Nacionales
El poder de compra del Salario Mínimo se derrumbó un 31% desde 2015
Un informe muestra como el Salario Mínimo se derrumbó, el Centro de Estudios y Formación en temáticas vinculadas con el desarrollo económico (CIFRA) y Central de los Trabajadores Argentina (CTA) evidenció la pérdida del poder adquisitivo en el país.
Las caídas fueron fuertes en los dos últimos años durante el macrismo, también en 2020 bajo el gobierno del Frente de Todos. Debería ser de $ 71.600 para tener el mismo poder adquisitivo que en 2015 era de $4716.
Este lunes tras la reunión del Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM) se anunció un aumento del 7 % del haber mínimo y será de $ 51.200 a partir de septiembre. Sin embargo, su valor sigue siendo similar a la línea de indigencia y casi la mitad de la canasta de pobreza, que calcula el El Instituto Nacional de Estadística y Censos de la República Argentina (Indec).
Pero, además, un informe del Centro de Investigación y Formación de la República Argentina (CIFRA), que pertenece a la CTA, mostró una serie de datos tanto o más preocupantes.
Allí confirma que, el poder de compra del haber mínimo mantuvo una tendencia negativa entre 2011 y 2020. “Las caídas fueron especialmente fuertes en los dos últimos años del gobierno de Macri así como en 2020, en todos los casos superiores al 10% en cada año”, agrega.
El Gobierno del Frente de Todos prometió recuperar todo lo perdido durante el macrismo. Sin embargo, el informe señala que “durante 2021 no logró recomponer su poder adquisitivo, aunque se evitó una nueva caída, ya el aumento real fue apenas del 1,2% en el promedio del año.
A su vez, en los primeros 7 meses del año en curso el salario mínimo tuvo una disminución de 1,6% en términos reales”. En julio de 2022 el Salario Mínimo real quedó 10,2 % por debajo del nivel de diciembre de 2019 y 30,8 % por debajo de diciembre de 2015.
Según CIFRA, en julio debería haber sido de $ 65.785 el salario mínimo para llegar al mismo poder adquisitivo de 2015. También agrega que “serían necesarios $ 71.600 en agosto para alcanzar el mismo poder de compra que el salario mínimo tenía en 2015, y casi $ 119.000 serían equivalentes a la línea de pobreza para una “familia tipo””.
En julio de este año el haber mínimo cubrió solo el 40,7 % del costo de la canasta de pobreza que elabora el Indec, mientras que en diciembre de 2015 llegaba a cubrir el 59% de ese costo.
En el caso del SMVM perjudica al millón de beneficiarios del Potenciar Trabajo y otros planes con contraprestación, que toman como referencia lo definido por el Consejo del Salario.
La pérdida del poder de compra también afecta a trabajadoras y trabajadores privados, estatales e informales. El poder adquisitivo en el sector privado registrado cayó un 20,5 % en relación a 2015 (junio 2022 versus octubre 2015); en el caso de los trabajadores del sector público la merma fue del 27,6 % en el mismo período.
En tanto los trabajadores informales entre octubre de 2016 y junio de este año perdieron un 32%. Tengamos en cuenta que según la canasta de referencia que elabora la Junta Interna de Ate Indec, que incluye el gasto de alquiler, y se acerca a lo que necesita un hogar para llegar a fin de mes: en julio fue de $ 179.990.
Mientras la inflación se acelera son los trabajadores y los sectores populares los que pagan los costos de la suba de precios. Las conducciones sindicales tienen que romper con el Gobierno y convocar a un paro general y un plan de lucha.
Se necesitan medidas de emergencia como un aumento para recuperar lo perdido para jubilados, ocupados y programas sociales. Que nadie gane menos de lo que cuesta una canasta básica, en la actualidad en $ 111.000, en el camino de lograr un salario mínimo igual a la canasta familiar que calculan los trabajadores del Indec.
El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) informó esta tarde que la inflación de febrero igualó el registro del mes pasado con 2,9% y los precios acumulan un aumento de 5,9% en lo que va del año.
Según el organismo, la división con mayor incremento en febrero fue la de Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles con 6,8%; seguido por Alimentos y bebidas no alcohólicas con 3,3%, al igual que Bienes y servicios varios.
En contrapartida, no se registró modificaciones en la sección que contempla Prendas de vestir y Calzados, mientras que Bebidas alcohólicas experimentó aumentos de apenas 0,6%.
En cuanto al análisis de los aumentos por región, el índice nacional se ubicó por encima de lo registrado en Gran Buenos Aires (2,6%) y por debajo del Noereste (3,1%).
#DatoINDEC
Los precios al consumidor (#IPC) aumentaron 2,9% en febrero de 2026 con respecto a enero y 33,1% interanual https://t.co/bFx8TZTULF pic.twitter.com/ChEvJSQ4mY— INDEC Argentina (@INDECArgentina) March 12, 2026
Inflación de enero fue de 2,9% y la suba de alimentos fue del 4,7% en el mes
A una semana de la sanción en el Congreso de la Nación, el gobierno promulgó este viernes la Ley de Modernización Laboral y los cambios comienzan a regir a partir de hoy.
