Nacionales
El poder de compra del Salario Mínimo se derrumbó un 31% desde 2015
Un informe muestra como el Salario Mínimo se derrumbó, el Centro de Estudios y Formación en temáticas vinculadas con el desarrollo económico (CIFRA) y Central de los Trabajadores Argentina (CTA) evidenció la pérdida del poder adquisitivo en el país.
Las caídas fueron fuertes en los dos últimos años durante el macrismo, también en 2020 bajo el gobierno del Frente de Todos. Debería ser de $ 71.600 para tener el mismo poder adquisitivo que en 2015 era de $4716.
Este lunes tras la reunión del Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM) se anunció un aumento del 7 % del haber mínimo y será de $ 51.200 a partir de septiembre. Sin embargo, su valor sigue siendo similar a la línea de indigencia y casi la mitad de la canasta de pobreza, que calcula el El Instituto Nacional de Estadística y Censos de la República Argentina (Indec).
Pero, además, un informe del Centro de Investigación y Formación de la República Argentina (CIFRA), que pertenece a la CTA, mostró una serie de datos tanto o más preocupantes.
Allí confirma que, el poder de compra del haber mínimo mantuvo una tendencia negativa entre 2011 y 2020. “Las caídas fueron especialmente fuertes en los dos últimos años del gobierno de Macri así como en 2020, en todos los casos superiores al 10% en cada año”, agrega.
El Gobierno del Frente de Todos prometió recuperar todo lo perdido durante el macrismo. Sin embargo, el informe señala que “durante 2021 no logró recomponer su poder adquisitivo, aunque se evitó una nueva caída, ya el aumento real fue apenas del 1,2% en el promedio del año.
A su vez, en los primeros 7 meses del año en curso el salario mínimo tuvo una disminución de 1,6% en términos reales”. En julio de 2022 el Salario Mínimo real quedó 10,2 % por debajo del nivel de diciembre de 2019 y 30,8 % por debajo de diciembre de 2015.
Según CIFRA, en julio debería haber sido de $ 65.785 el salario mínimo para llegar al mismo poder adquisitivo de 2015. También agrega que “serían necesarios $ 71.600 en agosto para alcanzar el mismo poder de compra que el salario mínimo tenía en 2015, y casi $ 119.000 serían equivalentes a la línea de pobreza para una “familia tipo””.
En julio de este año el haber mínimo cubrió solo el 40,7 % del costo de la canasta de pobreza que elabora el Indec, mientras que en diciembre de 2015 llegaba a cubrir el 59% de ese costo.
En el caso del SMVM perjudica al millón de beneficiarios del Potenciar Trabajo y otros planes con contraprestación, que toman como referencia lo definido por el Consejo del Salario.
La pérdida del poder de compra también afecta a trabajadoras y trabajadores privados, estatales e informales. El poder adquisitivo en el sector privado registrado cayó un 20,5 % en relación a 2015 (junio 2022 versus octubre 2015); en el caso de los trabajadores del sector público la merma fue del 27,6 % en el mismo período.
En tanto los trabajadores informales entre octubre de 2016 y junio de este año perdieron un 32%. Tengamos en cuenta que según la canasta de referencia que elabora la Junta Interna de Ate Indec, que incluye el gasto de alquiler, y se acerca a lo que necesita un hogar para llegar a fin de mes: en julio fue de $ 179.990.
Mientras la inflación se acelera son los trabajadores y los sectores populares los que pagan los costos de la suba de precios. Las conducciones sindicales tienen que romper con el Gobierno y convocar a un paro general y un plan de lucha.
Se necesitan medidas de emergencia como un aumento para recuperar lo perdido para jubilados, ocupados y programas sociales. Que nadie gane menos de lo que cuesta una canasta básica, en la actualidad en $ 111.000, en el camino de lograr un salario mínimo igual a la canasta familiar que calculan los trabajadores del Indec.
El gobierno nacional, a través del Ministerio de Seguridad, puso en marcha este lunes el Plan Paraná, una iniciativa integral diseñada para reforzar el control de la hidrovía Paraguay-Paraná y combatir el narcotráfico, el contrabando, la trata de personas y otros delitos transnacionales.
Formalizado mediante la Resolución 1307/2025 publicada en el Boletín Oficial, el plan representa un esfuerzo coordinado para “blindar” una de las vías fluviales más estratégicas de Sudamérica, que canaliza gran parte del comercio exterior argentino.
La iniciativa se desarrolla a través de un comando unificado que integra a la Policía Federal Argentina, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval y Policía de Seguridad Aeroportuaria, junto con organismos como Migraciones, Aduana y ARCA, en coordinación con las provincias de Chaco, Corrientes, Misiones, Formosa, Santa Fe y Entre Ríos, y con autoridades de Paraguay y Brasil.
