Nacionales
El Gobierno presiona para que monotributistas y comercios acepten pagos con tarjetas de débito
La AFIP publicará a partir de mañana medidas para impulsar los pagos con tarjeta de débito. Aunque comercios y prestadores de servicio están obligados por ley a aceptar los plásticos, aquellos que aun no cuenten con terminales posnet tendrán descuentos para el alquiler de los mismos. Además habrá un cronograma de adecuación para que tanto monotributistas como contribuyentes inscriptos en IVA adquieran una terminal, con fechas a partir de las cuales llegarán las multas. Según el ente recaudador, actualmente sólo 500.000 contribuyentes cuentan con estos artefactos.
Desde restaurantes y comercios hasta médicos y clubes. Todos deberán ofrecerle a sus clientes la posibilidad de abonar con tarjeta de débito. “Los comercios son reacios a aceptar los medios electrónicos de pago. Las razones que aducen son el costo del artefacto o la baja señal de telefonía, pero también sabemos que muchos optan por el efectivo para mantenerse en la informalidad“, dijo ayer Alberto Abad, titular de la AFIP, a periodistas entre los que estaba Clarín. “Buscamos un cambio cultural y que se generalice el uso de los medios de pago electrónicos”, dijo el jefe del ente recaudador. Según datos de la AFIP, de cada $100 que se les deposita en el banco jubilados que cobran el haber mínimo, pensionados y beneficiarios de asignaciones universales, $92 los retiran para pagar en efectivo, incluso cuando estos sectores de menores recursos obtienen la devolución del 15% del IVA por el pago con débito.
Por eso el ente recaudador llevó a cabo reuniones con cámaras empresarias de donde surgieron las siguientes medidas que se publicarán mañana.
1) Los monotributistas que instalen el posnet para cobrar con tarjeta de débito no tendrán costo por el alquiler del dispositivo por 2 años. Las empresas hoy cobran en promedio unos $400 mensuales por el uso de sus terminales. Este beneficio se suma al que ya tienen hoy estos contribuyentes que no pagan comisiones transaccionales en operaciones con débito.
2) Los inscriptos en el IVA que instalen el aparato para cobrar con tarjeta de débito tendrán bonificaciones en el costo por el alquiler del dispositivo. Estos descuentos van desde el 50% por 6 meses, o incluso la gratuidad hasta 2 años, dependiendo el proveedor del servicio, según informó Abad. Para ellos el costo por cada transacción que realicen con débito seguirá siendo del 1,5%.
3) Para pequeños y grandes comercios y prestadores de servicio habrá una reducción del 50% en las retenciones que se realizan a cuenta de IVA y ganancias en todas las operaciones con tarjetas de débito.
La AFIP dará un periodo de gracia para instalar las terminales. Por ejemplo, para comercios, hoteles y restaurantes con ventan netas en 2015 mayores o iguales a $4 millones, tendrán tiempo para adquirir un Pos hasta el 30 de abril. Para ese nivel de facturación, el tiempo límite en el caso de profesionales, prestadores de servicios vinculados a la salud, cultura, deportes o entretenimientos es el 31 de julio. Asimismo, los monotributistas gozarán de mayor plazo (ver cuadro aparte).
“Vamos a salir periódicamente hacer visitas con inspectores. Aplicaremos tarjeta amarilla a quien incumpla, las advertencias llegarán antes que las multas”, dijo Abad. Las sanciones van desde $300 hasta $30.000 además de la clausura de hasta 10 días. Según el administrador, “queremos que haya al menos 200.000 Pos más hacia marzo del año que viene”. También Abad recordó que más allá del comprobante de pago que se entrega por el pago con débito, los comerciantes y prestadores de servicios deben entregar a sus clientes también la factura.
El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) informó esta tarde que la inflación de febrero igualó el registro del mes pasado con 2,9% y los precios acumulan un aumento de 5,9% en lo que va del año.
Según el organismo, la división con mayor incremento en febrero fue la de Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles con 6,8%; seguido por Alimentos y bebidas no alcohólicas con 3,3%, al igual que Bienes y servicios varios.
En contrapartida, no se registró modificaciones en la sección que contempla Prendas de vestir y Calzados, mientras que Bebidas alcohólicas experimentó aumentos de apenas 0,6%.
En cuanto al análisis de los aumentos por región, el índice nacional se ubicó por encima de lo registrado en Gran Buenos Aires (2,6%) y por debajo del Noereste (3,1%).
#DatoINDEC
Los precios al consumidor (#IPC) aumentaron 2,9% en febrero de 2026 con respecto a enero y 33,1% interanual https://t.co/bFx8TZTULF pic.twitter.com/ChEvJSQ4mY— INDEC Argentina (@INDECArgentina) March 12, 2026
Inflación de enero fue de 2,9% y la suba de alimentos fue del 4,7% en el mes
A una semana de la sanción en el Congreso de la Nación, el gobierno promulgó este viernes la Ley de Modernización Laboral y los cambios comienzan a regir a partir de hoy.
