Ambiente
Aristóbulo: denuncian que el intendente impulsa intrusión en tierra mbya
Si bien las comunidades del Valle del Cuñá Pirú tienen la titularidad de la tierra, sostienen que familias intrusan sus tierras por recomendación del alcalde Eldor Hut.
El último miércoles, funcionarios del Ministerio de Ecología de Misiones acudieron al llamado del cacique Eliseo Chamorro y miembros del Equipo Misiones de Pastoral Aborígen (Emipa), quienes denunciaron que se estaba realizando el apeo ilegal de árboles nativos en un territorio propiedad de la comunidad Ka’aguy Poty, en Aristóbulo del Valle.
Allí se constató la existencia de rozados de vieja data y árboles nativos apeados y listos para ser utilizados como leña.
En el marco del operativo, se entrevistó a las familias que viven en el lugar, señaladas por intrusar las tierras, se tomaron puntos de GPS y fotos de los trabajos realizados.
Uno de los entrevistados, Juan Maciel, quien vive hace quince años en ese sitio, dijo a las autoridades que realizó una limpieza en su propiedad para armar allí un invernadero. Esta fue la situación que motivó la denuncia del cacique.
Unas catorce familias habitan en la zona señalada. En su mayoría, aseguraron ante los funcionarios de Ecología tener boletos de compraventa que demuestran su posesión sobre la tierra. Algunos de ellos dijeron vivir hace 40 años en el lugar, aunque la ocupación más reciente data de hace apenas un año.
Todos son colonos que se dedican a plantaciones anuales, como maíz y mandioca, y cría de animales, como cerdos y gallinas.
La semana pasada, cuando miembros de la comunidad e integrantes de Emipa se acercaron al lugare indagar a los trabajadores, estos adujeron tener permiso del municipio para preparar la tierra para ser cultivada.
Cuestión de papeles
Los aborígenes tramitan actualmente la titulación de las tierras, luego de un litigio con la Universidad de la Plata que se extendió por 17 años y que en marzo del año pasado culminó con el traspaso a manos de los mbya guaraní.
El trámite de titulación se retrasó a causa de la pandemia de Covid-19. Sin embargo, las comunidades cuentan con documentación que acredita su propiedad.
Al respecto, Vasco Baigorri, periodista y miembro de Emipa, sostuvo que “la gestión del título de propiedad colectiva, proceso que está en marcha, no pone en duda la titularidad de estas tierras por parte de las comunidades”, dijo a Primera Edición.
Asimismo, Baigorri indicó que hace años hay intrusos en esas tierras. De hecho, en abril del año pasado, sufrió en carne propia el ataque de un vecino de la zona, quien lo agredió con un machete en el rostro. “Esa gente que me atacó se fue de esas tierras y vendió terrenos que no le pertenecen”, remarcó.
“Hoy sigue la ocupación, por lo que las comunidades hicieron una denuncia”, enfatizó, y denunció: “Cuando fueron a ver el lugar, esas personas aseguraron que el intendente Eldor Hut les recomendó que ocuparan un espacio por familia”.
“Hay personas que dicen que están hace muchos años, lo cual no es cierto porque conocemos el lugar y sabemos que la mayoría son ocupantes nuevos”, adujo.
“Ninguna de esas personas tienen derecho de ocupación porque, en teoría, nadie puede cobrarle impuestos o servicios”, explicó el periodista. “Sin embargo, la cooperativa de luz conectó la electricidad a varios de los ocupantes de una manera que no es estatutaria, porque según el estatuto tienen que tener título o permiso de ocupación”, señaló.
En las tierras en disputa, cercanas a la ruta 7, “sabemos que hay personas que viven en Aristóbulo y tienen boletos de compraventa cuando nadie tiene derecho a vender esas tierras”, denunció Baigorri.
Por su parte, el cacique de Ka’aguy Poty, Eliseo Chamorro, dijo: “No queremos que sigan avanzando, por ahora pueden estar, pero el caso es que no sigan cortando árboles”.
Sobre la denuncia realizada, explicó que “fue uno de los ocupantes que está hace varios años el que trajo una máquina, no sabemos si de la misma Municipalidad, y tumbó varios árboles. También constatamos con Ecología que venden leña de madera nativa”.
Asimismo, Chamorro señaló que “la intrusión de nuestra tierra es una lucha que no es de ahora y el intendente la conoce bien porque él tampoco es nuevo en ese cargo, porque ya va por su tercera gestión en la Municipalidad de Aristóbulo del Valle”.
En este sentido, el líder de la comunidad aseguró que “tenemos documentos que nos avalan como propietarios de esta tierra, a diferencia de lo que sucedía antes que nos decían que no teníamos papeles para reclamar”.
Nobel de la Paz pidió intervención a Herrera Ahuad
Preocupado por la situación, el premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, escribió una carta al gobernador Oscar Herrera Ahuad.
“Me dirijo a usted a fin de expresarle mi profunda preocupación a raíz de la intrusión de personas extrañas al territorio de la comunidad Ka’aguy Poty, de la ruta provincial 7, en Aristóbulo del Valle”, comenzó la misiva.
“Durante mucho tiempo, por doce años hemos acompañado a esa y otras cuatro comunidades más en su reclamo territorial ante la Universidad Nacional de La Plata. Hemos participado de varias reuniones, mesas de diálogo y hasta gestionado una reunión con el ex presidente de Bolivia, Evo Morales, en una oportunidad que estuvo recibiendo allí una distinción. Pero ahora nos encontramos con esta situación, en la que un grupo de personas ha ingresado al territorio comunitario, supuestamente por indicaciones del intendente de Aristóbulo del Valle, y comenzaron a talar de manera indiscriminada el bosque nativo del mencionado territorio”, manifestó Esquivel, que pidió por la mediación del gobernador para clarificar el conflicto.
