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El Senado aprobó proyecto para pagar deuda al FMI con dólares fugados
El Senado de la Nación aprobó el proyecto para que la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI) sea pagada en base a la recuperación de “dólares fugados” de evasores que tienen bienes en el exterior no declarados ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).
La iniciativa presentada por el senador neuquino Oscar Parrilli, mano derecha de Cristina Kirchner, recibió 37 votos positivos y cosechó 31 rechazos, todos ellos de parte de Juntos.
El proyecto para crear el “Fondo Nacional para la Cancelación de la Deuda con el Fondo Monetario Internacional” apunta a formar un fideicomiso con el aporte del 20% de los bienes de ciudadanos argentinos en el exterior no declarados, porción que deberá ser abonada en dólares.
En el caso de que los evasores declarasen los bienes pasados los seis meses de la entrada en vigencia de la ley, la alícuota sube del 20 al 35%, de acuerdo al texto de la iniciativa, que recibió dictamen de mayoría el pasado 20 de abril.
Por otra parte, se estipula la creación de la figura del “colaborador”, que será “cualquier individuo, sea persona humana o jurídica, residente en el país o en el extranjero, que actuando en forma personal o conjuntamente, proporcione información relacionada con una violación de las leyes impositivas y de lavado de activos”.
El monto a partir del cual se considerará como acreditada la información proporcionada por el colaborador no deberá ser inferior a U$S 500.000 en concepto de activos no declarados, y recibirá una recompensa del 30% del monto total efectivamente recaudado e ingresado a las arcas estatales, informa el medio Noticias Argentinas.
Este fondo estará vigente hasta que se cancele en su totalidad la deuda con el FMI, o hasta el plazo que fije el Poder Ejecutivo, y será administrado por el Ministerio de Economía. Según se explicó, quienes no se allanen al pago de este aporte corren el riesgo de recibir una sanción penal.
El proceso de contralor, fiscalización y supervisión estará a cargo de la Comisión Bicameral Permanente de Seguimiento y Control de la Gestión de Contratación y de Pago de la Deuda Exterior del Congreso.
El debate
“Queremos evitar que los compromisos internacionales de pago incidan en las condiciones de vida de las personas trabajadores y productoras que ya han sido duramente castigadas por la crisis economía generada por el gobierno anterior y por la pandemia”, afirmó el miembro informante del oficialismo, Daniel Pablo Bensusán.
Por su parte, el también oficialista Ricardo Guerra subrayó que “el proyecto en tratamiento aborda uno de los problemas estructurales más serios que soporta nuestra economía”. “Es inadmisible que existan en el exterior más de 410 mil millones de dólares de los cuales 340 mil millones son fruto de evasión de impuestos”, enfatizó el riojano.
La oposición advierte que la medida, si bien busca capturar parte del capital fugado al exterior, representa un blanqueo fiscal ya que quienes cumplan quedarán eximidos de cualquier sanción de tipo penal, pese a haber cometido el delito de evasión y defraudación.
El radical chaqueño Víctor Zimmerman (UCR) expuso esta visión: “Pensamos que esto es un blanqueo. Porque aquel evasor, una vez que pueda ser identificado y se le haga una determinación de deuda, con solo el 20 por ciento de esa determinación de deuda ya va a poder normalizar su situación fiscal”.
También el mendocino Alfredo Cornejo (UCR) aseguró que “esto es un blanqueo porque perdona impuestos a gente que no los pagó, pero, además, los cinco requisitos del derecho tributario se cumplen en esta ley: fija la base imponible, tiene alícuota, tiene un hecho imponible, un sujeto activo y un sujeto pasivo”.
En sentido opuesto, la rionegrina del Frente de Todos García Larraburu sostuvo que el proyecto tiene como virtud el hecho de que apunta a la “equidad distributiva”. “Este proyecto nos da la posibilidad de trabajar en la equidad distributiva porque buscamos que la deuda la paguen los principales beneficiarios de este endeudamiento. Este un enorme acto de justicia porque el pueblo no tiene que pagar la deuda”, señaló.
El puntano Adolfo Rodríguez Saá (Frente Nacional y Popular) respaldó el proyecto de Parrilli porque, según dijo, arremete “contra quienes fugaron de la Argentina, contra los que evadieron y los que trampearon”. “Cuando se fugan millones de dólares provocan acá inflación, devaluación de nuestra moneda y un saqueo al Banco Central”, argumentó.
Al tomar la palabra, Parrilli aclaró que el proyecto de su autoría no tiene una finalidad recaudatoria sino que el objetivo es “cancelar totalmente la deuda con el Fondo Monetario Internacional”.
La sesión fue encabezada por la presidenta provisional del Senado, Claudia Ledesma Abdala, debido a que la titular del Senado, Cristina Kirchner, se encuentra al frente del Poder Ejecutivo a raíz del viaje oficial del presidente Alberto Fernández a Europa.
El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) dio a conocer que la inflación correspondiente al noveno mes del año fue 2,1%, cifra sobre la que se pudo observar un leve aumento respecto a lo registrado en agosto, cuando fue de 1,9%.
De esta manera, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) acumuló un alza del 22% en los primeros nueve meses del año, y de 31,8% en el balance interanual.
El incremento estuvo motorizado por las divisiones de Vivienda, agua, electricidad, gas, otros combustibles y educación (3,1%) y Transporte con 3%.
Un escalón por debajo Salud con 2,3%; luego Comunicación con 2,2% y Bienes y servicios varios con 2,1%. El resto de los rubros quedaron por debajo del nivel general, Alimentos y bebidas no alcohólicas -de mayor incidencia- con 1,9%.
