En entrevista con La Voz de Misiones, José Luis Ayala, comerciante de La Saladita de Garupá, acusó de “persecución” a la administración del predio de ventas con el objetivo de “quedarse” con el local de comida que gestiona hace once años. Además, ayer radicó una denuncia por un hecho de robo que también atribuye como responsables a los encargados del lugar.

De acuerdo a lo que explicó el comerciante a LVM, semanalmente abona un canon de $100.000 por la utilización del puesto en el patio de comidas a la administración de La Saladita, a cargo de Alejandro Casares. 

Ayala relató que debió delegar su trabajo a una joven a la que dejó como responsable del comercio mientras él acompañaba a su madre por cuestiones de salud, pero continuaba encargándose de pagar la cuota semanal.

En tanto, precisó que el conflicto se desató cuando “yo quise pagar esta semana que pasó y no me aceptaron el pago”.

“En principio, el sábado le mando mensaje al señor Alejandro Casares, avisándole que le deje a la chica de seguridad el recibo, que yo pasaba a buscar y le abonaba, siempre hago así”, detalló el comerciante.

A ese mensaje, el encargado del predio de venta le contestó que pase el lunes a abonar la cuota, y luego, debido a que los responsables de gestionar el recibo no iban a estar, le indicó que acuda el día miércoles al predio.

“En ese lapso de tiempo, el día martes, yo me comunicó con la chica de seguridad y me dice ‘José Luis vení el miércoles porque te quieren ocupar el lugar’. Entonces yo el miércoles me hago presente a primera hora, entro a mi local, y resulta que el señor Francisco Casares, que es el hermano de Alejandro Casares, le hizo un contrato de locación a la chica”, señaló el comerciante.

Robo y corte de suministros

Al encontrarse con que el local que subalquila hace 11 años, “desde que abrió La Saladita”, conversó con la joven a la que había confiado para que administre el lugar en su ausencia y “ella en primer lugar se lo tomó mal, quería hacerse cargo, pero ellos le hicieron un contrato fuera de lugar”.

Por otro lado, José Luis Ayala radicó una denuncia en la Comisaría Quinta de Garupá porque en el día de ayer jueves “cuando me presento a trabajar me encuentro sin el suministro de luz y sin agua, además, entraron a mi lugar cerrado y me arrancaron la cañería, tenía $285.000 en la caja para bajar bebidas que se llevaron junto con una carpeta con todos los recibos”.

El comerciante preguntó por lo ocurrido a Alejandro Casares y a la guardia de seguridad: “Nadie me dio una explicación, hasta el día de hoy”, dijo y apuntó: “Es orden de la administración que me saquen el agua y la luz”.

También comentó que en su caso particular no cuenta con un contrato formal con la administración porque le pedían “que abone $100.000 con el contrato en blanco y $300.000 en negro”, a lo que él se negó.

Por ello, semanalmente Ayala recibe un comprobante de pago que “no tiene firma, nadie se hace cargo, ni el que agarra la plata”, acusó.

Para cerrar, el comerciante de La Saladita de Garupá reclamó: “Lo que estoy pidiendo es que por favor me devuelvan la luz y el agua para poder seguir trabajando, yo vivo de esto, hoy la situación no está como para no trabajar”.

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Vecinos del barrio El Progreso de Posadas solicitaron intervención de la municipalidad ante el estacionamiento de camiones frente a sus viviendas, lo cual, aseguran “incrementó la inseguridad en la zona”.

En comunicación con La Voz de Misiones, un vecino de la zona relató que el estacionamiento de camiones frente a las casas “provoca roturas en las calles empedradas” y en algunos casos “cortan los cables de internet y alumbrado”.

Por otra parte, manifestaron con preocupación que los extensos acoplados de los camiones, que corresponderían a miembros de la comunidad gitana, estarían siendo utilizados con fines delictivos: “Los chorros se esconden en los acoplados para robar y esconder las cosas”.

