Ambiente
Misiones oficializó el acuerdo de bonos de carbono con empresa suiza
A través del decreto 2.530/2021, la provincia de Misiones oficializó el acuerdo con la empresa suiza Mercuria, que integra el holding de Phoenix Global Resources PLC, para la compraventa de bonos verdes de la selva.
De esta forma, el gobernador Oscar Herrera Ahuad ratificó la Hoja de Términos para un Acuerdo de Cooperación y Compra de Créditos de Carbono derivados de un Programa Provincial REDD+ en Misiones, que el ministro de Cambio Climático, Patricio Lombardi, presentó en la Conferencia de las Naciones Unidas (COP26), en noviembre pasado.
Además del funcionario responsable del área, el acuerdo fue rubricado por el ministro de Finanzas, Adolfo Safrán, y Pablo Bizzotto, director ejecutivo de Phoenix Global Resourses PLC, firma que el año pasado ganó la concesión del pozo petrolero de Mata Mora Norte, en Neuquén, entre otras inversiones energéticas en el yacimiento de Vaca Muerta.
El acuerdo entre las partes fue aprobado en la Cámara de Representantes, cuya mayoría dio el visto bueno al decreto N° 1948/21, aunque legisladores opositores se manifestaron en contra y, de hecho, pidieron informes al Ejecutivo provincial, al considerar que “no tuvimos contacto ni información con el decreto, que se ratificó sin haber leído ni publicado”, dijo en la oportunidad el diputado radical Gustavo González, a La Voz de Misiones.
Asimismo, grupos ambientalistas se manifestaron en contra de la iniciativa y protestaron en la plaza 9 de Julio de Posadas, bajo el lema: “La selva es de los misioneros. No a su mercantilización”.
Sin embargo, atento a lo actuado, el decreto publicado hoy en el Boletín Oficial procedió a suscribir el contrato “entre la provincia de Misiones, representada por el señor gobernador y la empresa Mercuria Energy Trading SA”, reza la normativa, que agregó que “debe entenderse por celebrado el acuerdo”.
En esa línea, se agregó que el fiscal de Estado de la provincia, Fidel Eduardo Duarte, consideró que “no existirían objeciones legales que formular por este servicio jurídico”.
El decreto de Herrera Ahuad faculta a Safrán y Lombardi a adoptar las medidas necesarias para instrumentar la operatoria y emisión de los créditos de carbono, formalizar y reglamentar las tareas inherentes al fideicomiso, supervisar la recepción de los fondos, aprobar las solicitudes de desembolsos de la unidad de proyecto y supervisar el flujo de fondos del fideicomiso.
Además, ambos funcionarios tendrán la función de acordar con el comprador el proceso de venta de los créditos de carbono, incluido el precio, auditar la aplicación de los fondos de los usos aprobados en los proyectos definidos, integrar el Comité del Proyecto del Programa Provincial REDD+ y aprobar su presupuesto, así como “promover todo otro acto necesario para llevar adelante dicho acuerdo”.
Misiones y REDD+
El acuerdo entre Misiones y Mercuria Energy Group es el primer paso para que la provincia ingrese formalmente al mercado voluntario de carbono. Si bien en su momento, el presidente de la Legislatura, Carlos Rovira, anunció un acuerdo similar con la empresa British Petroleum, a día de hoy no hay nada firmado, aunque hay negociaciones avanzadas, según confirmó en su momento el ministro Patricio Lombardi a La Voz de Misiones.
Para que las inversiones lleguen a la provincia deben cumplirse una serie de requisitos, con lo cual no se espera que el dinero arribe en el mediano plazo.
Por su parte, Mercuria financiará los estudios de gases de efecto invernadero (GEI), que determinarán un punto de referencia del carbono almacenado en las 1.500.000 hectáreas de selva misionera. Ese proceso se inició en junio del 2020 y finalizaría entre julio y agosto de este año.
Luego de obtener ese punto de referencia, la organización internacional Verra certifica la medición, que se realiza basada en estándares de carbono verificado (VCS) y es llevada adelante por un equipo liderado por la doctora en ciencias biológicas Patricia Himschoot.
Recién ahí se está en condiciones de emitir unidades de carbono verificado, conocidas popularmente como bonos.
Cabe aclarar, además, que estos no se emiten sobre el stock almacenado en el bosque, sino por adicionalidad y reducción.
Es decir que Misiones no tiene 1.500.000 hectáreas de carbono, sino que le pagarán por cada tonelada de CO2 que almacene por encima del punto de referencia. Para ello, la provincia debe realizar acciones sustentables que aumenten la capacidad de absorción.
