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Condenan a ex gendarme misionero por delitos de lesa humanidad en Jujuy

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El ex gendarme misionero, Raúl José Borges do Canto (80), fue condenado a 24 años de prisión por delitos de lesa humanidad cometidos en la provincia Jujuy antes y durante la última dictadura militar, mientras cumplía funciones como jefe de sección.

Según los registros, Borges do Canto nació el 25 de abril de 1942 en Concepción de la Sierra, su último domicilio lo tiene radicado en la localidad bonaerense de Ituzaingó y actualmente está con prisión preventiva.

El misionero recibió su condena el viernes pasado, en el marco de un mega debate oral que se extendió durante cuatro años en el Tribunal Oral Federal de Jujuy y donde se juzgó la responsabilidad de 20 imputados en más de 300 delitos perpetrados en perjuicio de 121 personas antes, durante y después del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 en las localidades de Libertador General San Martín, El Aguilar, Calilegua y Ledesma.

En ese contexto, Borges do Canto recibió 24 años de prisión al ser declarado responsable de los delitos de allanamiento ilegal agravado (4 hechos), privación ilegal de la libertad agravada (24) y tormentos agravados (23).

De acuerdo al alegato expuesto por el fiscal de juicio Federico Zurueta, al momento de los hechos, el misionero era segundo comandante de GNA y desde el 8 de enero 1975 hasta el 26 de octubre de 1976 cumplió funciones como jefe de la sección Mina Aguilar, ubicada en una zona del altiplano más cercana a La Quiaca y a la frontera con Bolivia que de la capital, San Salvador de Jujuy.

Para Zurueta, Borges do Canto “formó parte de la estructura represiva” y “participó en la articulación y ejecución de algunos procedimientos”, ya que era la máxima autoridad de la GNA en la localidad de El Aguilar, donde funcionaba una histórica mina a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar.

En su exposición, realizada ya en mayo, el titular de la fiscalía hizo hincapié en una protesta obrera que se denominó el Aguilarazo, realizada en 1973, donde hubo enfrentamientos con la GNA e incluso se registró un trabajador fallecido.

En esa línea, Zurueta sostuvo que “no resulta para nada una casualidad que Borges do Canto haya llegado a la Mina El Alguilar” y agregó que “resulta claro que precisaban a una persona de estas características, que pudiera desarrollar estas tareas”.

El fiscal se refería a labores para conocer e identificar a trabajadores y sindicalistas que pudieran poner en riesgo los intereses de la empresa minera, según relevó Página 12 al cubrir la etapa de alegatos del juicio que comenzó en 2018.

El debate oral se realizó en Jujuy y se extendió durante cuatro años. FOTO: Télam.

De esta manera, se reconstruyó que entre el 24 y el 26 de marzo de 1976 efectivos de la Gendarmería detuvieron a 23 trabajadores de la mina utilizando las propias camionetas de la empresa, lo que también denotó la complicidad civil.

Esos prisioneros fueron trasladados luego a distintos lugares de detención, donde sufrieron vejámenes, torturas e incluso violaciones, en algunos casos.

Uno de los testimonios más contundentes emitidos contra el misionero fue el de Efraín Guzmán, que integraba la comisión directiva del Sindicato Obrero Mina Aguilar. El trabajador aseguró que Borges do Canto realizó tareas de inteligencia previa al golpe, queriendo asistir a las asambleas y demás acciones similares.

Junto al ex gendarme misionero, fueron condenados otros 19 acusados, cuatro de los cuales recibieron penas de prisión perpetua, entre ellos, Juan Carlos Tamayo, ex jefe de la Central de Inteligencia dependiente del Regimiento de Montaña 20 del Ejército, a quien la fiscalía consideró culpable de 15 homicidios agravados, entre otros delitos.

En el mismo fallo, el tribunal jujeño dispuso mantener la prisión preventiva para varios de los condenados, entre ellos para el misionero Borges do Canto. Los fundamentos de la sentencia se darán a conocer el 3 de marzo del año que viene.

Los imputados oyendo la sentencia a través de dispositivos telemáticos. FOTOS: fiscales.gob.ar

 

FOTO PRINCIPAL: Hijos Jujuy.

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Comisario denunciado por abuso: declaró, fue imputado y seguirá detenido

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comisario abuso

El comisario retirado denunciado por abuso sexual en perjuicio de dos hijastras se defendió de las acusaciones en su contra, fue imputado y continuará detenido mientras avanza la investigación que se tramita ante el Juzgado de Instrucción Dos de Posadas.

