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Misiones oficializó el acuerdo de bonos de carbono con empresa suiza

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A través del decreto 2.530/2021, la provincia de Misiones oficializó el acuerdo con la empresa suiza Mercuria, que integra el holding de Phoenix Global Resources PLC, para la compraventa de bonos verdes de la selva.

De esta forma, el gobernador Oscar Herrera Ahuad ratificó la Hoja de Términos para un Acuerdo de Cooperación y Compra de Créditos de Carbono derivados de un Programa Provincial REDD+ en Misiones, que el ministro de Cambio Climático, Patricio Lombardi, presentó en la Conferencia de las Naciones Unidas (COP26), en noviembre pasado.

Además del funcionario responsable del área, el acuerdo fue rubricado por el ministro de Finanzas, Adolfo Safrán, y Pablo Bizzotto, director ejecutivo de Phoenix Global Resourses PLC, firma que el año pasado ganó la concesión del pozo petrolero de Mata Mora Norte, en Neuquén, entre otras inversiones energéticas en el yacimiento de Vaca Muerta.

El acuerdo entre las partes fue aprobado en la Cámara de Representantes, cuya mayoría dio el visto bueno al decreto N° 1948/21, aunque legisladores opositores se manifestaron en contra y, de hecho, pidieron informes al Ejecutivo provincial, al considerar que “no tuvimos contacto ni información con el decreto, que se ratificó sin haber leído ni publicado”, dijo en la oportunidad el diputado radical Gustavo González, a La Voz de Misiones.

Asimismo, grupos ambientalistas se manifestaron en contra de la iniciativa y protestaron en la plaza 9 de Julio de Posadas, bajo el lema: “La selva es de los misioneros. No a su mercantilización”.

Sin embargo, atento a lo actuado, el decreto publicado hoy en el Boletín Oficial procedió a suscribir el contrato “entre la provincia de Misiones, representada por el señor gobernador y la empresa Mercuria Energy Trading SA”, reza la normativa, que agregó que “debe entenderse por celebrado el acuerdo”.

En esa línea, se agregó que el fiscal de Estado de la provincia, Fidel Eduardo Duarte, consideró que “no existirían objeciones legales que formular por este servicio jurídico”.

El decreto de Herrera Ahuad faculta a Safrán y Lombardi a adoptar las medidas necesarias para instrumentar la operatoria y emisión de los créditos de carbono, formalizar y reglamentar las tareas inherentes al fideicomiso, supervisar la recepción de los fondos, aprobar las solicitudes de desembolsos de la unidad de proyecto y supervisar el flujo de fondos del fideicomiso.

Además, ambos funcionarios tendrán la función de acordar con el comprador el proceso de venta de los créditos de carbono, incluido el precio, auditar la aplicación de los fondos de los usos aprobados en los proyectos definidos, integrar el Comité del Proyecto del Programa Provincial REDD+ y aprobar su presupuesto, así como “promover todo otro acto necesario para llevar adelante dicho acuerdo”.

Misiones y REDD+

El acuerdo entre Misiones y Mercuria Energy Group es el primer paso para que la provincia ingrese formalmente al mercado voluntario de carbono. Si bien en su momento, el presidente de la Legislatura, Carlos Rovira, anunció un acuerdo similar con la empresa British Petroleum, a día de hoy no hay nada firmado, aunque hay negociaciones avanzadas, según confirmó en su momento el ministro Patricio Lombardi a La Voz de Misiones.

Para que las inversiones lleguen a la provincia deben cumplirse una serie de requisitos, con lo cual no se espera que el dinero arribe en el mediano plazo.

Por su parte, Mercuria financiará los estudios de gases de efecto invernadero (GEI), que determinarán un punto de referencia del carbono almacenado en las 1.500.000 hectáreas de selva misionera. Ese proceso se inició en junio del 2020 y finalizaría entre julio y agosto de este año.

Luego de obtener ese punto de referencia, la organización internacional Verra certifica la medición, que se realiza basada en estándares de carbono verificado (VCS) y es llevada adelante por un equipo liderado por la doctora en ciencias biológicas Patricia Himschoot.

Recién ahí se está en condiciones de emitir unidades de carbono verificado, conocidas popularmente como bonos.

Cabe aclarar, además, que estos no se emiten sobre el stock almacenado en el bosque, sino por adicionalidad y reducción.

Es decir que Misiones no tiene 1.500.000 hectáreas de carbono, sino que le pagarán por cada tonelada de CO2 que almacene por encima del punto de referencia. Para ello, la provincia debe realizar acciones sustentables que aumenten la capacidad de absorción.

A precios de hoy, una tonelada de carbono almacenado se paga 10 dólares en el mercado voluntario, el único regulado hasta el momento y al que busca ingresar Misiones. De ello se desprende que si, en promedio, una hectárea almacena 3 toneladas anuales, Misiones recibirá 30 dólares cada 1.000 metros cuadrados.

