Policiales
Policía denunció trata y abuso contra su hija en San Ignacio
Un sargento primero de la Policía de Misiones se presentó en la Fundación Alameda para denunciar un presunto caso de trata de personas con fines de explotación sexual que tendría como víctima a su hija de 18 años. En la acusación señaló la posible participación de otros efectivos de la fuerza provincial. La organización, dedicada a combatir la trata y otros delitos vinculados, solicitó la intervención de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex) del Ministerio Público Fiscal.
La Voz de Misiones accedió a la presentación que la Fundación Alameda elevó a Protex, en la que se describen los hechos denunciados por el policía misionero Claudio Benítez, quien presta servicio en la comisaría de Loreto, dependiente de la Unidad Regional (UR) XIII.
El documento firmado por el presidente de la fundación, Gustavo Vera, apunta que los hechos comenzaron el domingo 26 de octubre en horas de la tarde, cuando la joven le informó a su papá Claudio Benítez que se trasladaría a una casa quinta ubicada en Loreto para trabajar.
Siempre de acuerdo a los hechos denunciados, el policía misionero le pidió a su hija que le brindara “fotos” o la “ubicación” del lugar al “tratarse de un trabajo nuevo”.
En esa línea, el documento señala que la víctima identificó a Jorge “Coqui” Mesa como la persona que habría gestionado el supuesto empleo y, según su relato, ese mismo día el hombre se presentó en la vivienda familiar y tomó fotografías de su hermana, menor de edad, con el objetivo de amenazarla para que asistiera a la casa quinta.
En una entrevista con el medio Alem News, la víctima contó que conoció a Jorge “Coqui” Mesa a través de una amiga. Coqui, según el testimonio de la joven, le había prestado mucho dinero y, a cambio de esa deuda, la obligó a traficar droga en su barrio, primero; hasta que la condujo a la cabaña donde se produjeron los hechos.
“Como no tenía para devolverle, me dijo: ‘tenés que hacer otras cosas para devolverme la plata’. Y ahí, me empezó a dar drogas (cocaína) para que venda. Empecé a vender acá en mi barrio para recuperar esa plata. Y ahí, como ya estaba todo, él me ofreció un trabajo en Loreto”, afirmó la muchacha.
Ante las cámaras del medio mencionado, la muchacha describió lo que vivió ese domingo 26 de octubre: “Me mandó un remis y me dijo para hablar. Me subió al auto y me empezó a dar bebidas, empecé a tomar; él daba vueltas y me dormí, sentí un pinchazo; y cuando me desperté estaban cinco hombres alrededor mío. Me levanto y siento mucho dolor”.
Continuando con lo expuesto en el escrito de la fundación Alameda a la fiscalía, la chica le confesó a su padre, el sargento Benítez, que no estaba en la casa quinta, sino que había sido trasladada a la localidad de San Ignacio, en un camping llamado La Familia.
“Ante ello, Benítez solicitó permiso en la comisaría, ya que estaba cumpliendo turno, para trasladarse a buscarla al camping La Familia. Una vez en el lugar, le pidió a su hija que se trasladara con él a Loreto, la llevó hasta la casa quinta donde supuestamente debía trabajar y la dejó allí”, se desprende del documento.
Luego, Benítez recibió un mensaje de su hija donde la muchacha le contó que “estaba dentro de una habitación con tres personas desnudas en el complejo La Familia, en San Ignacio”. Ante la situación, el policía pidió intervención a la comisaría de Loreto y acudió al lugar con un móvil.
Al presentarse en el camping, el denunciante encontró a su hija en el lugar junto a su camarada Carlos Díaz, a quien señaló como custodio del intendente de San Ignacio, Esteban “Negro” Romero; a una persona identificada como Daniel Dorrey y otra persona que no logró identificar.
Posteriormente, la muchacha de 18 años fue trasladada a la Comisaria de la Mujer jurisdiccional, donde se le tomó declaración de los hechos ocurridos. En tanto, el martes 28, la joven fue trasladada a la ciudad de Puerto Rico para ser examinado por un médico policial, quien corroboró que “había sido víctima de abuso sexual”, se desprende del documento de la fundación Alameda.
En su presentación ante Protex, la Fundación Alameda advirtió sobre indicios de una presunta red de explotación sexual que podría involucrar o contar con el encubrimiento de efectivos de la fuerza provincial. Por ello, solicitó medidas urgentes, resguardo de las pruebas digitales, protección para la víctima y su familia, y una investigación a nivel judicial y administrativo sobre los funcionarios señalados.
Alrededor de las 20, fue liberado el cacique de Puente Quemado II, Santiago Ramos, junto a otros siete integrantes de la comunidad mbya emplazada en el Paraje Cañafístola, Lote 178 de Colonia San Miguel, en la localidad de Garuhapé.
Fue alrededor de las 10 de este martes cuando efectivos de distintas dependencias de la Unidad Regional IV llevaron adelante un operativo en el predio de la aldea y procedieron a la demora de ocho hombres mayores y al traslado de nueve mujeres mayores, con niños, a la sede policial local.
La intervención se dio en el marco de una causa caratulada como “usurpación de territorio”, en cumplimiento de una orden judicial emitida por el Juzgado de Instrucción Uno de Puerto Rico.
Finalmente, los hombres fueron liberados alrededor de las 20 en medio de repercusiones por parte de distintos sectores sociales y organizaciones, que expresaron preocupación por la situación y reclamaron el respeto de los derechos de las comunidades indígenas.
En tanto, la causa continúa en curso, por lo que no se descartan nuevas actuaciones.
