Ambiente
Aristóbulo: denuncian que el intendente impulsa intrusión en tierra mbya
Si bien las comunidades del Valle del Cuñá Pirú tienen la titularidad de la tierra, sostienen que familias intrusan sus tierras por recomendación del alcalde Eldor Hut.
El último miércoles, funcionarios del Ministerio de Ecología de Misiones acudieron al llamado del cacique Eliseo Chamorro y miembros del Equipo Misiones de Pastoral Aborígen (Emipa), quienes denunciaron que se estaba realizando el apeo ilegal de árboles nativos en un territorio propiedad de la comunidad Ka’aguy Poty, en Aristóbulo del Valle.
Allí se constató la existencia de rozados de vieja data y árboles nativos apeados y listos para ser utilizados como leña.
En el marco del operativo, se entrevistó a las familias que viven en el lugar, señaladas por intrusar las tierras, se tomaron puntos de GPS y fotos de los trabajos realizados.
Uno de los entrevistados, Juan Maciel, quien vive hace quince años en ese sitio, dijo a las autoridades que realizó una limpieza en su propiedad para armar allí un invernadero. Esta fue la situación que motivó la denuncia del cacique.
Unas catorce familias habitan en la zona señalada. En su mayoría, aseguraron ante los funcionarios de Ecología tener boletos de compraventa que demuestran su posesión sobre la tierra. Algunos de ellos dijeron vivir hace 40 años en el lugar, aunque la ocupación más reciente data de hace apenas un año.
Todos son colonos que se dedican a plantaciones anuales, como maíz y mandioca, y cría de animales, como cerdos y gallinas.
La semana pasada, cuando miembros de la comunidad e integrantes de Emipa se acercaron al lugare indagar a los trabajadores, estos adujeron tener permiso del municipio para preparar la tierra para ser cultivada.
Cuestión de papeles
Los aborígenes tramitan actualmente la titulación de las tierras, luego de un litigio con la Universidad de la Plata que se extendió por 17 años y que en marzo del año pasado culminó con el traspaso a manos de los mbya guaraní.
El trámite de titulación se retrasó a causa de la pandemia de Covid-19. Sin embargo, las comunidades cuentan con documentación que acredita su propiedad.
Al respecto, Vasco Baigorri, periodista y miembro de Emipa, sostuvo que “la gestión del título de propiedad colectiva, proceso que está en marcha, no pone en duda la titularidad de estas tierras por parte de las comunidades”, dijo a Primera Edición.
Asimismo, Baigorri indicó que hace años hay intrusos en esas tierras. De hecho, en abril del año pasado, sufrió en carne propia el ataque de un vecino de la zona, quien lo agredió con un machete en el rostro. “Esa gente que me atacó se fue de esas tierras y vendió terrenos que no le pertenecen”, remarcó.
“Hoy sigue la ocupación, por lo que las comunidades hicieron una denuncia”, enfatizó, y denunció: “Cuando fueron a ver el lugar, esas personas aseguraron que el intendente Eldor Hut les recomendó que ocuparan un espacio por familia”.
“Hay personas que dicen que están hace muchos años, lo cual no es cierto porque conocemos el lugar y sabemos que la mayoría son ocupantes nuevos”, adujo.
“Ninguna de esas personas tienen derecho de ocupación porque, en teoría, nadie puede cobrarle impuestos o servicios”, explicó el periodista. “Sin embargo, la cooperativa de luz conectó la electricidad a varios de los ocupantes de una manera que no es estatutaria, porque según el estatuto tienen que tener título o permiso de ocupación”, señaló.
En las tierras en disputa, cercanas a la ruta 7, “sabemos que hay personas que viven en Aristóbulo y tienen boletos de compraventa cuando nadie tiene derecho a vender esas tierras”, denunció Baigorri.
Por su parte, el cacique de Ka’aguy Poty, Eliseo Chamorro, dijo: “No queremos que sigan avanzando, por ahora pueden estar, pero el caso es que no sigan cortando árboles”.
Sobre la denuncia realizada, explicó que “fue uno de los ocupantes que está hace varios años el que trajo una máquina, no sabemos si de la misma Municipalidad, y tumbó varios árboles. También constatamos con Ecología que venden leña de madera nativa”.
Asimismo, Chamorro señaló que “la intrusión de nuestra tierra es una lucha que no es de ahora y el intendente la conoce bien porque él tampoco es nuevo en ese cargo, porque ya va por su tercera gestión en la Municipalidad de Aristóbulo del Valle”.
En este sentido, el líder de la comunidad aseguró que “tenemos documentos que nos avalan como propietarios de esta tierra, a diferencia de lo que sucedía antes que nos decían que no teníamos papeles para reclamar”.
Nobel de la Paz pidió intervención a Herrera Ahuad
Preocupado por la situación, el premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, escribió una carta al gobernador Oscar Herrera Ahuad.
