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Bullrich y su plan antipiquetes: “Si se toma la calle habrá consecuencias”

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La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, anunció esta tarde en conferencia de prensa un “protocolo para el mantenimiento del orden público”, también llamado “plan antipiquetes”, en el cual adelantó que se le otorgará a todas las fuerzas federales la potestad de actuar en flagrancia ante protestas sociales que incluyan cortes de calles o bloqueos de ingreso a empresas.

“Queremos decirles que sin orden no hay libertad y sin libertad no hay progreso”, avisó en sus primeras palabras la ex candidata a la presidencia y ahora ministra de Seguridad, cartera que ya supo liderar durante gestión de Mauricio Macri.

Antes de desmenuzar el plan con el que pretende mantener las calles despejadas, Bullrich explicó que “el propósito de este protocolo es lograr hacer cumplir la ley. Como dice el presidente, el que las hace las paga. Es muy importante entender que hemos vivido muchos años bajo desorden total y absoluto”.

Sin más preavisos, la funcionaria desplegó los 12 puntos que abarcan el protocolo sobre el cual durante la ronda de preguntas lanzó: “El anuncio ya está hecho: las calles no se toman. Si se toma la calle va a haber consecuencias. Ya se sabe. Vamos a ordenar el país”.

El protocolo

En el primer punto, Bullrich anunció que las cuatro fuerzas federales (Policía Federal Argentina, Prefectura Naval Argentina, Gendarmería Nacional Argentina y Policía Seguridad Aeroportuaria), sumado ahora al Servicio Penitenciario Federal (SPF) que pasó a depender del ministerio de Seguridad y no al de Justicia, “van a intervenir en cortes y piquetes” y que podrán hacerlo “de acuerdo a los códigos procesales vigentes” y “en flagrancia de manera inmediata”.

“Es muy importante entender que las fuerzas federales actuarán en las zonas federales y las fuerzas provinciales actuar en las zonas de su competencia para que los argentinos sean liberados de la extorsión que sufren”, ahondó la ministra, punto sobre el cual posteriormente agregó que “las fuerzas provinciales que no quieran actuar también tendrán consecuencias”.

En la continuidad de la presentación de su protocolo, Bullrich explicó que “no vamos a tomar en cuenta la existencia de vías alternativas. Si se corta la vía principal, se libera la vía principal”.

“Se va a actuar y a dejar liberado el espacio. Las fuerzas federales emplearán la mínima fuerza necesaria y suficiente y será graduada de acuerdo a la resistencia”, anticipó.

También indicó que en los procedimientos se identificarán a los “actores, instigadores, vehículos y conductores”, en tanto que avisó que el protocolo contempla acciones de inteligencia previa.

“Se va a trabajar también en las estaciones de tren. Aquellas personas que vayan con cualquier tipo de material, como palos, caras tapadas u otras formas de participar en una manifestación intentando no ser reconocidos”, postuló.

Patricia Bullrich ya fue ministra de Seguridad durante la gestión del ex presidente Mauricio Macri.

Añadió que luego de identificar a los involucrados en los piquetes, sus datos serán remitidos “a las autoridades correspondientes” y dedicó gran parte de la conferencia para referirse a la “utilización de niños como escudo humano”.

“En caso de participación de niños y adolescentes, se avisará a la autoridad para la protección de los mismos y se sancionará a aquellas que lleven niños. Tienen que estar en la escuela, no en una manifestación”, señaló.

Ya sobre el final de la presentación, Bullrich también afirmó que “el Estado no va a pagar por el uso de las fuerzas de seguridad”, sino que los costos del procedimiento serán enviados por factura a las organizaciones que tengan personería e individuos vinculados al armado de las movilizaciones.

También indicó que “se creará un registro de organizaciones y de quiénes hacen de voceros de este tipo de movimientos”.

“Vamos a ordenar el país”

Culminada la lectura del protocolo, la ministra se sometió a las preguntas de los medios acreditados y allí brindó algunos detalles extras sobre la manera de accionar por parte de las fuerzas.

Bullrich adelantó que no se contemplará ningún tipo de negociación previa a la intervención de las fuerzas. “Siempre hay un mecanismo con megáfono, pero el objetivo es que la población sepa que ya hay una decisión tomada. Las formas de pedir o intentar buscar un beneficio social no es por la vía del corte. El corte se termina. Cuánto demorará dependerá de cada circunstancia”, señaló.

Y profundizó en su idea: “El anuncio ya está hecho: las calles no se toman. Si se toma la calle va a haber consecuencias. Ya se sabe. Vamos a ordenar el país”.

También volvió a la cuestión de la presencia de niños en las movilizaciones y avisó: “El primer responsable del niño es el papá o la mamá. No se actúa de la misma manera frente a niños, ancianos y mujeres embarazadas, pero no queremos niños como escudos. Va a haber consecuencias fuertes”.

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Camarógrafo detenido por la PFA fuera del Congreso: “Me pegaban patadas”

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Un camarógrafo fue herido y detenido este jueves en las inmediaciones del Congreso de la Nación, mientras cubría una protesta de activistas de Greenpeace antes del debate en el Senado por modificaciones en la Ley de Glaciares y el acuerdo comercial Mercosur-Unión Europea.

