El abogado, economista y académico paraguayo Rubén Lisboa Lescano ubica a la escalada paraguaya contra Argentina por la hidrovía y Yacyretá, como parte de una arremetida mediática del gobierno de Santiago Peña para ocultar una nueva toma de deuda destinada a financiar intereses de préstamos anteriores impagos, y medidas impopulares como autoaumentarse el sueldo y subir el de sus ministros.

“Estamos en un momento crítico de la economía y cualquier conflicto de este tipo, la hidrovía, los camiones de gas retenidos en Clorinda, la deuda de Yacyretá, todo suma para tapar el verdadero problema que tiene el país”, afirmó Lisboa, entrevistado por La Voz de Misiones.

“En un lapso de 10 años, Paraguay quintuplicó su deuda externa”, señaló el economista y precisó: “Paraguay tenía una deuda de U$S2.900 millones, y hoy estamos rondando los U$S16.000 millones”.

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Lisboa es abogado, economista y tiene una maestría en Ciencias Políticas. Además, enseña historia diplomática del Paraguay y economía política en la Universidad Católica, sede Carapeguá, una ciudad del Departamento Central, vecino a la capital paraguaya.

El académico paraguayo fue prisionero político de la dictadura de Alfredo Stroessner en dos ocasiones, en 1983, procesado por la Ley 209/70 “De defensa del orden público y libertad de las personas”; y en 1984, en ocasión de la visita del Papa Juan Pablo II al país.

Desvistiendo santos

Lisboa sostuvo que, en la década que siguió al golpe de Estado de 2012 contra el presidente Fernando Lugo, “se produjo un verdadero carnaval en toma de préstamos, que como se hace con la figura de los ‘bonos soberanos’, nadie sabe, exactamente, de dónde viene el dinero”.

“Lo concreto y real es que hoy tenemos una deuda gigantesca que para el Paraguay es impagable, porque su materia económica sigue siendo del siglo XVIII, agrícola ganadera, y esos dos rubros, que son los que más ingresan, no pagan impuestos”, argumentó y razonó: “Por lo que la deuda tendrá que pagarla la ciudadanía, la más pobre, a la que le sacan vía impuestos indirectos lo poco que tiene”.

El especialista sostuvo que “hace tiempo” que el Estado paraguayo “no está pagando los intereses” de la deuda, por lo que estos nuevos préstamos que tramita el Congreso del país incorpora un pasivo que no se traduce en realizaciones para la gente.

“En estos días, el Estado tuvo que recurrir a un nuevo préstamo de U$S48 millones para cubrir gastos y salarios de Yacyretá”, apuntó el economista.

“Se está desvistiendo un santo para vestir a otro”, graficó Lisboa.

Falta lo peor

“Esto va a empeorar. Paraguay no tiene forma de obtener recursos más allá de los préstamos; salvo aumentar impuestos, que tampoco tiene posibilidades de éxito porque la población no tiene condiciones de cumplir”, afirmó.

“Aparte, nuestra condición de país mediterráneo nos impide hacer algo distinto de lo que hicimos en los últimos 132 años, después de la Guerra de la Triple Alianza”, añadió.

“La situación es mucho más grave de lo que se conoce afuera”, indicó el académico paraguayo.

“Acá siempre te hablan de la moneda más estable, de que el país es un paraíso para las inversiones, pero la verdad es que todo eso no influye en la vida del ciudadano; es propaganda”, expresó.

“La ciudadanía no tiene salud, educación, vivienda, trabajo”, dijo Lisboa, al enumerar indicadores de resultados crónicos que revelan la desinversión pública en la materia, y apuntó: “Encima, el nuevo censo que se hizo arroja que tenemos 1.300.000 habitantes menos de lo que creíamos, eso repercute en el PBI, la deuda per cápita; todo va en la dirección contraria a la que se sostiene desde el gobierno”.

“El censo arrojó que el 66% de la población es urbana y solo el 33,3% es rural”, indicó Lisboa, y explicó que “toda esa masa de población se desplazó hacia las ciudades sin ninguna forma de insertarse en la economía formal, o para emigrar, fundamentalmente, a la Argentina, que es adónde va la mayoría, porque ahí vos tenés salud, tenés un poco de trabajo, tenés educación, aún con los problemas que tiene la Argentina, porque acá no hay posibilidades de nada”.

“Tampoco tenemos muchos recursos naturales, infraestructura para poder implementar políticas que ayuden al país a salir del encierro. Acá sobra energía pero no hay líneas de trasmisión para utilizar la energía”, agregó.

El profesor se refirió también al impacto en la economía, un sector informal del orden del 40%, vinculado a actividades ilícitas relacionadas con el narcotráfico y el lavado de dinero.

