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Misiones oficializó el acuerdo de bonos de carbono con empresa suiza

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A través del decreto 2.530/2021, la provincia de Misiones oficializó el acuerdo con la empresa suiza Mercuria, que integra el holding de Phoenix Global Resources PLC, para la compraventa de bonos verdes de la selva.

De esta forma, el gobernador Oscar Herrera Ahuad ratificó la Hoja de Términos para un Acuerdo de Cooperación y Compra de Créditos de Carbono derivados de un Programa Provincial REDD+ en Misiones, que el ministro de Cambio Climático, Patricio Lombardi, presentó en la Conferencia de las Naciones Unidas (COP26), en noviembre pasado.

Además del funcionario responsable del área, el acuerdo fue rubricado por el ministro de Finanzas, Adolfo Safrán, y Pablo Bizzotto, director ejecutivo de Phoenix Global Resourses PLC, firma que el año pasado ganó la concesión del pozo petrolero de Mata Mora Norte, en Neuquén, entre otras inversiones energéticas en el yacimiento de Vaca Muerta.

El acuerdo entre las partes fue aprobado en la Cámara de Representantes, cuya mayoría dio el visto bueno al decreto N° 1948/21, aunque legisladores opositores se manifestaron en contra y, de hecho, pidieron informes al Ejecutivo provincial, al considerar que “no tuvimos contacto ni información con el decreto, que se ratificó sin haber leído ni publicado”, dijo en la oportunidad el diputado radical Gustavo González, a La Voz de Misiones.

Asimismo, grupos ambientalistas se manifestaron en contra de la iniciativa y protestaron en la plaza 9 de Julio de Posadas, bajo el lema: “La selva es de los misioneros. No a su mercantilización”.

Sin embargo, atento a lo actuado, el decreto publicado hoy en el Boletín Oficial procedió a suscribir el contrato “entre la provincia de Misiones, representada por el señor gobernador y la empresa Mercuria Energy Trading SA”, reza la normativa, que agregó que “debe entenderse por celebrado el acuerdo”.

En esa línea, se agregó que el fiscal de Estado de la provincia, Fidel Eduardo Duarte, consideró que “no existirían objeciones legales que formular por este servicio jurídico”.

El decreto de Herrera Ahuad faculta a Safrán y Lombardi a adoptar las medidas necesarias para instrumentar la operatoria y emisión de los créditos de carbono, formalizar y reglamentar las tareas inherentes al fideicomiso, supervisar la recepción de los fondos, aprobar las solicitudes de desembolsos de la unidad de proyecto y supervisar el flujo de fondos del fideicomiso.

Además, ambos funcionarios tendrán la función de acordar con el comprador el proceso de venta de los créditos de carbono, incluido el precio, auditar la aplicación de los fondos de los usos aprobados en los proyectos definidos, integrar el Comité del Proyecto del Programa Provincial REDD+ y aprobar su presupuesto, así como “promover todo otro acto necesario para llevar adelante dicho acuerdo”.

Misiones y REDD+

El acuerdo entre Misiones y Mercuria Energy Group es el primer paso para que la provincia ingrese formalmente al mercado voluntario de carbono. Si bien en su momento, el presidente de la Legislatura, Carlos Rovira, anunció un acuerdo similar con la empresa British Petroleum, a día de hoy no hay nada firmado, aunque hay negociaciones avanzadas, según confirmó en su momento el ministro Patricio Lombardi a La Voz de Misiones.

Para que las inversiones lleguen a la provincia deben cumplirse una serie de requisitos, con lo cual no se espera que el dinero arribe en el mediano plazo.

Por su parte, Mercuria financiará los estudios de gases de efecto invernadero (GEI), que determinarán un punto de referencia del carbono almacenado en las 1.500.000 hectáreas de selva misionera. Ese proceso se inició en junio del 2020 y finalizaría entre julio y agosto de este año.

Luego de obtener ese punto de referencia, la organización internacional Verra certifica la medición, que se realiza basada en estándares de carbono verificado (VCS) y es llevada adelante por un equipo liderado por la doctora en ciencias biológicas Patricia Himschoot.

Recién ahí se está en condiciones de emitir unidades de carbono verificado, conocidas popularmente como bonos.

Cabe aclarar, además, que estos no se emiten sobre el stock almacenado en el bosque, sino por adicionalidad y reducción.

Es decir que Misiones no tiene 1.500.000 hectáreas de carbono, sino que le pagarán por cada tonelada de CO2 que almacene por encima del punto de referencia. Para ello, la provincia debe realizar acciones sustentables que aumenten la capacidad de absorción.

A precios de hoy, una tonelada de carbono almacenado se paga 10 dólares en el mercado voluntario, el único regulado hasta el momento y al que busca ingresar Misiones. De ello se desprende que si, en promedio, una hectárea almacena 3 toneladas anuales, Misiones recibirá 30 dólares cada 1.000 metros cuadrados.

