Judiciales
Imputado por violación se presenta como DJ en un bar de Jardín América
Gian Lucas Galarza, de 20 años, está acusado por “Abuso Sexual con Acceso Carnal Agravado por la participación de dos personas”.
El imputado, hijo de un ex intendente de General Urquiza, estuvo detenido un año y nueve meses hasta que, en junio de este año, el juez de instrucción Uno de Puerto Rico, Manuel Balanda Gómez, accedió al pedido de la defensa y le otorgó la excarcelación.
El magistrado le impuso al acusado una serie de condicionamientos a cumplir para mantener el beneficio, entre ellos, la prohibición de acercamiento a la víctima y la imposibilidad de salir del país. En tanto, Galarza fijó domicilio en Posadas.
Ahora, la defensa del imputado informó a la Justicia que el próximo sábado 15 de octubre Gian Lucas Galarza estará en el Bar Estación Sarmiento, ubicado en Jardín América, animando la velada y pasando música como DJ.
“En el lugar donde empezó todo mi calvario digamos”, dijo la víctima a La Voz de Misiones, tras recibir la noticia por medio de su abogado, Hugo Zapana.
Según detalló el letrado a la joven, Galarza tiene autorización para presentarse “el día sábado 15 de octubre del corriente año por la noche, en el Bar Estación Sarmiento, sito en av. Sarmiento y Uruguay de la localidad de Jardín América, donde ha sido contratado para pasar música como disc jockey (DJ) en el horario de 22:00 a 05:00 horas; regresando a su domicilio de esta ciudad de Posadas en horas de la mañana”.
La muchacha relató a LVM que vive “con miedo de cruzármelo a donde quiera que vaya, y ahora hace esto”, dijo y enfatizó: “Es horrible”.
Y agregó: “Me enteré cuando estaba trabajando y tuve un colapso de emociones. Estás cosas siempre me hacen sentir muy mal. Todavía estoy lidiando y tratando de sobrellevar ciertas consecuencias y cosas que me dejó todo esto que me pasó. Y ahora pasa esto, que me hace revivir todo, me hace muy mal, me hace sentir mucho dolor, tanto a mí como a mi familia”.
Luego de realizar la denuncia en el 2020, la joven tuvo que abandonar Jardín América, de donde es oriunda y donde vive toda su familia, a raíz de escraches públicos que sufrió. Incluso, tuvo que denunciar por acoso y amenazas a familiares directos del implicado.
Por motivo de la celebración del Día de la Madre el próximo domingo, la joven comentó que “tenía planeado ir a Jardín a visitar a mi mamá y sacarla a un lugar a cenar, a mi familia también, estuve juntando plata para hacer eso y sinceramente no me esperaba que esto pase”.
En esa línea, la denunciante reclamó: “Me parece re injusto que yo tenga que estar sufriendo en mi trabajo, en mi casa, ni siquiera pueda salir con mi familia porque este individuo hace lo que quiere, cuando quiere y nadie le dice nada, no entiendo, no me entra en la cabeza”.
La causa
El hecho fue denunciado en septiembre del 2020 por la joven que, en ese entonces, tenía 19 años. La mujer acusó de abuso y violación a Gian Lucas Galarza y a Hernán Mareco, este último no rindió cuentas ante la Justicia y se encuentra en calidad de prófugo.
La causa estuvo a cargo del magistrado Roberto Sena, responsable del Juzgado de Instrucción de Jardín América, que concluyó la investigación y dispuso su elevación a juicio.
Sin embargo, posteriormente la defensa de Galarza presentó un planteo de recusación del magistrado, argumentando -entre otros puntos- que en su juzgado trabajaba una persona allegada a la denunciante. El pedido fue analizado por los magistrados del Tribunal Penal 2 de Posadas, quienes fallaron a su favor y dispusieron que el expediente regrese a etapa de instrucción con un magistrado subrogante al frente.
A partir de ahí, intervino el Balanda Gómez, que es el titular del Juzgado de Instrucción Uno de Puerto Rico y fue quien dispuso el cese de la prisión preventiva del único implicado que estaba detenido.
La defensa de la víctima, encabezada por el Estudio Jurídico Zapana Tilli, interpuso un recurso de casación ante el Superior Tribunal de Justicia “por la nulidad de gran parte del expediente y el cambio de juez”, dijo el letrado Hugo Zapana a LVM.
Por otra parte, la causa fue nuevamente elevada a juicio e “ingresó al mismo tribunal que dispuso la nulidad de gran parte del expediente y que ordenó al juez de Puerto Rico que ponga en libertad a Galarza”, detalló el abogado.
La Justicia de Misiones estableció nuevas fechas para el juicio contra los docentes y sindicalistas, Leandro Sánchez y Mónica Gurina, quienes están acusados de “desobediencia judicial” y “obstrucción del libre tránsito” por su participación en la protesta multisectorial sobre la avenida Uruguay de Posadas, entre mayo y junio de 2024.
El debate oral se realizará los días 25, 26 y 27 de noviembre, luego de que el inicio previsto para el 15 de octubre fuera suspendido a pedido de la defensa y de diversas organizaciones sociales, con el objetivo de garantizar un espacio con mayor capacidad para la asistencia del público.
La Justicia hizo lugar al pedido de la defensa, encabezada por el abogado Eduardo Paredes, y dispuso que las audiencias se realicen en el Palacio de Justicia de Misiones, desde las 8.