Se trata de Facundo Tedeschini, trabajador de A24, quien registraba imágenes en el sector donde la Policía Federal Argentina (PFA) había establecido un perímetro de seguridad tras la detención de doce activistas que ingresaron al edificio y luego fueron trasladados a un estacionamiento sobre la calle Hipólito Yrigoyen.

Según su testimonio, junto a otros periodistas se encontraba cubriendo la acción “sin obstruir ninguna entrada ni ninguna salida de los efectivos de la Policía”. Indicó que fue empujado por un agente, cayó al piso intentando proteger el equipo y que luego fue reducido por varios efectivos.

Me tiraron. Quise caer con el codo para que la cámara no se rompiera, hasta que en un momento me agarraron entre cinco o siete efectivos y ahí me llevaron”, relató tras recuperar la libertad. Señaló, además, que no fue agredido únicamente por el agente al que se le abrió un sumario administrativo, sino también por otros policías. “Me pegaban patadas por abajo. Se me abalanzaron cinco o seis efectivos y yo les gritaba ‘paren, paren’”, sostuvo.

Tedeschini indicó que, cuando fue presionado por los efectivos, intentó protegerse: “Le puse la mano a la Policía para que no siguieran”. También afirmó que quienes lo detuvieron “fueron muy agresivos”.

Señaló que pidió que se detuvieran, que sintió un brazo en el cuello, recibió gas pimienta y fue derribado. Agregó que cayó protegiendo la cámara y que, una vez en el piso, varios efectivos lo redujeron y le colocaron precintos en las muñecas, lo que le dejó marcas. Posteriormente fue asistido por personal del Same y trasladado al Hospital Ramos Mejía.

Tras permanecer detenido, el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N.º 8, a cargo del juez Marcelo Martínez de Giorgi, dispuso su liberación.

Voces oficiales  

La senadora Patricia Bullrich declaró que el camarógrafo había intentado ingresar al área donde estaban los detenidos y señaló que se abrió un sumario para evaluar la actuación policial.

En un comunicado conjunto, la Policía Federal y el Ministerio de Seguridad informaron que, luego de la irrupción de los activistas en el edificio, se dispuso un perímetro para impedir el ingreso o egreso de personas al sector de detención. Indicaron que se solicitó a los trabajadores de prensa mantener distancia por razones operativas y que, durante ese lapso, se produjo “un forcejeo” con el camarógrafo cuando intentaba obtener imágenes dentro del perímetro. Señalaron que en ese contexto se generó una “situación de tensión y se registraron lesiones en el intercambio”.

El comunicado agregó que, además de la intervención judicial, se iniciaron actuaciones administrativas para evaluar integralmente lo sucedido y la actuación del personal interviniente.

Repercusiones 

El Foro de Periodismo Argentino (Fopea) expresó su repudio al hecho y sostuvo que la violencia contra la prensa afecta la libertad de expresión y el derecho a la información.

En tanto, la familia del fotoperiodista Pablo Grillo difundió una carta titulada “La historia se repite en el mismo escenario”, en la que manifestó su rechazo a la agresión y detención del camarógrafo.

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Después de 80 años Fate cierra definitivamente: 920 empleados despedidos

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La empresa argentina de fabricación y exportación de neumáticos fundada en 1940, Fate S.A.I.C.I, anunció el fin de sus operaciones en su planta industrial de Virreyes, partido de San Fernando, provincia de Buenos Aires, obligando el despido de 920 empleados.

El anuncio fue dado por la empresa este miércoles 18 de febrero, cuya medida se habría ejecutado de manera inmediata con el cese de la actividad en el predio que ocupa 40 hectáreas y hasta hace poco tuvo una capacidad productiva que superó los cinco millones de neumáticos por año. 

Se trata de la mayor planta del país y su cierre responde a un contexto de crisis industrial afectada por la apertura comercial que generó un mayor impacto de las importaciones.

Al explicar los motivos de la decisión, la firma expresó a través de un comunicado que “los cambios en las condiciones de mercado nos obligan a encarar los desafíos futuros desde un enfoque diferente, sin dejar de valorar la vocación industrial que nos ha definido siempre durante todo este tiempo”.

La empresa propiedad de la familia Madanes Quintanilla remarcó que no se trata de un concurso preventivo de acreedores, ni se contempla una reestructuración o un plan de salvataje, sino que es un cierre total con liquidación de activos y pago de indemnizaciones conforme a la ley vigente.

Según el portal Noticias Argentinas, fuentes cercanas a la firma afirmaron que “es un cierre definitivo y se le paga a todo el mundo lo que corresponde. A empleados, proveedores, bancos. Se liquida todo y se baja la persiana”.

Por estas horas, el gobierno pidió una reunión con sus directivos con el objetivo de alcanzar la conciliación obligatoria.