Por ende, si cada una de las 1.500.000 hectáreas de selva misionera produce 3 toneladas anuales, se obtendrían unos 45.000.000 de dólares en total.

No obstante, el contrato indica que Mercuria se lleva un 20%, lo cual redundaría en una ganancia neta de 36.000.000 para la provincia.

Actualmente, el precio de la reducción está devaluado y pierde 10 a 1 respecto de lo que se paga por emitir carbono. Por eso, Colombia -el segundo país más biodiverso del mundo- lidera junto a una liga africana un grupo de presión para subir ese precio, acción a la que Misiones se adhirió.

De esta forma, la tierra colorada se convertirá en la primera provincia argentina en ingresar al mercado voluntario de carbono, mientras que, a nivel mundial, existen unos 25 proyectos similares de JNR REDD+ que involucran a estados subnacionales.

Estos modelos están destinados a la adaptación a las leyes jurisdiccionales, con lo cual se vuelven una herramienta importante para las pequeñas comunidades que buscan captar divisas para cuidar sus recursos naturales y, a cambio, ofrecer servicios ecosistémicos.

Foto: Sergio Moya.

Ambiente

Ecología constató 4 hectáreas de deforestación en la reserva El Saltito

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Personal de la Dirección General de Bosques Nativos y Control Forestal del Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables realizó una recorrida de inspección en la reserva natural Alejandro Orloff, también conocida como El Saltito, ubicada en la localidad de Dos de Mayo, donde finalmente confirmaron el desmonte de un sector correspondiente al 1% de la superficie total.

Todo comenzó con un análisis de imágenes satelitales realizado por el Ministerio de Ecología. Al notar anomalías respecto a la densidad del monte, decidieron verificar el estado de situación en terreno el pasado viernes.

Durante el recorrido constataron la existencia de áreas afectadas por deforestación y volteo de bosque nativo, cuyas intervenciones se habrían dado en diferentes momentos a lo largo de los últimos tres años.

Finalmente, las autoridades de la cartera confirmaron que la superficie afectada es de aproximadamente 4 hectáreas, distribuidas en tres sectores diferentes dentro de la reserva que se extiende a lo largo de 315 hectáreas. 

En el lugar, también tomaron contacto con vecinos de la zona, quienes fueron notificados sobre las infracciones detectadas y advertidos acerca de las penalidades establecidas por la legislación vigente en materia de conservación del bosque nativo. Asimismo, informaron a los responsables sobre el inicio de las actuaciones sumariales.

Desde Ecología, recordaron que: “La categoría de conservación permite determinados usos, siempre y cuando se respeten las normativas ambientales vigentes”. 

Por este motivo, darán continuidad a los controles en la zona, dado que lo verificado en esta oportunidad corresponde únicamente a un sector de la extensa superficie protegida.

Denuncia

Días previos a la inspección, la Cooperativa de Agua, Energía y otros servicios comunitarios de Dos de Mayo, que administra el complejo hidroeléctrico de la reserva, emitió una alerta anticipando que la mencionada reserva “está siendo víctima de un desmonte ilegal que ha afectado a más del 50% de sus bosques nativos“.

Al mismo tiempo, advirtieron a las autoridades que las intervenciones provcarían un “riesgo inminente para el suministro de agua“, según publicaciones realizadas por el portal informativo San Vicente Informa.

La reserva

El Saltito es reconocida desde hace varias décadas como patrimonio ambiental e histórico del municipio.

Su valor radica en que alberga el complejo hidroeléctrico de las represas Saltito I, Saltito II y Saltito 0, pioneras en la provincia, construidas por el precursor Alejandro Orloff. Hoy continúan siendo la principal fuente de agua para la comunidad.

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Dos años de prisión para los cazadores que mataron un yaguareté en Formosa

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Dos años de prisión para los cazadores que mataron un yaguareté en Formosa

Este miércoles, el Juzgado Federal Uno de Formosa sentó jurisprudencia en el país al condenar por primera vez a cuatro hombres que mataron, carnearon y comieron a un yaguareté en julio del 2024 y ahora deberán pasar dos años en prisión efectiva. La especie fue declarada Monumento Natural Nacional en 2001 y se encuentra en peligro crítico de extinción por la caza furtiva y la deforestación de su hábitat.

Los acusados Máximo Cisneros (60), dueño del campo donde cazaron al ejemplar, y los tres peones rurales involucrados, Viterman Ponce De León (37), Walter Hugo Ponce De León (44) y Claudio Cisneros (29), admitieron la comisión del delito en la segunda audiencia de debate oral y firmaron un acuerdo de juicio abreviado que fue homologado por el magistrado Pablo Morán.

El magistrado formoseño impuso una pena de dos años de prisión efectiva a los cuatro imputados por cazar a un ejemplar de la especie, protegida por la Ley 25.463, y los condenados consiguieron un permiso especial para trabajar.

