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Intendente correntino trabajará gratis porque el municipio tiene deudas por 14 millones de pesos

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Juan Ramón Castellanos, intendente electo de la comuna correntina de Perugorría, anunció este lunes que trabajará sin cobrar sueldo desde el próximo 10 de diciembre, cuando debe asumir el cargo, ya que el Municipio adeuda unos 14.000.000 de pesos y necesita mejorar sus cuentas.

“Vamos a trabajar ad honorem por un acuerdo unánime, ya que sabemos que la situación económica de la Municipalidad es muy difícil”, anunció el jefe comunal, quien asumirá el 10 de diciembre en Perugorría, una localidad de 3.000 habitantes ubicada a 240 kilómetros al sur de la capital de Corrientes.

“Los concejales en diciembre van a cumplir un año y cuatro meses que no cobran”, sostuvo Castellanos, un contratista de obras rurales de 57 años que pertenece al partido Encuentro Liberal, oficialismo de la provincia de Corrientes.

“Los concejales son cinco y a los empleados les pagan de a 500 pesos, o les dan cheques que lamentablemente hoy por hoy son mala palabra en toda la provincia”, relató el electo jefe comunal.

De acuerdo con una estimación obtenida tras ganar la comuna el 8 de octubre pasado con un 60 por ciento de los votos, Castellanos asumirá con una plantilla de seis empleados de planta permanente, entre 20 y 30 contratados, “y los que más existen son los que no trabajan, que son los ñoquis, y no sé con exactitud cuántos son, pero eso se termina a partir del 10 de diciembre”, dijo en declaraciones a la radio LT7.

 

DEUDAS

Según la reconstrucción de diversas operaciones comerciales efectuadas por la actual gestión del municipio, a cargo de la kirchnerista Angelina Lesieux, “la deuda total sería de 14 millones de pesos”.

El pasivo principalmente está compuesto de obligaciones impagas con empresas proveedoras de materiales de construcción y herramientas, como el caso de una compañía de la localidad cercana de Goya, donde el propietario de la firma irrumpió en obradores de Perugorría y tomó a modo de pago elementos de diversos rubros.

“Hasta la horquilla para levantar ramas se llevaron en un camión”, indicó Castellanos, quien relató que “pedimos que nos la devuelvan ya que queremos ingresar el 10 de diciembre y por lo menos limpiar el pueblo porque hay malezas y mugre y eso se hace con acoplados, con tractores, con camión, pero se llevaron todo”.

Solamente con esa firma se registra un pasivo de alrededor de 3,6 millones de pesos, a los que se suman “una casa de sanitarios de la capital donde hay una deuda de 1.500.000 pesos, así como en honorarios de abogados se deben más de 2.000.000 de pesos”, según Castellanos.

El jefe comunal precisó que “hay deudas con negocios de Curuzú Cuatiá, Esquina, Mercedes y Victoria (Entre Ríos), donde se han registrado cheques rebotados”.

Asimismo, descartó pedir a la provincia un salvataje financiero o un préstamo, ya que prefiere “ser muy prudente en esto, pues no se trata de seguir endeudando al municipio, sino de sanearlo”.

En tanto anunció que trasladará la situación a la Justicia “una vez que tengamos documentos suficientes, con algunas cosas que ya hemos presentado a un juzgado de Curuzú Cuatiá”.

Dada la apremiante situación económica, el nuevo intendente indicó que no tendrá un “gabinete extenso, más bien reducido, pretendo que el municipio funcione y me parece suficiente con un secretario y el tesorero”.

 

DESVÍOS DE FONDOS

La actual intendenta de Perugorría fue denunciada por la diputada nacional Margarita Stolbizer por presuntos desvíos de fondos nacionales para la construcción de 40 viviendas que, según marcó en la acusación ante la Oficina Anticorrupción, no fueron concluidas.

Dicha investigación se canalizó luego a la justicia ordinaria de Corrientes, donde Angelina Lesieux está imputada.

 

Fuente: ChacoHoy.com


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Justicia provincial dictó amparo que frena importación de yerba en Misiones

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A raíz del planteo realizado por la Asociación Unión de Agricultores de Misiones que promovía una acción de Amparo en contra del DNU 70/23, el Juzgado Civil y Comercial 5 de Posadas dispuso suspender las importaciones de yerba mate y se elevaron notificaciones a varios organismos nacionales.

De esta manera, la medida cautelar respondió a la problemática que vienen planteando los productores yerbateros en los últimos meses, permitiendo preservar la salubridad del alimento -que según denunciaron- ingresaba con “metales pesados” y evitará la desleal competitividad de precios, mediante la suspensión de los alcances del DNU presidencial que desregulaba el mercado.

