Nacionales
El poder de compra del Salario Mínimo se derrumbó un 31% desde 2015
Un informe muestra como el Salario Mínimo se derrumbó, el Centro de Estudios y Formación en temáticas vinculadas con el desarrollo económico (CIFRA) y Central de los Trabajadores Argentina (CTA) evidenció la pérdida del poder adquisitivo en el país.
Las caídas fueron fuertes en los dos últimos años durante el macrismo, también en 2020 bajo el gobierno del Frente de Todos. Debería ser de $ 71.600 para tener el mismo poder adquisitivo que en 2015 era de $4716.
Este lunes tras la reunión del Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM) se anunció un aumento del 7 % del haber mínimo y será de $ 51.200 a partir de septiembre. Sin embargo, su valor sigue siendo similar a la línea de indigencia y casi la mitad de la canasta de pobreza, que calcula el El Instituto Nacional de Estadística y Censos de la República Argentina (Indec).
Pero, además, un informe del Centro de Investigación y Formación de la República Argentina (CIFRA), que pertenece a la CTA, mostró una serie de datos tanto o más preocupantes.
Allí confirma que, el poder de compra del haber mínimo mantuvo una tendencia negativa entre 2011 y 2020. “Las caídas fueron especialmente fuertes en los dos últimos años del gobierno de Macri así como en 2020, en todos los casos superiores al 10% en cada año”, agrega.
El Gobierno del Frente de Todos prometió recuperar todo lo perdido durante el macrismo. Sin embargo, el informe señala que “durante 2021 no logró recomponer su poder adquisitivo, aunque se evitó una nueva caída, ya el aumento real fue apenas del 1,2% en el promedio del año.
A su vez, en los primeros 7 meses del año en curso el salario mínimo tuvo una disminución de 1,6% en términos reales”. En julio de 2022 el Salario Mínimo real quedó 10,2 % por debajo del nivel de diciembre de 2019 y 30,8 % por debajo de diciembre de 2015.
Según CIFRA, en julio debería haber sido de $ 65.785 el salario mínimo para llegar al mismo poder adquisitivo de 2015. También agrega que “serían necesarios $ 71.600 en agosto para alcanzar el mismo poder de compra que el salario mínimo tenía en 2015, y casi $ 119.000 serían equivalentes a la línea de pobreza para una “familia tipo””.
En julio de este año el haber mínimo cubrió solo el 40,7 % del costo de la canasta de pobreza que elabora el Indec, mientras que en diciembre de 2015 llegaba a cubrir el 59% de ese costo.
En el caso del SMVM perjudica al millón de beneficiarios del Potenciar Trabajo y otros planes con contraprestación, que toman como referencia lo definido por el Consejo del Salario.
La pérdida del poder de compra también afecta a trabajadoras y trabajadores privados, estatales e informales. El poder adquisitivo en el sector privado registrado cayó un 20,5 % en relación a 2015 (junio 2022 versus octubre 2015); en el caso de los trabajadores del sector público la merma fue del 27,6 % en el mismo período.
En tanto los trabajadores informales entre octubre de 2016 y junio de este año perdieron un 32%. Tengamos en cuenta que según la canasta de referencia que elabora la Junta Interna de Ate Indec, que incluye el gasto de alquiler, y se acerca a lo que necesita un hogar para llegar a fin de mes: en julio fue de $ 179.990.
Mientras la inflación se acelera son los trabajadores y los sectores populares los que pagan los costos de la suba de precios. Las conducciones sindicales tienen que romper con el Gobierno y convocar a un paro general y un plan de lucha.
Se necesitan medidas de emergencia como un aumento para recuperar lo perdido para jubilados, ocupados y programas sociales. Que nadie gane menos de lo que cuesta una canasta básica, en la actualidad en $ 111.000, en el camino de lograr un salario mínimo igual a la canasta familiar que calculan los trabajadores del Indec.
El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) informó esta tarde que la inflación de marzo fue de 3,4%, convirtiéndose en la cifra mas alta en los últimos doce meses.
Esta cifra elevó a 9,4% el índice de inflación acumulado en los primeros tres meses del año, llegando pisar el 10%, que era el porcentaje proyectado para todo el 2026 según el presupuesto aprobado por el gobierno nacional.
Los mayores aumentos fueron en educación con un 12,1% y en transporte con 4,1% a nivel nacional. En el análisis de los aumentos por región, el índice de la zona noreste se ubicó por encima de lo registrado a nivel nacional con 4,1%.
Los rubros dentro de esas provincias que sufrieron un mayor crecimiento en porcentaje fueron Educación con 22,7% y en Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles con 9,7%.
En relación al mes anterior el porcentaje de suba en Equipamiento y mantenimiento del hogar mantuvieron una variación de 1,3% a nivel nacional convirtiéndose en el rubro con menor inflación.
En contraposición a las variaciones de los últimos tres meses, donde la sección que contempla Prendas de vestir y Calzados, es el rubro con la menor aumento llegando a un nivel nacional 2,6 % mientras que en la región de Cuyo el índice de precios registra un 1,9% de aumento.
#DatoINDEC#IPC: la división con mayor alza mensual en marzo de 2026 fue Educación (12,1%); y la de menor, Equipamiento y mantenimiento del hogar (1,3%) https://t.co/ALtx4h5Sbd pic.twitter.com/n7aRYFVFA5
— INDEC Argentina (@INDECArgentina) April 14, 2026
Mientras el presidente estadounidense Donald Trump amenaza con aniquilar por completo a toda “la civilización” de Irán esta noche, un grupo de diputados nacionales de Unión por la Patria presentó este mismo martes un proyecto de resolución para declarar la neutralidad de Argentina frente la guerra en Medio Oriente.
