La Región
ONU acusó a Paraguay de violar derechos indígenas por fumigación agrícola
El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas (ONU) hizo pública este miércoles una acusación contra el Estado paraguayo por la violación de los derechos y territorios ancestrales de la comunidad indígena ava guaraní de Campo Agua’ẽ, en el departamento de Canindeyú, fronterizo con Brasil.
Ubicada en una de las zonas de mayor expansión del agronegocio, Campo Agua’ẽ es una isla en medio de interminables cultivos de soja transgénica, fumigados con poderosos químicos agrícolas, algunos de los cuales figuran entre la denominada “docena sucia”, propiedad de dos hacendados de origen brasileño.
Los indígenas llevaban denunciando esta situación hace 12 años, cuando empezaron a ver diezmados sus animales, sus propios cultivos, y sus prácticas tradicionales.
En octubre de 2009, presentaron el caso a la Unidad Especializada en Delitos contra el Medio Ambiente, del Ministerio Público, pero la causa nunca avanzó, pese a que la fiscalía consideró probado el hecho punible de contaminación, y que incluso los mismos sojeros brasileños reconocieron. Ambos fueron sobreseídos, finalmente, en septiembre de 2013.
Entonces, con el apoyo de la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy), y la organización Base Investigaciones Sociales (Base IS), la comunidad presentó el caso ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que este miércoles dio a conocer sus conclusiones.
El organismo multilateral concluyó que Paraguay “violó los derechos de una comunidad indígena a sus tierras tradicionales y a su entendimiento de domicilio, debido a la falta de prevención y control de la contaminación tóxica de sus tierras causada por el uso intensivo de plaguicidas por empresas agrícolas vecinas”.
“El Comité declaró al Estado paraguayo responsable de violaciones de sus obligaciones asumidas mediante el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Determinó que las fumigaciones indiscriminadas menoscabaron la diversidad biológica del territorio indígena, destruyendo los recursos naturales que no solamente son la fuente de subsistencia alimentaria sino también de prácticas culturales ancestrales asociadas a la caza, pesca, recolección en el bosque y agroecología del pueblo guaraní”, señaló Codehupy en su sitio web.
“El Estado, a 12 años de la denuncia, no tomó medida alguna para proteger los derechos de la comunidad a preservar su hábitat y a mantener su propia vida cultural”, agregó.
Soja y después
Las fumigaciones de cultivos en Paraguay se ha vuelto un verdadero problema ambiental y sanitario desde la espectacular expansión de la agricultura extensiva, basada casi exclusivamente en el monocultivo de soja genéticamente modificada.
En febrero pasado, la campaña “No fumiguen la educación, Anive Pefumiga Escuela”, impulsada por la Coordinadora de Mujeres Rurales e Indígenas (Conamuri), denunciaba que en el país hay 99 escuelas rurales expuestas directamente a la fumigación con agroquímicos.
La página web de la Campaña recoge los diversos estudios de campo sobre los riesgos y las consecuencias para la salud humana de la exposición a los químicos agrícolas utilizados en el país; además de testimonios de la población afectada.
El caso testigo de una de esas investigaciones se registró en Itapúa en enero de 2003, señalado como la primera muerte por exposición a los agroquímicos, el niño Silvino Talavera, del distrito de Pirapey, que falleció a los pocos días de ser alcanzado por la fumigación de cultivos de soja cuando regresaba de la escuela.
En su investigación “Escuelas Rurales fumigadas en Paraguay (Estudio de tres casos distintos)”, la antropóloga Regina Kretschmer, el abogado Abel Areco, y la socióloga Marielle Palau, sostienen que desde 2007 el Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales (Desc) ha señalado su preocupación por la incontrolada aplicación de químicos agrícolas en el país, y que en 2019 el el Comité de Derechos Humanos de la ONU ya había fallado, en casos presentados por otras comunidades, en la misma dirección que hoy sobre Campo Agua’ẽ.
La senadora paraguaya y parlamentaria del Mercosur, Lilian Samaniego, criticó las nuevas exigencias migratorias establecidas por el gobierno argentino y opinó que “atentan contra la integración regional”.
La parlamentaria paraguaya se refirió a la reforma migratoria del DNU 366/2025 del presidente Javier Milei en la reciente sesión del Parlasur y abogó por su revisión, en virtud de los “lazos históricos comunes” entre ambos países.
