaborador no deberá ser inferior a U$S 500.000 en concepto de activos no declarados, y recibirá una recompensa del 30% del monto total efectivamente recaudado e ingresado a las arcas estatales, informa el medio Noticias Argentinas.

Este fondo estará vigente hasta que se cancele en su totalidad la deuda con el FMI, o hasta el plazo que fije el Poder Ejecutivo, y será administrado por el Ministerio de Economía. Según se explicó, quienes no se allanen al pago de este aporte corren el riesgo de recibir una sanción penal.

El proceso de contralor, fiscalización y supervisión estará a cargo de la Comisión Bicameral Permanente de Seguimiento y Control de la Gestión de Contratación y de Pago de la Deuda Exterior del Congreso.

El debate

“Queremos evitar que los compromisos internacionales de pago incidan en las condiciones de vida de las personas trabajadores y productoras que ya han sido duramente castigadas por la crisis economía generada por el gobierno anterior y por la pandemia”, afirmó el miembro informante del oficialismo, Daniel Pablo Bensusán.

Por su parte, el también oficialista Ricardo Guerra subrayó que “el proyecto en tratamiento aborda uno de los problemas estructurales más serios que soporta nuestra economía”. “Es inadmisible que existan en el exterior más de 410 mil millones de dólares de los cuales 340 mil millones son fruto de evasión de impuestos”, enfatizó el riojano.

La oposición advierte que la medida, si bien busca capturar parte del capital fugado al exterior, representa un blanqueo fiscal ya que quienes cumplan quedarán eximidos de cualquier sanción de tipo penal, pese a haber cometido el delito de evasión y defraudación.

El radical chaqueño Víctor Zimmerman (UCR) expuso esta visión: “Pensamos que esto es un blanqueo. Porque aquel evasor, una vez que pueda ser identificado y se le haga una determinación de deuda, con solo el 20 por ciento de esa determinación de deuda ya va a poder normalizar su situación fiscal”.

También el mendocino Alfredo Cornejo (UCR) aseguró que “esto es un blanqueo porque perdona impuestos a gente que no los pagó, pero, además, los cinco requisitos del derecho tributario se cumplen en esta ley: fija la base imponible, tiene alícuota, tiene un hecho imponible, un sujeto activo y un sujeto pasivo”.

En sentido opuesto, la rionegrina del Frente de Todos García Larraburu sostuvo que el proyecto tiene como virtud el hecho de que apunta a la “equidad distributiva”. “Este proyecto nos da la posibilidad de trabajar en la equidad distributiva porque buscamos que la deuda la paguen los principales beneficiarios de este endeudamiento. Este un enorme acto de justicia porque el pueblo no tiene que pagar la deuda”, señaló.

El puntano Adolfo Rodríguez Saá (Frente Nacional y Popular) respaldó el proyecto de Parrilli porque, según dijo, arremete “contra quienes fugaron de la Argentina, contra los que evadieron y los que trampearon”. “Cuando se fugan millones de dólares provocan acá inflación, devaluación de nuestra moneda y un saqueo al Banco Central”, argumentó.

Al tomar la palabra, Parrilli aclaró que el proyecto de su autoría no tiene una finalidad recaudatoria sino que el objetivo es “cancelar totalmente la deuda con el Fondo Monetario Internacional”.

La sesión fue encabezada por la presidenta provisional del Senado, Claudia Ledesma Abdala, debido a que la titular del Senado, Cristina Kirchner, se encuentra al frente del Poder Ejecutivo a raíz del viaje oficial del presidente Alberto Fernández a Europa.

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La inflación fue de 1,9% en julio y acumula 36,6% en los últimos doce meses

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La inflación de julio fue del 4%: la más baja desde enero del 2022

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) dio a conocer el dato de inflación de julio, el cual se ubicó en 1,9% y acumuló un 36,6% en los últimos doce meses. Mientras que, en lo que va del año suma un 17,3%.

Este resultado da cuenta de que hubo un leve incremento respecto al mes de junio, cuando la inflación mensual se ubicó en 1,6%.

El rubro que registró el mayor aumento fue Recreación y cultura (4,8%), seguida de Transporte (2,8%) y Restaurantes y Hoteles (2,8%). Por su parte, la división Alimentos y bebidas no alcohólicas aumentó 1,9%, a la par del promedio de la inflación general.