Del lado opuesto, los que menos subieron fueron Recreación y cultura con 1,3% y Restaurantes y hoteles, con apenas un 1,1%, lo que podría indicar una retracción en el consumo en ese sector. A este último apartado se sumaron Recreación y cultura (1,3%) y Restaurantes y hoteles (1,1%).
Sin embargo, la inflación tuvo diferencias considerables por regiones. En la Patagonia el alza de precios fue de 2,4%, seguida por Noroeste y Cuyo con 2,2%. Luego Gran Buenos Aires (GBA) se mantuvo en el nivel general y la Pampeana por debajo con 2% y Noreste en 1,8%.
#DatoINDEC
Los precios al consumidor (#IPC) aumentaron 2,1% en septiembre de 2025 respecto de agosto y acumularon un alza de 22% en los últimos nueve meses https://t.co/z8pxJaAazE pic.twitter.com/y0Z0iK1oVJ— INDEC Argentina (@INDECArgentina) October 14, 2025
El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) dio a conocer hoy el Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente al octavo mes del año, el cual se ubicó en 1,9%, al igual que en julio.
Simultáneamente, los precios acumularon un alza de 19,5% en los primeros ocho meses, mientras que el incremento interanual alcanzó el 33,6%.
En cuanto a las subas más pronunciadas en agosto, en primer lugar se ubica la categoría Transporte con un 3,6%, por la suba en Adquisición de vehículos y en Combustibles, seguida de Bebidas alcohólicas y tabaco (3,5%).
Caso contrario sucedió con Prendas de vestir y calzado (-0,3%) y Recreación y cultura (0,5%), cuyas categorías registraron los menores incrementos.
A nivel de las categorías, los precios Regulados (2,7%) lideraron la suba, seguidos de IPC núcleo (2,0%) y Estacionales (-0,8%).
#DatoINDEC
Los precios al consumidor (#IPC) aumentaron 1,9% en agosto de 2025 respecto de julio y 33,6% interanual. Acumularon un alza de 19,5% en los últimos ocho meses https://t.co/n0T9fC8fSg pic.twitter.com/CsWQYLNyj6— INDEC Argentina (@INDECArgentina) September 10, 2025
Repercusiones
Con estos resultados, la inflación de agosto se ubicó por debajo de lo esperado, ya que la mayoría de los pronósticos de consultoras privadas y analistas, calcularon el IPC de agosto en un rango de entre 1,8% a 2,2%.
Además, según el último Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) del Banco Central (BCRA), los analistas corrigieron su estimación e indicaron que el IPC sería de 2,1%.
La inflación fue de 1,9% en julio y acumula 36,6% en los últimos doce meses
Luego del rechazo de legisladores a cinco decretos delegados, la gestión de Javier Milei restituyó las normas que rigen el funcionamiento de entes públicos como Vialidad Nacional, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (Inti), el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (Inta), entidades culturales, la actividad en distintos sectores de la economía y su intento por limitar el derecho a huelga.
Las modificaciones habían sido puestas en marcha por cinco decretos delegados y frenadas posteriormente por las cámaras de Diputados y el Senado a fines de agosto.
Finalmente, este miércoles fueron publicados los DNU 627 y 628 en el Boletín Oficial, los cuales sostienen: “Restitúyese la plena vigencia de las disposiciones normativas que fueron derogadas, sustituidas o modificadas por los Decretos Nros. 345/25, 351/25, 461/25 y 462/25 y que se encontraban vigentes al momento del dictado de cada uno de los mencionados decretos”.
Al mismo tiempo fueron restituidas “las disposiciones normativas derogadas, sustituidas o modificadas por los Decretos Nros. 531 del 1° de agosto de 2025, 571 del 11 de agosto y los 583, 584 y 585, del 14 de agosto”.
Cabe recordar que los decretos delegados, que fueron rechazados por el Congreso, implicaban cambios en el régimen laboral de la Marina Mercante y restringía el derecho a huelga en numerosos sectores de la economía considerados esenciales o estratégicos; la transformación del Banco Nacional de Datos Genéticos; la disolución de Vialidad Nacional; la eliminación de la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo; así como una serie de modificaciones en el Inti, Inta y entidades culturales.
Desde el gobierno justificaron la restitución sosteniendo que la finalidad es “no comprometer la continuidad operativa de la Administración Pública Nacional y salvaguardar los principios de buena administración, juridicidad, buena fe y simplificación administrativa”.
Decretos sin efecto
El decreto 462/2025 establecía que el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) y el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (Inti) se convirtieran en unidades organizativas dependientes de la Agricultura y de Industria y Comercio, respectivamente. En concreto, modificaba sus funciones.
Con el decreto 587, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (Inta) pasó a depender de la secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca. Mientras que con el decreto 371, el Gobierno eliminó la Dirección Nacional del organismo.
A través del decreto 461/2025, el Ejecutivo disolvía la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) y la Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial.
El Gobierno desreguló el transporte marítimo a través del decreto 340 y habilitaba a buques y tripulaciones extranjeras en el cabotaje nacional. Implicaba la pérdida de la exclusividad de la Marina Mercante y restringía el derecho a huelga en numerosos sectores económicos.
El decreto 351 ordenaba la transformación del Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG), de un organismo descentralizado a uno desconcentrado. Había pasado a depender de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología.
La fusión entre el Instituto Nacional Yrigoyeano y el Instituto Nacional de Investigaciones Históricas Juan Manuel de Rosas. Estaba dispuesto en el decreto 345/25.
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