Tras varios días con temperaturas que superaron los 40º a lo largo y ancho de la tierra colorada, las lluvias registradas en la noche del jueves lograron morigerar el riesgo de incendios, aunque la alerta se mantiene vigente en forma “moderada” en trece departamentos y “alto” en otros cuatro de la zona sur.

De esta manera, Iguazú, General Manuel Belgrano, Eldorado, San Pedro, Montecarlo, Guaraní, Cainguás, Libertador General San Martín, 25 de Mayo, San Ignacio, Oberá, Alem y Candelaria registran riesgo de incendios “moderado”, mientras que Apóstoles, San Javier, Concepción y Capital presentan un “alto” índice de peligro.

Si bien la Dirección de Alerta Temprana no descarta chaparrones aislados para mañana sábado, frente a las altas temperaturas y las escasas lluvias que no logran dar tregua a la sequía, desde el Ministerio de Ecología instan a actuar “con responsabilidad y precaución”, recordando que “los incendios forestales ponen en riesgo la biodiversidad de la provincia”.

Esto es así ya que reconocen, dentro de la provincia, el albergue del 52% de la biodiversidad de todo el país con un total de 1.6 millones de hectáreas de bosques nativos, más de 350 mil hectáreas de bosques implantados y comunidades de pueblos originarios presentes en la región.

El costo de los incendios para la tierra

Investigadores de la Universidad Nacional de Misiones (Unam) advirtieron sobre el impacto de los incendios en el equilibrio ecológico: “El suelo contribuye de manera significativa a la regulación de los ciclos de agua y carbono, y representa la base para la vida sobre la tierra. El cumplimiento de esa función está sujeto a un delicado equilibrio entre diferentes factores que pueden ser fácilmente perturbados. Por esta razón, los incendios forestales representan una amenaza potencial al desarrollo de las funciones del suelo, alterando sus propiedades”.

Frente a este panorama, el gobierno decidió aplicar severas sanciones para quienes sean partícipes de incendios intencionales, enmarcadas en la Ley N° 26.815 de Manejo del Fuego.

Dicha legislación establece penas económicas que pueden alcanzar cifras millonarias. Según el artículo 33, las multas oscilan desde un sueldo básico de la categoría inicial de la Administración Pública Nacional, equivalente a $226.229,23 y hasta 50 sueldos básicos, lo que representa $11.311.461,5 al 1 de octubre de 2024.

Además de las sanciones económicas, la legislación prevé otras medidas como la clausura de establecimientos, la pérdida de concesiones y beneficios fiscales, así como la prohibición de desarrollar actividades agropecuarias en los terrenos afectados.

Asimismo, conforme a la Ley Nº 27.604, durante 60 años está prohibido modificar el uso del suelo, realizar loteos o subdivisiones, y emprender actividades inmobiliarias en las superficies afectadas.

En caso de incendio o presencia de humo comunicarse al 911 o al 105 (Emergencia Ambiental), 100 (Bomberos) o 103 (Defensa Civil).

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La magnitud de tala ilegal dentro del Parque Provincial Piñalito Sur, ubicado en San Pedro, mantiene en alerta al Ministerio de Ecología de la provincia, que llevó el caso a la Justicia y conformó un comité de crisis para evaluar los daños en el área natural protegida y determinar responsabilidades.

“Es un hecho aislado que en la historia de los parques provinciales no ha ocurrido”, manifestó Facundo Riga, subsecretario de la cartera ambiental, en diálogo con La Voz de Misiones.

Los avances en la investigación que inició la semana pasada, la cual lleva adelante el Juzgado de Instrucción Uno de San Pedro, a cargo del magistrado Ariel Belda Palomar, resultó con la detención del dueño de un aserradero de la localidad donde se incautaron 70 rollos de madera sin marca de martillo, es decir, sin la identificación de Ecología que define si el árbol está dentro de las especies permitidas para la tala.