El Poder Ejecutivo puso en vigencia la Ley 27.802, a través de la publicación en el Boletín Oficial del Decreto 137/2026, que lleva las firmas del presidente Javier Milei, del jefe de Gabinete Manuel Adorni y de la ministra de Capital Humano Sandra Pettovello.
La norma, compuesta por 25 capítulos, introduce cambios en las relaciones de trabajo, principalmente, en indemnizaciones, salarios, vacaciones, jornada laboral, derechos sindicales y flexibiliza las condiciones de contratación.
Sobre las indemnizaciones, la Ley reduce la base de cálculo y deja de considerar dentro de las mismas vacaciones, aguinaldo, propinas o premios. Quedará un tope salarial como base de remunerativa, que no puede exceder tres veces el salario promedio mensual según el convenio colectivo aplicable a la categoría del trabajador. De esta manera, las indemnizaciones se actualizarán por inflación más un plus del 3%. También habilita a las Pymes el pago en cuotas.
Los salarios podrán abonarse en dinero -en moneda nacional o extranjera- o en especie, mediante provisión de habitación o alimentos. Además, se incorpora el concepto de “salario dinámico”, que podrá ser acordado en convenios colectivos, regionales o por empresa, y contemplarse como una retribución vinculada al mérito personal del trabajador o a su productividad.
Según la norma, el empleador deberá otorgar las vacaciones entre el 1 de octubre y el 30 de abril del año siguiente, aunque las partes podrán acordar tomarlas fuera de ese período. También se prevé que empleador y trabajador puedan convenir el fraccionamiento de las vacaciones con una antelación no menor a 30 días, con períodos mínimos de siete días.
En relación con las horas extras y el banco de horas, el artículo 197 bis incorporado establece que el empleador y trabajadores “podrán acordar voluntariamente un régimen de compensación de horas extraordinarias”, el cual deberá formalizarse por escrito.
El texto señala, además, que “dicho régimen deberá respetar los descansos mínimos legales, asegurando en todo momento la protección, beneficio e interés del trabajador”.
Asimismo, la reforma establece porcentajes mínimos de funcionamiento durante las huelgas según la actividad: los servicios esenciales deberán garantizar una cobertura del 75% y los considerados trascendentales, del 50%. Además, amplía las actividades alcanzadas y dispone que, tras una conciliación obligatoria, los sindicatos presenten con anticipación el plan de la medida de fuerza. También establece que las asambleas de trabajadores deberán contar con autorización previa del empleador.
La nueva legislación aclara que sus disposiciones no alcanzan a empleados de la administración pública nacional o provincial, personal de casas particulares, trabajadores agrarios, prestadores independientes de plataformas tecnológicas ni a contratistas regidos por el Código Civil y Comercial, salvo que una norma específica los incluya.
La Reforma Laboral es ley: senadores misioneros votaron a favor
La Conadu Histórica, convocó a un paro nacional por 96 horas, desde el lunes 16 de marzo hasta el viernes 20, en reclamo de la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario aprobada por el Congreso de la Nación y vetada posteriormente por el presidente Javier Milei.
Sin embargo, los docentes de la Universidad de Buenos Aires (UBA) proponen que el cese de actividades sea “por tiempo indeterminado”, hasta que se aplique la ley y se concrete el pago de un aumento del 51% adeudado por la recomposición salarial.
De todas maneras, la medida será ejecutada conjuntamente el 16, en tanto, el día 20 se concretará una nueva asamblea general para evaluar los pasos a seguir. Mientras tanto, el gobierno nacional presentó un nuevo proyecto de ley, pero el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) ratificó la ley original.
En ese sentido, los universitarios plantean que la nueva maniobra oficialista busca “no acatar la Ley”, ya que “es una modificación que desconoce la deuda y nos da un aumento del 12%, en lugar del 51% adeudado y encima en tres cuotas a pagar hasta octubre de 2026”, expresó Laura Carboni, secretaria general de la Asociación Gremial Docente (AGD) de la UBA en diálogo con Noticias Argentinas.
En ese contexto, planean convocar a una marcha federal antes del tratamiento de la modificación en el Congreso.
LOS DOCENTES DE LAS UUNN VAN AL PARO DURANTE 2 SEMANAS
Anticipo de las resoluciones del Congreso de CONADU Histórica.El Congreso Extraordinario de Conadu Histórica resolvió:
(entre otras definiciones)Por mayoría de los votos de sus Congresales, PARAR LAS UNIVERSIDADES Y SUS… pic.twitter.com/c06Nk3ctFq
— ADUNS (@ADUNS_docentes) March 5, 2026
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