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A dos meses del inicio del aislamiento social, Alberto evalúa una nueva prórroga

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El 20 de marzo el presidente decretó el inicio de las medidas para contener la pandemia de Covid-19. Luego de 60 días, y tras un proceso de flexibilización, se analizan los pasos a seguir de cara a una “nueva normalidad.

 

BUENOS AIRES (TÉLAM). El aislamiento social obligatorio dispuesto por el gobierno nacional ante el avance del coronavirus cumplirá mañana dos meses, en momentos en que el presidente Alberto Fernández evalúa una posible extensión de las medidas de restricción, de acuerdo con la evolución de la pandemia y sus diferentes manifestaciones en las provincias, ciudades o distritos.

El aislamiento social, preventivo y obligatorio fue anunciado el 19 de marzo, pero empezó a regir al día siguiente a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia del Poder Ejecutivo, que fue ratificado por el Senado de la Nación la semana pasada en su primera sesión de modo virtual desde la pandemia.

El aislamiento, a partir de su vigencia, fue renovado cada quince días por el jefe de Estado con distintas restricciones y aperturas, en sintonía con el número de casos registrados en cada distrito del país y siempre luego de hacer consultas con un comité de expertos y epidemiólogos, gobernadores y autoridades del gobierno porteño.

La medida, inédita en el país, comenzó con la fase 1 de aislamiento estricto y con el lema “Quedate en casa”, que buscó concientizar sobre la necesidad de permanecer en los domicilios y evitar así los contagios.

La excepción fueron los trabajadores de actividades consideradas como “esenciales”, es decir, las imprescindibles, que siguieron con actividad respetando protocolos de protección para evitar contagios, como en los casos del personal de salud, seguridad, recolección de residuos, transportes, medios de comunicación y la producción de alimentos.

En esa primera fase de la cuarentena, los supermercados y farmacias abrieron en horarios reducidos, y la sugerencia para la población fue que las salidas solo se realicen en esos locales de cercanía, para evitar la aglomeración masiva de personas.

En ese contexto, las calles de pueblos y ciudades quedaron vacías y las medidas de prevención fueron el lavado frecuente de manos, el uso de alcohol en gel y la desinfección de los productos que ingresaban a los hogares.

El distanciamiento social, que implica la separación de un metro y medio entre personas para evitar contagios, fue la medida obligatoria que se impuso en la calle para evitar contraer la enfermedad.

El teletrabajo y la suspensión de las clases en todos los niveles educativos contribuyeron a la ausencia en las calles de niños y estudiantes, que empezaron a recibir material educativo por canales electrónicos.

En la fase 2, de aislamiento administrativo de la cuarentena, la movilidad de la población pasó del 10 al 25 por ciento, se realizaron nuevas autorizaciones para reanudar actividades, y se dispuso como obligatorio para salir a la calle el uso de tapa nariz y boca, a modo de barbijo, medida dispuesta de manera progresiva en los diferentes distritos del país como nueva forma de protección que se sumó a las que ya regían desde el inicio del aislamiento.

A mediados de abril se dispuso la fase 3, de segmentación geográfica, en la que se permitió hasta el 50 por ciento de movilidad de las personas y hubo nuevas autorizaciones para reiniciar actividades.

El 10 de mayo pasado, el gobierno resolvió que la ciudad y provincia de Buenos Aires permanecieran en fase 3 a raíz del número de casos que registran y sus autoridades permitieron a los niños acompañar a sus padres en salidas breves el fin de semana.

Esa decisión fue anunciada dos días antes, cuando el presidente en conferencia de prensa comunicó la nueva prórroga de la cuarentena hasta el domingo 24 de este mes y sostuvo que la permanencia del Amba en la Fase 3 de la cuarentena “no es un avance ni un retroceso, sino trabajar con seriedad, dado que el objetivo no se pudo alcanzar”.

El jefe de Estado destacó en esa oportunidad que en el análisis del total del país los contagios de coronavirus se duplican cada 25,1 días, pero advirtió que la región del Amba todavía está lejos de ese objetivo porque concentra el 86,2 por ciento del total de casos y es donde se duplican los contagios cada 18,8 días.

El 10 de mayo, sin embargo, varios distritos del país en los que el tiempo de duplicación de los casos fue de más de 25 días, pasaron a la fase 4 de la cuarentena, por lo que se permitieron reanudar actividades y la movilidad de la población pasó al 75 por ciento en esos lugares.

El aislamiento social, preventivo y obligatorio, en las fases dispuestas para cada zona según el tiempo de duplicación de los casos, finaliza el 24 de mayo, por lo que el gobierno decidirá la modalidad en que será prorrogado de acuerdo a la evolución de la pandemia.