El subsecretario Riga afirmó que por la “magnitud” del hecho se trata de “una ocasión particular que obviamente nos alertó al ministerio a hacer estas patrullas para tener las pruebas necesarias y hacer la denuncia”.

Cuando el área de Control Forestal informó a la cartera sobre el robo de madera nativa en Piñalito, una de las primeras medidas que tomó Ecología fue el traslado de los dos guardaparques que estaban de guardia en el momento que se presume que se llevó a cabo la tala.

Si bien en un primer momento trascendió que los trabajadores podrían estar vinculados al hecho y estaban bajo la lupa de la investigación, el subsecretario descartó esa versión a LVM y confirmó que se trató de una medida “habitual” y preventiva para “preservar la identidad de los ciudadanos” y “llevar tranquilidad de que el trabajo se está haciendo con normalidad”.

En esa línea, Riga reafirmó: “Somos todos víctimas de esta situación, el parque es responsabilidad de todos, y no se está evaluando ninguna medida”.

Además del empresario de 31 años detenido en la causa, la Justicia libró una orden de detención para integrantes de una familia maderera que posee un predio lindante al área protegida en el cual se encontró una motoarrastradora escondida en el monto, la cual se presume que fue utilizada para la extracción de especies nativas de gran porte del parque.

Detienen a dueño de un aserradero por apeo ilegal en Piñalito

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El Ministerio de Ecología ordenó el traslado de dos guardaparques que prestaban servicio en el Parque Provincial Piñalito Sur, ubicado en San Pedro, en medio de una investigación sobre apeo ilegal de madera nativa que tiene como principales sospechosos a integrantes de una familia maderera de la zona.

La investigación se disparó por orden del ministro de la cartera ambiental, Martín Recamán, el pasado jueves, cuando la Dirección de Control Forestal informó que, durante una inspección de rutina, encontró un ingreso no autorizado al área natural protegida y registró la extracción de ejemplares de especies nativas de gran porte, algunos de hasta 15 metros de altura, además, de rastros de maquinaria pesada en el lugar.

El reporte de la dirección implicó la conformación de un Comité de Crisis integrado por áreas de la cartera ecológica provincial, el Ministerio de Gobierno y Gendarmería Nacional, para llevar adelante la investigación que este martes arrojó los primeros resultados.

Investigación

De acuerdo a lo que informó Ecología, la Justicia ordenó un amplio operativo en la zona del Parque Provincial Piñalito Sur que realizó la cartera en conjunto con la Dirección de Medio Ambiente de la Policía de Misiones.

En dicho rastrillaje, los funcionarios secuestraron una maquinaria forestal pesada oculta en un lote lindante al área natural protegida perteneciente a una familia de madereros que, a partir de ahora, son los principales sospechosos de haber cometido el apeo ilegal en la zona del Parque, en la cual está totalmente prohibida la extracción de bosque, ya que alberga una variedad importante de fauna y flora autóctona.

Según precisaron desde la cartera, fue posible encontrar oculta en el monte de la propiedad privada una motoarrastradora de rollos, marca Caterpillar CAT 518 color amarillo, gracias a los rastros que dejó en el suelo. La máquina quedó depositada en la comisaría de Tobuna.

La motoarrastradora fue encontrada oculta en el monte.

Asimismo, la Policía ubicó a dos trabajadores rurales identificados como Ramón (18) y Bruno (23), quienes declararon en la causa que se tramita en Juzgado  de Instrucción Uno de San Pedro, a cargo del magistrado Ariel Belda Palomar.

También a ambos peones se le decomisaron sus teléfonos móviles, los cuales serán sometidos a pericias en el marco de la investigación.

Además, el Ministerio de Ecología decidió el traslado de los dos guardaparques que se encontraban de guarda cuando se presume que se cometió el apeo ilegal en Piñalito y en sus lugares fueron asignados trabajadores provenientes de otros parques.

Dos peones rurales declararon en la causa que tiene como principales sospechosos a una familia maderera.

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