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Cambio climático: 2017, uno de los tres años más calientes de la historia

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Los números oficiales revelaron que 2017 es uno de los tres años más calientes de los que se tenga registro, de acuerdo a un anuncio de la NASA y la Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA). En Argentina, esto se corresponde con un informe del Servicio Meteorológico Nacional que señala a 2017 como el año más caliente para nuestro país: Con un desvío respecto de la temperatura media normal de +0.66°C, superó la marca del año 2012, en que se había alcanzado un desvío de +0.63°C.

Según el SMN, “si consideramos la evolución climática temporal (desde 1961 hasta 2017) de la anomalía de temperatura media, vemos que cada vez es más frecuente registrar años cálidos, y particularmente desde el año 2012 esta tendencia es mucho más significativa respecto de otro años”.

Este anuncio llega en un año en el que El Niño, un fenómeno que calienta el oeste del Océano Pacífico, influenciando patrones climáticos en el hemisferio sur, que empujan la temperatura promedio global. A gran escala, la temperatura promedio global en 2017 fue de .8 a .9 grados más que en los niveles preindustriales. Pero no hay que equivocarse: lo que parece apenas un pequeño incremento está ya teniendo impactos enormes que contribuyen a eventos climáticos extremos, tan mortales como costosos, en todo el planeta.

En la Argentina se manifiesta de diferentes formas: el cambio climático aumenta las chances de que haya eventos extremos, como las inundaciones e incendios forestales en el norte y centro del país, las sequías en zonas templadas; la pérdida de glaciares, que proveen el agua en la Cordillera y en la Patagonia. Y los ejemplos se multiplican alrededor del planeta: inundaciones en el sudeste asiático que mataron a más de 1200 personas; la ola de calor Lucifer, en Europa; incendios sin precedente en el oeste de los Estados Unidos; 306.000 millones de dólares de costo por desastres climáticos sólo en Estados Unidos, consecuencia de los huracanes Harvey e Irma. Las consecuencias no son solo ambientales: son también sociales y económicas.

Las emisiones de gases de efecto invernadero son el principal factor que provoca el cambio climático, y junto con la deforestación, van en aumento. Y con ellas aumenta el cambio climático. El año pasado sirve como un recordatorio de la necesidad de acciones urgentes para reducir emisiones, especialmente de cara a 2020, cuando el Acuerdo de París formalmente entre en efecto. Cálculos preliminares sugieren que las emisiones de dióxido de carbono se elevaron 2% en 2017, luego de permanecer planas entre 2014 y 2016. Con el ataque a las políticas que frenan las emisiones de gases de efecto invernadero por parte de escépticos del cambio climático en la administración de los Estados Unidos, a otras partes del mundo le toca redoblar sus esfuerzos.

Los datos de 2017 también deberían ayudar a conseguir resolución de los negociadores climáticos para pedir por mayores ambiciones.

“El último año podría pasar a la historia como el año en el que los impactos del cambio climático finalmente se volvieron innegables. Acaso este año sea aquel en el que nuestra respuesta se iguala al desafío”, opina Chris Weber, líder científico de clima y energía de WWF.

Afortunadamente, hay muchas tendencias esperanzadoras en camino, que deberán permitir a los gobiernos a ser audaces cuando se trata de objetivos de emisiones, políticas nacionales, y uso de energías limpias. La Agencia Internacional de Energía Renovable publicó una investigación que demuestra que para 2020, todas las tecnologías de energía renovable tendrán un costo competitivo con la generación de combustibles fósiles. Además, la creciente alerta por el estado de nuestros océanos, en parte por la enorme cantidad de plástico que mata la vida marina y contamina nuestros mares, demuestra una concientización y preocupación por la sustentabilidad de los ecosistemas del mundo. Esto debe permitirnos tomar carrera para acciones ambiciosas sobre el cambio climático.

Argentina debe reforzar su compromiso  con la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, a partir no sólo del diseño de políticas más ambiciosas en estas líneas, si no en la ejecución real de las políticas ya comprometidas y en el monitoreo de la eficiencia de las mismas. El sector privado tiene también una enorme tarea en la incorporación de la eficiencia energética en el sector productivo y en la promoción de prácticas productivas libres de deforestación y climáticamente responsables. Ante un cambio evidente, e imparable, es necesario también reforzar las medidas de mitigación de los impactos negativos.  El respeto de las leyes ambientales vigentes, como la Ley de Glaciares, la Ley de Bosques y la sanción de las pendientes, como la Ley de Humedales es una asignatura pendiente en un país que no puede sumar la flexibilización ambiental a  su fuerte proceso de búsqueda de inversiones externas. (FUNDACIÓN VIDA SILVESTRE).