El Poder Ejecutivo puso en vigencia la Ley 27.802, a través de la publicación en el Boletín Oficial del Decreto 137/2026, que lleva las firmas del presidente Javier Milei, del jefe de Gabinete Manuel Adorni y de la ministra de Capital Humano Sandra Pettovello.
La norma, compuesta por 25 capítulos, introduce cambios en las relaciones de trabajo, principalmente, en indemnizaciones, salarios, vacaciones, jornada laboral, derechos sindicales y flexibiliza las condiciones de contratación.
Sobre las indemnizaciones, la Ley reduce la base de cálculo y deja de considerar dentro de las mismas vacaciones, aguinaldo, propinas o premios. Quedará un tope salarial como base de remunerativa, que no puede exceder tres veces el salario promedio mensual según el convenio colectivo aplicable a la categoría del trabajador. De esta manera, las indemnizaciones se actualizarán por inflación más un plus del 3%. También habilita a las Pymes el pago en cuotas.
Los salarios podrán abonarse en dinero -en moneda nacional o extranjera- o en especie, mediante provisión de habitación o alimentos. Además, se incorpora el concepto de “salario dinámico”, que podrá ser acordado en convenios colectivos, regionales o por empresa, y contemplarse como una retribución vinculada al mérito personal del trabajador o a su productividad.
Según la norma, el empleador deberá otorgar las vacaciones entre el 1 de octubre y el 30 de abril del año siguiente, aunque las partes podrán acordar tomarlas fuera de ese período. También se prevé que empleador y trabajador puedan convenir el fraccionamiento de las vacaciones con una antelación no menor a 30 días, con períodos mínimos de siete días.
En relación con las horas extras y el banco de horas, el artículo 197 bis incorporado establece que el empleador y trabajadores “podrán acordar voluntariamente un régimen de compensación de horas extraordinarias”, el cual deberá formalizarse por escrito.
El texto señala, además, que “dicho régimen deberá respetar los descansos mínimos legales, asegurando en todo momento la protección, beneficio e interés del trabajador”.
Asimismo, la reforma establece porcentajes mínimos de funcionamiento durante las huelgas según la actividad: los servicios esenciales deberán garantizar una cobertura del 75% y los considerados trascendentales, del 50%. Además, amplía las actividades alcanzadas y dispone que, tras una conciliación obligatoria, los sindicatos presenten con anticipación el plan de la medida de fuerza. También establece que las asambleas de trabajadores deberán contar con autorización previa del empleador.
La nueva legislación aclara que sus disposiciones no alcanzan a empleados de la administración pública nacional o provincial, personal de casas particulares, trabajadores agrarios, prestadores independientes de plataformas tecnológicas ni a contratistas regidos por el Código Civil y Comercial, salvo que una norma específica los incluya.
La Reforma Laboral es ley: senadores misioneros votaron a favor
La Conadu Histórica, convocó a un paro nacional por 96 horas, desde el lunes 16 de marzo hasta el viernes 20, en reclamo de la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario aprobada por el Congreso de la Nación y vetada posteriormente por el presidente Javier Milei.
Sin embargo, los docentes de la Universidad de Buenos Aires (UBA) proponen que el cese de actividades sea “por tiempo indeterminado”, hasta que se aplique la ley y se concrete el pago de un aumento del 51% adeudado por la recomposición salarial.
De todas maneras, la medida será ejecutada conjuntamente el 16, en tanto, el día 20 se concretará una nueva asamblea general para evaluar los pasos a seguir. Mientras tanto, el gobierno nacional presentó un nuevo proyecto de ley, pero el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) ratificó la ley original.
En ese sentido, los universitarios plantean que la nueva maniobra oficialista busca “no acatar la Ley”, ya que “es una modificación que desconoce la deuda y nos da un aumento del 12%, en lugar del 51% adeudado y encima en tres cuotas a pagar hasta octubre de 2026”, expresó Laura Carboni, secretaria general de la Asociación Gremial Docente (AGD) de la UBA en diálogo con Noticias Argentinas.
En ese contexto, planean convocar a una marcha federal antes del tratamiento de la modificación en el Congreso.
LOS DOCENTES DE LAS UUNN VAN AL PARO DURANTE 2 SEMANAS
Anticipo de las resoluciones del Congreso de CONADU Histórica.El Congreso Extraordinario de Conadu Histórica resolvió:
(entre otras definiciones)Por mayoría de los votos de sus Congresales, PARAR LAS UNIVERSIDADES Y SUS… pic.twitter.com/c06Nk3ctFq
— ADUNS (@ADUNS_docentes) March 5, 2026
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