La Región
ONU acusó a Paraguay de violar derechos indígenas por fumigación agrícola
El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas (ONU) hizo pública este miércoles una acusación contra el Estado paraguayo por la violación de los derechos y territorios ancestrales de la comunidad indígena ava guaraní de Campo Agua’ẽ, en el departamento de Canindeyú, fronterizo con Brasil.
Ubicada en una de las zonas de mayor expansión del agronegocio, Campo Agua’ẽ es una isla en medio de interminables cultivos de soja transgénica, fumigados con poderosos químicos agrícolas, algunos de los cuales figuran entre la denominada “docena sucia”, propiedad de dos hacendados de origen brasileño.
Los indígenas llevaban denunciando esta situación hace 12 años, cuando empezaron a ver diezmados sus animales, sus propios cultivos, y sus prácticas tradicionales.
En octubre de 2009, presentaron el caso a la Unidad Especializada en Delitos contra el Medio Ambiente, del Ministerio Público, pero la causa nunca avanzó, pese a que la fiscalía consideró probado el hecho punible de contaminación, y que incluso los mismos sojeros brasileños reconocieron. Ambos fueron sobreseídos, finalmente, en septiembre de 2013.
Entonces, con el apoyo de la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy), y la organización Base Investigaciones Sociales (Base IS), la comunidad presentó el caso ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que este miércoles dio a conocer sus conclusiones.
El organismo multilateral concluyó que Paraguay “violó los derechos de una comunidad indígena a sus tierras tradicionales y a su entendimiento de domicilio, debido a la falta de prevención y control de la contaminación tóxica de sus tierras causada por el uso intensivo de plaguicidas por empresas agrícolas vecinas”.
“El Comité declaró al Estado paraguayo responsable de violaciones de sus obligaciones asumidas mediante el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Determinó que las fumigaciones indiscriminadas menoscabaron la diversidad biológica del territorio indígena, destruyendo los recursos naturales que no solamente son la fuente de subsistencia alimentaria sino también de prácticas culturales ancestrales asociadas a la caza, pesca, recolección en el bosque y agroecología del pueblo guaraní”, señaló Codehupy en su sitio web.
“El Estado, a 12 años de la denuncia, no tomó medida alguna para proteger los derechos de la comunidad a preservar su hábitat y a mantener su propia vida cultural”, agregó.
Soja y después
Las fumigaciones de cultivos en Paraguay se ha vuelto un verdadero problema ambiental y sanitario desde la espectacular expansión de la agricultura extensiva, basada casi exclusivamente en el monocultivo de soja genéticamente modificada.
En febrero pasado, la campaña “No fumiguen la educación, Anive Pefumiga Escuela”, impulsada por la Coordinadora de Mujeres Rurales e Indígenas (Conamuri), denunciaba que en el país hay 99 escuelas rurales expuestas directamente a la fumigación con agroquímicos.
La página web de la Campaña recoge los diversos estudios de campo sobre los riesgos y las consecuencias para la salud humana de la exposición a los químicos agrícolas utilizados en el país; además de testimonios de la población afectada.
El caso testigo de una de esas investigaciones se registró en Itapúa en enero de 2003, señalado como la primera muerte por exposición a los agroquímicos, el niño Silvino Talavera, del distrito de Pirapey, que falleció a los pocos días de ser alcanzado por la fumigación de cultivos de soja cuando regresaba de la escuela.
En su investigación “Escuelas Rurales fumigadas en Paraguay (Estudio de tres casos distintos)”, la antropóloga Regina Kretschmer, el abogado Abel Areco, y la socióloga Marielle Palau, sostienen que desde 2007 el Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales (Desc) ha señalado su preocupación por la incontrolada aplicación de químicos agrícolas en el país, y que en 2019 el el Comité de Derechos Humanos de la ONU ya había fallado, en casos presentados por otras comunidades, en la misma dirección que hoy sobre Campo Agua’ẽ.
Los hermanos paraguayos Artemio López Ruiz (45) y Juan de la Cruz López Ruiz (43) fueron atrapados en su país durante un operativo de Interpol y aguardarán ser extraditados a la Argentina para responder ante la Justicia bonaerense por un homicidio cometido una década atrás.