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Ambientalistas preparan asamblea contra propuesta de represa en Corpus

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Integrantes de la Mesa Provincial No a las Represas  se encuentran definiendo el temario que compartirán durante la asamblea prevista para mediados de mayo en Aristóbulo del Valle y aguarda la participación de varias organizaciones misioneras por la toma de conciencia ante el eventual avance del proyecto hidroeléctrico Pinandí, en el municipio de Corpus

Para profundizar en la temática, el fin de semana pasado tres ambientalistas misioneros participaron del encuentro Unión de Asambleas de Comunidades (UAC), en Gualeguaychú, donde debatieron sobre el impacto de papeleras, megaminería, fracking, represas, barrios náuticos, uso masivo de agrotóxicos y transgénicos.  

Semanas atrás, funcionarios y referentes tanto del oficialismo como de la oposición volvieron a reflotar la idea de avanzar en el proyecto hidroeléctrico que se emplazaría junto a la isla Pinandí de Corpus, poniendo en alerta a los ambientalistas que el 14 de abril de 1996 lograron el plebiscito que dijo “NO a las represas” sobre el río Paraná, con un 88,63% de los votos y la participación de 299.420 votantes, lo que luego cobró respaldo con la sanción de la ley 3.294 ese mismo año. 

En diálogo con La Voz de Misiones, el ambientalista e integrante de la Mesa Provincial No a las Represas, Eduardo Luján, adelantó que en los próximos días estarán definiendo la reunión prevista para mediados de mayo en la localidad de Aristóbulo del Valle. “Ya recibimos la confirmación de la participación de varias organizaciones misioneras y ahora resta definir la fecha y un temario. Sin dudas va a estar incluida parte de esta experiencia que traemos de la Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú”, sostuvo. 

Y agregó: “Eso también ayuda porque nosotros fuimos justamente en representación de la Mesa Provincial No a las Represas y de la Mesa Misionera Socioambiental”.

Encuentro de la Unión de Asambleas de Comunidades (UAC) en Gualeguaychú.

Presencia en la UAC

Sobre el encuentro en la ciudad entrerriana detalló que, pese a la merma en asistencias debido a la crisis económica que pega de lleno en los traslados, contaron con la presencia de ambientalistas provenientes de Catamarca, Mendoza, Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos, Chaco y Misiones. 

“De Misiones éramos tres compañeros que estuvimos debatiendo junto al resto y compartiendo experiencias sobre los avances y retrocesos que tenemos en los territorios. Siempre es muy esperanzador porque logramos interconectar y potenciar en cada lugar nuestras luchas, resistencias y propuestas”, puntualizó Luján.

Para finalizar, resaltó: “Trajimos a Misiones muchas experiencias nuevas y enriquecedoras como para poder fortalecer el trabajo en la provincia en momentos en los que se van abriendo muchos frentes. La situación de los conflictos ambientales seguramente se irán agudizando, sobre todo con las nuevas leyes que ponen cada vez más en riesgo a nuestros bienes comunes. La UAC es una instancia para superar esto, o por lo menos tratar de ponerle un freno”.

Durante el cierre de la UAC participaron de la marcha que Gualeguaychú realiza cada año hacia el puente internacional Libertador General San Martín, en protesta por la instalación de pasteras en Uruguay.

Marcha sobre el puente internacional Libertador General San Martín


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La Ley de Bosques tiene un sitio web para monitorear su aplicación

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El portal de la Ley de Bosques Nativos fue lanzado el 23 de abril pasado por la Fundación Vida Silvestre con el objetivo de reunir información basada en datos oficiales sobre la legislación N° 26.331, encargada de la restauración, protección, aprovechamiento y manejo sostenible de los bosques nativos, así como también denuncias sobre su eventual violación.

De esta manera, el sitio permite ver y descargar información clave, como el estado de los Ordenamientos Territoriales de Bosques Nativos (OTBN), el presupuesto asignado, el destino y uso de fondos, así como también mapas y datos sobre deforestación por provincia y a nivel nacional, a través de mapas y gráficos interactivos, infografías, descargas de archivos y publicaciones complementarias.    

Además, contiene una sección con información general sobre la ley, las principales disposiciones y definiciones para entender su funcionamiento, los problemas en su implementación y sus consecuencias. 

La conservación como bandera

A través de un comunicado, Daniela Gomel, Especialista en Políticas Públicas y Gobernanza de Fundación Vida Silvestre Argentina recordó que: “Conservar y aprovechar de manera sustentable los bosques nativos de Argentina no solo es una obligación legal, sino también una oportunidad fundamental para el desarrollo económico y social de las diversas regiones del país”. 

