La Región
ONU acusó a Paraguay de violar derechos indígenas por fumigación agrícola
El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas (ONU) hizo pública este miércoles una acusación contra el Estado paraguayo por la violación de los derechos y territorios ancestrales de la comunidad indígena ava guaraní de Campo Agua’ẽ, en el departamento de Canindeyú, fronterizo con Brasil.
Ubicada en una de las zonas de mayor expansión del agronegocio, Campo Agua’ẽ es una isla en medio de interminables cultivos de soja transgénica, fumigados con poderosos químicos agrícolas, algunos de los cuales figuran entre la denominada “docena sucia”, propiedad de dos hacendados de origen brasileño.
Los indígenas llevaban denunciando esta situación hace 12 años, cuando empezaron a ver diezmados sus animales, sus propios cultivos, y sus prácticas tradicionales.
En octubre de 2009, presentaron el caso a la Unidad Especializada en Delitos contra el Medio Ambiente, del Ministerio Público, pero la causa nunca avanzó, pese a que la fiscalía consideró probado el hecho punible de contaminación, y que incluso los mismos sojeros brasileños reconocieron. Ambos fueron sobreseídos, finalmente, en septiembre de 2013.
Entonces, con el apoyo de la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy), y la organización Base Investigaciones Sociales (Base IS), la comunidad presentó el caso ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que este miércoles dio a conocer sus conclusiones.
El organismo multilateral concluyó que Paraguay “violó los derechos de una comunidad indígena a sus tierras tradicionales y a su entendimiento de domicilio, debido a la falta de prevención y control de la contaminación tóxica de sus tierras causada por el uso intensivo de plaguicidas por empresas agrícolas vecinas”.
“El Comité declaró al Estado paraguayo responsable de violaciones de sus obligaciones asumidas mediante el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Determinó que las fumigaciones indiscriminadas menoscabaron la diversidad biológica del territorio indígena, destruyendo los recursos naturales que no solamente son la fuente de subsistencia alimentaria sino también de prácticas culturales ancestrales asociadas a la caza, pesca, recolección en el bosque y agroecología del pueblo guaraní”, señaló Codehupy en su sitio web.
“El Estado, a 12 años de la denuncia, no tomó medida alguna para proteger los derechos de la comunidad a preservar su hábitat y a mantener su propia vida cultural”, agregó.
Soja y después
Las fumigaciones de cultivos en Paraguay se ha vuelto un verdadero problema ambiental y sanitario desde la espectacular expansión de la agricultura extensiva, basada casi exclusivamente en el monocultivo de soja genéticamente modificada.
En febrero pasado, la campaña “No fumiguen la educación, Anive Pefumiga Escuela”, impulsada por la Coordinadora de Mujeres Rurales e Indígenas (Conamuri), denunciaba que en el país hay 99 escuelas rurales expuestas directamente a la fumigación con agroquímicos.
La página web de la Campaña recoge los diversos estudios de campo sobre los riesgos y las consecuencias para la salud humana de la exposición a los químicos agrícolas utilizados en el país; además de testimonios de la población afectada.
El caso testigo de una de esas investigaciones se registró en Itapúa en enero de 2003, señalado como la primera muerte por exposición a los agroquímicos, el niño Silvino Talavera, del distrito de Pirapey, que falleció a los pocos días de ser alcanzado por la fumigación de cultivos de soja cuando regresaba de la escuela.
En su investigación “Escuelas Rurales fumigadas en Paraguay (Estudio de tres casos distintos)”, la antropóloga Regina Kretschmer, el abogado Abel Areco, y la socióloga Marielle Palau, sostienen que desde 2007 el Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales (Desc) ha señalado su preocupación por la incontrolada aplicación de químicos agrícolas en el país, y que en 2019 el el Comité de Derechos Humanos de la ONU ya había fallado, en casos presentados por otras comunidades, en la misma dirección que hoy sobre Campo Agua’ẽ.
La Policía Federal, con el apoyo de la Policía Militar de Santa Catarina, decomisó dos camiones cargados con chatarra plástica de contrabando procedente de Argentina, dejando como resultado un conductor detenido, mientras que el otro abandonó el vehículo y huyó de la escena al percatarse de la proximidad de los equipos policiales.
Los operativos se realizaron esta semana en la región fronteriza entre Paraná y Santa Catarina. En ese marco, el primer vehículo fue interceptado en Flor da Serra do Sul.
Durante el acercamiento, el conductor no presentó la documentación válida de la carga y terminó siendo trasladado a la Comisaría de Policía Federal de Dionísio Cerqueira, donde se le practicó el procedimiento formal de detención y fue arrestado en flagrante delito por contrabando.
Minutos después, se localizó en Barracão un segundo camión, también cargado con el mismo tipo de material irregular. El conductor, sin embargo, logró escapar al percatarse de la llegada de los equipos policiales y abandonó el vehículo.
Tanto los camiones como la carga ilegal fueron enviados al Servicio Federal de Ingresos, que realizará el análisis y determinará el destino de los materiales incautados.