La cuarentena fue dispuesta el 20 de marzo y se renovó el 31 de marzo, el 12 de abril, el 27 de abril, y la última vez el 11 de mayo, hasta el domingo 24 de este mes.

Las fases de la cuarentena según el tiempo de duplicación de los casos en cada distrito son: en la fase 1 el tiempo de duplicación de los casos se registró en menos de quince días; en la fase 2, de 5 a 15 días; en la fase 3, de 15 a 25 días; en la fase 4, más de 25 días; y en la fase 5, de nueva normalidad, no deben registrarse contagios.


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El gobierno aumentó a $70.000 la asignación de ayuda escolar anual

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ayuda escolar

El presidente Javier Milei firmó este viernes un decreto mediante el cual incrementó en un 311% la asignación de ayuda escolar anual para la educación desde el nivel inicial hasta el secundario, elevando de esta manera el beneficio de $17.000 a $70.000.

La mencionada ayuda escolar se trata de un beneficio otorgado a través de Anses a trabajadores en relación de dependencia, monotributistas, jubilados y pensionados como así también beneficiarios de la AUH con hijos en edad escolar.

La asignación generalmente se cobra en marzo y sirve como una asistencia para los gastos que derivan del inicio del ciclo lectivo.

De acuerdo a un comunicado del Ministerio de Capital Humano encabezado por Sandra Pettovello, la medida alcanzará a unos 7,3 millones niños escolarizados desde nivel inicial hasta secundaria. Con el incremento dispuesto, el monto a cobrar pasará entonces de los $17.318 actuales a $70.000.

El decreto señala que el aumento se debe a que el país “se encuentra atravesando una situación de inédita gravedad, generadora de profundos desequilibrios que impactan negativamente en toda la población, en especial en lo social y económico”.

¿Quiénes pueden solicitar la Ayuda Escolar?

Pueden solicitar la Ayuda Escolar las familias que reciben una Asignación Familiar o Universal, que tengan hijos a partir de los 45 días y hasta el mes que cumplan 18 años y que concurran a la escuela, ya sea nivel inicial, primario o secundario/polimodal. Es sin límite de edad en caso de que tengan hijos con discapacidad que reciban una educación especial, concurran a talleres protegidos, centros de rehabilitación o que reciban el apoyo de maestros particulares matriculados.

Tope máximo de ingreso del grupo familiar $ 3.960.000.- (bruto)

Tope máximo de cada integrante del grupo familiar $ 1.980.000.- (bruto)

¿Cómo solicito la Ayuda Escolar?

Se solicita ingresando al sitio web Mi ANSES, con CUIL y Clave de la Seguridad Social. Eligiendo la opción Hijos > Presentar un certificado escolar para generar el formulario para cada uno de tus hijos.

Una vez impreso, se deberá llevar el formulario a la escuela para que la institución complete todos los datos y la firme. Luego se deberá sacar una foto y subirla a Mi ANSES Para cobrar la Ayuda Escolar todos los años es necesario acreditar la escolaridad de los hijos antes del 31 de diciembre.


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La inflación de enero fue de 20,6% y llegó a 46,1% en dos meses con Milei

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inflación enero

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) de la Argentina informó esta tarde que el índice de inflación registrado durante enero fue del 20,6% y que el balance interanual alcanzó el 254,2%.

Se trata del segundo informe publicado desde la asunción de Javier Milei como presidente y del relevamiento oficial se desprende que en poco más de dos meses la gestión del líder libertario los precios tuvieron un aumento de 46,1%, tras el 25,5% registrado en diciembre.

En detalle, los resultados del relevamiento correspondiente al Índice de Precios al Consumidor (IPC) de enero posicionaron a bienes y servicios varios (44,4%) como el rubro con mayor alza durante el mes pasado con respecto a diciembre, escoltado por transporte (26,3%), comunicación (25,1%), recreación y cultura (24%) y equipamiento y mantenimiento del hogar (22,3%).

Según las cifras difundidas por el mismo organismo, el 2023 cerró con un 211,4% de inflación anual y antes de la asunción de Milei en diciembre el mes con mayor incremento había sido noviembre, con 12,8%, cuando todavía el presidente era Alberto Fernández.


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Transportistas advierten que el servicio está en riesgo ante quita de subsidios

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transportistas

En un comunicado subido a sus redes sociales este martes, la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (Fatap) rechazó la decisión del gobierno del presidente Javier Milei de eliminar el Fondo Compensador para el Transporte del Interior y advirtió: “Los ciudadanos del interior serán privados del único transporte público del que disponen”.

En el documento, titulado “Transporte público del interior, crónica de una crisis con responsables”, la organización que nuclea a más de 250 empresas de todo el país, alertó sobre la quita de los subsidios y consideró la decisión como el tiro de gracia a un sistema que experimentaba un deterioro de larga data.

