La Región
ONU acusó a Paraguay de violar derechos indígenas por fumigación agrícola
El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas (ONU) hizo pública este miércoles una acusación contra el Estado paraguayo por la violación de los derechos y territorios ancestrales de la comunidad indígena ava guaraní de Campo Agua’ẽ, en el departamento de Canindeyú, fronterizo con Brasil.
Ubicada en una de las zonas de mayor expansión del agronegocio, Campo Agua’ẽ es una isla en medio de interminables cultivos de soja transgénica, fumigados con poderosos químicos agrícolas, algunos de los cuales figuran entre la denominada “docena sucia”, propiedad de dos hacendados de origen brasileño.
Los indígenas llevaban denunciando esta situación hace 12 años, cuando empezaron a ver diezmados sus animales, sus propios cultivos, y sus prácticas tradicionales.
En octubre de 2009, presentaron el caso a la Unidad Especializada en Delitos contra el Medio Ambiente, del Ministerio Público, pero la causa nunca avanzó, pese a que la fiscalía consideró probado el hecho punible de contaminación, y que incluso los mismos sojeros brasileños reconocieron. Ambos fueron sobreseídos, finalmente, en septiembre de 2013.
Entonces, con el apoyo de la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy), y la organización Base Investigaciones Sociales (Base IS), la comunidad presentó el caso ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que este miércoles dio a conocer sus conclusiones.
El organismo multilateral concluyó que Paraguay “violó los derechos de una comunidad indígena a sus tierras tradicionales y a su entendimiento de domicilio, debido a la falta de prevención y control de la contaminación tóxica de sus tierras causada por el uso intensivo de plaguicidas por empresas agrícolas vecinas”.
“El Comité declaró al Estado paraguayo responsable de violaciones de sus obligaciones asumidas mediante el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Determinó que las fumigaciones indiscriminadas menoscabaron la diversidad biológica del territorio indígena, destruyendo los recursos naturales que no solamente son la fuente de subsistencia alimentaria sino también de prácticas culturales ancestrales asociadas a la caza, pesca, recolección en el bosque y agroecología del pueblo guaraní”, señaló Codehupy en su sitio web.
“El Estado, a 12 años de la denuncia, no tomó medida alguna para proteger los derechos de la comunidad a preservar su hábitat y a mantener su propia vida cultural”, agregó.
Soja y después
Las fumigaciones de cultivos en Paraguay se ha vuelto un verdadero problema ambiental y sanitario desde la espectacular expansión de la agricultura extensiva, basada casi exclusivamente en el monocultivo de soja genéticamente modificada.
En febrero pasado, la campaña “No fumiguen la educación, Anive Pefumiga Escuela”, impulsada por la Coordinadora de Mujeres Rurales e Indígenas (Conamuri), denunciaba que en el país hay 99 escuelas rurales expuestas directamente a la fumigación con agroquímicos.
La página web de la Campaña recoge los diversos estudios de campo sobre los riesgos y las consecuencias para la salud humana de la exposición a los químicos agrícolas utilizados en el país; además de testimonios de la población afectada.
El caso testigo de una de esas investigaciones se registró en Itapúa en enero de 2003, señalado como la primera muerte por exposición a los agroquímicos, el niño Silvino Talavera, del distrito de Pirapey, que falleció a los pocos días de ser alcanzado por la fumigación de cultivos de soja cuando regresaba de la escuela.
En su investigación “Escuelas Rurales fumigadas en Paraguay (Estudio de tres casos distintos)”, la antropóloga Regina Kretschmer, el abogado Abel Areco, y la socióloga Marielle Palau, sostienen que desde 2007 el Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales (Desc) ha señalado su preocupación por la incontrolada aplicación de químicos agrícolas en el país, y que en 2019 el el Comité de Derechos Humanos de la ONU ya había fallado, en casos presentados por otras comunidades, en la misma dirección que hoy sobre Campo Agua’ẽ.
El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, presentará su nuevo libro en la ciudad de Corrientes, este miércoles 3 de junio a las 17. El encuentro abierto al público se realizará en la sede de la Facultad de Derecho, Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Nacional del Nordeste, ubicado sobre la avenida Libertad al 5460.
El evento tendrá lugar en el auditorio de la unidad académica, fue anunciado por el propio mandatario a través de sus redes sociales, donde compartió el flyer oficial de la convocatoria junto al mensaje: “¡Las y los espero!”.
La presentación cuenta con el auspicio de Siglo Veintiuno Editores. Sobre la publicación, Kicillof señaló que se trata de un aporte para reflexionar sobre la economía y los desafíos que enfrenta actualmente la Argentina.