“Esta informalidad contiene otros tipos de negocios, como el hecho de que se ha extendido mucho el lavado, el narco, que se insertaron en la economía, con actividades de maquillaje, y sirven a la dinámica de la economía formal”, explicó.

El economista, abogado y cientista político sostuvo que también “este sector informal también se achicó, y está atravesando una crisis, que termina impactando en todo el modelo”.

Lisboa citó las sucesivas apariciones del embajador estadounidense en Asunción, Marc Ostfield, para informar sobre decisiones del gobierno norteamericano en torno a conocidos empresarios y políticos paraguayos de la primera línea del poder, para graficar las restricciones que encuentra ahora este sector informal de la economía paraguayo arraigado en la ilegalidad.

“El embajador calificó de corruptos a ciertos y determinados personajes, entre ellos, un ex presidente, un vicepresidente y otros políticos muy renombrados”, manifestó Lisboa, sobre los anuncios en la sede diplomática estadounidense contra el ex presidente Horacio Cartes, el entonces vicepresidente Hugo Velázquez, entre otros, miembros de Yacyretá y el Poder Judicial, a quienes además les prohibió el ingreso al país y todo vínculo con empresas que operen en territorio norteamericano.

“Los yanquis no son los más indicados para otorgar calificaciones, pero eso creó un problema muy serio interno, porque esa economía informal que se expandió a través del lavado, el contrabando y el narcotráfico, ya venía teniendo problemas”, explicó Lisboa.

Bonos soberanos

El estudioso sostuvo que ninguna de las administraciones que siguieron a la caída de Lugo auditó la deuda que el Estado paraguayo engroso a partir de la primera emisión de los denominados “bonos soberanos”, acuñados por el gobierno del liberal Federico Franco, el vice del presidente derrocado y parte de la conspiración, cuyo capítulo final se vivió el 22 de junio de ese año, con la destitución presidencial.

Con Franco nació la “deuda soberana”, que continuó con el tabacalero Horacio Cartes y su sucesor, Mario Abdo Benítez, quien precedió a Santiago Peña, actual mandatario.

“Nunca hubo una auditoría sobre el dinero que se trajo en los 10 años”, afirmó Lisboa, “tampoco es posible saber exactamente qué se hizo con la deuda”, agregó.

“Por la vida que estamos llevando, con menos salud, menos educación, menos vivienda y menos trabajo, es evidente que ese dinero no fue al sector productivo”, expresó.

“Se quedó en las obras mal hechas que hicieron los empresarios vialeros y con los empresarios farmacéuticos”, apuntó.

“En el Paraguay, si uno quiere tener recursos, tiene que trabajar con el Estado”, dijo Lisboa.

“En el sector privado, no existen formas de acumular los recursos que algunos acumulan”, indicó, apuntando sin dar nombres a los principales grupos económicos del país, siempre señalados como crecidos a expensas de los fondos públicos y mediante negocios ilícitos.

Los misiles

“Hoy las escuelas están con problemas, los hospitales no tienen infraestructura y medicamentos; se carece de ningún plan de vivienda, de generación de empleo genuino y formal”, comentó Lisboa sobre el panorama que observa en su país.

El economista indicó que “el mayor empleador en Paraguay es el Estado”, y precisó: “La suma de todo el sector privado, no alcanza a lo que el Estado provee en materia de empleo”.

“Estamos viviendo una situación sumamente delicada en lo económico y social”, remarcó el economista paraguayo, y argumentó que “este deterioro de las condiciones se cubre con pequeños conflictos como el que tenemos ahora con la hidrovía y Yacyretá, que se magnifican para tapar el verdadero problema, con una política de Estado que no cambia y profundiza la crisis”.

Como ejemplo, mencionó el caso del diputado paraguayo Rubén Rubín, que propuso en una sesión reciente del Congreso armar al país con misiles para un hipotético conflicto armado con la Argentina.

“Lo de Rubín es producto de que en Paraguay cada vez más se eligen como autoridades políticas gente que no tiene idea de qué se trata hacer una vida política y tener posiciones políticas”, opinó Lisboa.

“En primer lugar, la Constitución en el artículo 144 dice que Paraguay renunció a la guerra”, sostuvo Lisboa, aunque aclaró que la letra chica del dogma consagra “la legítima defensa” y autoriza “operaciones especiales al estilo de Rusia”.

“Es una muestra más de la ignorancia del diputado, un show mediático; es parte de la operación mediática, una distracción más”, reiteró.