Las dos divisiones con las menores variaciones de julio fueron Bebidas alcohólicas y tabaco (0,6%) y Prendas de vestir y calzado, que registró una caída de precios (-0,9%).

Las consultoras esperaban que el valor se mantuviera por debajo del 2%, al igual que los dos meses previos.

Por su parte, el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central, que aglomera las proyecciones de más de 40 instituciones, había estimado a la inflación de julio 2025 en 1,8% en promedio.

Días atrás las mediciones privadas anticipaban que la suba de casi 14% del dólar en julio no impactaría tanto sobre la inflación, lo que puede contrastarse con el mes anterior, cuando la inflación fue del 1,6%, apenas por encima del 1,5% del mayo, hasta ahora la menor de los últimos cinco años.

La inflación fue de 1,6% en junio y acumula 15,1% en el año

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Oficializaron el triple veto de Milei: jubilaciones, moratoria y discapacidad

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En la mañana de hoy se conoció el decreto 534/2025, con el que el gobierno de Javier Milei oficializó el veto a las leyes que establecían el aumento a las jubilaciones, la reapertura de la moratoria previsional y la declaración de emergencia en discapacidad.

Estas tres iniciativas fueron aprobadas por el Senado el pasado 10 de julio. La ley para el aumento jubilatorio obtuvo 142 a favor, 67 negativos y 19 abstenciones; y 28 ausentes; mientras que la emergencia en discapacidad, obtuvo 34 ausencias.

Con la nueva medida quedarán sin efecto, tal como lo había anticipado por el mandatario apenas las leyes fueron respaldadas en la Cámara alta.

El triple veto fue firmado el pasado sábado y publicado en el Boletín Oficial este lunes con las firmas de Milei y los miembros de su gabinete. 

A partir de ahora, el rechazo del mandatario deberá tratarse en el Congreso y para sostener el veto el oficialismo necesitará 86 votos.

Los detalles

La decisión presidencial deja sin efecto el aumento jubilatorio de haberes y pensiones del 7,2% y el incremento para el bono, que pasaba de $70.000 a $110.000, y que iba a actualizarse por inflación, según la norma aprobada por el Senado.

Paralelamente se había aprobado la reapertura por dos años de la moratoria que permitía jubilarse a las personas que no tuvieran los 30 años de aportes, lo que también fue vetado.

Por último, quedó sin efecto el proyecto relativo a la discapacidad, impulsado por el diputado Daniel Arroyo, que declaraba la emergencia hasta el 31 diciembre de 2027 y reforzaba las pensiones no contributivas por invalidez para llevarlas al 70% del haber mínimo jubilatorio. 

En los considerandos del decreto presidencial se menciona como argumento central para desestimarlas, que estas leyes, de instrumentarse, romperían el equilibrio fiscal, ya que implicarían “un gasto adicional de más de 7 billones de pesos en 2025 y cerca de 17 billones en 2026“.

Argumentación del triple veto

El decreto señala una serie de irregularidades, entre las que sobresale que: “la sesión fue llevada adelante sin que se haya citado de forma previa a los integrantes del H. Senado de la Nación” y recordó que se trata de un punto que “garantiza el correcto funcionamiento de la Cámara Alta, así como los derechos y garantías de los senadores, y está prevista en el Reglamento del cuerpo como una atribución de su Presidente”.

Otra de las objeciones expresadas en los considerandos indica: “además, se acreditó que el tratamiento de los proyectos bajo análisis fue habilitado por medio de una votación que, conforme al Reglamento de la Cámara Alta, debió ser computada sobre una mayoría de dos tercios de los votos, y no una simple mayoría“.

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Javier Milei ratificó el veto del gobierno al aumento de las jubilaciones

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La reconversión del Inti pone en riesgo 2400 puestos de trabajo en el país

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Empleados del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (Inti), nucleados en la Multisectorial, se declararon en estado de asamblea permanente luego de que el gobierno nacional, presidido por Javier Milei, anunciara el decreto 462/25 que pondría en riesgo el funcionamiento de dicho organismo junto al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (Inta), el Instituto Nacional de Semillas (Inase) y el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (Inpi), entre otros de ciencia y tecnología.