De acuerdo a lo consignado por fuentes consultadas por La Voz de Misiones, el ex uniformado identificado como Adolfo Miguel González (63), quien permaneció más de una semana en condición de prófugo, fue trasladado esta mañana hacia la dependencia judicial interviniente y ante el magistrado Juan Manuel Monte eligió declarar.

Si bien no trascendieron mayores detalles sobre su declaración, se pudo saber que el implicado negó las acusaciones que lo señalan por hechos de abuso contra dos hijas de quien fuera de su pareja.

En la misma audiencia, González fue imputado por el delito de “abuso sexual con acceso carnal agravado” y continuará detenido a disposición de la Justicia.

El comisario retirado se encuentra privado de su libertad desde el martes a la tarde, cuando se entregó después de más de una semana en condición de prófugo.

Comisario retirado denunciado por abuso se entregó tras ocho días prófugo

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Se suspendió el juicio a ex gendarme acusado de matar a su esposa en 2001

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ex gendarme juicio

El debate oral programado para hoy contra el ex gendarme Carlos Ramón Gómez, imputado por el asesinato de su esposa María Esther Barreda (36), cometido el 9 de diciembre de 2001, fue suspendido en virtud de “maniobras dilatorias” de sus abogados advertidas por el Tribunal Penal Dos de Posadas, que resolvió diferir el inicio de las audiencias y designar un defensor oficial sustituto para evitar que el accionar se repita en la próxima fecha a definir.

La decisión se tomó luego de que el imputado notificara un último cambio de defensa, designando a la letrada Olga Anahí Tabacchi, ex fiscal en Santo Tomé y con condena ratificada por la Corte Suprema por abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público, en lugar de la abogada posadeña María Laura Alvarenga.

En ese marco, el tribunal presidido por el magistrado César Antonio Yaya advirtió que la medida pudo corresponderse a una “maniobra dilatoria”, alegando que los anteriores abogados de Gómez (Eduardo Paredes y Mauricio Vergara) “exhibieron idéntica conducta procesal” en otros tres causas puntuales en las que renunciaron o solicitaron cambios a último momento, entre otros planteos.

Ante ese panorama, y a fin de asegurar el derecho de defensa del imputado y garantizar la realización del debate sin nuevas dilaciones, las autoridades resolvieron suspender la audiencia de hoy y pautar una nueva fecha de inicio, aunque antes de ello ordenó designar un defensor oficial sustituto para que actúe en caso de una nueva renuncia o cambio de abogado a último momento.

Gómez llega a esta instancia libertad y enfrenta cargos por “homicidio calificado”, figura bajo la cual puede ser condenado a prisión perpetua, pena que al momento del hecho preveía 25 años de cárcel.

El expediente quedó habilitado para tratarse en debate oral luego de que el pasado 7 de julio la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) fallara en contra de uno de los tantos planteos defensivos que los diferentes abogados de Gómez presentaron a lo largo de dos décadas.

Crimen y derrotero judicial

El hecho que se pretende esclarecer se registró el 9 de diciembre de 2001 y la víctima fue María Esther Barreda, una mujer de 36 años que estaba en pareja con el ex gendarme acusado.

Según lo reconstruido en su momento, el crimen ocurrió en una vivienda del barrio San Lucas, a pocas cuadras del club Centro de Cazadores de Posadas, donde Gómez habría encontrado a su pareja con otro hombre y la atacó a balazos con su arma reglamentaria.

La mujer recibió un total de cuatro disparos y falleció en el lugar, mientras que el ex uniformado huyó de la escena para un día después entregarse en el puesto de Gendarmería Nacional Argentina (GNA) de San José.

Inicialmente, la causa quedó en manos del Juzgado de Instrucción Tres de Posadas, presidido en ese entonces por el magistrado Eduardo D’Orsaneo, aunque más tarde el caso ingresó en un largo proceso recursivo y el derrotero judicial que se extendió durante más de 20 años.

Tras las primeras actuaciones, el juez D’Orsaneo dictó la prisión preventiva para el imputado e incluso más tarde la fiscal Margarita Wenner avanzó con el requerimiento de elevación a juicio.

La defensa, por su parte, jugó otra carta. Se opuso al requerimiento y pidió el sobreseimiento de Gómez alegando una “inimputabilidad” de su cliente en razón de haber actuado en forma “enceguecida” por encontrar a su pareja con un presunto amante.