La medida se da en medio de una escalada de tensión internacional, a pocas horas del vencimiento del ultimátum lanzado por Trump a Irán y tras las recientes declaraciones públicas del gobierno de Javier Milei en respaldo a Estados Unidos e Israel.
La iniciativa fue encabezada por el diputado Juan Marino y acompañada por una treintena de legisladores del bloque opositor, quienes sostienen que el país “no es parte beligerante” en la confrontación y que no reconoce enemigos en ninguno de los bandos involucrados.
En el texto también se reafirma la tradición diplomática argentina de resolución pacífica de controversias y se invoca el principio de América Latina y el Caribe como Zona de Paz, en línea con resoluciones adoptadas por la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños y la Organización de las Naciones Unidas.
El proyecto surge luego de declaraciones de funcionarios nacionales que, según el bloque opositor, implican un alineamiento político del gobierno argentino con la ofensiva militar encabezada por Washington y Tel Aviv contra Irán.
Entre ellas, mencionan expresiones del presidente Milei durante una actividad en Nueva York, donde calificó a Irán como “enemigo”, además de comunicados oficiales de Cancillería y declaraciones de funcionarios sobre una eventual asistencia logística o militar.
Los legisladores pidieron además que se desautoricen públicamente esos posicionamientos al considerar que cualquier decisión que comprometa al país en un conflicto internacional requiere intervención del Congreso, en virtud del artículo 75 inciso 25 de la Constitución Nacional, que reserva al Poder Legislativo la facultad de autorizar al Poder Ejecutivo para declarar la guerra o hacer la paz.
En el mismo sentido, el proyecto exhorta al gobierno nacional a abstenerse de realizar cualquier tipo de colaboración directa o indirecta en el conflicto, incluyendo cooperación militar, logística o de inteligencia, y propone comunicar formalmente la postura argentina a organismos internacionales y a los gobiernos involucrados.
Línea roja
Apenas asumió la presidencia, el gobierno de Milei rompió la histórica neutralidad argentina y alineó automáticamente al país con Estados Unidos e Israel.
Un mes antes de la escalada bélica de la denominada “Coalición Epstein” contra Irán, en enero de 2026, el gobierno libertario declaró como organización terrorista a la Fuerza Quds, brazo de la Guardia Revolucionaria iraní.
En febrero, luego de comenzada la guerra y tras la operación que resultó en la muerte del Líder Supremo de Irán, Alí Jamenei, la Oficina del Presidente emitió un comunicado oficial calificando el hecho como la eliminación de una de las personas “más malvadas y crueles de la historia”.
El 10 de marzo, durante un discurso en la Universidad Yeshiva de Nueva York, Milei declaró explícitamente que Irán es “enemigo de Argentina”, por su responsabilidad en los atentados a la Amia y la Embajada de Israel, y proclamó: “Vamos a ganar la guerra”.
Y este mes, la Cancillería argentina declaró persona no grata y expulsó a Mohsen Soltani Tehrani, el máximo representante diplomático de Irán en el país, a la vez que ratificó su “apoyo total y absoluto” a las acciones militares de Trump y el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu.
El posicionamiento del gobierno libertario provocó la reacción de Irán, que a través de sus medios oficiales advirtió que Milei cruzó una “línea roja imperdonable” y prometió una respuesta “proporcionada”.
PROYECTO DE RESOLUCIÓN - NEUTRALIDAD ANTE LA GUERRA DE EEUU E ISRAEL
El Gobierno nacional oficializó el pago de una suma fija no remunerativa de $40.000 para personal de seguridad y dispuso adicionales según jerarquía de las fuerzas que se encuentran bajo la órbita del Ministerio de Seguridad Nacional.
De esta manera, mediante el Decreto 216/2026 publicado este miércoles en el Boletín Oficial, se dispuso el pago de una suma fija extraordinaria que se abonará con los haberes de abril.
Según lo establecido, se otorgará en concepto de bono no remunerativo y no bonificable, por única vez, destinado a personal de la Gendarmería Nacional Argentina, la Prefectura Naval Argentina, la Policía Federal Argentina, la Policía de Seguridad Aeroportuaria, el Servicio Penitenciario Federal y la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal, incluyendo también a alumnos en formación en algunos casos.
La medida fue firmada por el presidente Javier Milei; el jefe de Gabinete Manuel Adorni; y los ministros de Seguridad Alejandra Monteoliva; Economía Luis Caputo y Desregulación y Transformación del Estado Federico Sturzenegger.
Desde el Ejecutivo señalaron que la decisión apunta a “reconocer y sostener una adecuada jerarquización” de las fuerzas, en línea con las responsabilidades y funciones que desempeñan, y a mejorar su poder adquisitivo.
El decreto también contempla el pago de montos adicionales para el personal en actividad de la Policía Federal, Gendarmería, Prefectura, PSA y el Servicio Penitenciario Federal, bajo el mismo carácter no remunerativo, que variarán según el grado del personal.
Asimismo, se facultó a la Comisión Técnica Asesora de Política Salarial del Sector Público a dictar normas complementarias para la implementación del decreto.
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