Frente a esta situación, y luego de varias asambleas con miembros de la comisión barrial, la presidente local emitió notas dirigidas a la Municipalidad de Posadas, aunque lamentaron que “no obtuvimos respuestas hasta el momento” y “la problemática continúa desde hace varios meses”.

En el mismo sentido, esperan que la Dirección General de Tránsito y la Policía de Misiones “tomen cartas en el asunto”.

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El último miércoles, la Dirección de Inspección de Servicios Públicos de la Municipalidad de Posadas multó a dos vecinos de la Chacra 235 por “realizar poda y arrojar hojas sobre la vereda y la calle”. En tanto, desde la comisión barrial sostienen que se tratan de las ramas que dejó la última tormenta que azotó la capital provincial el 18 de mayo.

Marta Kachuka, presidenta de la comisión barrial, dialogó con La Voz de Misiones sobre las actas de infracción que labró la comuna a dos residentes de la barriada: “El inspector se presentó aduciendo que los vecinos habían hecho poda, cuando los vecinos juntaron todas las ramas de la última tormenta y amontonaron en una esquina”.

La presidenta de la comisión afirmó que, incluso, ella solicitó en dos oportunidades a la Dirección de Mantenimiento y Embellecimiento Urbano, a cargo de María Elena Ely, que retiren los restos de los árboles caídos del vecindario.

“Desde el 3 de junio le vengo pidiendo que levanten eso, me dijeron que sí y no vino el camión, el 6 de junio le volví a reclamar y me dijeron que no iba a pasar el camión. Ahí le recordé que en la calle 120 y la avenida Zapiola quedaron restos de la tormenta. Ahora, vinieron el miércoles y le multaron a los vecinos porque dicen que hicieron poda”, apuntó Kachuka, quien está frente a la comisión de la Chacra 235 hace nueve años.

A raíz de la infracción a los vecinos, la mujer volvió a comunicarse con la directora municipal, María Ely. “Vuelvo a reclamar y esta señora trae un camión bajo la lluvia a la noche y levanta todas las ramas y ahí es donde le hago un video para que vea que todo el resto era de la última tormenta y que no eran ramas verdes”, contó a LVM.

En esa línea, la presidenta de la comisión barrial acusó al área de intentar “borrar las pruebas” luego de imponer la multa a los dos vecinos que ya fueron enviadas al Tribunal Municipal de Faltas de Posadas.

“Ahora le voy a tener que acompañar a los vecinos al juzgado”, lamentó la vecina en conversación con este medio y cuestionó: “Ellos ni siquiera le intimaron. Porque si algún vecino hace una poda, le deben dar 72 horas para levantar, directamente le multaron”.

Por otro lado, Kachuka comentó que también intentó hablar del tema con el encargado de la Dirección General de Servicios Públicos, Sebastián Betancur, a quien tildó de “maleducado” y “atrevido”.

“Con el señor Betancur no se puede hablar. Te grita, es maleducado, atrevido, no se puede hablar con él. Le reclamé este tema y me gritó, intolerante, me dijo que si se podó es una multa, cuando le estoy diciendo que no fue así y que hay pruebas”, sostuvo la vecina posadeña.

Para cerrar, la presidenta de la comisión barrial señaló: “Es injusto, hay como una persecución a la chacra 235, no se puede dejar un tronquito en la vereda porque te quieren multar, cuando nosotros mismos nos encargamos de mantener limpio el barrio“.

El pasado 18 de mayo, la capital provincial atravesó un fuerte temporal con prolongadas lluvias e intensos vientos que dejó numerosos árboles y postes caídos, voladuras de techos, calles anegadas, interrupción del sistema semafórico, vehículos dañados, y en distintos puntos sin servicio de energía eléctrica.

Ese día, el área de Servicios Públicos de la Municipalidad atendió 150 llamados de emergencia y montó un operativo para atender las demandas de los vecinos posadeños.

La Chacra 235 luego de la tormenta del 18 de mayo.

Acta de infracción que labró la Muni a un vecino.

La Muni retirando las ramas el miércoles por la noche.

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