La Policía Federal continúa investigando el caso para identificar posibles conexiones con redes de contrabando que operan en la frontera.
Incautan seis olivos de contrabando que iban de Misiones a San Pablo
El ministro de Defensa de la Nación, Luis Petri, anunció ayer el envío de equipos de control y vigilancia del Ejército Argentina para reforzar la seguridad en las zonas de Misiones que tienen frontera internacional con Brasil.
La noticia fue dada anoche, durante una entrevista con el periodista Eduardo Feinmann en el canal A24, y tiene correlación con el contexto de la escalada de violencia que se registra en Río de Janeiro, donde la Policía local ejecutó un operativo sin precedentes contra el grupo narcocriminal Comando Vermelho que culminó con más de 120 muertes y decenas de desaparecidos.
“Así como la Armada controla la zona económica exclusiva y la Fuerza Aérea los cielos, el Ejército debe colaborar con la Gendarmería para cuidar las fronteras”, adelantó Petri, que recientemente fue electo diputado nacional por La Libertad Avanza en Mendoza.
Y en ese marco dio el anuncio: “Vamos a reforzar la Operación Roca en Misiones”.
Vamos a reforzar la Operación Roca en Misiones. A partir de los acontecimientos de Brasil, vamos a mandar equipos de control y vigilancia del @Ejercito_Arg a la frontera. pic.twitter.com/4oPtYc1wrO
— Luis Petri (@luispetri) October 30, 2025
Según explicó el titular de la cartera de Defensa, la ideal inicial era reforzar las fronteras en Formosa, pero debido a lo ocurrido en Brasil decidieron alterar el plan y dar ese paso en Misiones.
“Estaba previsto primero ir a Formosa, pero en lugar de eso vamos a enviar equipos de control y vigilancia del Ejército a Misiones para reforzar la frontera con Brasil, teniendo en cuesta este desbande que la ministra (Patricia Bullrich) dice que puede llegar a ocurrir”, agregó.
Sobre el operativo, señaló que “en Bernardo de Irigoyen se van a desplegar secciones de vigilancia, apoyo logístico, obtención de información y apoyo aéreo porque van a ir dos helicópteros. También van a ir a Iguazú. Son equipos de control, de obtención de información. Son operaciones de defensa en frontera. Es legítimo y es válido”.
Ese mismo día, pero más temprano, la propia ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, también hizo un anuncio relacionado al mismo tema y activó una “alerta máxima” en las fronteras.
Todas estas decisiones tienen vinculación directa con la megaoperación que ejecutó la Policía de Río de Janeiro contra el Comando Vermelho en las favelas Penha y Complexo do Alemão, dejando un saldo de al menos 123 muertos, entre ellos 13 agentes.
Tras la masacre, donde los narcos también respondieron con fusiles, granadas y drones, el gobierno brasileño decretó estado de emergencia y movilizó al Ejército. Autoridades temen fuga masiva hacia fronteras vecinas, incluida Argentina.
Activaron una alerta máxima en las fronteras de Misiones tras masacre de Río
En un contexto de creciente inestabilidad regional marcado por la reciente escalada de violencia en Río de Janeiro, donde la Policía local ejecutó un operativo sin precedentes contra el grupo narcocriminal Comando Vermelho, que culminó con más de 130 muertes y decenas de desaparecidos, el Ministerio de Seguridad de la Nación anunció este martes la activación de una “alerta máxima” en las fronteras argentinas.
La medida, impulsada por la -hasta ahora- ministra Patricia Bullrich, busca prevenir el posible desplazamiento de miembros de bandas narcotraficantes hacia territorio nacional, con un enfoque especial en la Triple Frontera –el área compartida entre Argentina, Brasil y Paraguay– y otros pasos fronterizos clave de la provincia de Misiones, como la frontera seca de Bernardo de Irigoyen con sus vecinas ciudades brasileñas de Dionisio Cerqueira y Barracao.
El anuncio se produce apenas un día después de un megaoperativo policial en las favelas de Río de Janeiro, que dejó al menos 132 muertos y más de 80 detenidos en enfrentamientos con el Comando Vermelho, una de las organizaciones criminales más poderosas de Brasil.
“Voy a disponer una alerta máxima en las fronteras para que no pueda haber ningún tipo de cruce o pase de aquellos que evidentemente se deben estar moviendo de lugar desde la centralidad del conflicto en Río”, declaró Bullrich durante una conferencia de prensa en la Casa de Gobierno.
La funcionaria enfatizó que el refuerzo implica controles exhaustivos en los ingresos del norte del país, con comunicación constante entre las fuerzas argentinas y sus pares brasileños.
“Una ‘alerta máxima’ significa mirar con cuatro ojos a todos los brasileños que vienen, si tienen antecedentes o no, por supuesto, no confundiendo turistas. Es un modelo de alerta”, agregó, precisando que el foco estará puesto “en la triple frontera y en Tancredo Neves”, donde se registran “mucho movimiento”.
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