Según informaron, el despliegue combinará patrullajes fluviales y terrestres, monitoreo con radares, drones y cámaras térmicas, como así también inspecciones de control permanente a lo largo de los 1700 kilómetros de la hidrovía argentina.
De acuerdo al gobierno, esta ruta no solo es vital para la logística y la economía regional, sino que también ha sido explotada por organizaciones criminales para el “tráfico hormiga”, el lavado de dinero y el abigeato.
El Plan Paraná surge como respuesta a esta amenaza, integrándose a la estrategia nacional de “Fronteras Blindadas” junto a otros operativos como los Planes Güemes, Bandera y Guaçurarí.
El plan se ejecuta en cuatro fases operativas: planificación, desplazamiento, ejecución y evaluación, divididas en seis polígonos territoriales a lo largo de la hidrovía. El centro operativo principal se ubica en Isla del Cerrito (Chaco), pero se extiende a puntos estratégicos en todo el corredor.
Además, al comando unificado se incorporan ahora organismos como la Dirección General de Aduanas, la AFIP, la Dirección Nacional de Migraciones y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Las provincias involucradas, incluyendo Misiones, podrán designar representantes policiales como enlaces territoriales.
El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) reveló que la inflación correspondiente al décimo mes del año fue 2,13%, cifra que aumentó por tercera vez consecutiva tras el 2,1% registrado en septiembre y 1,9% en agosto.
De esta manera, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) acumuló 31,3% en los últimos 12 meses y 24,8% en lo que va del 2025.
En esta oportunidad la aceleración se vio impulsada por la categoría Transporte con un 3,5%, seguida por Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, con un alza del 2,8%.
En tanto, las dos divisiones que registraron las menores variaciones fueron Equipamiento y mantenimiento del hogar y Recreación y cultura, ambas con 1,6%.
La variación de precios acumulada del noreste argentino fue del 2,1%, la cual ubicó a la región por debajo de la nacional que llegó al 2,3%. A su vez, los rubros de mayor incremento fueron Transporte, con 3,3%; Bebidas alcohólicas y tabaco, con 2,7%; Restaurantes y hoteles, con 2,6%; Bienes y servicios, con 2,5%; y Recreación y cultura, con 2,4%.
Proyecciones
Según las estimaciones del organismo, el mes pasado se vio atravesado por las elecciones legislativas nacionales y por ende, la incertidumbre y la volatilidad cambiaria aumentó, incidiendo en el avance de 0,2 puntos porcentuales en el IPC del mes pasado.
Al respecto, el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) realizado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) había anticipado una inflación de 2,2% para octubre.
En relación a las proyecciones de los próximos meses, los principales analistas del mercado calculan que el IPC será de 1,9% en noviembre, de 2% en diciembre y de 1,8% en enero de 2026. En esa línea, esperan que 2025 cierre con un nivel general de precios del 29,6%.
La inflación fue de 2,1% en septiembre y acumula 22% en lo que va del año
El presidente Javier Milei promulgó las leyes de Emergencia Pediátrica (Garrahan) y de Financiamiento Universitario y suspendió su ejecución hasta tanto el Honorable Congreso de la Nación “determine las fuentes de su financiamiento”.
Tal como ocurrió con la Emergencia en Discapacidad, el gobierno nacional decidió suspender la aplicación de las legislaciones y las devolvió al Congreso para que los legisladores asignen fondos específicos en el presupuesto nacional del 2026.
La Ley 27.795 establece un nuevo régimen de financiamiento para las casas de estudios públicas del país, como también la recomposición salarial del personal docente y no docente, y la Ley 27.796 declara la emergencia sanitaria de la salud pediátrica y de las residencias nacionales en salud en Argentina por un año.
En el Boletín Oficial de la Nación de este martes, ambas legislaciones fueron promulgadas y suspendidas en su aplicación, al igual que sucedió hace un mes con la ley de Emergencia en Discapacidad.
En ambos decretos, el gobierno enfatiza que el Congreso de la Nación no especificó de manera fehaciente la fuente de financiamiento para las erogaciones que implican las leyes, incumpliendo lo dispuesto por la Ley 24.156.
Cabe recordar que el 4 septiembre, el presidente Javier Milei había vetado las leyes de Emergencia Pediátrica y Financiamiento Universitario argumentando que generaban un desequilibrio fiscal que atentaba contra la estabilidad macroeconómica.
Los vetos del presidente fueron rechazados por las dos Cámaras del Congreso de la Nación y por ello el Ejecutivo decidió ahora postergar la aplicación de las legislaciones.
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