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Camioneros, judiciales y petroleros cerraron aumentos salariales de 40% para 2018

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BUENOS AIRES (Agencias). Los gremios de empleados judiciales, de camioneros y de los petroleros cerraron aumentos salariales de 40 por ciento, según confirmaron hoy desde la Unión de Empleados Judiciales de la Nación y de gremio que conduce Pablo Moyano.

La Corte Suprema de Justicia decidió otorgar un aumento salarial a todos los trabajadores del Poder Judicial. Para ello, cumplió con el formalismo de solicitarle al jefe de Gabinete, Marcos Peña, una modificación de las partidas presupuestarias.

Según resolvieron los ministros del máximo tribunal por unanimidad, la suba se dará en dos tramos: 10 por ciento a partir del 1 de octubre y otro 10 por ciento  desde el 1 de diciembre.

Este nuevo incremento se suma a otros dos de 10 por ciento que ya se pagaron en 2018. Así, la recomposición anual para los trabajadores del sector alcanzará a fin de año el 40 por ciento.

El sindicato de Camioneros y la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (FADEEAC), que agrupa a 21 cámaras del sector, resolvieron modificar el acuerdo paritario que había sido cerrado el 19 de junio de este año, cuando el aumento pactado para 2018 fue del 25 por ciento.

Hace cuatro meses Camioneros firmó ese aumento, que superaba el techo del 15 por ciento que intentó fijar el Gobierno para las negociaciones paritarias a comienzos de año, el sindicato que conducen los Moyano fue tomado como referencia por otros gremios que todavía no habían cerrado sus acuerdos.

En este nuevo acuerdo, Camioneros y FADEEAC pactaron una suba del 11% a partir de noviembre y otra del mismo porcentaje para marzo de 2019, al tiempo que resolvieron retomar las negociaciones sobre un tercer aumento para mayo del año que viene.

También cerraron su paritaria los trabajadores petroleros privados, cuyo representante gremial Guillermo Pereyra estuvo en la Secretaría de Trabajo. Al igual que en el caso de los Judiciales y los Camioneros, los Petroleros recibirán un aumento del 40 por ciento en 2018, en otra negociación que casi triplicó el techo de subas de salarios al que aspiraba el oficialismo.

El detalle del acuerdo establece aumentos del 10 por ciento a partir de noviembre y otro 10 en febrero del año que viene. Sumados al 20,4 por ciento pactado a comienzos de año, y al 5 extra de agosto, esto equivale a una suba total del 45 por ciento en las paritarias 2018.

A raíz de la disparada del costo de vida, la UOM reclama una actualización en tres cuotas de 5% cada una, a pagar en octubre, noviembre y diciembre. Por este reclamo, ya se produjeron dos encuentros entre sindicalistas y empresarios sin que se llegara a un acuerdo.

El Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU) pidió la reapertura de la negociación salarial con la Cámara Argentina de Arena y Piedra (CAAYP), con la cual se había convenido un aumento del 22% de los salarios básicos de las categorías Marineros, Maestranza y Auxiliares de Maquinas a partir del 1 de abril de 2018.

El titular del gremio de estatales UPCN, Andrés Rodríguez, afirmó que “es probable que antes de fin de año” deba pedir la reapertura de la paritaria del sector, ya que había firmado un acuerdo salarial en junio pasado por el 15 por ciento hasta junio del año próximo


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Tierra del Fuego paraliza producción de petróleo por 24 horas el miércoles

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petróleo

Lo confirmó el gobernador fueguino Ricardo Melella, en respaldo de su par de Chubut, Nacho Torres, que mantiene un conflicto con el gobierno de Javier Milei por un recorte de $13.500 millones de la coparticipación federal.

La decisión paralizará la producción de petróleo por 24 horas el próximo miércoles, en acuerdo con el resto de las provincias patagónicas que se anotaron en apoyo de Torres.

“Es la producción de petróleo la que vamos a paralizar por un día. Se trata una decisión tomada por todos los gobernadores de la Patagonia, con el apoyo de los trabajadores del sector petrolero. Lo que le pedimos al Gobierno nacional es que se siente urgente con el gobernador de Chubut a tratar de resolver la situación”, explicó Melella a la agencia estatal Télam.

“El ajuste está yendo a los que menos tienen, a los trabajadores, y no a la famosa casta, eso es un verso”, afirmó el gobernador fueguino en diálogo con la prensa local.

En esa línea, agregó que “los que votaron a unos y a otros queríamos una Argentina de paz y no una Argentina de enfrentamiento, chicaneo o de provocaciones, y hoy vivimos eso”, enfatizó.

Para Melella, lo que se hace con Chubut es “poner en jaque a una provincia recortándole fondos”, porque “los fondos no se le recortan a un gobernador. El incentivo docente no se lo quitaron a Melella sino que a todos los docentes de Tierra del Fuego”, insistió.

Melella dijo que Torres llegó al cargo “con todas las ganas de llevar adelante su provincia con un plan de desarrollo y crecimiento, pero la quita de fondos lo pone en jaque ¿Cómo no va a reaccionar? En eso lo acompañamos y lo respaldamos todos los gobernadores”, declaró.

De todas maneras, confió en que haya “un camino de diálogo y una solución de acá al día miércoles y no paralizar la producción de petróleo, porque los argentinos necesitan dirigentes con racionalidad”.