Comunicado de cierre/Fate

La industria en crisis 

El cierre no fue un evento repentino, sino el resultado de una erosión sistemática de la competitividad que la empresa venía denunciando desde mayo de 2024. Los factores que terminaron por dinamitar la estructura productiva de Fate se pueden resumir en tres ejes críticos:

Importaciones chinas: a mediados de 2025, el mercado local se vio saturado por un récord de 860.000 cubiertas importadas en un solo mes. La imposibilidad de competir con los precios de origen chino obligó a Fate a rebajar sus productos un 15%, destruyendo sus márgenes de ganancia.

El laberinto macroeconómico: la combinación de una sobrecarga impositiva, restricciones cambiarias y la falta de incentivos para la exportación dejó a la firma fuera de juego frente a competidores regionales y globales.

Conflictividad y productividad: la dirección de la empresa señaló reiteradamente que el costo laboral y la baja productividad, sumados a una relación gremial desgastada, hicieron que fabricar un neumático en Argentina fuera significativamente más caro que importarlo.

En este marco, la compañía repasó su recorrido histórico señalando que “a lo largo de más de ocho décadas FATE construyó un liderazgo industrial sustentado en la inversión permanente, el desarrollo tecnológico de avanzada y un compromiso inquebrantable con la calidad”.

En esa línea, remarcó que “fuimos la primera empresa en abastecer neumáticos radiales a la plataforma automotriz local y el único productor nacional de neumáticos radiales para transporte, consolidando además una fuerte presencia exportadora en mercados como Europa, Estados Unidos y América Latina”.

A su vez, el comunicado recordó que “Fate es una empresa de capitales argentinos que durante más de ochenta años generó empleo de calidad, desarrolló proveedores locales, exportó tecnología y contribuyó al entramado productivo del país”, y agregó que “esa identidad nos define y nos acompañará en los desafíos que se presenten hacia adelante”.

Asimismo, desde la compañía se despidieron agradeciendo al manifestar que “expresamos nuestro profundo agradecimiento a quienes nos acompañaron en este recorrido: nuestros colaboradores, clientes, proveedores y a todos aquellos que confiaron en nuestra industria”.

Tras el cierre consumado, el empresario Javier Madanes Quintanilla, dueño de Fate, se enfocará directamente en los negocios que lleva adelante con Aluar, en la producción de aluminio.

Informe revela que en la era Milei se cerraron más de 20.000 empresas

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Estaciones de servicio se adhieren al paro de la CGT contra la reforma laboral

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Estaciones de servicio se adhieren al paro de la CGT contra la reforma laboral

El Sindicato de Obreros y Empleados de Estaciones de Servicio y Garages (SOESGyPE) confirmó su adhesión al paro general de 24 horas convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT) para la jornada en que la Cámara de Diputados de la Nación trate el proyecto de reforma laboral impulsado por el gobierno del presidente Javier Milei, que ya obtuvo media sanción en el Senado.

En diálogo con el medio Surtidores Latam, Argentina, el secretario general adjunto del gremio, Carlos Acuña, anunció el acompañamiento a la huelga, que no incluirá movilización en las calles, y argumentó que la decisión responde a “la preocupación que genera el contenido del proyecto oficial”.

“La reforma laboral introduce una lógica de flexibilización que impacta de lleno en el empleo formal. En nuestro rubro eso se traduce en menos previsibilidad, más presión sobre el trabajador y un debilitamiento de reglas que hoy ordenan la actividad”, precisó el dirigente.

En esa línea, Acuña afirmó que el esquema laboral de las Estaciones de Servicio en el país “está regido” por convenios colectivos de trabajo que “regulan turnos rotativos, jornadas nocturnas y trabajo en fines de semana”.

“Cuando se habla livianamente de flexibilizar, en la práctica se pone en discusión el salario, los descansos y la estabilidad del personal”, apuntó.

Asimismo, el secretario general expuso algunos de los ítems que “preocupa” al sector en relación con la reforma, como el nuevo esquema de licencias por enfermedad o accidente no laboral, al que calificó como “un retroceso muy grande” y como un castigo “al trabajador que le toque padecer una enfermedad o que tenga un accidente que no le permita asistir al trabajo”.

Acuña también cuestionó, entre otros puntos, el “banco de horas”, el cual habilitaría a “que un trabajador tenga la obligación de estar hasta 12 horas en su puesto de trabajo. En estaciones de servicio, donde ya existen turnos exigentes y tareas de riesgo, eso afectaría a todos”.

El representante de los obreros y empleados de estaciones de servicios reprochó al gobierno libertario al señalar que “decían que no venían a tocar derechos adquiridos y claramente los están tocando. Avanzan sobre indemnizaciones, sobre licencias y sobre los convenios colectivos de trabajo”.

Ante este panorama, Acuña enfatizó que el gremio tiene la “obligación” de acompañar y explicar a los trabajadores “qué está en juego” y subrayó que “no es una discusión abstractra: son derechos concretos que quieren arrebatarnos”.

La medida de fuerza se llevará a cabo el mismo día en que la Cámara de Diputados trate el proyecto de reforma laboral, con fechas tentativas para el jueves 19 o el miércoles 25 de febrero, dependiendo del avance legislativo.

 

Foto principal: Canal 12.

La CGT convocó a un paro nacional en contra de la reforma laboral

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