Nacionales
El Gobierno reemplazará planes sociales por empleo formal
El plan federal de reemplazo de planes sociales por empleo formal en varios sectores de la economía lo poresentará el gobierno con un acto en el interior junto a gobernadores, la CGT, organizaciones sociales oficialistas y las cámaras patronales de la construcción y la gastronomía y la hotelería junto con la estatal AySA, los rubros alcanzados por la medida.
Incluirá la coordinación de los ministerios de Trabajo, Desarrollo Social, Desarrollo Productivo y Obras Públicas, apuntará a suprimir un argumento opositor que martilla contra el peronismo por la persistencia en el tiempo de los programas de asistencia social.
Buscará cohesionar la alianza gobernante con señales hacia los movimientos piqueteros afines que demandan la reconversión de la ayuda social en soluciones de largo aliento. Y será, también, otro elemento para sostener el vínculo del Ejecutivo con los sindicatos tradicionales.
Uno de los hitos será la inclusión del rubro gastronómico en el diseño de la medida, pero no sólo por tratarse de una de las actividades más golpeadas por la pandemia y con mayor porcentaje de mano de obra intensiva, sino por un rasgo político: el gremio principal es el que conduce Luis Barrionuevo, enemigo principal del kirchnerismo en el arco sindical.
Para todas las actividades contempladas en el programa la premisa será la misma: capacitación a beneficiarios de planes sociales en oficios de albañilería, atención en restaurantes y hoteles y conexión de redes de agua y saneamiento, y transferencia a empleos formales en sendas actividades.
El salario a percibir de arranque por parte de los nuevos empleados será el valor de un plan Potenciar Trabajo (equivalente a la mitad de un sueldo mínimo, vital y móvil) a cargo del Estado, y la diferencia con el básico de cada convenio colectivo por parte de cada empleador.
La prueba piloto se desplegó hace un mes en Concordia, Entre Ríos, con el lanzamiento del Plan de Promoción de Trabajo Registrado Rural. Consistió en habilitar la continuidad de la percepción de los planes de asistencia social para alrededor de 250 mil peones rurales en caso de ser contratados para cosechas de temporada.
El reclamo de los productores rurales en algunas economías regionales daba cuenta de la imposibilidad de contar con trabajadores para las labores de temporada por la supuesta competencia que representaban los planes sociales, sostenidos en el tiempo.
El siguiente paso para la reconversión de planes en empleo se concentrará en la construcción, uno de los sectores que primero sufre las crisis y también acusa recibo de las recuperaciones económicas, y que es más dinámico en la multiplicación de puestos laborales. Gerardo Martínez, jefe de la Unión Obrera de la Construcción (UOCRA), es uno de los negociadores del programa.
Su sector registró una merma de al menos 70 mil operarios entre el parate de la actividad por la caída económica que representó el gobierno de Mauricio Macri y el derrumbe de la obra privada durante la pandemia. El programa contendrá tanto obra pública como privada, dijeron los funcionarios a cargo del diseño, y participarán del lanzamiento directivos de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco).
En el caso de la gastronomía también se prepara una coordinación con las principales entidades patronales del sector, nucleadas en Fehgra, y el gremio de Barrionuevo, Uthgra, según informa Ámbito.
Al igual que en el caso de la construcción se trata de una actividad donde empresas y gremio cuentan con escuelas de capacitación diseminadas en todo el país con capacidad de absorber la demanda potencial de decenas de miles de beneficiarios de planes que esperan su inserción laboral formal. Lo mismo buscarán promover con la estatal Aysa para las tareas de conexión de aguas y cloacas en todo el país.
La mano de obra correrá por cuenta de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), que nuclea a los principales movimientos sociales afines al Frente de Todos. El sector tiene como representante dentro del Gabinete de Alberto Fernández a Emilio Pérsico, secretario de Economía Social, y como referentes a nivel nacional a Esteban “Gringo” Castro y a Juan Grabois.
