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Catholics for Choice, Amnistía Internacional y parlamentarios irlandeses piden por el aborto legal en Argentina

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BUENOS AIRES. En el marco del debate por la legalización y despenalización del aborto, Amnistía Internacional le pidió a la senadora y presidenta de la Banca de La Mujer en la Cámara alta, Inés Imelda Blas, que no vote en contra del proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo. Catholics for Choice, una organización católica internacional le pide al Senado que apruebe la legalización del aborto y hasta parlamentarios irlandeses le escribieron una carta a los senadores argentinos para que voten a favor.

A través de una carta Amnistía Internacional llamó a la legisladora de la Nación a reflexionar acerca de la oportunidad que tiene nuestro país de garantizar los derechos humanos de mujeres, niñas y personas con capacidad de gestar. Más aún teniendo en cuenta su rol de presidenta de la Banca de la Mujer, espacio que tiene como mandato dictaminar sobre cuestiones penales, de igualdad, de salud y de violencia que afecten específicamente a las mujeres. Desde Amnistía Internacional también instan a todos los senadores a no dar la espalda a las mujeres y a acompañar con su voto el aborto legal.

“Despenalizar el aborto no es una concesión hacia las mujeres, es un imperativo de derechos humanos que Argentina hace años está incumpliendo. Los tratados internacionales firmados por nuestro país así lo imponen. Reconocer y defender los derechos de las mujeres es también un paso inexorable para entrar de una vez por todas en la modernidad y estar a la par de los países desarrollados a los que Argentina se quiere parecer” indicó Mariela Belski – Directora Ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.

En esa misma línea, una organización católica internacional presentó un pedido a la Cámara Alta para que apruebe el “aborto de buena fe”. Se trata de Catholics for Choice (Católicos por el derecho a decidir, en español), con sede en Washington D.C., la capital de Estados Unidos, una entidad que apoya las políticas y estructuras de gobierno que aboguen por la separación entre la Iglesia y el Estado.

Catholics for choice reclama una “postura liberal” sobre el tema, desde la idea que los preceptos católicos incluyen el valor de la conciencia individual y el derecho a disentir. “El respeto a la vida debe incluir el respeto a la vida de las mujeres”, consideró el presidente de la organización, el irlandés Jon O’Brien.

Para Catholics for Choice la teoría de que el feto es persona se basa en conceptos científicos del siglo XVII y que “han sido superados por la evidencia actual”. Y explica que la jerarquía de la Iglesia ya rechazó esa idea en la Declaración Sobre el Aborto Provocado, de 1974, donde el Vaticano reconoció que no sabe cuándo el feto se convierte en persona: “No hay una tradición unánime respecto a este tema y los autores aún se encuentran en desacuerdo”, cita.

Por otro lado, 60 parlamentarios de Irlanda le enviaron una carta a sus pares argentinos para que “pongan fin a las injusticias contra las mujeres y las niñas”. Irlanda aprobó en mayo la legalización del aborto con un referéndum que fue votado por el 66 por ciento de la población.  En la misiva los parlamentarios afirman: “Les escribimos para instarlos a que respalden el proyecto de ley presentado ante el Senado argentino que propone despenalizar el aborto hasta las 14 semanas de embarazo y garantizar así el acceso de las mujeres a los servicios de aborto seguro”.

Además, expresan su “preocupación” porque “la criminalización del aborto en la Argentina obliga a cientos de miles de mujeres cada año a someterse a abortos clandestinos e inseguros, poniendo en riesgo sus vidas y su salud”. “Al continuar criminalizando el aborto, su Estado está violando los derechos humanos de las mujeres y las niñas. Incluso en las circunstancias limitadas en las que el aborto es legal, cuando el embarazo es el resultado de una violación o si la vida o la salud de la mujer corre peligro, las mujeres y las niñas continúan enfrentando múltiples obstáculos para acceder al aborto legal”, expresaron en el texto.


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Tierra del Fuego paraliza producción de petróleo por 24 horas el miércoles

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petróleo

Lo confirmó el gobernador fueguino Ricardo Melella, en respaldo de su par de Chubut, Nacho Torres, que mantiene un conflicto con el gobierno de Javier Milei por un recorte de $13.500 millones de la coparticipación federal.

La decisión paralizará la producción de petróleo por 24 horas el próximo miércoles, en acuerdo con el resto de las provincias patagónicas que se anotaron en apoyo de Torres.

“Es la producción de petróleo la que vamos a paralizar por un día. Se trata una decisión tomada por todos los gobernadores de la Patagonia, con el apoyo de los trabajadores del sector petrolero. Lo que le pedimos al Gobierno nacional es que se siente urgente con el gobernador de Chubut a tratar de resolver la situación”, explicó Melella a la agencia estatal Télam.

“El ajuste está yendo a los que menos tienen, a los trabajadores, y no a la famosa casta, eso es un verso”, afirmó el gobernador fueguino en diálogo con la prensa local.

En esa línea, agregó que “los que votaron a unos y a otros queríamos una Argentina de paz y no una Argentina de enfrentamiento, chicaneo o de provocaciones, y hoy vivimos eso”, enfatizó.

Para Melella, lo que se hace con Chubut es “poner en jaque a una provincia recortándole fondos”, porque “los fondos no se le recortan a un gobernador. El incentivo docente no se lo quitaron a Melella sino que a todos los docentes de Tierra del Fuego”, insistió.

Melella dijo que Torres llegó al cargo “con todas las ganas de llevar adelante su provincia con un plan de desarrollo y crecimiento, pero la quita de fondos lo pone en jaque ¿Cómo no va a reaccionar? En eso lo acompañamos y lo respaldamos todos los gobernadores”, declaró.

