Nacionales
El Gobierno reemplazará planes sociales por empleo formal
El plan federal de reemplazo de planes sociales por empleo formal en varios sectores de la economía lo poresentará el gobierno con un acto en el interior junto a gobernadores, la CGT, organizaciones sociales oficialistas y las cámaras patronales de la construcción y la gastronomía y la hotelería junto con la estatal AySA, los rubros alcanzados por la medida.
Incluirá la coordinación de los ministerios de Trabajo, Desarrollo Social, Desarrollo Productivo y Obras Públicas, apuntará a suprimir un argumento opositor que martilla contra el peronismo por la persistencia en el tiempo de los programas de asistencia social.
Buscará cohesionar la alianza gobernante con señales hacia los movimientos piqueteros afines que demandan la reconversión de la ayuda social en soluciones de largo aliento. Y será, también, otro elemento para sostener el vínculo del Ejecutivo con los sindicatos tradicionales.
Uno de los hitos será la inclusión del rubro gastronómico en el diseño de la medida, pero no sólo por tratarse de una de las actividades más golpeadas por la pandemia y con mayor porcentaje de mano de obra intensiva, sino por un rasgo político: el gremio principal es el que conduce Luis Barrionuevo, enemigo principal del kirchnerismo en el arco sindical.
Para todas las actividades contempladas en el programa la premisa será la misma: capacitación a beneficiarios de planes sociales en oficios de albañilería, atención en restaurantes y hoteles y conexión de redes de agua y saneamiento, y transferencia a empleos formales en sendas actividades.
El salario a percibir de arranque por parte de los nuevos empleados será el valor de un plan Potenciar Trabajo (equivalente a la mitad de un sueldo mínimo, vital y móvil) a cargo del Estado, y la diferencia con el básico de cada convenio colectivo por parte de cada empleador.
La prueba piloto se desplegó hace un mes en Concordia, Entre Ríos, con el lanzamiento del Plan de Promoción de Trabajo Registrado Rural. Consistió en habilitar la continuidad de la percepción de los planes de asistencia social para alrededor de 250 mil peones rurales en caso de ser contratados para cosechas de temporada.
El reclamo de los productores rurales en algunas economías regionales daba cuenta de la imposibilidad de contar con trabajadores para las labores de temporada por la supuesta competencia que representaban los planes sociales, sostenidos en el tiempo.
El siguiente paso para la reconversión de planes en empleo se concentrará en la construcción, uno de los sectores que primero sufre las crisis y también acusa recibo de las recuperaciones económicas, y que es más dinámico en la multiplicación de puestos laborales. Gerardo Martínez, jefe de la Unión Obrera de la Construcción (UOCRA), es uno de los negociadores del programa.
Su sector registró una merma de al menos 70 mil operarios entre el parate de la actividad por la caída económica que representó el gobierno de Mauricio Macri y el derrumbe de la obra privada durante la pandemia. El programa contendrá tanto obra pública como privada, dijeron los funcionarios a cargo del diseño, y participarán del lanzamiento directivos de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco).
En el caso de la gastronomía también se prepara una coordinación con las principales entidades patronales del sector, nucleadas en Fehgra, y el gremio de Barrionuevo, Uthgra, según informa Ámbito.
Al igual que en el caso de la construcción se trata de una actividad donde empresas y gremio cuentan con escuelas de capacitación diseminadas en todo el país con capacidad de absorber la demanda potencial de decenas de miles de beneficiarios de planes que esperan su inserción laboral formal. Lo mismo buscarán promover con la estatal Aysa para las tareas de conexión de aguas y cloacas en todo el país.
La mano de obra correrá por cuenta de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), que nuclea a los principales movimientos sociales afines al Frente de Todos. El sector tiene como representante dentro del Gabinete de Alberto Fernández a Emilio Pérsico, secretario de Economía Social, y como referentes a nivel nacional a Esteban “Gringo” Castro y a Juan Grabois.
El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) informó esta tarde que la inflación de marzo fue de 3,4%, convirtiéndose en la cifra mas alta en los últimos doce meses.
Esta cifra elevó a 9,4% el índice de inflación acumulado en los primeros tres meses del año, llegando pisar el 10%, que era el porcentaje proyectado para todo el 2026 según el presupuesto aprobado por el gobierno nacional.
Los mayores aumentos fueron en educación con un 12,1% y en transporte con 4,1% a nivel nacional. En el análisis de los aumentos por región, el índice de la zona noreste se ubicó por encima de lo registrado a nivel nacional con 4,1%.
Los rubros dentro de esas provincias que sufrieron un mayor crecimiento en porcentaje fueron Educación con 22,7% y en Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles con 9,7%.
En relación al mes anterior el porcentaje de suba en Equipamiento y mantenimiento del hogar mantuvieron una variación de 1,3% a nivel nacional convirtiéndose en el rubro con menor inflación.
En contraposición a las variaciones de los últimos tres meses, donde la sección que contempla Prendas de vestir y Calzados, es el rubro con la menor aumento llegando a un nivel nacional 2,6 % mientras que en la región de Cuyo el índice de precios registra un 1,9% de aumento.