El martes pasado, un grupo de productores yerbateros provenientes de San Pedro, Andresito, San Vicente y Aristóbulo del Valle participaron del plenario conjunto de la Comisión de Economías y Desarrollo Regional y de Agricultura y Ganadería de la Cámara de Diputados de la Nación donde expusieron los embates que atravesaban por la importación de yerba mate canchada y molida de Paraguay y Brasil, lo que terminaba “tirando abajo los precios locales” y “generando sobreoferta del producto”.

En respuesta a esta problemática, este jueves 16 el Juzgado Civil y Comercial 5 de la ciudad de Posadas, emitió una resolución en el expediente 62459/2024, mediante la cual la justicia ordenó la “suspensión inmediata de todos los efectos los artículos 164 al 168 del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 70/2023 y corolario de todas aquellas normas, actos y/o disposiciones administrativas nacionales dictadas en su consecuencia, que tengan por objeto desregular la comercialización de la yerba mate, liberar las importaciones del producto o materia prima del mismo y altera la estructura, funciones y atribuciones conferidas oportunamente al Inym, de conformidad con su texto original de la Ley 25.564”.

A su vez, suspendió “los efectos de las normas y/o disposiciones y/o actos administrativos dictados que autoricen la importación de materia prima de yerba mate, entendida como tal a la hoja verde de yerba mate y/o yerba canchada, que no cumplimente con los controles de calidad establecidos por la normativa dictada oportunamente por el INYM, Código Alimentario Nacional y Reglamento Técnico del Mercosur, debiendo oficiarse al Estado nacional, para que por su intermedio se comunique a los organismos dependientes del mismo que intervenga en esta actividad, especialmente a la secretaría de Comercio, a la AFIP-DGA, Senasa y todo otro organismo que interviniera o tuviera injerencia en la importación de yerba”.

El fallo fue firmado por el juez Fernando Escalante, a favor de Marcelo Hacklander (Unión de Agricultores de Misiones – UDAM).


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Yerbateros buscan frenar la pérdida de competitividad con reclamo a Nación

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Los productores yerbateros serán recibidos el próximo martes por la Comisión de Economías Regionales de la Cámara de Diputados de la Nación, donde llevarán un petitorio en beneficio del sector que está siendo golpeado por las importaciones de yerba canchada y molida provenientes de Brasil y Paraguay, encuentro al que se sumarán los integrantes de la Comisión Provincial del Té (Coproté) con otra serie de reclamos. 

Este miércoles la situación de los productores yerbateros de Misiones y Corrientes llegó a la pantalla nacional al conocerse que el aluvión de yerba proveniente de los países limítrofes ha alcanzado un récord histórico de 3,83 millones de kilos durante los primeros meses del 2024, lo que supera en casi 30% la carga que llegó del exterior en enero-marzo de 2020, cuando se registró el último pico de importaciones, según datos de la base de comercio exterior del Instituto Nacional de Estadística y Censos.

Esto es así porque con la apertura de importaciones implementada por el Gobierno de Javier Milei, la yerba canchada importada de estos países (estaciona para luego procesar) se está pagando 1,2 o 1,3 dólares que al valor oficial, con impuesto PAIS de 17,5%, da unos 1.250 pesos el kilo. En cambio, la yerba canchada que se compra en secaderos o industrias misioneras y correntinas se paga 1.800 pesos.

Esta situación terminó desatando una fuerte disputa entre los yerbateros industriales que van por “los mejores precios” provenientes de Brasil y Paraguay, mientras que los pequeños y medianos productores buscan desesperadamente secaderos que reciban sus hojas al “mejor precio”, pero al no encontrarlos, finalmente terminan entregando el producto a precios bajos para no perder la cosecha.

A la fecha exigen a los secaderos que se respete el precio actual, que ronda los 370 pesos el kilo de la hoja verde y se garantice el precio de mercado mínimo con pago al contado, ya que algunos secaderos de la zona centro ofrecen entre 330 y 315 e incluso alertan sobre posibles cierres al no poder sostener los costos de mantenimiento.

Viaje a Buenos Aires

Frente a este panorama, los pequeños y medianos productores viajarán el próximo martes a Buenos Aires para intentar frenar la competencia desleal protagonizada por importadores extranjeros que gozan de los beneficios impositivos y financieros que les atribuyó el Gobierno nacional. 

En diálogo con La Voz de Misiones, Cristian Klingbeil, productor yerbatero y tealero de Guaraní, se refirió a las importaciones afirmando que “las tienen que cortar porque no es una competencia leal. Vamos a pedir que se evalúe en qué situación está la producción local y en función de eso analizar si importar o no. Nosotros vamos camino a una sobreproducción por los rendimientos de los yerbales, son todos muy buenos, con una cantidad de kilos importantísima, por lo que no se puede saturar el mercado con yerba importada y estos beneficios impositivos”.