De todas maneras, confió en que haya “un camino de diálogo y una solución de acá al día miércoles y no paralizar la producción de petróleo, porque los argentinos necesitan dirigentes con racionalidad”.

“Hay que reordenar cuestiones fiscales, es cierto. En el gobierno anterior tampoco estaban bien muchas cosas y había que cambiarlas, pero no con este ajuste brutal sobre la gente”, concluyó.


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Intiman a Estado nacional a responder por ley de derechos al pueblo guaraní

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Intiman a Estado nacional a responder por ley de derechos al pueblo guaraní

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) estableció un plazo de tres meses para que el gobierno Nacional realice un descargo por la denuncia de violación a los derechos humanos presentada ante el organismo por un total de 46 comunidades mbya guaraní de Misiones.

El abogado Julio García, integrante del grupo misionero del Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (Endepa), dio una conferencia de prensa hoy frente a la Casa de Gobierno y explicó que la presentación de las comunidades guaraníes ante el organismo internacional es en base al incumplimiento del gobierno provincial a lo establecido en la Ley 4000, sancionada en el año 2003.

Dicha la ley incorpora a la Constitución de la provincia de Misiones los derechos de los pueblos mbya guaraní reconociéndolos como preexistentes y como segunda etapa preveía que el Poder Ejecutivo debía convocar a un plebiscito de “sufragio afirmativo del pueblo” para que los ciudadanos se pronuncien por Si o por No respecto a la incorporación de la enmienda al texto constitucional, procedimiento que nunca fue realizado y derivó en un proceso judicial.

“Esta ley de enmienda, que fue aprobada por unanimidad, requería un paso posterior que era la consulta al pueblo que debía ser realizada por el Poder Ejecutivo o por el gobierno de Misiones. Esta segunda etapa no se llevó adelante, no hubo plebiscito y no se incorporaron los derechos de los pueblos indígenas”, detalló el letrado en diálogo con los medios.

En esa línea, García explicó que “esto llevo a una serie de reclamos primero administrativo y después ante el Supremo Tribunal de Justicia (STJ) de Misiones. Ese reclamo demoró prácticamente diez años y a fines del 2021 se dictó una sentencia que no hizo lugar al planteo de la convocatoria al plebiscito”.

Tras el rechazo de la Justicia misionera, Endepa presentó el reclamo de las comunidades ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) y el máximo órgano judicial del país contestó que “era una cuestión local”.

“Nos quedó como única alternativa acudir al sistema internacional de protección de derechos humanos asistiendo a las comunidades indígenas y la Comisión Interamericana se interesó por el caso”, expresó el representante de las 46 comunidades.

Es así que el organismo interamericano corrió traslado al gobierno nacional y dispuso un plazo de tres meses, vigente desde diciembre, para responder los planteos de las 46 comunidades indígenas ante el organismo.

Sobre ello, el abogado Julio García dijo a La Voz de Misiones que “técnicamente se intimó al Estado nacional, pero quien tiene que responder de acuerdo a una cláusula federal que tiene la Comisión Interamericana es el Estado provincial, no se puede desligar de su responsabilidad del caso”.

El letrado cerró la conferencia en la plaza 9 de Julio añadiendo que: “Es un plazo para que la provincia haga el descargo a esta denuncia de violación de derechos políticos, de derechos a la participación, a la igualdad, a la no discriminación, básicamente lo que establece la Constitución para cualquier grupo humano, le fue vedado a las comunidades mbya”.

Reparación histórica

Hace más de 20 años, las comunidades mbya guaraní que habitan el territorio misionero luchan para que sus derechos sean reconocidos en la Constitución de la Provincia de Misiones.

Al reconocer la preexistencia étnica y cultural del pueblo indígena, se garantizaría el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural, a ser impartida, preferentemente, por docentes y auxiliares indígenas. Así como también la personería jurídica de sus comunidades y organizaciones, el derecho a la participación plena, a través de sus representantes, en la gestión de sus recursos naturales, el derecho de usar, mantener, desarrollar y administrar servicios propios de salud.

Además de reconocer la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano.

 

Foto: archivo Misiones Online.


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El gobierno anunció el cierre definitivo del Inadi

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En su habitual conferencia de prensa esta mañana, el vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció el cierre definitivo del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi).

“Uno de los ideales del presidente Milei es la reducción del Estado y la eliminación de todo lo que no genere un beneficio para los argentinos”, arrojó el vocero ante los periodistas en la Casa Rosada.

En esa línea, Adorni continuó: “Se tomó la decisión de avanzar en el desmantelamiento de diferentes institutos que efectivamente no sirven absolutamente para nada o son grandes cajas de la política o lugares para generar empleo militante y el primero de ellos va a ser el Inadi”.

Con la sanción de la Ley 24515 en 1995 se creó el Inadi. Dos años más tarde, en 1997, el instituto inició sus funciones con el objetivo de elaborar políticas para combatir toda forma de discriminación, xenofobia y racismo en todo el territorio nacional.

Actualmente, el organismo nacional se encuentra bajo la órbita del Ministerio de Justicia con la dirección de María Greta Pena, funcionaria nombrada por Alberto Fernández tras la renuncia Victoria Donda.

El vocero presidencial sostuvo que se iniciaron las actuaciones administrativas para su cierre, aunque no confirmó si el proceso se realizará por decreto o a través de un proyecto de ley.

En Misiones, el delegado del Inadi es el docente Jorge Víctor Ríos, quien asumió el cargo en abril del año pasado tras la salida de Silvia Risko.


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