Para 2003, en el expediente intervino el Tribunal Penal Uno de Posadas, que resolvió revocar la elevación a juicio y dictar el sobreseimiento de Gómez, cuya ejecución fue apelada, no así la resolución que lo dispuso.

De ahí, el asunto pasó a manos del Tribunal Penal Dos, actuando como Cámara de Apelaciones, cuyas autoridades consideraron que el caso debía seguir siendo investigado y en consecuencia remitió las actuaciones al Juzgado de Instrucción Uno, entonces presidido por Horacio Gallardo (fallecido), que liberó al sospechoso y estableció una prórroga extraordinaria para resolver si Gómez debía ir al banquillo o no.

Los años pasaron y recién en 2013 el ex gendarme volvió a ser detenido para enfrentar el juicio. El inicio de las audiencias estuvo programado para 2018, pero fue suspendido por el pedido de licencia del fiscal.

En ese lapsus, la defensa volvió a jugar otra carta y recurrió al máximo órgano judicial del país aludiendo el sobreseimiento dictado en su momento a favor de Gómez, entre otros planteos como de prescriptibilidad, arbitrariedad y violación del principio de defensa en juicio por preclusión.

Ese planteo es el que recientemente respondió de manera negativa la Corte, aunque sin analizar la cuestión de fondo. Tras ese revés, Gómez quedó sin más posibilidades recursivas y, por eso, hoy debía sentarse en el banquillo de los acusados aunque el inicio del debate volvió a ser postergado.

Ex gendarme irá a juicio por el crimen de su esposa 24 años después

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Ordenan junta médica para el suegro de Wiebel antes de fijar la indagatoria

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El hombre de 82 años detenido desde el viernes pasado por el crimen de su ex yerno, el empresario y piloto Alfredo Wiebel (48), continúa internado en Puerto Iguazú y la Justicia ordenó que sea sometido a una junta médica para determinar si su estado de salud le permite comparecer en audiencia de declaración indagatoria.

Según pudo averiguar La Voz de Misiones mediante diversas fuentes consultadas, el detenido, identificado como Ángel Ramón Zalazar (82), continúa internado con custodia policial en la misma clínica privada a la que se presentó el viernes a la tarde mientras era intensamente buscado por el crimen registrado horas antes.

Si bien los certificados médicos aún no fueron elevados formalmente a las autoridades intervinientes, el implicado además de atención por patologías de base recibiría tratamientos de salud de mental, factor que la Justicia pretende esclarecer y para ello se ordenó que el Cuerpo Médico Forense realice una evaluación integral del paciente para determinar si puede comparecer en audiencia de indagatoria.

En paralelo, siguen en curso otras medidas de prueba como la toma de testimoniales y la realización de diversas pericias.

En la causa ahora interviene César Lirussi, titular del Juzgado de Instrucción Dos de Eldorado, magistrado que quedó a cargo de la investigación tras la inhibición de Martín Brites, del Juzgado de Instrucción Tres de Puerto Iguazú.

Crimen

El crimen de Wiebel ocurrió el 11 de septiembre a la mañana, cerca de las 11, en una obra en construcción ubicada sobre la avenida República Argentina, en el barrio Industrial de la Ciudad de las Cataratas.

En ese lugar habría mantenido una discusión con Zalazar hasta que, en determinado momento, fue atacado a balazos ante la vista de varios albañiles que trabajaban en el predio y fueron testigos del crimen.

Fueron ellos mismos quienes narraron que después del ataque Zalazar se fue caminando hasta una su empresa ubicada en la zona y allí escapó al mando de una camioneta Toyota SW4.

El sospechoso estuvo prófugo unas horas hasta que, a las 16, se reportó su ingreso a una clínica de la ciudad, donde quedó internado con custodia policial.

La posterior autopsia reveló que Wiebel recibió cinco balazos, cuatro de ellos “mortales”. La información se sumó al hecho de que el sábado la Policía allanó la vivienda del único sospechoso y en el lugar incautaron una pistola calibre 9 milímetros que, se presume, podría tratarse del arma homicida. La certeza llegará una vez que los peritos en criminalística realicen los estudios correspondientes y arriben a una conclusión científica al respecto.

Wiebel, además de piloto de automovilismo, era empresario del rubro turístico, con negocios hoteleros y gastronómicos. Zalazar, en tanto, también es un hombre de negocios, vinculados a la importación y exportación.

Ambos compartían algunas de esas actividades y una hipótesis sostiene que el crimen pudo deberse a diferencias económicas que complicaron la relación.

La autopsia reveló que Wiebel recibió cinco balazos, cuatro de ellos mortales

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