Sin Inti no hay calidad de vida, no hay seguridad alimentaria, no hay control, ni de la calidad, ni de la cantidad de productos que consumimos cotidianamente. El Inti es imparcial en ese sentido. De alguna manera estamos vinculados a este organismo con sus más de 50 centros de investigación, desarrollo e innovación en biotecnología, química, ambiente, plásticos, nanotecnología y metrología”, describió desde Bariloche Julieta Caló en diálogo con La Voz de Misiones

Caló cuenta con una trayectoria de catorce años dentro del Inti, donde supo ejercer su profesión como diseñadora industrial, consultora técnica y proyectista. Sin embargo, la situación se tornó muy distinta el martes pasado cuando cientos de trabajadores se encontraron con la novedad de que el instituto, que hasta entonces funcionaba de manera autónoma autárquica y federal, pasara a transformarse en una unidad organizativa dependiente de la Secretaría de Industria y Comercio del Ministerio de Economía.

Con esta reestructuración, Caló aseguró que estarían en riesgo alrededor de 700 puestos de trabajo, en el corto plazo, y otros 2400 que existen actualmente en distintos puntos del país.

Por este motivo, desde hace una semana la Multisectorial de trabajadores que nuclea a varios empleados del Inti se mantiene en estado de asamblea permanente, dando a conocer el contenido del decreto 482/25 publicado el pasado 8 de julio, sin descuidar compromisos asumidos con emprendedores, pymes y empresas. 

Abrazo simbólico entre empleados del Inti nucleados en la Multisectorial. Foto: El Destape

Estamos recibiendo apoyo de legisladores, senadores, diputados y gobernadores, con proyectos de rechazo al decreto”, afirmó la profesional en referencia a funcionarios que cumplen funciones bajo distintas banderas políticas, como el Frente de Izquierda, la Unión Cívica Radical, la Coalición Cívica y el Partido Justicialista, entre otros.

Intento por voltear el decreto

Desde la Coalición Cívica, el diputado nacional Maximiliano Ferraro y el legislador porteño Hernán Reyes, junto a su equipo de asesores, mantuvieron una reunión con mandos medios y representantes de la Asamblea Multisectorial en el Inti, donde rechazaron el decreto que compromete su existencia. 

En ese contexto, explicaron las funciones principales del organismo, su rol esencial para el desarrollo productivo y la seguridad de los productos que consume la población e hicieron hincapié en las graves consecuencias que tendrá para el normal desenvolvimiento institucional la aplicación del Decreto 462/25 que limita seriamente sus funciones y dispone prescindir del 30% del personal abocado a tareas vinculadas claves, como el manejo de las finanzas, contrataciones, compras, capacitación, liquidaciones, análisis de datos y legales, entre otras.

De esta manera, ambos referentes políticos del espacio que lidera Lilita Carrió, ratificaron su apoyo y acompañamiento tanto en la estrategia judicial para frenar los alcances del decreto como en la vía parlamentaria con el objetivo de derogarlo.

El funcionamiento

El Inti fue creado en 1957 durante el gobierno de facto de Pedro Eugenio Aramburu, en el marco del surgimiento de un conjunto de instituciones nacionales destinadas a poner en movimiento la inversión pública en ciencia y tecnología.

Hoy cuenta con más de 40 centros de desarrollo tecnológico y sectores especializadas por sector industrial en Buenos Aires (lácteos, plásticos, caucho, mecánica, tratamientos superficiales, lácteos, carnes, ambiente, biotecnología, nanotecnología, etc), además de centros multipropósito en distintas provincias.  

Entre sus principales funciones se encuentran medir, calibrar, certificar, testear, verificar y transferir los desarrollos al sector productivo, desde emprendedores hasta industrias.

Se trata de un organismo reconocido internacionalmente, ya que cada país cuenta con uno de características similares que cumple esas funciones técnicas de desarrollo.

En Bariloche, además de trabajar con fábricas de alimentos, emprendimientos textiles, fitocosméticos y empresas de base tecnológica, se inspeccionan y ensayan componentes críticos de los medios de elevación, como los cables de acero, las torres y los vehículos, con el objetivo de garantizar una operación segura durante la temporada. 

También, desde el Inti acompañan a los fabricantes nacionales de repuestos, asistiéndolos técnicamente para que sus productos cumplan con estándares internacionales.

Con la centralización, vaticinan que perderán el contacto directo con la industria, con más de 300 cámaras de pymes en todo el país, sumada la imposibilidad de atender al sector productivo en tiempo y forma, y la falta de personal indispensable en el engranaje institucional.

Reestructuración del Inta: “Reducirlo a secretaría es ignorar su historia”

 

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