Nacionales
Alberto busca un acuerdo multisectorial en el frente interno para renegociar la deuda
El Gobierno ya había buscado sumar a la Unión Industrial Argentina (UUIA) y a los empresarios de la Asociación Empresaria Argentina (AEA). Lo mismo hizo Cafiero con la CGT y las dos CTA.
BUENOS AIRES (Agencias y diarios). El presidente Alberto Fernández convocó para este viernes a empresarios y sindicalistas con el propósito de firmar un acuerdo multisectorial, de cara a la renegociación de la deuda con los organismos internacionales.
Los analistas consideran que el llamado será una señal de apertura al diálogo y la búsqueda de consensos en un momento delicado para el país y con una renegocación de la deuda por delante, a partir de la firma de lo que define como “un gran acuerdo multisectorial”.
La invitación fue cursada telefónicamente desde el área liderada por el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Béliz, dijeron a distintos medios fuentes del sector empresario.
Fueron convocados los representantes del Grupo de los 6 (G6), conformado por la UIA, las cámaras de Comercio y Construcción; la Bolsa y la Sociedad Rural Argentina; el resto de las entidades del campo, la CGT y las entidades representantes de las pequeñas y medianas empresas, como la CGERA, por ejemplo.
“La idea es que todos firmemos un documento de apoyo a la realidad social y política del país, sobre todo como un documento de acuerdo con una mirada hacia la renegociación de la deuda externa”, dijeron desde la CGT.
El Gobierno aprovechará para sacarse una foto con todos los sectores y plantear la necesidad de apoyo, a pocos días de haberse sancionado la Ley de Solidaridad y Reactivación Productiva.
Pero el mensaje, ya planteado por varios funcionarios, es que todos los actores deben hacer un esfuerzo en este momento económico y social del país, con el objetivo también de mostrar consistencia fiscal y poder avanzar en una renegociación de la deuda, no sólo con el Fondo Monetario Internacional, sino también con los acreedores privados.
“La idea es firmar un denominado compromiso argentino de solidaridad entre todos los actores, sobre la base de la Ley de Solidaridad, entendiendo las dificultades por las que atraviesa nuestro país y comprometiéndonos a trabajar juntos, generar consensos y a participar del Consejo Económico y Social, a conformarse”, sostuvo el secretario de la CAC, Mario Grinman.
El directivo agregó que desde la cámara estarán “acompañando porque la Argentina necesita de consensos básicos fundamentales y todos los actores tienen que estar en este momento de transformación para bien”.
Las autoridades ya habían comenzado las gestiones con los referentes empresarios y los sindicalistas para lograr un apoyo explícito a la gestión de Fernández y a la difícil tarea que se viene por delante en materia económica.
De hecho, así lo planteó el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, en un encuentro con el presidente de la UIA, Miguel Acevedo, y los vicepresidentes Luis Betnaza y Guillermo Moretti, la semana pasada.
En esa reunión, de la que también participaron la vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca; el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, y Béliz, se hizo especial mención de la preocupación existente en torno al problema de la deuda.
Nacionales
Bono de $40.000 y adicionales para fuerzas federales en abril
El Gobierno nacional oficializó el pago de una suma fija no remunerativa de $40.000 para personal de seguridad y dispuso adicionales según jerarquía de las fuerzas que se encuentran bajo la órbita del Ministerio de Seguridad Nacional.
De esta manera, mediante el Decreto 216/2026 publicado este miércoles en el Boletín Oficial, se dispuso el pago de una suma fija extraordinaria que se abonará con los haberes de abril.
Según lo establecido, se otorgará en concepto de bono no remunerativo y no bonificable, por única vez, destinado a personal de la Gendarmería Nacional Argentina, la Prefectura Naval Argentina, la Policía Federal Argentina, la Policía de Seguridad Aeroportuaria, el Servicio Penitenciario Federal y la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal, incluyendo también a alumnos en formación en algunos casos.
La medida fue firmada por el presidente Javier Milei; el jefe de Gabinete Manuel Adorni; y los ministros de Seguridad Alejandra Monteoliva; Economía Luis Caputo y Desregulación y Transformación del Estado Federico Sturzenegger.
Desde el Ejecutivo señalaron que la decisión apunta a “reconocer y sostener una adecuada jerarquización” de las fuerzas, en línea con las responsabilidades y funciones que desempeñan, y a mejorar su poder adquisitivo.
El decreto también contempla el pago de montos adicionales para el personal en actividad de la Policía Federal, Gendarmería, Prefectura, PSA y el Servicio Penitenciario Federal, bajo el mismo carácter no remunerativo, que variarán según el grado del personal.
Asimismo, se facultó a la Comisión Técnica Asesora de Política Salarial del Sector Público a dictar normas complementarias para la implementación del decreto.