Según la sinopsis de la obra, el libro se propone como una referencia para estudiantes, docentes y lectores interesados en la economía. A través de un lenguaje accesible, explora con rigor el legado del pensamiento económico clásico y plantea cómo una mirada heterodoxa puede enriquecer ese análisis, aportando nuevas herramientas para comprender la realidad económica contemporánea.
Este miércoles 3 presento en Corrientes mi libro “De Smith a Keynes”, un aporte para pensar la economía y los desafíos actuales de nuestro país.
¡Las y los espero! pic.twitter.com/1m20AoTiQm
— Axel Kicillof (@Kicillofok) June 1, 2026
Dos familias argentinas con niños pequeños fueron rescatadas en Brasil tras permanecer en condiciones de explotación laboral extrema en una chacra hortícola ubicada en el estado de Paraná, a unos 90 kilómetros de la frontera con Puerto Iguazú.
El operativo fue realizado por la Policía Federal brasileña junto a organismos laborales y derivó en la detención de una pareja acusada de reducir a trabajadores a una situación análoga a la esclavitud.
El procedimiento se llevó adelante en una propiedad rural de la localidad de Céu Azul, en el oeste de Paraná, durante la denominada “Operación de Lunes a Lunes”, encabezada por la Policía Federal de Brasil y auditores del Ministerio de Trabajo.
Allí encontraron a tres familias extranjeras, dos argentinas y una paraguaya, viviendo en condiciones degradantes junto a cinco menores de edad, según consignó el portal brasileño Jornal de Fronteira.
Según la investigación, las víctimas habían llegado a Brasil atraídas por promesas de empleo, pero terminaron sometidas a extensas jornadas laborales sin descanso semanal, en un predio con escasa higiene, poca alimentación y vigilancia permanente mediante cámaras de seguridad.
Las autoridades brasileñas indicaron que los trabajadores no cobraban salario ni tenían ningún tipo de registración laboral. Además, denunciaron que los empleadores retenían la totalidad de los ingresos bajo el argumento de cubrir gastos de alimentos y provisiones, vendidos a precios inflados, una práctica conocida como “servidumbre por deuda”.
En total fueron rescatadas once personas, entre ellas seis adultos y cinco niños de entre 6 y 8 años. Una de las familias argentinas decidió regresar al país con apoyo del Comando Tripartito de la Triple Frontera, mientras que la otra, integrada por ocho personas, optó por permanecer en Foz de Iguazú y fue alojada en un refugio.
El delegado de la Policía Federal, Emerson Rodrigues, explicó a Jornal da Fronteira que la producción de la chacra abastecía a distintas ciudades de la región y confirmó que antes de la llegada de los agentes una de las familias había logrado escapar del lugar.
La pareja propietaria del establecimiento fue detenida en flagrancia y trasladada a la delegación de la Policía Federal en Foz de Iguazú. Mientras tanto, la investigación continúa abierta y no se descarta una posible conexión con redes de trata de personas.
Un ciudadano paraguayo de 27 años, que desde 2025 era buscado como uno de los presuntos autores del asesinato de un ex policía que trabajaba como chofer de aplicación en Presidente Franco, estaba detenido en Misiones por una causa de robo y ahora fue expulsado del país.
El extranjero implicado se trata de Fabián Leiva Ríos (27), quien ese mismo año fue detenido en Puerto Iguazú por un hecho de robo calificado y una vez identificado se constató que registraba un tendal de antecedentes en su país, con tres órdenes de captura vigentes por delitos de hurto, robo y homicidio.
Según reportes actualizados, las autoridades paraguayas tienen a Leiva Ríos como uno de los autores del asesinato de Carlos Miguel González Aguilar (29), un ex policía que trabajaba como chofer de la aplicación de transporte Bolt.
El crimen ocurrió el 31 de diciembre de 2024. Ese día Aguilar se dirigió hacia el barrio Tres Fronteras de Presidente Franco, ciudad paraguaya ubicada frente a Puerto Iguazú, para buscar a un usuario de la aplicación y nunca volvió.
Su cuerpo fue hallado poco después en la zona rural de colonia Península, unos kilómetros más al sur. El hombre había sido ejecutado de un disparo en la parte trasera de la cabeza.
El o los asesinos se robaron el auto Hyundai, que luego lo abandonaron nuevamente en cercanías al barrio Tres Fronteras. Las imágenes de cámaras de seguridad captaron a dos hombres a bordo del vehículo. Se cree que uno de ellos era Leiva Ríos.
El sospechoso ahora se encuentra nuevamente en territorio paraguayo y deberá responder ante la Justicia de ese país. Su expulsión se concretó hoy, durante un procedimiento realizado en el puerto de Iguazú.
El procedimiento de expulsión se concretó esta mañana.
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