Nacionales
Hoy se debate el veto universitario y se espera una ajustada votación
La Cámara de Diputados de la Nación se prepara para tratar este miércoles el veto presidencial a la ley de financiamiento universitario y se aguarda una ajustada votación, tal como ocurrió el 11 de septiembre, cuando se abordó el blindaje al decreto de Javier Milei que dejó sin efecto el proyecto de reforma jubilatoria.
La sesión comenzará a las 11 y en la votación final los legisladores deben elegir si insisten con la ley o votan en contra de la normativa que asegura partidas financieras para las universidades, lo que sostendría el veto.
Para sostener el proyecto, los votos afirmativos deben ser más del doble que los negativos. Los cálculos estiman que la oposición tendría entre 160 y 164 votos asegurados, mientras que el oficialismo oscilaría entre 80 y 84, en tanto que habría 4 ausentes y alrededor de una decena de legisladores está en duda.
Con estos números, la resolución es prácticamente voto a voto, aunque desde el gobierno confían en volver a alcanzar los números necesarios para blindar el veto, como ya sucedió cuando se trató la cuestión de la reforma jubilatoria, donde cinco diputados radicales, entre ellos el misionero Martín Arjol, cambiaron de postura horas antes de la sesión clave y hoy volverían a acompañar al oficialismo, al igual que la puertista Florencia Klipauka.
Poroteo
El “poroteo” de votos calculado por periodistas especializados en cuestiones parlamentarias de Infobae contempla que el bloque de 160 votos que buscará anular el veto de Milei está conformado por los 99 diputados de Unión por la Patria y 27 de los 33 parlamentarios que tiene la UCR, dado que los denominados “radicales peluca” Luis Picat, José Tournier, Mariano Campero y el ya mencionado Arjol volverían a acompañar al oficialismo.
Los dos restantes de la UCR son Fernando Carbajal, quien se ausentará con licencia, y Pablo Cervi, que se abstendrá, lo que favorece el bloqueo del veto.
A esa cifra hay que sumarle el respaldo del bloque Encuentro Federal, que aportará 14 de las 16 bancas que tiene, dado que Ricardo López Murphy estará ausente y Francisco Morcchio está en duda.
Infobae apunta, además, que los bloques de la Coalición Cívica (6), el Frente de Izquierda (5) y Por Santa Cruz (2) acompañarán la insistencia en su totalidad, sumando 13 votos, mientras que desde el PRO habrá dos a favor de la ley: Álvaro González y Héctor Baldassi.
Innovación Federal, en tanto que contiene a los cuatro diputados misioneros de la Renovación, confirmó a 5 de sus 8 diputados -3 de Salta, 1 de Río Negro y 1 de Misiones-, mientras que el resto definirá su postura hoy. Lourdes Arrieta, de La Libertad Avanza (LLA), también acompañaría la insistencia de la ley. Sumados todos, el total da 160 diputados.
Cuando se trató el veto a la reforma jubilatoria, la oposición cosechó 153 votos a favor de la normativa, cifra que no alcanzó para doblegar los 87 votos efectuados por legisladores que decidieron acompañar al gobierno. Ese día hubo 8 abstenciones, entre los que estuvieron los renovadores Yamila Ruiz, Carlos Fernández, Daniel Vancsik y Alberto Rúa, todos ellos de Innovación Federal.
Mientras tanto, diversas fuerzas seguridad comenzaron a instalar vallados alrededor del Congreso ante posibles manifestaciones y diversas facultades del país se encuentran tomadas por estudiantes que realizaron una vigilia de la sesión.
Nacionales
Tras la marcha federal, Milei vetó la ley de Financiamiento Universitario
A pesar de la multitudinaria marcha que se realizó en todo el país ayer para frenar la medida, el presidente Javier Milei vetó la Ley de Financiamiento Universitario. El Decreto 879/24 fue publicado en el Boletín Oficial de la Nación este jueves.
Con la publicación del decreto, el gobierno nacional estableció que el proyecto de ley 27.757, sancionada el 12 de septiembre, se observe en su “totalidad” y vuelva al Honorable Congreso de la Nación (HCN).