A precios de hoy, una tonelada de carbono almacenado se paga 10 dólares en el mercado voluntario, el único regulado hasta el momento y al que busca ingresar Misiones. De ello se desprende que si, en promedio, una hectárea almacena 3 toneladas anuales, Misiones recibirá 30 dólares cada 1.000 metros cuadrados.
Por ende, si cada una de las 1.500.000 hectáreas de selva misionera produce 3 toneladas anuales, se obtendrían unos 45.000.000 de dólares en total.
No obstante, el contrato indica que Mercuria se lleva un 20%, lo cual redundaría en una ganancia neta de 36.000.000 para la provincia.
Actualmente, el precio de la reducción está devaluado y pierde 10 a 1 respecto de lo que se paga por emitir carbono. Por eso, Colombia -el segundo país más biodiverso del mundo- lidera junto a una liga africana un grupo de presión para subir ese precio, acción a la que Misiones se adhirió.
De esta forma, la tierra colorada se convertirá en la primera provincia argentina en ingresar al mercado voluntario de carbono, mientras que, a nivel mundial, existen unos 25 proyectos similares de JNR REDD+ que involucran a estados subnacionales.
Estos modelos están destinados a la adaptación a las leyes jurisdiccionales, con lo cual se vuelven una herramienta importante para las pequeñas comunidades que buscan captar divisas para cuidar sus recursos naturales y, a cambio, ofrecer servicios ecosistémicos.
Foto: Sergio Moya.
Ambiente
A 30 años del NO a Corpus, vuelven a plantear el debate por la represa
A 30 años del plebiscito que rechazó la construcción de la represa de Corpus, desde la Comisión Mixta del Río Paraná (COMIP) sostienen que hoy existen condiciones distintas para volver a discutir el proyecto y plantean la necesidad de convocar nuevamente a la sociedad misionera a debatir sobre el tema.
EL pasado miércoles por la tarde, ante un auditorio completo en el salón del hotel Julio César, de Posadas, el delegado argentino de la COMIP, José Antonio López, expuso en una presentación organizada por la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO).

López en su presentación organizada por la Cámara Argentina de la Construcción
El especialista describió al proyecto de la central hidroeléctrica de Corpus como una alternativa para optimizar la energía en Misiones, con mínimos efectos adversos en el ambiente y en la población. Su exposición, titulada “Corpus en Pindó-í, una oportunidad para Misiones”, instó a los presentes a repensar la central hidroeléctrica para mejorar el sistema del tendido eléctrico de la provincia.
En diálogo con La Voz de Misiones, López recordó que en 1996 “la gente votó por el ‘No’ sin siquiera preocuparse por lo que significaba el desarrollo”, y señaló que el rechazo estuvo marcado por el contexto de la época y la situación de Yacyretá.
“Había un rechazo a todo lo que era la hidroelectricidad porque todos eran promesas vanas que no se cumplían. Había gente afectada, reconocida como eventual relocalizada de la obra, y pasaban los años sin compensaciones”, explicó.
También mencionó que el anuncio del acuerdo entre Argentina y Paraguay para avanzar con Corpus tomó por sorpresa a gran parte de la población. “Nosotros también nos enteramos a último momento de que había habido un acuerdo del presidente Menem con Paraguay para hacer una concesión de la obra en un plazo muy corto”, afirmó.
Sin embargo, consideró que el escenario actual es diferente debido a la finalización de Yacyretá y las obras complementarias realizadas en la región.
“Hoy, Posadas es una maravilla; Encarnación es una maravilla. Toda la costa recibió obras: el bypass carretero, servicios sanitarios, el puente, el aeropuerto. Todo eso quedó con la definición definitiva de Yacyretá”, sostuvo López.
En ese sentido, remarcó que las obras hidroeléctricas “traen beneficios”, aunque aclaró que “el tema es que sean oportunos y ajustados a lo que la gente necesita”.
Energía y distribución
Durante la entrevista, el referente explicó que uno de los principales desafíos para abaratar el costo de la energía en Misiones no pasa solamente por generar electricidad, sino por la infraestructura de distribución.
“El transporte de la electricidad hasta los hogares es carísimo y tiene que hacerse de la forma más racional y económica posible”, indicó.
Actualmente, Misiones recibe energía desde la estación transformadora de Rincón Santa María, vinculada al sistema argentino de interconexión eléctrica. Desde allí, la energía llega a San Isidro, considerada “la puerta de entrada al sistema misionero”.