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Repercusiones
Además del apoyo y acompañamiento realizado por el Equipo Misiones de Pastoral Aborígen (Emipa), la Red Eclesial Gran Chaco y Acuífero Guaraní, también expresó su repudio al accionar judicial a través de un comunicado.
“Como Red Eclesial del Gran Chaco Guaraní – REGCHAG expresamos nuestra profunda preocupación y enérgico repudio ante la detención arbitraria del mburuvicha de la comunidad Mbya Guaraní Puente Quemado II, Santiago Ramos”, manifestaron en la misiva.
Y añadieron que la causa se enmarca sobre un “territorio ancestral reconocido en el relevamiento territorial realizado conforme a la Ley 26.160 y por lo cual cuenta con reconocimiento estatal de su posesión ancestral por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI)”.
Tanto Emipa como REGCHAG repudiaron la medida y el operativo, que además de las detenciones “incluyó el traslado de mujeres, niños y niñas” a la dependencia policial, “en condiciones que evidencian la ausencia de garantías básicas, falta de información clara sobre las actuaciones y el incumplimiento de protocolos específicos para pueblos indígenas”.
“Resulta particularmente grave que se pretenda encuadrar como “usurpación” una ocupación ancestral protegida por la Constitución Nacional Argentina, el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, ya que nadie puede ser considerado usurpador en su propio territorio. Asimismo, el traslado y permanencia de mujeres, niños y niñas en sede policial constituye una situación de especial gravedad que vulnera estándares internacionales de protección y exige una intervención inmediata“, enfatizaron.
Tras un operativo que inició este lunes al mediodía en el marco de una causa por “presunta usurpación” en una propiedad ubicada en Colonia San Miguel de la localidad de Garuhapé, este martes detuvieron al cacique de Puente Quemado II, Santiago Ramos, y al menos siete integrantes de la comunidad mbya.
El despliegue fue ejecutado por efectivos de la comisaría local quienes, según fuentes policiales, habrían constatado la presencia de integrantes de la mencionada aldea, por lo que avanzaron con las actuaciones judiciales ordenadas por el Juzgado de Instrucción Uno de Puerto Rico.
El procedimiento se realizó en el Lote 178, Parcela 141, del Paraje Cañafístola, donde en una primera intervención los uniformados detectaron la presencia de siete adultos y seis menores, quienes manifestaron que permanecerían en el lugar por directivas del cacique.
En la mañana de hoy, arribaron al lugar integrantes del Equipo Misiones de Pastoral Aborigen (Emipa), quienes confirmaron que en las últimas horas detuvieron al cacique Ramos “por supuesta usurpación de su propio territorio, relevado por la ley 26160”.
Según confirmaron desde la entidad, durante el operativo también fueron detenidos Claudio Escobar, Juan Cáceres, Sergio González, Sergio Martínez, Esteban Godos, Hilario Villana y Carlos Benítez, además de “varias mujeres trasladadas con niños y bebés en brazos”.
“Necesitamos que llamen a la comisaría de Garuhape para pedir su liberación. Santiago viene llevando una lucha en defensa de su territorio contra las multinacionales forestales como Arauco que invaden con monocultivos de pinos y empresarios forestales como Alfredo Ruff, que usurpan el territorio mbya y desmontan la selva nativa con el aval del Estado provincial”, añadieron a través de un comunicado.
El procedimiento se dio a una semana de la participación de una lideresa mbya Keila Zaya ante la sede norteamericana de la ONU, donde expuso el conflicto territorial entre la comunidad Puente Quemado II y la empresa forestal multinacional Arauco.
Lideresa mbya ante la ONU: “Nuestro modo de vida está en riesgo en todo el país”
Una joven de 27 años se desvaneció el pasado sábado en horas de la tarde, tras colapsar por un presunto cuadro de sobredosis en inmediaciones de las calles Estado de Israel y Francia, en Posadas. En ese momento fue asistida por la Policía de Misiones y trasladada al Hospital Madariaga, donde ingresó con paro cardiorrespiratorio y permaneció en estado crítico hasta la madrugada de este lunes cuando se confirmó su fallecimiento.
En base a testimonios incorporados a la causa, la investigación apunta a una presunta sobredosis ocurrida tras una reunión previa ocurrida en la noche del viernes, lo que horas más tarde desencadenó en un estado de alteración, provocado por una hipoxia cerebral, según constató el parte médico.
En ese momento, los especialistas indicaron que, debido a la gravedad del cuadro, podrían producirse trastornos neurológicos irreversibles.
De acuerdo al informe médico, la paciente presentaba antecedentes de consumo de cocaína y lesiones leves compatibles con escoriaciones en distintas partes del cuerpo.
En una primera instancia, testigos manifestaron que la joven habría sido dejada en el lugar por un vehículo que luego se retiró, lo que motivó distintas hipótesis investigativas. No obstante, las averiguaciones realizadas posteriormente por la Policía permitieron establecer que la misma habría estado previamente en una reunión con personas de su entorno, donde se registró consumo de estupefacientes.
Según se reconstruyó y acorde a declaraciones testimoniales, al retirarse intentó abordar un vehículo de transporte por aplicación, sin concretar el viaje debido a su estado. Luego se desplazó a pie varias cuadras hasta el domicilio donde finalmente fue asistida.
Desafortunadamente, Camila Mariángeles T. (27), falleció alrededor de las 00:40 de este lunes, como consecuencia de un síndrome post paro, disfunción multiorgánica y shock refractario.
La investigación continúa en curso por parte de la Justicia, a fin de esclarecer con precisión las circunstancias del hecho.
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