Información General
Fue condenada a prisión por no dejar que su hijo vea a su padre
La madre incumplió el régimen de encuentros y visitas previamente acordados con los padres de sus dos hijos. La Justicia entendió que la madre de los menores de edad actuó “de manera injustificada”.
BUENOS AIRES. En la ciudad de Buenos Aires, la jueza María Julia Correa, titular del Juzgado n.º 28 en lo Penal, Contravencional y de Faltas, condenó a A.P.S.P. a ocho meses de prisión en suspenso y a pagar las costas del juicio por el delito de impedimento de contacto de sus hijos con sus respectivos padres.
La Justicia tomó esta resolución tras comprobar que L.M.G., de ocho años, no vio a su padre, M.D.G, desde junio de 2017 a junio de 2018; y que M.T., niña de cinco años, tampoco pudo ver a su papá, M.L.T, durante casi un año entre 2017 y 2018.
En ambos casos la magistrada sostuvo que la madre lo hizo “de manera injustificada”. En el segundo caso, la situación se agravó debido a que A.P.S.P. se radicó en San Juan sin previo aviso y de esta forma incumplió el régimen de encuentros y visitas previamente acordados en audiencias judiciales.
La Asesoría Tutelar informó al Juzgado que A.P.S.P. incumplió el acuerdo, por lo que llegó a ser declarada rebelde en el proceso, dado que incumplió con todas las citaciones que se le cursaron, sin siquiera presentar la más mínima justificación que la excusara, lo que demostró el desinterés por restablecer el vínculo -en el primer caso- entre M.D.G. y el niño L.M.G.S.
De esta manera, la jueza Correa solicitó la captura y apeló al art. 652 del Código Civil y Comercial de la Nación.
En la resolución señaló que “se encuentran por demás acreditadas las abundantes lesiones a ese bien tutelado por la norma con el accionar de A.P.S.P., quien por todos los medios buscó entorpecer y obstaculizar el vínculo entre sus dos hijos con sus respectivos padres.
Logrando acabadamente su objetivo, y perjudicando así no solo a los denunciantes, sino también a sus propios hijos, lo que podría afectar el normal desarrollo de sus vidas”.
Dentro de la calificación legal, Correa explicó que “los derechos de los niños no pueden ser soslayados por los problemas entre sus progenitores, puesto que son ellos los primeros acreedores de derechos que deben ser satisfechos y respecto de ellos es que deben estar dispuestas las prioridades de los mayores.
Tratándose además por su corta edad, de personas extremadamente vulnerables en tanto dependen de las decisiones que toma su madre con respecto de su padre, y en las que se les impide tener contacto con su otro progenitor, quien también podría haber velado por sus derechos y su situación personal”.
“Según la doctrina, el delito de impedimento de contacto exige un dolo directo, como lo fue en el caso, sin que se requiera un especial estado de ánimo del autor al momento de llevar adelante la acción, pues lo que importa es la voluntad clara de impedir el contacto entre los hijos y sus respectivos padres.
En el caso bajo estudio, este requisito ha sido satisfecho y con creces dado que las acciones tomadas por A.P.S.P buscaron en todo momento llegar al resultado que finalmente alcanzó, logrando romper el lazo entre los padres con sus hijos”, completó Correa.
El juzgado definirá en los próximos días un sistema de comunicación entre los niños y sus respectivos padres.
Hasta ese entonces, la madre deberá concurrir junto con los menores de edad a la sala de entrevistas de la Asesoría Tutelar del Ministerio Público Tutelar, para que sus hijos sean entrevistados por personal idóneo y también reestablezcan el vínculo con sus padres.
El día después a las amenazas de tiroteo escolar que aparecieron pintadas en varios colegios de la provincia, los establecimientos educativos iniciaron el viernes con presencia policial y estrictos controles de ingreso, mientras que en Puerto Rico se detectó un caso puntual que derivó en allanamientos y secuestros de armas de fuego en la casa de un estudiante.
El procedimiento se activó después de la denuncia radicada por las autoridades del Instituto Juan Pablo II, quienes dieron cuenta del caso de un alumno de tercer año que había sido señalado como autor de amenazas, con la particularidad de que tendría armas de fuego a su alcance en su casa.
Dada la sensibilidad y los factores de riesgo detectados, la Justicia tomó acciones inmediatas y libró órdenes de allanamiento en varios inmuebles relacionados al menor y en uno de ellos, sobre calle Paraná, los agentes policiales efectivamente encontraron dos armas que serían propiedad del padre del estudiante.
En el lugar se secuestraron un revólver calibre 32 largo, un pistolón calibre 28, trece cartuchos de escopeta y cinco teléfonos celulares, entre otros dispositivos electrónicos, que serán sometidos a pericias por parte del personal de Cibercrimen, cuyos agentes participaron en la investigación digital.
Según detallaron fuentes consultadas, el estudiante fue descrito como un “alumno de mal comportamiento” en la institución. El chico presenció parte del procedimiento y fue trasladado al Cemoas, donde quedará alojado 24 horas a disposición de la Justicia.