“Me dirijo a usted a fin de expresarle mi profunda preocupación a raíz de la intrusión de personas extrañas al territorio de la comunidad Ka’aguy Poty, de la ruta provincial 7, en Aristóbulo del Valle”, comenzó la misiva.
“Durante mucho tiempo, por doce años hemos acompañado a esa y otras cuatro comunidades más en su reclamo territorial ante la Universidad Nacional de La Plata. Hemos participado de varias reuniones, mesas de diálogo y hasta gestionado una reunión con el ex presidente de Bolivia, Evo Morales, en una oportunidad que estuvo recibiendo allí una distinción. Pero ahora nos encontramos con esta situación, en la que un grupo de personas ha ingresado al territorio comunitario, supuestamente por indicaciones del intendente de Aristóbulo del Valle, y comenzaron a talar de manera indiscriminada el bosque nativo del mencionado territorio”, manifestó Esquivel, que pidió por la mediación del gobernador para clarificar el conflicto.
Ambiente
Mesa No a las Represas exige al gobierno ratificar la ley que prohíbe Corpus
Referentes de la Mesa Provincial No a las Represas se reunieron con el ministro Coordinador de Gabinete, Carlos Sartori, para solicitar que la administración provincial ratifique la vigencia de la Ley IV – Nº 56, conocida como “Ley del No a Corpus”.
Dicha normativa ratifica el histórico plebiscito provincial del 24 de abril de 1996, cuando el 88,63% de los electores se opuso a la construcción de represa hidroeléctrica sobre el río Paraná en la localidad de Corpus Christi.
Durante el encuentro que se concretó el martes a las 11 en Casa de Gobierno y se extendió por más de una hora, los ambientalistas transmitieron al funcionario su preocupación ante las recientes expresiones públicas que incitan la posibilidad de construir una represa sobre el río Paraná.
Ante esto, exigieron el cumplimiento estricto de la mencionada normativa que obliga al Poder Ejecutivo provincial a defender la postura de la consulta popular ante el gobierno nacional y entidades externas.
“Planteamos la necesidad de que el Gobernador actúe en consecuencia. La ley que refrenda el plebiscito del 96 solo podría perder vigencia con una reforma de la Constitución provincial o una declaración judicial de inconstitucionalidad”, explicó Eduardo Luján, integrante de la Mesa, quien además advirtió que avanzarán con acciones jurídicas si no se respeta la normativa.
Por su parte, el referente Rulo Bregagnolo alertó sobre los impactos socioambientales de la obra: “Dialogamos sobre los altos riesgos para la salud y la naturaleza. Se verían afectados sitios turísticos emblemáticos como los Saltos del Tabay, Gruta India, la Isla Caraguatay, la costanera de Puerto Rico, el puerto de Eldorado y las Cataratas del Iguazú, que perderían el 10% de su altura“.
Asimismo, vinculó esta preocupación al contexto actual de calentamiento global: “Dañar el río Paraná sería nocivo para todos, especialmente frente a la degradación ambiental que ya afecta a servicios básicos para la supervivencia”.
Durante la reunión también se debatió sobre la matriz energética provincial. Se intercambiaron propuestas orientadas a las energías renovables, como la biomasa, la energía solar y los pequeños aprovechamientos hidráulicos en arroyos internos.
Por otro lado, la Mesa consultó sobre las versiones de un supuesto diálogo entre el gobernador Hugo Passalacqua y las autoridades de la Comisión Mixta Argentino-Paraguaya del Río Paraná (COMIP), trascendido que fue desmentido categóricamente por Sartori.
No obstante, los ambientalistas manifestaron su malestar por las reuniones pro-represas realizadas en la sede de la Secretaría de Cambio Climático. Al respecto, el Ministro garantizó que dichos encuentros no volverán a repetirse.
“Cada argumento de la Mesa está respaldado por la experiencia y estudios científicos. La situación actual requiere una resolución urgente y estamos dispuestos a seguir trabajando”, concluyó Bregagnolo.

Eduardo Luján, Carlos Sartori, Rulo Bregagnolo, Laura Camelli y Gabriel Arzamendia.
Ambiente
Piden al Agro informes sobre convivencia entre yaguaretés y ganado
La organización conservacionista Red Yaguareté presentó un pedido formal de acceso a la información pública ante el Ministerio del Agro y la Producción, a cargo de Facundo López Sartori, para conocer cuántas denuncias por depredación de animales domésticos atribuidas a yaguaretés y pumas se registraron en los últimos años, cómo fueron constatadas y qué compensaciones económicas recibieron los productores afectados de Misiones.
La solicitud, difundida a través de las redes sociales de la fundación, requiere información correspondiente a los años 2024, 2025 y 2026 hasta la actualidad.