Al reclamo también sumarán la pronta designación del presidente del Instituto Nacional de la Yerba Mate (Inym), por parte de la Secretaría Nacional de Bioeconomía, para poder regularizar su funcionamiento.

En tanto, los productores, cooperativas, privados e integrantes de la Coproté exigirán créditos más accesibles para la industria, con tasas de interés más bajas que permitan acopiar la producción mientras aguardan la apertura de exportaciones. También solicitarán un régimen simplificado de los impuestos, al igual que los yerbateros, y la puesta en marcha del gas natural.  

En busca de soluciones

Para este jueves, los productores yerbateros de diferentes puntos de la provincia analizaron la posibilidad de sumarse al paro general con movilización para visibilizar la problemática, aunque no llegaron a un acuerdo hasta el momento. Otra de las medidas que evalúan es realizar un pedido de reunión con el ministro del Agro de Misiones, Facundo López Sartori.

“Por ahora los productores yerbateros están tirando ideas, creo que no hay ningún problema con que los reciba el ministro o quien sea, nos van a atender, pero creo que esta situación se le escapa a la provincia porque la problemática yerbatera es una decisión política del Gobierno nacional, más que que hacerse eco de trasladar el reclamo a la Nación, otra cosa no puede hacer la provincia por el tema del INYM y la exportación de yerba que son los dos puntos de carácter urgente a tratar para ver si le encontramos un norte a la actividad”, expresó Klingbeil. 

A diferencia de la zona norte de la provincia, los productores del sur y centro consideran que las inclemencias climáticas, como las sequías y las intensas lluvias, sumada la situación política y económica de los últimos años, son factores que alteraron el desarrollo de la actividad yerbatera, por lo que hoy eligen optimizar sus tiempos apostando a la cosecha. 

Al respecto, detalló que “los grupos que están con ganas de hacer sentir su malestar por lo que está pasando son los de San Pedro, en los demás lugares no tanto porque la gente está apurada para cosechar la yerba. El colono no quiere perder un día de cosecha y con tanta lluvia corre peligro de que la yerba comience a perder mucho su hoja, son kilos de pérdida de cosecha y encima el precio está cada vez más bajo. Entonces la gente quiere cosechar para no perder kilos, no perder tanta plata y que no se le vayan los tareferos que tienen. Es un combo muy difícil para organizar una movida fuerte”.


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Detienen en Irigoyen a sospechoso de un homicidio en Brasil

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brasileño irigoyen

Un brasileño acusado de asesinar en su país y huir hacia Argentina fue detenido ayer a la tarde en la localidad de Bernardo de Irigoyen, donde fue encontrado alcoholizado y en el interior de un automóvil atascado en un camino rural. Estaba junto a su pareja y tenía las manos ensangrentadas.

Según consignaron fuentes policiales, todo comenzó mientras efectivos de Unidad Regional XII realizaban recorridas en el barrio Obrero, en cercanías al paso fronterizo con la vecina ciudad brasileña de Dionisio Cerqueira, donde se toparon con un Volkswagen Bora atascado al costado de un camino.

Al acercarse, constataron que en su interior habían dos ciudadanos brasileños, ambos con signos de ebriedad y lo que más llamó la atención es que el conductor presentaba un profuso corte en una de sus manos, lo cual generó un importante sangrado dentro del rodado.

Ante la sospechosa situación, la Policía decidió demorar a ambos extranjeros en averiguación de sus antecedentes, tras lo cual los llevó hasta la comisaría, donde certificaron que uno se identificaba como Fernando André S. C. (33) y Kelen G. B. (34), ambos domiciliados en Dionisio Cerqueira.

Y tan solo un llamado permitió conocer la verdad detrás de la presencia de los dos extranjeros en tierras misioneras. Es que solo bastó intercambiar información con sus pares en Brasil para que los integrantes de la Brigada de Inteligencia Criminal de Frontera recientemente puesta en funcionamiento pueda establecer que la pareja estaba siendo buscada por un homicidio cometido en su país.

El crimen se registró ese mismo día, a las 10 de la mañana, en el barrio Salete de Dionisio, donde un hombre fue asesinado a puñaladas en el medio de una discusión.

Los primeros testimonios recolectados por investigadores brasileños consignaron que el homicida había llegado al lugar a bordo de un automóvil y escapó de la misma forma, al tiempo que aparentemente la víctima alcanzó a describir a su asesino antes de morir.

Fue mediante estos datos que la pareja detenida en Irigoyen quedó bajo la lupa y ahora se espera que las autoridades judiciales intervinientes culminen los trámites de rigor para que se proceda a la rápida deportación de ambos implicados.


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