El profesor paraguayo agregó que el hecho de que el viralizado episodio provenga del diputado Rubín, un hombre de la industria del entretenimiento televisivo, “ayuda a entender la intención, el circo mediático armado”.

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La banda misionera, cuya cabeza era Rosana Estela Rodríguez (38), acusada de administrar una red de trata de personas que operaba en la localidad correntina de Paso de los Libres desde 2010 hasta 2016 fue condenada a penas de entre 8 y 4 años de prisión.

La sentencia fue dictada anoche, en el marco de la última audiencia del debate oral que se realizaba desde el 10 de mayo en el Tribunal Oral Federal (TOF) de Corrientes capital.

De manera detallada, el fallo dispuso una condena de 8 años de prisión para Rodríguez al ser considerada “coautora” del delito de “explotación sexual de víctimas de trata”, mientras que el empresario correntino Ricardo Aguirre recibió una pena de 6 años como “partícipe necesario”.

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Por su parte, los otros misioneros que integraban la organización, identificados como Juan Ramón Carpe, Silvio Antonio Dos Santos y Claudia María Dos Santos, fueron sentenciados por el mismo delito a penas de entre 5 y 4 años de cárcel, con diferenciación en sus grados de participación en el ardid.

Además, el tribunal integrado por los jueces Víctor Antonio Alonso, Fermín Amado Ceroleni y Manuel Alberto Jesús Moreira (del TOF de Posadas pero interviniente en este juicio por subrogación legal) ordenó que los cinco condenados se hagan cargo de una reparación económica de 50 millones de pesos para dos de las víctimas.

En la causa había más de una quince de imputados, incluidos ex gendarmes y funcionarios judiciales acusados de prestar un marco de impunidad para el accionar de la organización.

Algunos de esos otros imputados eran el comandante principal retirado de GNA José María Viero, los empresarios María Clelia Espada y su hijo Ricardo Gustavo Aguirre, y el abogado Dionisio Velasco, quienes fueron absueltos por el TOF.

Otro de los procesados en esta causa fue el ex fiscal federal Benito Pont, aunque fue separado del debate por deterioro cognitivo.

Los fundamentos de la sentencia serán comunicados el próximo 20 de octubre, según señalaron al culminar el debate oral.

Los fiscales intervinientes en el proceso fueron Carlos Schaefer, Tamara Pourcel, Soledad Branchi y Victoria Sassola, de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex), mientras que la querellante fue la defensora oficial Rosana Marini.

En su alegato, expuesto a fines de agosto, el fiscal Schaefer había pedido una pena de 12 años de prisión para la misionera Rodríguez y entre 8 y 4 para el resto de los integrantes de la organización.

Según la información relevada por La Voz de Misiones, Rodríguez también es conocida como “Yani”, es oriunda de Jardín América y no es la primera vez que enfrenta la Justicia ya que en 2013 recibió una pena de seis años de prisión en una causa por lavado de dinero proveniente del narcotráfico en el que también fue condenado su concubino Pedro Norberto Sánchez, ex comandante de Gendarmería Nacional Argentina (GNA), quien llegó a construir una escuela privada Crisol Universal en Candelaria para blanquear sus ganancias.

La causa: 36 víctimas y marco de impunidad

De acuerdo a lo que se pudo reconstruir, la causa comenzó a investigarse a fines de 2015 tras una denuncia anónima recibida en la Línea 145 de Protex.

Los elementos recolectados posteriormente dieron cuenta que en la localidad de correntina de Paso de los Libres funcionaban tres locales nocturnos donde se explotaba sexualmente a mujeres de diversas edades y ciudades de procedencia.

Esos locales eran “Roxi” o “Puro Movimiento”, “Balizas” y “Kilómetro de Oro”, los cuales finalmente fueron allanados durante operativos de la GNA ejecutados a comienzos de 2016.

Durante la pesquisa, se advirtió, además, que los locales Puro Movimiento y Momentos, ya habían sido decomisados en 2013 en el marco del juicio por lavado de activos de origen delictivo que tuvo como imputada a la misionera Rodríguez.

La investigación global determinó, entonces, que la organización que administraba los tres locales funcionó al menos desde el 17 de junio de 2010 hasta el 10 de enero de 2016, período en el cual se identificaron al menos 36 mujeres en estado de vulnerabilidad que fueron víctimas de explotación sexual, entre ellas 4 misioneras.

De acuerdo con la acusación, estos prostíbulos fueron comandados por distintos grupos criminales y uno de ellos estaba liderada por Rodríguez -entre otros imputados- e integrada por Carpe, Claudia y Silvio Dos Santos, además de otros involucrados.