#DatoINDEC#IPC: la división con mayor alza mensual en marzo de 2026 fue Educación (12,1%); y la de menor, Equipamiento y mantenimiento del hogar (1,3%) https://t.co/ALtx4h5Sbd pic.twitter.com/n7aRYFVFA5
— INDEC Argentina (@INDECArgentina) April 14, 2026
Mientras el presidente estadounidense Donald Trump amenaza con aniquilar por completo a toda “la civilización” de Irán esta noche, un grupo de diputados nacionales de Unión por la Patria presentó este mismo martes un proyecto de resolución para declarar la neutralidad de Argentina frente la guerra en Medio Oriente.
La medida se da en medio de una escalada de tensión internacional, a pocas horas del vencimiento del ultimátum lanzado por Trump a Irán y tras las recientes declaraciones públicas del gobierno de Javier Milei en respaldo a Estados Unidos e Israel.
La iniciativa fue encabezada por el diputado Juan Marino y acompañada por una treintena de legisladores del bloque opositor, quienes sostienen que el país “no es parte beligerante” en la confrontación y que no reconoce enemigos en ninguno de los bandos involucrados.
En el texto también se reafirma la tradición diplomática argentina de resolución pacífica de controversias y se invoca el principio de América Latina y el Caribe como Zona de Paz, en línea con resoluciones adoptadas por la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños y la Organización de las Naciones Unidas.
El proyecto surge luego de declaraciones de funcionarios nacionales que, según el bloque opositor, implican un alineamiento político del gobierno argentino con la ofensiva militar encabezada por Washington y Tel Aviv contra Irán.
Entre ellas, mencionan expresiones del presidente Milei durante una actividad en Nueva York, donde calificó a Irán como “enemigo”, además de comunicados oficiales de Cancillería y declaraciones de funcionarios sobre una eventual asistencia logística o militar.
Los legisladores pidieron además que se desautoricen públicamente esos posicionamientos al considerar que cualquier decisión que comprometa al país en un conflicto internacional requiere intervención del Congreso, en virtud del artículo 75 inciso 25 de la Constitución Nacional, que reserva al Poder Legislativo la facultad de autorizar al Poder Ejecutivo para declarar la guerra o hacer la paz.
En el mismo sentido, el proyecto exhorta al gobierno nacional a abstenerse de realizar cualquier tipo de colaboración directa o indirecta en el conflicto, incluyendo cooperación militar, logística o de inteligencia, y propone comunicar formalmente la postura argentina a organismos internacionales y a los gobiernos involucrados.
Línea roja
Apenas asumió la presidencia, el gobierno de Milei rompió la histórica neutralidad argentina y alineó automáticamente al país con Estados Unidos e Israel.
Un mes antes de la escalada bélica de la denominada “Coalición Epstein” contra Irán, en enero de 2026, el gobierno libertario declaró como organización terrorista a la Fuerza Quds, brazo de la Guardia Revolucionaria iraní.
En febrero, luego de comenzada la guerra y tras la operación que resultó en la muerte del Líder Supremo de Irán, Alí Jamenei, la Oficina del Presidente emitió un comunicado oficial calificando el hecho como la eliminación de una de las personas “más malvadas y crueles de la historia”.
El 10 de marzo, durante un discurso en la Universidad Yeshiva de Nueva York, Milei declaró explícitamente que Irán es “enemigo de Argentina”, por su responsabilidad en los atentados a la Amia y la Embajada de Israel, y proclamó: “Vamos a ganar la guerra”.
Y este mes, la Cancillería argentina declaró persona no grata y expulsó a Mohsen Soltani Tehrani, el máximo representante diplomático de Irán en el país, a la vez que ratificó su “apoyo total y absoluto” a las acciones militares de Trump y el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu.
El posicionamiento del gobierno libertario provocó la reacción de Irán, que a través de sus medios oficiales advirtió que Milei cruzó una “línea roja imperdonable” y prometió una respuesta “proporcionada”.
PROYECTO DE RESOLUCIÓN - NEUTRALIDAD ANTE LA GUERRA DE EEUU E ISRAEL
El Gobierno nacional oficializó el pago de una suma fija no remunerativa de $40.000 para personal de seguridad y dispuso adicionales según jerarquía de las fuerzas que se encuentran bajo la órbita del Ministerio de Seguridad Nacional.
De esta manera, mediante el Decreto 216/2026 publicado este miércoles en el Boletín Oficial, se dispuso el pago de una suma fija extraordinaria que se abonará con los haberes de abril.
Según lo establecido, se otorgará en concepto de bono no remunerativo y no bonificable, por única vez, destinado a personal de la Gendarmería Nacional Argentina, la Prefectura Naval Argentina, la Policía Federal Argentina, la Policía de Seguridad Aeroportuaria, el Servicio Penitenciario Federal y la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal, incluyendo también a alumnos en formación en algunos casos.
La medida fue firmada por el presidente Javier Milei; el jefe de Gabinete Manuel Adorni; y los ministros de Seguridad Alejandra Monteoliva; Economía Luis Caputo y Desregulación y Transformación del Estado Federico Sturzenegger.
Desde el Ejecutivo señalaron que la decisión apunta a “reconocer y sostener una adecuada jerarquización” de las fuerzas, en línea con las responsabilidades y funciones que desempeñan, y a mejorar su poder adquisitivo.
El decreto también contempla el pago de montos adicionales para el personal en actividad de la Policía Federal, Gendarmería, Prefectura, PSA y el Servicio Penitenciario Federal, bajo el mismo carácter no remunerativo, que variarán según el grado del personal.
Asimismo, se facultó a la Comisión Técnica Asesora de Política Salarial del Sector Público a dictar normas complementarias para la implementación del decreto.
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