Los prófugos fueron arrestados en el distrito de Edelira, en el vecino departamento paraguayo de Itapúa, donde fueron localizados por agentes de la Policía Nacional local e integrantes de Interpol.
El operativo le puso fin a más de una década de impunidad y ahora los extranjeros deberán responder ante la Justicia por el crimen de Rafael Franco Cabrera, registrado el 19 de julio de 2014 en la localidad bonaerense de Rafael Castillo.
Según precisaron fuentes del vecino país, los hombres permanecerán detenidos en la comisaría Primera de Encarnación, a disposición del Juzgado Penal Especializado en Crimen Organizado del Primer Turno, a cargo de la magistrada Yanina Vallejos, quien ahora intervendrá en el trámite de la extradición.
Los hermanos registraba un pedido de captura internacional en sus contra. Están acusados de homicidio simple y son requeridos por el Juzgado de Garantías Dos de La Matanza, dependencia que instruye el expediente por el asesinato de Franco Cabrera.
Dos hombres escaparon durante el control de Migraciones en el paso fronterizo de Bernardo de Irigoyen y abandonaron su auto cargado con más de 100 kilogramos de marihuana ocultos en doble fondos.
De acuerdo a lo consignado por fuentes consultadas, el procedimiento se dio esta mañana, cuando al control fronterizo del lado argentino ingresó un Chevrolet Spin proveniente de la vecina ciudad brasileña de Dionisio Cerqueira.
Dentro del vehículo iban dos hombres que ante las primeras consultas evidenciaron severas inconsistencias, dado que respondieron que provenían de Foz de Iguazú y que viajaban hacia Camboriú, ruta completamente diferente al recorrido que estaban realizando.
Esa situación levantó sospechas y el personal de la Dirección General de Aduana decidió ahondar en la requisa.
Los ocupantes del rodado escaparon cuando presentaron los documentos del auto.
En esa instancia, los dos sujetos descendieron del rodado para entregar los documentos del automotor y aprovecharon el momento para huir a las corridas del puesto de frontera en dirección hacia Brasil.
Consecuencia de ello, se activó un operativo conjunto entre fuerzas de ambos países para ubicar a los fugitivos cuya identidad ni nacionalidad llegó a ser determinada.
Mientras tanto, el personal interviniente continuó la inspección del rodado y durante las labores finalmente incautaron 188 paquetes de marihuana que totalizaron 112,571 kilogramos.
Tanto los estupefacientes como el vehículo y las documentaciones del rodado fueron incautados y quedaron a disposición del Juzgado Federal de Eldorado.
La vecina ciudad paraguaya de Encarnación recibió una masiva afluencia de visitantes en la semana previa a la Navidad, con casi 100.000 personas cruzando la frontera desde Posadas, según datos de la Dirección Nacional de Migraciones de ese país.
En detalle, precisaron que entre el sábado 20 y el mediodía del miércoles 24 de diciembre, se registraron exactamente 94.000 ingresos al territorio paraguayo a través del Puente Internacional San Roque González de Santa Cruz, que une Encarnación con la capital misionera.
El pico se dio el sábado 20, con 31.000 personas, fenómeno que se vio impulsado por el pago del aguinaldo a los trabajadores estatales misioneros, sumado a los viajantes que cruzaban el viaducto para pasar las fiestas junto a sus familiares.
Blas Arzamendia, responsable de Migraciones en Encarnación, explicó al diario local Última Hora que “el movimiento migratorio hacia nuestro país es importante. Vienen muchos compatriotas para las fiestas de Navidad y Año Nuevo, y también vienen masivamente los ciudadanos argentinos con fines de compra”.
De acuerdo al relevamiento trazado, la mitad de los ingresantes eran argentinos atraídos por las compras navideñas, mientras que el resto fueron paraguayos residentes en el país regresando para reunirse con sus familias.
El intenso flujo generó largas filas de vehículos que superaron los siete kilómetros y que llegaron hasta Costa Sur, con demoras de varias horas bajo un sol intenso.
Los viajeros reportaron nerviosismo y momentos de tensión, agravados por la caída temporal del sistema de control integrado, lo que ralentizó los trámites migratorios.
Además, se denunció un negocio ilegal en Posadas, donde personas cobraban hasta 30.000 pesos (equivalentes a unos 130.000 guaraníes) para adelantar posiciones en la cola.
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