A la investigación inicial impulsada por la PROTEX se acumuló luego una de las causas en la que intervenía el ex fiscal federal Benito Antonio Pont, aunque luego se determinó que el funcionario judicial era parte de la organización, desviando la pesquisa y garantizando la impunidad de la banda, al igual que su cuñado, el ex comandante de GNA José María Viero.

Los dos fueron imputados en la causa y para el ex gendarme el fiscal Schefer pidió una pena de 12 años de prisión, mientras que el ex fiscal fue apartado transitoriamente del debate oral por razones de salud.

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La Justicia brasileña fijó para el próximo 19 de octubre, más de 17 años después del hecho, el juicio oral contra tres ciudadanos correntinos acusados del crimen de Ariel Malvino (23), un estudiante de abogacía coterráneo que también vacacionaba en las playas de Ferrugem.

El hecho se registró el 19 de enero de 2006, Eduardo Braun Billinghurst, Horacio Pozo y Carlos Andrés Gallino Yanzi, todos correntinos, quienes al momento del suceso tenían entre 22 y 27 años, y nunca fueron detenidos.

El debate oral, según especificaron desde la web del Poder Judicial del estado brasileño de Santa Catarina, comenzará el próximo 19 de octubre y se desarrollará en el Ayuntamiento de Garopaba.

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Para el proceso fueron citados un total de 20 testigos, cinco de parte del Ministerio Público Fiscal, encargado de la acusación, y 15 a pedido de la defensa técnica de los tres acusados.

Respecto a los imputados, se informó que dos (Yanzi y Pozo) están acusados por el delito de “lesiones corporales seguidas de muerte” y el restante (Braun Billinghurst) por “homicidio agravado”.

Sobre ellos, la Justicia brasileña también indicó que “el juzgado local contó con la “colaboración de la Coordinación General de Cooperación Jurídica Internacional en Materia Penal, entidad de la Secretaría de Justicia y Seguridad Pública del gobierno federal, para solicitar a las autoridades bonaerenses la citación de los imputados a comparecer ante el jurado, a paso que ya se ha completado”.

Ariel Malvino era estudiante de abogacía y tenía 23 años al momento del hecho.

Según la reconstrucción trazada, el asesinato del estudiante de abogacía Ariel Malvino ocurrió el 19 de enero de 2006, cerca de las 5 de la mañana, durante una gresca registrada sobre la calle general de la playa de Ferrugem.

El Ministerio Público de Santa Catarina estableció que en ese momento Gallino Yanzi, Pozo y Braun Billinghurst participaban en una “riña” y peleaban contra diez personas “en agresiones físicas recíprocas”.

En esas circunstancias, Malvino observaba el hecho de forma pasiva desde la entrada de su posada hasta que lanzó a los gritos un “un comentario despectivo sobre la actitud de los denunciados destacando la estupidez de las personas involucradas en la pelea”.

Consecuencia de ello, los tres correntinos acusados abandonaron la pelea, se dirigieron hacia Malvino y, tras una breve discusión, comenzaron a golpearlo a puñetazos.

La reconstrucción añade que uno de esas agresiones provocó que la víctima se desvaneciera y al caer golpeara su cabeza contra el suelo, impacto que, según la autopsia, derivó en su muerte.

Sin embargo, también se estableció que mientras Malvino se encontraba inconsciente en el suelo las agresiones continuaron y en esas circunstancias uno de los imputados arrojó una piedra de 17 kilogramos sobre el pecho de la víctima.

Tras el hecho, los tres acusados regresaron al hospedaje en el que se encontraban, tomaron sus cosas y regresaron hacia Corrientes capital.

Investigadores brasileños llegaron hacia ellos mediante el aporte de varios testigos, entre ellos del personal del establecimiento hotelero donde se hospedaban, quienes entregaron documentos relacionados a las reservas del lugar. Los implicados siempre negaron las acusaciones.

Respecto a la demora de la llegada del juicio, desde Brasil explicaron que “el hecho de que los implicados y la mayoría de los testigos fueran extranjeros provocó demoras procesales, siendo necesario emitir numerosas cartas rogatorias -un instrumento legal de comunicación entre tribunales de diferentes países, con la objetivo de obtener colaboración para la práctica de actos procesales- y plazos ampliados para su cumplimiento”.

Durante todo este tiempo la familia de Malvino reclamó constantemente la llegada de este momento. A mediados de enero de 2021, mientras en el país era noticia nacional el crimen de Báez Sosa, cometido en similares circunstancias, los padres del joven correntino rogaron justicia por última vez: “Esperemos que 2021 nos recompense con este bendito juicio”.

Ese día, finalmente llegó y será el próximo 19 de octubre.

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