Con el veredicto del Juzgado Federal Uno de Formosa, los implicados fueron detenidos inmediatamente para comenzar el cumplimiento de la pena.

El caso

Los hechos ocurrieron a fines de julio del 2024 entre las localidades formoseñas Ibarreta y Estanislao del Campo, en la propiedad de Máximo Cisneros.

De acuerdo a la defensa de los ahora condenados, todo comenzó con la desaparición de una vaca lechera de la chacra que los cuatro salieron a buscar armados y con perros por la zona.

Cuando finalmente la hallaron, la vaca estaba muerta y cerca de su cuerpo se encontraba el yaguareté que, según el mismo testimonio de los acusados, “trituró” a dos de los perros que los acompañaban y en “defensa propia” Claudio Cisneros ejecutó el disparo que le quitó la vida al ejemplar.

Sin embargo, tras matar al yaguareté, los cazadores se fotografiaron sonrientes junto al cuerpo a punto de ser carneado para luego comérselo. En tanto, la Justicia nunca logró dar con la piel del animal, por lo que la principal hipótesis es que fue comercializada.

Las fotografías que se habían tomado los cuatro involucrados junto al animal llegaron a Ana Magdalena Gutiérrez, representante de la Subcomisión Chaqueña para la Conservación del Yaguareté y representante titular ante el Comité General de Gestión Yaguareté del Plan Nacional de Conservación del Monumento Natural Yaguareté (PNCMNY), quien realizó la denuncia y dio inició a la investigación que resultó con la primera condena de su tipo en el país.

Se calcula que en Argentina quedan entre 200 y 300 ejemplares del felino más grande de América, de los cuales la mayoría se encuentran en la selva misionera.

En un juicio abreviado, los cuatro cazadores fueron condenados a dos años de prisión.

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Juzgan por primera vez en el país a cuatro hombres por cazar a un yaguareté

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Juzgan por primera vez en el país a cuatro hombres por cazar a un yaguareté

Un juicio oral y público sin precedentes en el país inició este martes en el Juzgado Federal Uno de Formosa contra cuatro hombres acusados de matar, carnear y comer a un yaguareté en julio del 2024. La especie está en peligro crítico de extinción en Argentina y se calcula que solo quedan entre 200 y 300 ejemplares.

Máximo Cisneros, Walter Hugo Ponce De León, Claudio Cisneros y Viterman Ponce De León son las primeras personas en ser juzgadas por la caza de un yaguareté en la Argentina y podrían ser condenados a una pena de hasta tres años de prisión.

Los hechos ocurrieron a fines de julio del 2024 entre las localidades formoseñas Ibarreta y Estanislao del Campo, en la propiedad de Máximo Cisneros. De acuerdo a lo relatado por los involucrados, todo comenzó por la desaparición de un animal vacuno de la chacra.

Armados y acompañados de perros, Máximo Cisneros junto a Walter Hugo Ponce De León, Claudio Cisneros y Viterman Ponce De León, tres changarines que trabajaban en la zona, salieron en busca de la vaca perdida.

Para cuando los cuatro hombres encontraron a la vaca, estaba muerta y cerca de sus restos se hallaba el ejemplar de yaguareté.

Según el testimonio de los acusados a la prensa, el yaguareté los empezó a “atacar” y “trituró” a dos de los perros. Fue en ese momento que, “en defensa propia”, Claudio Cisneros ejecutó el disparo que le quitó la vida al ejemplar.

Sin embargo, luego de matar al yaguareté, se fotografiaron sonriendo junto al cuerpo antes de ser carneado, para después comerlo. En tanto, la Justicia nunca pudo hallar la piel del ejemplar, por lo que la principal hipótesis es que fue comercializada.

Juicio histórico

Las fotografías que se habían tomado los cuatro involucrados junto al animal llegaron a Ana Magdalena Gutiérrez, representante de la Subcomisión Chaqueña para la Conservación del Yaguareté y representante titular ante el Comité General de Gestión Yaguareté del Plan Nacional de Conservación del Monumento Natural Yaguareté (PNCMNY), quien realizó la denuncia.

En consecuencia, la Policía formoseña allanó el campo de Máximos Cisneros, quien ante la presencia de los uniformados intentó huir, pero fue detenido.

Un mes después, los otros tres señalados que tenían pedido de captura se presentaron ante la Justicia y permanecieron detenidos hasta que obtuvieron la prisión domiciliaria.

Finalmente, los cuatro imputados son juzgados por matar, carnear y comer a un yaguareté. La condena del tribunal podría sentar jurisprudencia y establecer un precedente clave en la protección de especies en peligro crítico de extinción.

El yaguareté está en peligro crítico de extinción desde el 2001 debido a la caza furtiva y la perdida de su hábitat. La especie está protegida por la Ley 25.463, que lo declaró Monumento Natural Nacional.

Se calcula que en Argentina quedan entre 200 y 300 ejemplares del felino más grande de América, de los cuales la mayoría se encuentran en la selva misionera.

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