“A partir de ahí hay que distribuirla por toda la provincia. Eso es lo que le falta a Misiones”, señaló.
Según explicó López, la construcción de Corpus permitiría sumar un nuevo centro de distribución eléctrica dentro del territorio provincial.
“Vos tendrías la línea de 500 Kv no solamente en Rincón, sino también en Corpus. De ahí saldrían otras líneas más pequeñas para distribuir energía al resto de la provincia”, detalló.
Además, sostuvo que fortalecer la red eléctrica permitiría reducir costos de transmisión y mejorar el abastecimiento para hogares e industrias.
Nuevo plebiscito
Consultado sobre el rol político necesario para avanzar con el proyecto, planteó que el primer paso debe ser convocar nuevamente a la ciudadanía.
“Así como se hizo un plebiscito para decir que no en aquella oportunidad, cuando el gobierno estime que están dadas las condiciones para preguntarle a la gente sí o no, hay que preguntárselo”.
También explicó que el proyecto es desarrollado por la COMIP y que la intención es incorporar propuestas de los propios misioneros.
“Tenemos estudiada hasta los tornillos la parte técnica de la obra, pero lo que no tenemos estudiado es qué quieren los misioneros del proyecto”.
En ese marco, López indicó que buscan que municipios y vecinos acerquen propuestas vinculadas a obras complementarias. “Si un pueblo necesita una toma de agua, que venga y nos diga que la incluyamos en el proyecto”, señaló.
Impacto sobre el río
Sobre las modificaciones ambientales que generaría la represa, aseguró que Corpus produciría un embalse más pequeño que el de Yacyretá debido a las características geográficas de la zona.
“No va a ser tan ancho como lo que ves en Posadas, va a ser mucho más angosto”, aseguró.
Además, relativizó las críticas sobre el impacto en el Paraná y afirmó que el río ya se encuentra regulado por las represas de Yacyretá e Itaipú.
“El río ya no está suelto, está entre dos represas. Corpus aumentaría la modificación, pero no es tan terrible como por ahí andan diciendo”, concluyó
Ambiente
Avistan yaguareté en chacras de Almafuerte y piden presencia policial
“De cuerpo robusto, cabeza grande y pelaje manchado, similar a un yaguareté”, describió un vecino a uniformados de la División de Delitos Rurales de la Policía de Misiones sobre el animal que observó en un sector de monte cercano a su chacra, alrededor de las 7 de este lunes, en una zona rural de Almafuerte.
El vecino fue más preciso y añadió que el animal se desplazaba en dirección a la localidad de Leandro N. Alem. A este hecho se suma la denuncia de un colono de la zona, quien manifestó que, días atrás, constató que una vaca de su ganado, de unos 2 años y aproximadamente 200 kilos, fue atacada presuntamente por un depredador.
A raíz de lo expuesto por los vecinos, uniformados de la División de Delitos Rurales, en conjunto con efectivos de la Policía local, realizaron este lunes un amplio rastrillaje en los lotes señalados.
Finalizada la jornada, el rastrillaje preventivo en el área arrojó resultados negativos y los uniformados no lograron hallar huellas ni rastros de un yaguareté en la zona, “debido a precipitaciones que afectaron el terreno”, informaron desde la fuerza.
Aunque, por pedido de los colonos, los efectivos continuarán realizando patrullajes en la zona y entrevistas con otros productores.
Además, se dio intervención al Ministerio de Ecología, que realizará tareas de monitoreo y evaluación en la zona donde los vecinos denunciaron la posible presencia de un yaguareté.
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Ambiente
Dos conservacionistas dejarán sus tareas en Isla Palacio de Puerto Libertad
Después de 34 años de trabajo en la rehabilitación y reintroducción de fauna silvestre, los conservacionistas Jorge Anfuso y Silvia Elsegood, confirmaron que dejarán sus tareas en la Isla Palacio en Puerto Libertad y también la conducción del Centro de Fauna Silvestre “Güirá Oga” a partir de 2026. La decisión incluye el cierre de la Estación Biológica Juan Carlos Chébez, un espacio clave para la recuperación de animales en la provincia.
Según explicó Jorge Anfuso -conservacionistas, especialista en aves rapaces y Guardafauna Honorario-, en una entrevista al medio ambientalista Paranaense, la principal causa fue la imposibilidad de sostener las condiciones necesarias para rehabilitar fauna en el área. Además advirtió que el avance de la caza furtiva, la falta de control sostenido por parte del Ministerio de Ecología de Misiones y la escasez de recursos terminaron por volver inviable el trabajo.