Por ende, si cada una de las 1.500.000 hectáreas de selva misionera produce 3 toneladas anuales, se obtendrían unos 45.000.000 de dólares en total.

No obstante, el contrato indica que Mercuria se lleva un 20%, lo cual redundaría en una ganancia neta de 36.000.000 para la provincia.

Actualmente, el precio de la reducción está devaluado y pierde 10 a 1 respecto de lo que se paga por emitir carbono. Por eso, Colombia -el segundo país más biodiverso del mundo- lidera junto a una liga africana un grupo de presión para subir ese precio, acción a la que Misiones se adhirió.

De esta forma, la tierra colorada se convertirá en la primera provincia argentina en ingresar al mercado voluntario de carbono, mientras que, a nivel mundial, existen unos 25 proyectos similares de JNR REDD+ que involucran a estados subnacionales.

Estos modelos están destinados a la adaptación a las leyes jurisdiccionales, con lo cual se vuelven una herramienta importante para las pequeñas comunidades que buscan captar divisas para cuidar sus recursos naturales y, a cambio, ofrecer servicios ecosistémicos.

Foto: Sergio Moya.


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Pasaron las lluvias y el riesgo de incendios sigue alto en Misiones

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incendios

Tras varios días con temperaturas que superaron los 40º a lo largo y ancho de la tierra colorada, las lluvias registradas en la noche del jueves lograron morigerar el riesgo de incendios, aunque la alerta se mantiene vigente en forma “moderada” en trece departamentos y “alto” en otros cuatro de la zona sur.

De esta manera, Iguazú, General Manuel Belgrano, Eldorado, San Pedro, Montecarlo, Guaraní, Cainguás, Libertador General San Martín, 25 de Mayo, San Ignacio, Oberá, Alem y Candelaria registran riesgo de incendios “moderado”, mientras que Apóstoles, San Javier, Concepción y Capital presentan un “alto” índice de peligro.

Si bien la Dirección de Alerta Temprana no descarta chaparrones aislados para mañana sábado, frente a las altas temperaturas y las escasas lluvias que no logran dar tregua a la sequía, desde el Ministerio de Ecología instan a actuar “con responsabilidad y precaución”, recordando que “los incendios forestales ponen en riesgo la biodiversidad de la provincia”.

Esto es así ya que reconocen, dentro de la provincia, el albergue del 52% de la biodiversidad de todo el país con un total de 1.6 millones de hectáreas de bosques nativos, más de 350 mil hectáreas de bosques implantados y comunidades de pueblos originarios presentes en la región.

El costo de los incendios para la tierra

Investigadores de la Universidad Nacional de Misiones (Unam) advirtieron sobre el impacto de los incendios en el equilibrio ecológico: “El suelo contribuye de manera significativa a la regulación de los ciclos de agua y carbono, y representa la base para la vida sobre la tierra. El cumplimiento de esa función está sujeto a un delicado equilibrio entre diferentes factores que pueden ser fácilmente perturbados. Por esta razón, los incendios forestales representan una amenaza potencial al desarrollo de las funciones del suelo, alterando sus propiedades”.

Frente a este panorama, el gobierno decidió aplicar severas sanciones para quienes sean partícipes de incendios intencionales, enmarcadas en la Ley N° 26.815 de Manejo del Fuego.

Dicha legislación establece penas económicas que pueden alcanzar cifras millonarias. Según el artículo 33, las multas oscilan desde un sueldo básico de la categoría inicial de la Administración Pública Nacional, equivalente a $226.229,23 y hasta 50 sueldos básicos, lo que representa $11.311.461,5 al 1 de octubre de 2024.

Además de las sanciones económicas, la legislación prevé otras medidas como la clausura de establecimientos, la pérdida de concesiones y beneficios fiscales, así como la prohibición de desarrollar actividades agropecuarias en los terrenos afectados.

Asimismo, conforme a la Ley Nº 27.604, durante 60 años está prohibido modificar el uso del suelo, realizar loteos o subdivisiones, y emprender actividades inmobiliarias en las superficies afectadas.

En caso de incendio o presencia de humo comunicarse al 911 o al 105 (Emergencia Ambiental), 100 (Bomberos) o 103 (Defensa Civil).


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Apeo ilegal en Piñalito: “Es un hecho aislado que por su magnitud nos alertó”

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Apeo ilegal en Piñalito: “Es un hecho aislado que por su magnitud nos alertó”

La magnitud de tala ilegal dentro del Parque Provincial Piñalito Sur, ubicado en San Pedro, mantiene en alerta al Ministerio de Ecología de la provincia, que llevó el caso a la Justicia y conformó un comité de crisis para evaluar los daños en el área natural protegida y determinar responsabilidades.