En los considerando del documento se detallan los distintos artículos de la legislación, entre los cuales se destaca las “modificaciones que impactan en el régimen jurídico de financiamiento de las Universidades Nacionales, en materia de gastos de funcionamiento y de salarios para el personal docente y no docente del Sistema Universitario Nacional”.
De esta manera, para justificar el veto total al financiamiento universitario, el gobierno libertario sostuvo que “es manifiestamente violatorio del marco jurídico vigente, en tanto contempla el impacto fiscal de la medida ni tampoco determina la fuente de su financiamiento“, al tiempo que señaló que “el artículo 38 de Ley 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional es claro al exigir de forma expresa que toda ley que autorice gastos no previstos en el presupuesto general deberá especificar las fuentes de los recursos a utilizar para su financiamiento”.
Además, puntualiza que el reglamento de la Cámara de Senadores, en su artículo 126, prevé que “todo proyecto que importe gastos incluirá en sus fundamentos la estimación de tales erogaciones e indicará la fuente de financiamiento, a fin de justificar la viabilidad del mismo. De no ser así, no se discutirá en las sesiones de la Cámara hasta tanto la omisión no sea subsanada, por el o los autores del mismo”.
Ahora, la legislación que preveía principalmente una recomposición salarial para el personal docente y no docente, deberá regresar a la Cámara de origen, el Senado de la Nación, donde los legisladores nacionales deberán votar por sostener el financiamiento universitario o acompañar el veto presidencial.
Con la oficialización de la medida, es la segunda vez que el presidente utiliza el mecanismo, primeramente vetó la reforma de movilidad jubilaría, para sostener el “equilibrio fiscal”.
Ayer, miles estudiantes, egresados, personal docente, no docentes de las universidades nacionales de la Argentina, así como también gremios y organizaciones sociales, salieron a las calles en todo el país para rechazar la medida del gobierno nacional y defender la educación pública, gratuita y de calidad. Sin embargo, el Ejecutivo no dio marcha atrás y concretó el veto.
Unas 5.000 personas coparon las calles de Posadas en defensa de la universidad
Nacionales
La pobreza aumentó al 52,9% en el primer semestre del gobierno de Milei
La pobreza alcanzó al 52,9% de personas en todo en el país y la indigencia saltó del 9,3% al 18,1% durante el primer semestre del 2024, según informó hoy el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).
El instituto nacional dio a conocer esta tarde el informe de Incidencia de la pobreza y la indigencia en 31 aglomerados urbanos en Argentina durante el primer periodo de gobierno del presidente Javier Milei, que representa un salto en la pobreza de más de 11 puntos porcentuales con respecto al segundo semestre del 2023, que estaba en 41,7%.
Los índices de 52, 9% de pobreza y de 18,1% de indigencia implican para el universo de los 31 aglomerados urbanos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) que por debajo de la línea de pobreza (LP) se encuentren 4.319.760 hogares, donde viven 15.685.603 personas y, dentro de ese conjunto, 1.378.142 hogares estén por debajo de la línea de indigencia (LI), lo que representa 5.379.588 personas indigentes, de acuerdo al informe del Indec.
Otro punto que remarcó el instituto fue sobre los ingresos de los hogares, el cual arrojó que entre el segundo semestre del 2023 y el primer semestre del 2024 el ingreso total medio aumentó 87,8% frente a subas de 115,3% de la canasta básica alimentaria (CBA) y de 119,3% en la canasta básica total (CBT).
Respecto a los grupos etarios que afectan la pobreza y la indigencia, el Indec detalló que dos tercios (66,1%) de las personas de entre 0 a 14 años forman parte de hogares por debajo de la línea de la pobreza, mientras que el total de argentinos bajo LP para los grupos de 15 a 29 años y de 30 a 64 años es de 60,7% y de 48,6% respectivamente.
En cuanto a la población mayor de 65 años, un 29,7% de las personas en esta franja etaria se ubicó en hogares bajo la línea de pobreza.
En relación a las regiones, el instituto indicó que la mayor incidencia de la pobreza en el primer semestre de este año se observó en el Noreste (62,9%) y el Noroeste (57,0%), mientras que los menores índices se registraron en la Patagonia (49,1%) y Pampeana (49,9%).
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