Samaniego valoró el protocolo firmado por Paraguay y Argentina para avanzar con el control integrado en los puestos fronterizos, porque “será en beneficio de los ciudadanos de a pie”, y cuestionó la decisión del gobierno argentino de endurecer las condiciones de ingreso al país, agregando requisitos que antes no existían, como el seguro médico obligatorio.
En opinión de la parlamentaria paraguaya, el gobierno de Milei “va de contramano a estas intenciones de agilización, como poner mayores requisitos, como un seguro médico, para las personas que cruzan la frontera”.
“Es importante advertir que poner requisitos demás atenta contra la integración regional, que diría debe ser la consigna”, afirmó Samaniego.
“A lo largo de la historia, Paraguay y Argentina han compartido mucho más que una frontera”, historió la parlamentaria del vecino país y enumeró: “Sangre, trabajo, canciones, palabras, sueños y en muchas ciudades argentinas uno cruza la calle y escucha el guaraní”.
“Con el respeto absoluto a la soberanía de nuestros países, levanto mi voz para que las decisiones políticas no rompan los lazos hermanados que nos ha hecho grandes como región, y que en el momento de reglamentar tengan en cuenta todo lo que hemos tenido a lo largo de la historia de nuestros vínculos con la Argentina”, señaló y concluyó: “No existen paraguayos que no tengan vínculos con los argentinos”.
Un numeroso grupo de paseros, en su mayoría motociclistas, realizan un corte total del tránsito a mitad del puente internacional San Roque González de Santa Cruz, que une Posadas con la ciudad de Encarnación, Paraguay.
Aparentemente, la medida de fuerza comenzó por los controles de la Aduana Argentina y el cobro por parte del personal de “coimas” para el traslado de mercadería.
“Nosotros no somos perritos de ellos, no le debemos un centavo a ningún agente, ni a ningún gendarme, aduanero, ni a ningún jefe. Estamos hartos de que los compañeros todos los días son maltratados por esa gente porque tiene su chaleco azul”, reclama una pasera oriunda de Paraguay a efectivos del vecino país en medio del cruce internacional.
En esa línea, la mujer sostiene que “todos, tanto argentinos como paraguayos, trabajamos en el paso y vivimos del paso, no le robamos a nadie un centavo y por qué ellos tienen que poner límites de compra”.
La pasera argumenta que todos los trabajadores tienen sus vehículos con los papeles “en regla” y pregunta “cuál es el problema con ellos -en referencia a los trabajadores de la Aduana Argentina-. No se puede llevar una colcha porque sos paraguayo, pata sucia, raja de acá no te quiero ver”.
Por último, la mujer denuncia que “no se puede llevar nada porque ellos no quieren. Si llevas una colcha, un termo, un par de zapatillas tenés que pagar 200 mil pesos porque a ellos se le da la gana, dónde hay un estatuto que diga que porque llevaste una colcha, un termo y dos zapatillas se tiene que pagar 200 mil pesos, eso quiero que me expliquen”.
La medida de fuerza de los paseros, tanto argentinos como paraguayos, inició alrededor de las 8.30 por tiempo indeterminado.
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FOTO Y VIDEO: Fabián Sánchez
Un camión con seis árboles de olivos contrabandeados desde Misiones fue interceptado e incautado mientras circulaba por la BR-163, en el acceso a Santo Antonio Do Sudoeste, ciudad brasileña ubicada en la frontera con San Antonio.
El procedimiento se dio anoche, alrededor de las 20, durante un operativo conjunto que inició tras una información obtenida por el área de inteligencia de la 3a Compañía de la 21a BPM que apuntaba sobre el paso de un camión por camino rural que habitualmente suele ser utilizado para el tráfico ilegal.
Con ese dato, los uniformados salieron de recorrida por la ciudad hasta que finalmente ubicaron el vehículo que en su caja transportaba seis árboles de olivos originarios de Argentina pero que en Brasil tienen un valor de entre 40.000 y 100.000 reales cada uno.
Los ejemplares eran transportados sin ningún tipo de documentación de respaldo y el conductor de la camioneta afirmó desconocer el origen de los árboles, aduciendo que solamente se hizo cargo del traslado a pedido de terceros. El destino final eran San Pablo.
Según informó el portal Radio da Fronteira, los árboles fueron incautados y trasladados hacia la Receita Federal en Santo Antonio do Sudoeste, donde quedarán a disposición de la Justicia. El conductor del vehículo, en tanto, fue llevado a declarar ante las autoridades.
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