En el escrito, la organización también reclama detalles sobre la fecha y el lugar de cada denuncia, la especie involucrada, el procedimiento de verificación y el estado de las compensaciones previstas por la legislación provincial.
Desde la entidad sostuvieron que existe una falta de información pública “precisa y accesible” sobre la aplicación de las políticas vinculadas a la convivencia entre grandes felinos y la actividad ganadera. En ese sentido, cuestionaron que la difusión oficial se limite, en muchos casos, a publicaciones en redes sociales o declaraciones sin datos concretos.
“Quienes trabajamos en la conservación de especies en Peligro Crítico de Extinción como el yaguareté sabemos que, en su mayoría, esas difusiones carecen de veracidad y no muestran los verdaderos resultados de las acciones”, expresaron.
Datos
La Red Yaguareté recordó que durante más de 15 años desarrolló junto a productores ganaderos distintas experiencias de convivencia con grandes felinos, cuyos resultados fueron plasmados en informes técnicos, publicaciones científicas y propuestas de mejora que, según señalaron, contribuyeron a modificar la normativa provincial conocida como la “Ley de Grandes Felinos”.
Esa legislación establece la obligación del Estado provincial, a través de cartera del Agro, de compensar económicamente a personas o empresas que sufran pérdidas de animales domésticos por ataques de yaguaretés o pumas.
La organización indicó que, tras la implementación de ese sistema y el desarrollo del denominado “Seguro del Yaguareté”, impulsado junto a la empresa Río Uruguay Seguros como alternativa para algunas compensaciones, no se difundieron de manera detallada estadísticas oficiales sobre la cantidad de denuncias recibidas, los casos efectivamente comprobados ni las indemnizaciones otorgadas.
Acceso a la información pública
En ese marco, la fundación afirmó que el objetivo del pedido es acceder a información respaldada por evidencia y estadísticas oficiales que permita evaluar el funcionamiento del sistema y mejorar las políticas de conservación.
“Necesitamos y tenemos el derecho de conocer las acciones concretas, los avances, retrocesos y dificultades reales para continuar mejorando y evaluar la efectividad de lo realizado con información científica de calidad”, manifestaron.
Finalmente, remarcaron que contar con datos públicos y verificables permitirá analizar si las medidas implementadas favorecen la convivencia entre yaguaretés, pumas y productores ganaderos en toda la provincia. “La convivencia es el camino”, concluyeron.
Ambiente
Científicas de la UBA desarrollan un bioplástico con mandioca y yerba mate
Un equipo de científicas, estudiantes y becarias de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y el Conicet desarrolló un material biodegradable elaborado a base de almidón de mandioca y yerba mate que podría convertirse en una alternativa sustentable al plástico convencional para el envasado de alimentos.
La investigación se lleva adelante en el Laboratorio de Polímeros y Materiales Compuestos, bajo la dirección de la investigadora del Conicet Lucía Fama, junto a Natalia Hermoso, tesista de Ciencias Físicas; Leiza Fernández, becaria doctoral en Tecnología Química; y Julieta Pajoni, becaria doctoral en Ciencias Físicas.
El objetivo del proyecto es reemplazar parte de los plásticos derivados del petróleo por materias primas renovables de origen nacional, otorgando valor agregado a la fécula de mandioca y a la yerba mate mediante el desarrollo de films biodegradables aptos para el envasado de alimentos.
Según explicó Julieta Pajoni, el proceso comienza con la mezcla del almidón de mandioca con plastificantes naturales. Luego, esa combinación se procesa en una extrusora, donde se obtienen cordones termoplásticos que posteriormente son prensados mediante una prensa hidráulica para fabricar los films termoformados.
El desarrollo cobra relevancia frente al creciente problema ambiental que genera el plástico. Cada año se producen alrededor de 400 millones de toneladas de este material en el mundo y apenas el 10% se recicla. El resto permanece durante décadas o incluso siglos en el ambiente.
“Un film plástico convencional tarda entre 100 y 500 años en degradarse; este tarda apenas cinco semanas en tierra, dentro de un sistema de compostaje”, destacó Pajoni al explicar una de las principales ventajas del nuevo material.
La innovación también resulta especialmente significativa para Misiones, una de las dos provincias argentinas con producción industrial de fécula de mandioca. En Puerto Rico funciona la Cooperativa Agrícola e Industrial San Alberto (Caisa), donde desde hace varios años también se desarrollan productos con valor agregado a partir de este cultivo, como adhesivos.
Además del impacto ambiental positivo, las investigadoras sostienen que el proyecto representa una oportunidad para agregar valor a dos productos emblemáticos de la producción argentina. “Aparte del impacto ambiental, esta es una gran oportunidad económica para los productores de mandioca del país”, señalaron desde el equipo de investigación.
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