Sánchez, secretario general de la Unión de Trabajadores de la Educación de Misiones (Utem), y Gurina, secretaria general de la CTA Misiones, son referentes del sector docente y sostienen que el proceso judicial en su contra representa un intento de “criminalizar la protesta social”.
Docentes llevados a juicio reclamarán su absolución en el Congreso
En la antesala de los alegatos que comenzarán mañana, el Tribunal Penal Dos de Posadas dispuso hoy que los seis ex policías imputados por la muerte del albañil Carlos Raúl Guirula (34) aguarden el dictado de la sentencia privados de su libertad.
A través de su presidente Gregorio Busse, el tribunal que también lo integran los jueces Fernando Verón y Miguel Mattos, comunicó que la decisión obedece a un “medida meramente administrativa para garantizar el proceso” y sostuvo que la disposición no equivale a una prisión preventiva sino a un “arresto preventivo”.
El fiscal Vladimir Glinka acompañó la postura, mientras que las defensas se opusieron e incluso el letrado Federico Tilli planteó un recurso de revocatoria que fue rechazado por el tribunal tras un breve cuarto intermedio.
De esta manera, los seis imputados fueron esposados y trasladados a unidades penitenciarias donde quedarán alojados hasta el dictado de la sentencia, resolución que podría darse este viernes.
Como paso previo se dará inicio mañana la ronda de alegatos, donde el primero en exponer será el fiscal Glinka, quien ya adelantó que tiene por probada su teoría del caso y podría solicitar duras penas para los imputados.
La causa tiene siete imputados por “tortura seguida de muerte y ocultamiento de pruebas”, figura bajo la cual pueden ser recibir prisión perpetua. Los acusados son Lourdes Beatriz Tabarez (42); Claudio Marcelo Servian; Carlos Alberto Da Silva (35); Ricardo Rafael Escobar (42); Carlos Alberto Zidorak (35); y Lucas Nahuel Saravia Allosa (37).
Todos habían llegado a esta instancia en libertad en virtud del vencimiento de sus prisiones preventivas, aunque iniciado el juicio tuvieron una consigna policial y ahora fueron arrestados preventivamente.
El hecho ocurrió el 19 de julio de 2014, cuando el albañil Guirula fue detenido por disturbios en el motel Park de Posadas y trasladado a la comisaría Decimotercera, aunque llegó muerto. La autopsia determinó que el deceso se produjo como consecuencia de una suma de lesiones como un traumatismo de cráneo y fractura de costillas que le perforaron un pulmón.
El juicio comenzó el 21 de octubre. Desde ese día hasta acá declararon más de 20 testigos y cuatro de los imputados, quienes cruzaron incriminaciones.
Los imputados Da Silva y Zidorak apuntaron contra Tabarez y Escobar por golpes, patadas y pisotones efectuados contra Guirula, que aquella madrugada del 19 de julio de 2014 llegó muerto a la comisaría Decimotercera tras ser detenido en el motel Park de Posadas.
Sobre Escobar incluso señalaron que “iba saltando” sobre el cuerpo del albañil tendido en la cajuela del patrullero Toyota Hilux en el que se realizó el traslado hacia la seccional. El apuntado también pasó frente al tribunal y admitió haber “apoyado el pie” sobre el hombre, aunque afirmó que lo hizo “sin ejercer presión” y “por motivos de seguridad”.
FOTO: Marcelo Rodríguez – El Territorio.
Caso Guirula: personalidad “psicopática” en Tabarez y sangre en el patrullero
El Tribunal Penal Uno de Eldorado rechazó el recurso de revocatoria planteado por las partes y mantuvo su decisión de suspender el juicio oral contra Pablo Schoenfisch (23) y en paralelo dispuso que el imputado continúe privado de su libertad mientras la fiscalía de instrucción investiga la autoincriminación efectuada por su padre Arnoldo (67), quien pidió ser acusado en lugar de su hijo por el crimen de su esposa Faustina Antúnez (54), registrado el 14 de mayo de 2020.
De esta manera, el debate oral que comenzó el lunes, mismo día en que el ex intendente de Santiago de Liniers lanzó la declaración que detonó el proceso, fue suspendido y todo quedó sin efecto hasta tanto la fiscalía de instrucción en turno analice el testimonio e investigue si la versión tiene asidero o no para determinar de qué manera continúa la causa que mantiene a Pablo Schoenfisch imputado por el asesinato de su madre e intento de homicidio en perjuicio de su padre.
En su resolución comunicada esta mañana, el tribunal conformado por los magistrados Andriana Andino, Atilio León y Javier Jourdan (subrogante) también dio lugar al pedido del fiscal Federico Rodríguez para que la fiscalía de instrucción investigue a Arnoldo Schoenfisch por falso testimonio.
Además, rechazó el pedido de excarcelación presentado por la defensa de Pablo Schoenfisch, encabezada por los letrados Fabián De Sá y María Laura Alvarenga, ante lo cual el imputado continuará privado de su libertad, condición en la que se encuentra hace más de cinco años.
La suspensión del juicio generó un fuerte rechazo de parte del fiscal Rodríguez, quien calificó la medida como “una falta de respeto” a las partes y a la sociedad que “aguarda una resolución” del caso.
El fiscal se había opuesto desde el comienzo a la interrupción del debate oral al considerar que la autoincriminación del padre del imputado corresponde a un “esquema defensivo” y “artilugio para dilatar el proceso” que ya había sido trazado en la antesala del juicio con una declaración presentada por escribanía pero que fue desestimada por las autoridades de instancia previa.
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