Nacionales
La Justicia instó al gobierno a aplicar la Ley de Financiamiento Universitario
La Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal solicitó la “inmediata aplicación” del financiamiento universitario y la actualización salarial docente luego de tres semanas de paro nacional universitario en las facultades públicas de todo el país, desde donde se pronunciaron en defensa de la norma aprobada por el Congreso y derogada por el presidente Javier Milei.
Por este motivo, el gobierno nacional deberá aplicar sin más dilaciones la Ley 27.795, aprobada por el Congreso de la Nación el 21 de agosto de 2025, la cual garantiza la actualización de gastos de funcionamiento y salarios docentes/no docentes.
De esta manera, la apelación por parte del Poder Ejecutivo Nacional fue rechazada por la Justicia e hizo hincapié que tanto Diputados como el Senado votaron a favor del proyecto por mayoría, este último con 58 votos positivos, 10 negativos y 3 abstenciones.
Asimismo, desestimó los argumentos en los que se apoyaba el gobierno para no aplicar la norma ya sancionada y exigió la recomposición salarial docente y no docente que se encuentra paralizada hace meses.
En la misma línea, la Cámara resolvió, además, que el Ejecutivo deberá poner en marcha, a la brevedad, la actualización de las becas y aseveró que la suspensión por decreto de la ley “es ilegítima”.
El mes pasado, el Gobierno Nacional apeló la medida cautelar que lo obligaba a aplicar la ley, a través de la Procuración del Tesoro, dictada en diciembre de 2025, luego de un amparo llevado adelante por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).
Esta resolución se dio luego de tres semanas de paro nacional universitario, que afectó a la mayoría de las casas de altos estudios del país, en reclamo por recomposición salarial
Impacto en Misiones
Al igual que las demás facultades públicas presentes a lo largo y ancho del país, docentes y no docentes que prestan servicios en las distintas sedes académicas de la Universidad Nacional de Misiones (Unam) iniciaron su tercera semana de paro universitario este martes con un nuevo paro.
Se trata de quienes se encuentran nucleados en la Asociación de Docentes de la Universidad Nacional de Misiones (Adunam), Unión de Docentes Universitarios de Misiones (Udum) y la Asociación del Personal Nodocente de la Universidad Nacional de Misiones (Apunam), que a nivel nacional responden a la Conadu Histórica.
Paro universitario y almuerzo solidario en comedor de Humanidades el martes
Nacionales
Cautelar a favor de la CGT suspende 82 artículos de la reforma laboral
La Justicia Nacional del Trabajo dispuso este lunes la suspensión provisoria de varios artículos de la Ley 27.802 de Modernización Laboral, en el marco de una medida cautelar impulsada por la Confederación General del Trabajo (CGT), al considerar que existen indicios de posible inconstitucionalidad en distintos puntos de la norma.
La resolución, firmada por el magistrado Raúl Ojeda, titular del Juzgado Nacional del Trabajo Nº 72, alcanza a un total de 82 de artículos de la reforma impulsada por el gobierno de Javier Milei, entre ellos disposiciones vinculadas al régimen de indemnizaciones, modificaciones en facultades del empleador, condiciones de contratación laboral y aspectos relacionados con la actividad sindical.
Según el fallo, la suspensión tendrá vigencia hasta que se dicte una sentencia definitiva sobre el fondo de la cuestión. El magistrado entendió que la central obrera cuenta con legitimación suficiente para representar a los trabajadores en este tipo de acciones colectivas y señaló que existe “verosimilitud del derecho”, al advertir una posible afectación de garantías constitucionales protegidas por el artículo 14 bis de la Constitución Nacional.
Entre los argumentos centrales, el juez sostuvo que la aplicación inmediata de los cambios podría generar consecuencias jurídicas difíciles de revertir en millones de relaciones laborales vigentes, motivo por el cual consideró acreditado el “peligro en la demora”, requisito clave para conceder la cautelar.
La presentación de la CGT cuestiona que varios puntos de la reforma implican una reducción de derechos laborales, afectan la negociación colectiva y alteran el funcionamiento de las organizaciones sindicales.
El fallo no declara todavía la inconstitucionalidad de la ley, pero sí frena temporalmente su aplicación en los artículos observados.
Según especificó el sitio especializado Mundo Gremial, la cautelar alcanza a un amplio conjunto de disposiciones de la Ley 27.802 que modifican normas centrales del derecho individual y colectivo del trabajo, en temas como: Ley de Contrato de Trabajo; Fondos de Asistencia Laboral; Huelga, Jornada y Trabajo Agrario; Reforma de la negociación colectiva y la libertad sindical; Teletrabajo, competencia judicial y otras derogaciones.
Cautelar CGT Estado Nacional - firmada 30-3-26
El gobierno promulgó la reforma laboral y los cambios rigen desde hoy
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