En ese sentido, afirmó que desde la fundación “consideramos crucial asignar los recursos necesarios, que se actualicen los ordenamientos territoriales y asegurar su aplicación integralmente. Por eso, hemos desarrollado esta plataforma para proporcionar y compartir conocimientos y herramientas relacionadas con la ley de bosques nativos”.

A lo que agregó “la web posee como novedad que es interactiva para el usuario y que, además, se pueden descargar los datos con las fuentes correspondientes en formato Excel. Esto permite que cada persona pueda hacer análisis propios y hacer foco en los datos que más le interesan. La web será actualizada con cierta regularidad en base a información pública que vayamos obteniendo sea por informes oficiales o pedidos de información pública que realicemos”. 

Deforestación en ascenso pese a la legislación

La Ley 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de Bosques Nativos fue sancionada en 2007 con el objetivo de planificar las actividades que se realizan en estos ecosistemas y lograr equilibrar producción y conservación de la naturaleza, constituyéndose como una herramienta fundamental para la protección de los bosques.   

Su sanción fue uno de los mayores hitos en materia de regulación ambiental, ya que permitió visibilizar la problemática de la deforestación y la importancia de la conservación de los bosques en la Argentina. 

Simultáneamente, fomentó una disminución progresiva en la tasa anual de deforestación a lo largo y ancho del país, estabilizándose hasta el año 2019, cuando volvió a incrementarse en gran medida producto de la frecuencia e intensidad de los incendios forestales. 

Desde Vida Silvestre, aseguran que “en todos estos años su implementación ha sido parcial y nunca contó con el total del presupuesto que debería asignarse, tanto para el control, monitoreo y vigilancia, como para estimular el uso sustentable y la restauración”. 

A pesar de contar con esta Ley, los bosques nativos de Argentina siguen perdiéndose en zonas donde está prohibida la deforestación, producto del cambio de uso del suelo para actividades agropecuarias, forestales, urbanísticas y viales. Según estimaciones, entre los años 2007 y 2021, el 76% de la deforestación fue ilegal”, detallan en el comunicado. 

Información estadística confeccionada por Fundación Vida Silvestre


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Destruyeron trampas de cazadores furtivos en Puerto Iguazú

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Guardaparques del Parque Provincial Puerto Península y guardafaunas desactivaron al menos tres trampas adaptadas para cazar animales silvestres dentro de la reserva de las 2000 Hectáreas, enfrentando un nuevo caso del flagelo que va en aumento y atenta contra la fauna misionera.

Las estructuras utilizadas por cazadores furtivos fueron halladas durante un operativo de prevención de delitos ambientales realizado el fin de semana pasado cuando agentes de conservación localizaron un trillo y lo transitaron en el monte por unos seis kilómetros

A lo largo del trayecto los guardaparques y guardafaunas encontraron tres sobrados o esperas montados en un árbol de Obeña, estructuras diseñadas para la caza furtiva que finalmente fueron destruidas.

Últimos casos

En el mes de febrero guardaparques provinciales y sus pares nacionales del Parque Federal Campo San Juan llevaron adelante un operativo de prevención de delitos ambientales sobre el río Paraná, desde el arroyo Santa Ana hasta la Cuenca Baja del arroyo Garupá, donde detectaron actividad de cazadores furtivos y secuestraron cuatro redes de distintos tamaños y medidas, 15 esperas y 3 de las llamadas «boyas locas», armadas artesanalmente con bidones y anzuelos.

En marzo, más de 900 metros de redes y una embarcación de madera fueron incautados en una recorrida por guardaparques del Pasaje Protegido Lago Urugua-í y policías de la División de Defensa del Medio Ambiente.

Ese mismo mes, dos hombres fueron detenidos en el Parque Provincial Salto Encantado tras ser sorprendidos por efectivos de la Unidad Regional XI con elementos de caza y dos rifles adaptados para esa actividad, accesorios que finalmente fueron secuestrados.

Actividad ilegal en incremento

La caza furtiva registró un aumento desde el 2020. Por un lado están quienes la reconocen como “una cuestión cultural”, sin embargo, hoy las actividades de distensión y educación ambiental inculcan la obligación de realizar las denuncias correspondientes.

Esto es así porque la ley provincial XVI N°22 prohíbe “la captura, caza, tenencia, transporte, exhibición, oferta, demanda, comercialización o cualquier otra acción u omisión que puede afectar la preservación, conservación o reproducción de especies”.

Pese a la legislación, la cacería continúa siendo la principal amenaza que afecta a los animales de la selva misionera y a la integridad del ambiente, poniendo en riesgo el equilibrio ecológico de la selva y en consecuencia el bienestar de las personas. 


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