En Posadas, en tanto, hubo otro procedimiento similar, aunque en esta ocasión el objetivo no fue el secuestro de armas de fuego, sino de teléfonos celulares utilizados en el marco de una amenaza de muerte puntual de una estudiante hacia otra compañera de su curso.
En este escenario, el ministerio de Gobierno, encabezado por Marcelo Pérez, prepara una conferencia de prensa a realizarse el próximo lunes para exponer y dar cuenta de las labores preventivas realizadas a lo largo y ancho de la provincia respecto al tema.
Hasta el momento, la principal línea investigativa apunta a que las pintadas con amenazas responden a un reto viral de Tik Tok que tuvo onda expansiva en todo el país.
Amenazas en colegios: San Alberto con policías y revisión de mochilas mañana
La 25º sesión del Foro Permanente de las Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas se desarrollará del 20 de abril al 1 de mayo en la sede norteamericana de la ONU y, en esta oportunidad, contará con la presencia de Keila Rocío Zaya, referente del pueblo mbya en Misiones.
El encuentro llevará como eje central “garantizar la salud de los Pueblos Indígenas, incluso en contextos de conflictos”, y sería la primera vez que tendrá representación de un pueblo originario de Argentina.
Keila Zaya es miembro de Tekoa Arandú, situada en la localidad de Pozo Azul, y viajará acompañada por Roxana Rivas, abogada del Equipo Misiones de Pastoral Aborigen (Emipa) y el Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (Endepa), a nivel federal.
En los últimos años, Keila formó parte de las capacitaciones en derecho indígena organizadas por ambas entidades y se desempeñó como coordinadora de varios grupos de formación en Aristóbulo del Valle.
De las más de 130 comunidades mbya presentes en Misiones, la joven presentará como objeto de estudio el caso de Puente Quemado II, comandada por el cacique Santiago Ramos, que hace varios años enfrenta un conflicto territorial con la empresa forestal multinacional Arauco, por lo que continúa a la espera de servicios básicos, como el acceso a la energía eléctrica y el agua potable.
Con esta temática, participará del espacio Juventud, y además de Argentina, contarán con representantes de los pueblos originarios de Brasil, Paraguay, entre otros países latinoamericanos.
El Instituto San Alberto Magno de Posadas informó que, en el marco de las medidas preventivas que se activaron por las pintadas con amenazas de tiroteo escolar que aparecieron en varias escuelas de la provincia y el país, mañana habrá presencia policial y estricto control de pertenencias en el ingreso al establecimiento educativo.
La medida del colegio posadeño fue informada a través de un comunicado dirigido a padres, estudiantes y comunidad educativa en general.
“Nos dirigimos a ustedes para informarles que hemos tomado conocimiento de una amenaza escrita en las paredes de nuestra Institución”, consigna el comunicado de la institución.
En ese marco, añadieron que “queremos transmitir tranquilidad informando que se han activado de inmediato los Protocolos de Seguridad Jurisdiccionales. Se ha radicado la denuncia formal ante las autoridades policiales correspondientes”.
“Como medida preventiva para el día 17 de abril, se dispondrá de la presencia de personal policial, control estricto de identidad en puerta y revisión de pertenencias según normativa vigente”, detallaron respecto a las medidas inmediatas a tomar para la jornada de mañana viernes.
Como cierre, hicieron un llamado a la prevención y solicitaron que los padres entablen un vínculo de diálogo con sus hijos.
“Solicitamos a los señores tutores, dialogar con sus hijos sobre la responsabilidad en el uso de redes sociales y recordar que este tipo de actos tienen consecuencias legales graves. También, controlar los elementos que los estudiantes traen a la Institución desde sus casas”, pidieron.
Comunicado del SPEPM
A raíz de los hechos registrados en establecimientos de la capital provincial, el Servicio Provincial de Enseñanza Privada de Misiones (SPEPM) emitió un comunicado en el que expresó su acompañamiento a las “autoridades institucionales” y las facultó a adoptar las actuaciones correspondientes para “erradicar” la problemática, que, según se indicó, estaría vinculada a un reto viral entre adolescentes.
En ese marco, el organismo formuló una serie de consideraciones para las autoridades educativas que registren amenazas de “tiroteos” en colegios de gestión privada en la provincia.
En primer lugar, recomendó realizar la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público Fiscal, específicamente en la fiscalía de menores a cargo de la fiscal María Laura Álvarez.
Asimismo, indicó que las instituciones deberán informar a padres, madres y/o tutores que, “en caso de llevarse a cabo este tipo de acciones por parte de un/a alumno/a, las mismas serán consideradas como falta ‘muy grave’, pudiendo la institución adoptar las medidas judiciales, pedagógicas y administrativas que estime pertinentes”.
Por último, se señaló la necesidad de llevar adelante “las averiguaciones internas necesarias para detectar el origen del problema, sin perjuicio de las intervenciones que correspondan a la Justicia”.
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