Nacionales
Desde hoy 1.500 productos tendrán precio congelado hasta marzo
El Gobierno oficializó el programa denominado Precios Justos que surge en reemplazo de Precios Cuidados. Por medio del Boletín Oficial entró en vigencia la iniciativa acordada con supermercadistas y empresas proveedoras de bienes de consumo masivo.
Por medio de la Resolución 823/2022 publicada en el Boletín Oficial, Por el plazo de cuatro meses, 1.500 productos mantendrán sus valor y habrá un tope de 4% mensual de aumento para el resto de los productos.
El ministro de Economía alcanzó el acuerdo con más de 100 empresas que representan el 86% del consumo masivo. Además, adelantó que este jueves habrá novedades sobre los haberes jubilatorios. “La situación todavía es crítica”, manifestó.
Con la firma del ministro de Economía, Sergio Massa, se reglamentó el programa que tiene por objetivo “garantizar la venta al consumidor final de ciertos productos a un precio fijo o con una variación constante” pero previamente acordada por un plazo que permita dar previsibilidad.
En el artículo 3 de la resolución se estableció que los precios de los productos deberán mantenerse fijos durante los meses de noviembre y diciembre de 2022 y de enero y febrero de 2023.
Además, en el artículo 17 se aclara que las condiciones de ventas “sólo podrán ser alteradas ante circunstancias excepcionales que justifiquen la autorización previa” por parte de la Subsecretaría de Políticas para el Mercado Interno del Ministerio de Economía.
Para garantizar el cumplimiento del programa por parte de las empresas que se suscribieron al mismo, se informó que habrá un procedimiento de fiscalización donde inspectores se identificarán con el responsable de la sucursal de la empresa auditada “a quien le comunicarán la apertura del procedimiento y le informarán el listado de productos a fiscalizar”.
Si bien los productos estarán señalizados, los consumidores también podrán ser parte del control e identificación de la mercadería que forma parte del programa.
En el artículo 14 de la resolución se establece que “las personas podrán denunciar el incumplimiento por parte de las empresas que hayan suscripto convenios en el marco del Programa “Precios Justos” a lo previsto en la presente medida, a través de la aplicación móvil”.
La aplicación Precios Justos estará disponible para celulares con sistemas Android y con iOS y de un servicio de mensajería a utilizarse de manera virtual.
Luego de informar el incumplimiento del programa, los inspectores de la Secretaría de Comercio del Ministerio de Economía acudirán al lugar indicado por el consumidor con el fin de verificar lo denunciado y labrar el acta correspondiente.
Cinco integrantes de una familia, entre ellos una niña de 4 años, murieron este martes tras haber inhalado monóxido de carbono en una casa ubicada en la calle Sanabria del barrio porteño de Villa Devoto.
El trágico suceso se descubrió esta tarde, cuando un familiar de los fallecidos acudió a la vivienda y se topó con los cuerpos sin vida, para luego dar aviso al sistema de emergencias 911 de la Policía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Una vez en el lugar, los agentes dieron con los cadáveres de un hombre de 75 años y su mujer de 43; como así también el de otro hombre de 43 y su esposa de 42; y el de la pequeña de 4, hija de la pareja más joven.
En la vivienda también encontraron un bebé que alcanzó a ser rescatado con vida y consciente. El niño fue trasladado de urgencia al hospital Zubizarreta, aunque posiblemente más tarde sea derivado al hospital de Niños o al Pedro Elizalde, ambos de Caba.
En un acto esta tarde en la sede del Cuerpo de Policía Montada, en el barrio porteño de Palermo, el presidente Javier Milei y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, presentaron el Departamento Federal de Investigación (DFI) que, con un logo casi idéntico al famoso FBI estadounidense, absorberá el 80% de las tareas de la Policía Federal (PFA) y se enfocará en el crimen organizado.
Según explicó el mismo presidente, se trata de una “reconversión profunda que transformará para siempre” a la fuerza federal, “replicando el espíritu” del legendario fundador del FBI norteamericano, J. Edgard Hoover.
El punto más controversial del Decreto 383/2025, publicado hoy en el Boletín Oficial de la República Argentina, es la autorización a la PFA para realizar ciberpatrullajes y requisas sin orden judicial.
El Decreto establece un cambio profundo en el rol operativo de la fuerza de seguridad, que pasará a concentrarse en la investigación de delitos federales y complejos como el crimen organizado, el narcotráfico y el ciberdelito.
Desde este martes, la PFA tiene la facultad de intervenir a partir de posteos de redes sociales y no necesitará la orden de un juez para hacerlo, e incluso puede utilizar la base de datos del Estado para ubicar a una persona.
“Hemos decidido reformar la PFA para reconvertirla en una fuerza dedicada a la investigación criminal y para eso creamos en DFI al interior de la PFA”, sostuvo Milei, en el acto de Palermo que compartió con Bullrich y otros funcionarios del gobierno, como Karina Milei, Guillermo Francos y los ministros Mariano Cuneo Libarona (Justicia), Mario Lugones (Salud), Luis Petri (Defensa), y el titular de Diputados, Martín Menem, entre otros.
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Los fiscales federales Diego Luciani y Sergio Mola dictaminaron en contra del pedido de prisión domiciliaria efectuado por la defensa de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, aunque la resolución final continúa en manos del Tribunal Oral Federal Dos, cuyas autoridades podrían resolver la cuestión este mismo martes, un día antes del vencimiento del plazo otorgado a CFK para iniciar el cumplimiento de su condena a 6 años de cárcel.
En un dictamen de diez páginas, los fiscales alegaron que “no se advierten las razones humanitarias que justifican conceder una medida excepcional como lo es la detención domiciliaria” y agregaron que “no se encuentran configuradas ni esgrimidas razones de salud o personales que, vinculadas a la edad, permitan inferir que el encierro carcelario pueda afectar el derecho a un trato digno o humanitario reconocido a las personas privadas de su libertad”.
Además, consideraron que CFK no argumentó ningún motivo de salud como para no estar en prisión e indicaron que la cuestión de edad -72 años- no es una obligación, sino una posibilidad prevista en la ley.
Sobre este tema citaron como ejemplo el caso de Ricardo Jaime, ex secretario de Transporte de la Nación, quien cumple condena en prisión por la tragedia de Once y al cumplir 70 años pidió la prisión domiciliaria pero le fue rechazada.
A pesar de la opinión fiscal, la decisión final le corresponde a los magistrados TOF 2 y las fuentes que siguen de cerca el caso estiman que la cuestión podría resolver hoy, un día antes del plazo otorgado para que se presente a Comodoro Py, lo cual podría darse en medio de una gran marcha organizada por militantes peronistas y seguidores partidarios.
La ex presidenta ya avisó que acatará la orden judicial, aunque solicitó cumplir su pena con arresto domiciliario en su departamento en cale San José 1.111 del barrio porteño de Montserrat, donde todos los días es acompañada por un numeroso grupo de personas que se aglomera bajo su balcón desde el día de la confirmación de su condena por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Tanto Luciani como Mola fueron severamente señalados por CFK durante el transcurso de la causa Vialidad por sus vínculos con el ex presidente Mauricio Macri, relevando encuentros, visitas y hasta actividades recreacionales juntos en la quinta Los Abrojos.
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