“La razón fundamental fue la imposibilidad de continuar rehabilitando fauna silvestre en la Isla Palacio y sin esa posibilidad ya las reintroducciones no serán positivas, efectivas y exitosas como coronaron a Guirá Oga con un alto índice de efectividad a través de los años”.
Según explico el conservacionistas, el escenario comenzó a agravarse durante la pandemia, cuando se incrementó la presencia de cazadores y pescadores ilegales en la zona. Desde entonces, se registraron episodios de violencia, enfrentamientos armados, amenazas y situaciones que obligaron a realizar tareas con custodia policial. Hacia 2025, el contexto fue considerado insostenible.
“El control que durante el período de la pandemia pudo realizarse a través del cuerpo de guardaparques del Ministerio de Ecología, fue insuficiente y ello desencadenó un descontrol en toda el área que si bien, medianamente pudo corregirse el problema con patrullas de guardaparques y policía, a partir de ese momento, nada volvió a ser como antes”, sostuvo.
Anfuso señaló que la presencia de guardaparques resulta insuficiente para cubrir un área de alto valor ambiental como la Isla Palacio; un Monumento Natural Provincial ubicado dentro de un área declarada “Sitio de Alto Valor para la Conservación” cercana a dos grandes parques, como el Parque Nacional Iguazú, el Parque Provincial Urugua-í; y sus alrededores. Además, cuestionó la falta de recursos, equipamiento y planificación sostenida para la protección de estas zonas.
“Con nuestra ausencia definitiva, el destino de la fauna silvestre que históricamente frecuentaba la isla y costas vecinas del continente, está condenada. Lejos quedó la protección que el Ministerio de Ecología en 1996 declaró Monumento Natural Provincial a la Isla Palacio y sus históricos alrededores, ya que volverán a convertirse en un gran coto de caza, terminando por diezmar la tan poca fauna que le queda a este emblemático sitio”.
También apuntó contra el funcionamiento del sistema judicial al remarcar que existen casos con pruebas concretas que no avanzan.
“Las condiciones de trabajo se fueron deteriorando y hacia fines del 2024 debíamos en muchas ocasiones ser escoltados por la Policía Lacustre o guardaparques, cuando realizábamos los cambios de guardia de nuestro personal”.
Por otra parte Anfuso cuestionó el equipamiento con el que dispone el Ministerio de Ecología de la provincia, la formación de los guardaparques y los recursos económicos que no cubren la necesidades del personal.
“cada salida al monte hoy se está jugando la vida en cada patrulla, si bien en muchas ocasiones los respalda la Policía Ambiental, las patrullas son esporádicas y no se repiten regularmente y los tiempos han cambiado. Los furtivos ahora sin dudar, usan sus armas para evitar ser detenidos”.
En este sentido advirtió “Si Misiones quiere seguir manteniendo su biodiversidad debe encaminarse a un sistema de defensa muy bien preparado para contrarrestar el avance de estos individuos que ya no son furtivos, sino que los podemos considerar delincuentes”.
Tras este escenario planteó la necesidad de endurecer las leyes y que los delitos ambientales dejen de ser considerados infracciones.
“Estas medidas deberían estar acompañadas de un cambio profundo en la ley. En primer lugar, hay que capacitar a los jueces, fiscales, y todo el aparato judicial como también a los políticos. Tienen que actuar en consecuencia, cuando se está frente a un ilícito sobre temas ambientales como caza o pesca furtiva, atropellamientos en áreas protegidas, tala de árboles y otros atentados contra el medio ambiente”.
Sobre el impacto ambiental, advirtió que la falta de control podría convertir nuevamente a la Isla Palacio en un área de caza ilegal, con consecuencias directas sobre la fauna. “Hoy nadie mata un animal silvestre por necesidad, los individuos apresados por guardaparques y policía, todas son personas con recursos que lo hacen por placer, diversión, pasatiempo, aunque algunos lo quieran catalogar de cultural”.
Y sentenció que de mantenerse esta tendencia, en las próximas décadas podría registrarse una fuerte disminución de especies y un deterioro del ecosistema.
“La muerte de un animal silvestre bajo estas circunstancias, es un paso más, que los lleva a una extinción segura; la tala de un árbol necesitará luego 100 años como mínimo para volver a cumplir con su rol determinado, y si sumamos todas las acciones que los furtivos, depredadores y quienes contaminan, en menos de 20 años vamos a notar una disminución muy alarmante de fauna silvestre y una selva muy empobrecida”.
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