“Hay que reordenar cuestiones fiscales, es cierto. En el gobierno anterior tampoco estaban bien muchas cosas y había que cambiarlas, pero no con este ajuste brutal sobre la gente”, concluyó.


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Intiman a Estado nacional a responder por ley de derechos al pueblo guaraní

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Intiman a Estado nacional a responder por ley de derechos al pueblo guaraní

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) estableció un plazo de tres meses para que el gobierno Nacional realice un descargo por la denuncia de violación a los derechos humanos presentada ante el organismo por un total de 46 comunidades mbya guaraní de Misiones.

El abogado Julio García, integrante del grupo misionero del Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (Endepa), dio una conferencia de prensa hoy frente a la Casa de Gobierno y explicó que la presentación de las comunidades guaraníes ante el organismo internacional es en base al incumplimiento del gobierno provincial a lo establecido en la Ley 4000, sancionada en el año 2003.

Dicha la ley incorpora a la Constitución de la provincia de Misiones los derechos de los pueblos mbya guaraní reconociéndolos como preexistentes y como segunda etapa preveía que el Poder Ejecutivo debía convocar a un plebiscito de “sufragio afirmativo del pueblo” para que los ciudadanos se pronuncien por Si o por No respecto a la incorporación de la enmienda al texto constitucional, procedimiento que nunca fue realizado y derivó en un proceso judicial.

“Esta ley de enmienda, que fue aprobada por unanimidad, requería un paso posterior que era la consulta al pueblo que debía ser realizada por el Poder Ejecutivo o por el gobierno de Misiones. Esta segunda etapa no se llevó adelante, no hubo plebiscito y no se incorporaron los derechos de los pueblos indígenas”, detalló el letrado en diálogo con los medios.

En esa línea, García explicó que “esto llevo a una serie de reclamos primero administrativo y después ante el Supremo Tribunal de Justicia (STJ) de Misiones. Ese reclamo demoró prácticamente diez años y a fines del 2021 se dictó una sentencia que no hizo lugar al planteo de la convocatoria al plebiscito”.

Tras el rechazo de la Justicia misionera, Endepa presentó el reclamo de las comunidades ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) y el máximo órgano judicial del país contestó que “era una cuestión local”.

“Nos quedó como única alternativa acudir al sistema internacional de protección de derechos humanos asistiendo a las comunidades indígenas y la Comisión Interamericana se interesó por el caso”, expresó el representante de las 46 comunidades.

Es así que el organismo interamericano corrió traslado al gobierno nacional y dispuso un plazo de tres meses, vigente desde diciembre, para responder los planteos de las 46 comunidades indígenas ante el organismo.

Sobre ello, el abogado Julio García dijo a La Voz de Misiones que “técnicamente se intimó al Estado nacional, pero quien tiene que responder de acuerdo a una cláusula federal que tiene la Comisión Interamericana es el Estado provincial, no se puede desligar de su responsabilidad del caso”.

El letrado cerró la conferencia en la plaza 9 de Julio añadiendo que: “Es un plazo para que la provincia haga el descargo a esta denuncia de violación de derechos políticos, de derechos a la participación, a la igualdad, a la no discriminación, básicamente lo que establece la Constitución para cualquier grupo humano, le fue vedado a las comunidades mbya”.

Reparación histórica

Hace más de 20 años, las comunidades mbya guaraní que habitan el territorio misionero luchan para que sus derechos sean reconocidos en la Constitución de la Provincia de Misiones.

Al reconocer la preexistencia étnica y cultural del pueblo indígena, se garantizaría el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural, a ser impartida, preferentemente, por docentes y auxiliares indígenas. Así como también la personería jurídica de sus comunidades y organizaciones, el derecho a la participación plena, a través de sus representantes, en la gestión de sus recursos naturales, el derecho de usar, mantener, desarrollar y administrar servicios propios de salud.

Además de reconocer la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano.

 

Foto: archivo Misiones Online.


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El gobierno anunció el cierre definitivo del Inadi

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En su habitual conferencia de prensa esta mañana, el vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció el cierre definitivo del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi).

“Uno de los ideales del presidente Milei es la reducción del Estado y la eliminación de todo lo que no genere un beneficio para los argentinos”, arrojó el vocero ante los periodistas en la Casa Rosada.

En esa línea, Adorni continuó: “Se tomó la decisión de avanzar en el desmantelamiento de diferentes institutos que efectivamente no sirven absolutamente para nada o son grandes cajas de la política o lugares para generar empleo militante y el primero de ellos va a ser el Inadi”.

Con la sanción de la Ley 24515 en 1995 se creó el Inadi. Dos años más tarde, en 1997, el instituto inició sus funciones con el objetivo de elaborar políticas para combatir toda forma de discriminación, xenofobia y racismo en todo el territorio nacional.

Actualmente, el organismo nacional se encuentra bajo la órbita del Ministerio de Justicia con la dirección de María Greta Pena, funcionaria nombrada por Alberto Fernández tras la renuncia Victoria Donda.

El vocero presidencial sostuvo que se iniciaron las actuaciones administrativas para su cierre, aunque no confirmó si el proceso se realizará por decreto o a través de un proyecto de ley.

En Misiones, el delegado del Inadi es el docente Jorge Víctor Ríos, quien asumió el cargo en abril del año pasado tras la salida de Silvia Risko.


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