“Es un hecho aislado que en la historia de los parques provinciales no ha ocurrido”, manifestó Facundo Riga, subsecretario de la cartera ambiental, en diálogo con La Voz de Misiones.

Los avances en la investigación que inició la semana pasada, la cual lleva adelante el Juzgado de Instrucción Uno de San Pedro, a cargo del magistrado Ariel Belda Palomar, resultó con la detención del dueño de un aserradero de la localidad donde se incautaron 70 rollos de madera sin marca de martillo, es decir, sin la identificación de Ecología que define si el árbol está dentro de las especies permitidas para la tala.

El subsecretario Riga afirmó que por la “magnitud” del hecho se trata de “una ocasión particular que obviamente nos alertó al ministerio a hacer estas patrullas para tener las pruebas necesarias y hacer la denuncia”.

Cuando el área de Control Forestal informó a la cartera sobre el robo de madera nativa en Piñalito, una de las primeras medidas que tomó Ecología fue el traslado de los dos guardaparques que estaban de guardia en el momento que se presume que se llevó a cabo la tala.

Si bien en un primer momento trascendió que los trabajadores podrían estar vinculados al hecho y estaban bajo la lupa de la investigación, el subsecretario descartó esa versión a LVM y confirmó que se trató de una medida “habitual” y preventiva para “preservar la identidad de los ciudadanos” y “llevar tranquilidad de que el trabajo se está haciendo con normalidad”.

En esa línea, Riga reafirmó: “Somos todos víctimas de esta situación, el parque es responsabilidad de todos, y no se está evaluando ninguna medida”.

Además del empresario de 31 años detenido en la causa, la Justicia libró una orden de detención para integrantes de una familia maderera que posee un predio lindante al área protegida en el cual se encontró una motoarrastradora escondida en el monto, la cual se presume que fue utilizada para la extracción de especies nativas de gran porte del parque.

Detienen a dueño de un aserradero por apeo ilegal en Piñalito


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Trasladan a guardaparques y apuntan a madereros por apeo ilegal en Piñalito

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Trasladan a guardaparques y apuntan a madereros por apeo ilegal en Piñalito

El Ministerio de Ecología ordenó el traslado de dos guardaparques que prestaban servicio en el Parque Provincial Piñalito Sur, ubicado en San Pedro, en medio de una investigación sobre apeo ilegal de madera nativa que tiene como principales sospechosos a integrantes de una familia maderera de la zona.

La investigación se disparó por orden del ministro de la cartera ambiental, Martín Recamán, el pasado jueves, cuando la Dirección de Control Forestal informó que, durante una inspección de rutina, encontró un ingreso no autorizado al área natural protegida y registró la extracción de ejemplares de especies nativas de gran porte, algunos de hasta 15 metros de altura, además, de rastros de maquinaria pesada en el lugar.

El reporte de la dirección implicó la conformación de un Comité de Crisis integrado por áreas de la cartera ecológica provincial, el Ministerio de Gobierno y Gendarmería Nacional, para llevar adelante la investigación que este martes arrojó los primeros resultados.

Investigación

De acuerdo a lo que informó Ecología, la Justicia ordenó un amplio operativo en la zona del Parque Provincial Piñalito Sur que realizó la cartera en conjunto con la Dirección de Medio Ambiente de la Policía de Misiones.

En dicho rastrillaje, los funcionarios secuestraron una maquinaria forestal pesada oculta en un lote lindante al área natural protegida perteneciente a una familia de madereros que, a partir de ahora, son los principales sospechosos de haber cometido el apeo ilegal en la zona del Parque, en la cual está totalmente prohibida la extracción de bosque, ya que alberga una variedad importante de fauna y flora autóctona.

Según precisaron desde la cartera, fue posible encontrar oculta en el monte de la propiedad privada una motoarrastradora de rollos, marca Caterpillar CAT 518 color amarillo, gracias a los rastros que dejó en el suelo. La máquina quedó depositada en la comisaría de Tobuna.

Trasladan a guardaparques y apuntan a madereros por apeo ilegal en Piñalito

La motoarrastradora fue encontrada oculta en el monte.

Asimismo, la Policía ubicó a dos trabajadores rurales identificados como Ramón (18) y Bruno (23), quienes declararon en la causa que se tramita en Juzgado  de Instrucción Uno de San Pedro, a cargo del magistrado Ariel Belda Palomar.

También a ambos peones se le decomisaron sus teléfonos móviles, los cuales serán sometidos a pericias en el marco de la investigación.

Además, el Ministerio de Ecología decidió el traslado de los dos guardaparques que se encontraban de guarda cuando se presume que se cometió el apeo ilegal en Piñalito y en sus lugares fueron asignados trabajadores provenientes de otros parques.

Dos peones rurales declararon en la causa que tiene como principales sospechosos a una familia maderera.


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