“Desde hace varios años, Fatap viene advirtiendo que la movilidad masiva de las ciudades del Interior se encaminaba hacia un triste final”, arranca el comunicado de la entidad empresaria.

“La intempestiva decisión del Gobierno Nacional de eliminar el Fondo Compensador del Transporte y toda asistencia al transporte del Interior, después de haber afirmado que terminaría con la discriminación que este último sufría en la asignación de recursos, es la culminación del proceso de deterioro denunciado”, afirma.

“Lamentablemente, las consecuencias de la desidia suelen hacerse presentes en los momentos más inoportunos, como el actual, cuando la pobreza no encuentra su piso, ensañándose con los estudiantes, trabajadores, profesionales, monotributistas y adultos mayores -principales usuarios del transporte público- quienes padecerán un sistema precario, ineficaz e inseguro, si no se adoptan medidas urgentes”, advierte.

La Fatap apunta que la situación “reconoce como responsables a que quienes tuvieron la obligación de garantizar la sustentabilidad del transporte público del Interior y han contribuido, por acción u omisión, a esmerilar el capital de las empresas prestadoras, su infraestructura y material rodante, llevándolas a una situación de impotencia y riesgo cierto de desaparición”.

Fuera de tiempo

La entidad empresaria sostiene que la preocupación de los gobiernos provinciales y municipales llegó “a destiempo”, y acusa: “Recién hoy ven las consecuencias de la destrucción del capital de las empresas y de establecer irresponsablemente tarifas que destruyeron el concepto de precio del servicio, quebrando así la ecuación económica de los contratos que ellas mismas diseñaron”.

“Las apelaciones al federalismo y la equidad en el reparto de fondos estatales son banderas que Fatap ha levantado desde siempre”, aclara la organización empresarial y arremete: “Mientras, los titulares de los servicios privilegiaban la coyuntura y soslayaban las consecuencias de la discriminación que sufrió el Interior durante varios años, que hoy los interpela”.

“En este contexto, no hay tiempo para perder en disputas y pases de facturas”, manifiesta la Fatap y sentencia: “Es urgente emplear las energías en retomar el respeto a los contratos; privilegiar el profesionalismo y la capacidad en la toma de decisiones y, en suma, elevarse por sobre la coyuntura generando reglas claras, previsibles y duraderas que faciliten y protejan la inversión y el trabajo”.

Plan inmediato

“Las más de 250 empresas argentinas nucleadas en Fatap, han sido injustamente señaladas como responsables del deterioro del sistema, cuando, en verdad, fueron dramáticamente perjudicadas por la licuación de sus patrimonios y la asunción de numerosas deudas a causa de la necesidad de mantener la regularidad y continuidad de los servicios en condiciones anómalas, carentes de previsibilidad económica y financiera, con reglas de juego precarias y sometidas a decisiones arbitrarias, ajenas a toda consideración técnica”, argumenta.

Frente a ello, la entidad, explica que “las definiciones de financiamiento a los usuarios expresadas por el Gobierno Nacional no son idóneas para superar el estado de cosas descripto”, y repasa, en cuatro puntos, el cuadro de situación.

“El sistema de transporte público del interior se encuentra en una crisis económica y financiera que no admite indefiniciones en ningún aspecto”, apunta y reclama: “Es imprescindible generar de modo muy urgente un marco legal y económico previsible, sostenible y duradero”.

“No existe capacidad empresaria para absorber ningún costo operativo adicional, antes bien, se requieren imperiosamente aportes que permitan la recuperación del capital perdido”, agrega en el punto 2.

En un tercer ítem, los transportistas señalan que “los recursos deben ser generados en el momento en que el usuario consume el servicio, ya que las empresas del sistema han perdido el crédito comercial con sus proveedores, y las obligaciones asumidas a causa de la crisis generada por sus concedentes no pueden seguir agravándose a las tasas actuales”.

Por último, la entidad reclama, “de modo inmediato, un plan de financiamiento a largo plazo de las obligaciones devengadas, impositivas y de adquisición de capital de trabajo e infraestructura, con cargo de los intereses a los responsables del sistema de transporte”.

El comunicado de los transportistas alega, en su último párrafo, que “sin un plan de acción que implemente inmediatamente lo expresado en los puntos anteriores, con la conformación de una mesa de trabajo integrada por las autoridades municipales, provinciales y Fatap, que genere las normativas y diseñe las acciones necesarias, la República Argentina será menos federal y menos igualitaria, ya que los ciudadanos del interior serán privados del único servicio de transporte público del que disponen, que es esencial para el desarrollo social y económico de sus comunidades”.


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