La Asociación Civil Orembaé interpuso una acción de amparo ante la Justicia provincial contra el ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables de Misiones por la falta de respuesta a un pedido formal de acceso a información pública ambiental vinculado al Proyecto Corpus y al cumplimiento del mandato popular surgido del plebiscito de 1996.
La presentación judicial quedó radicada en el Juzgado Civil y Comercial Cinco de Posadas, luego de que vencieran los plazos legales establecidos por la Ley XVI N.º 81 de Acceso a la Información Ambiental sin que el organismo provincial brindara respuesta.
Martín Ferroni, abogado de la asociación, sostuvo “no se trata de una cuestión de falta de transparencia, sino de un incumplimiento de deberes legales”. y remarcó que “el acceso a la información ambiental constituye un derecho humano reconocido tanto por la legislación argentina como por tratados internacionales”.
El pedido administrativo había sido presentado el 22 de abril y contemplaba dos ejes principales. Por un lado, se solicitó información sobre las gestiones realizadas por el Poder Ejecutivo provincial ante el gobierno nacional en cumplimiento de la Ley XI N.º 5, norma que ratifica el resultado del plebiscito realizado el 14 de abril de 1996, donde la ciudadanía misionera se expresó mayoritariamente en rechazo a la construcción de la represa Corpus Christi sobre el río Paraná.
Por otro lado, Orembaé requirió acceso a estudios de prefactibilidad y factibilidad técnica y ambiental, Evaluaciones de Impacto Ambiental (EIA), Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA), registros de participación ciudadana y demás actuaciones vinculadas al proyecto en el emplazamiento Pindo-I, documentación que -según señalaron- habría sido generada por la Comisión Mixta del Río Paraná (Comip) y otros organismos intervinientes.
“La Comip está difundiendo públicamente la existencia de supuestos estudios vinculados al proyecto y queremos saber si efectivamente se realizaron conforme a los procedimientos legales establecidos por la provincia”, señaló Ferroni.
En la presentación judicial, la organización también cuestiona la intervención de la Comip sobre cuestiones ambientales y territoriales que, según afirman, corresponden al dominio originario de la provincia de Misiones. “Los bienes naturales pertenecen a la provincia y no a la Nación”, apuntó.
Asimismo, desde la asociación indicaron que la legislación vigente impide legalmente avanzar con la construcción de Corpus o cualquier otra represa sobre el tramo del río Paraná correspondiente al territorio misionero. “La Ley XI N.º 5 tiene origen en la voluntad soberana del pueblo expresada mediante plebiscito y no puede ser dejada sin efecto por una mayoría legislativa simple ni por decisiones administrativas”, planteron.
La acción judicial se fundamenta en el artículo 16 de la Constitución Provincial, el artículo 43 de la Constitución Nacional, la Ley XII N.º 2 de Amparo, la Ley General del Ambiente N.º 25.675 y el Acuerdo de Escazú, tratado internacional que garantiza el acceso oportuno y efectivo a la información ambiental.
Además del amparo, Orembaé solicitó una medida cautelar urgente para que la Justicia ordene al ministerio de Ecología entregar la información requerida en un plazo máximo de cinco días hábiles.
El abogado advirtió que analiza avanzar con denuncias penales contra funcionarios responsables por presunto incumplimiento de deberes de funcionario público, así como realizar presentaciones ante organismos internacionales por posibles incumplimientos de las obligaciones asumidas por Argentina en el marco del Acuerdo de Escazú.
“El acceso a la información ambiental es un derecho humano y su vulneración sistemática no puede quedar sin consecuencias jurídicas”, concluyó Ferroni.
Ambientalista sobre nuevo debate por represas: “Corpus está prohibido por ley”
Para el próximo domingo 7 de junio, un grupo de activistas organiza una jornada de plantación de árboles y flores nativas en inmediaciones del arroyo Santa María, en Posadas.
La actividad, abierta a toda la comunidad, comenzará a las 14.30 y tendrá como punto de encuentro la intersección de la calle 105 y la avenida Urquiza, al lado del Corralón Municipal.
“El cuidado de nuestro entorno es un compromiso colectivo”, expresó en sus redes sociales el grupo Defensa del Árbol Posadas. En esa línea, invitaron a la comunidad a “participar de la próxima actividad de restauración ambiental y plantación que llevaremos a cabo”.
Además, señalaron que la jornada está destinada a personas de todas las edades y que “no se requiere experiencia previa”. Durante la actividad, se realizará la plantación de “más árboles nativos” alrededor del arroyo y la creación de canteros de flores para “mariposas, aves e insectos”.
“El objetivo es seguir fortaleciendo el corredor biológico urbano y concienciar sobre la importancia de preservar nuestros cursos de agua y la flora nativa para nuestro ecosistema”, destacaron desde el grupo en la publicación.
Por último, recomendaron asistir con “ganas de colaborar”, ropa cómoda, protección solar y agua. En caso de lluvia, la actividad será reprogramada.
Cabe destacar que no es la primera intervención de especies nativas que realiza Defensa del Árbol Posadas en el predio. El año pasado llevaron adelante una primera etapa con el objetivo de la “preservación de este hábitat natural tan valioso como lo es un arroyo urbano, el cual alberga y albergará más biodiversidad de gran importancia para nuestro ecosistema”.
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La Reserva Natural Tenondé, ubicada en San Ignacio, amplió su superficie protegida tras la incorporación de otras 25 hectáreas adquiridas por la Fundación Hábitat y Desarrollo. Con esta nueva incorporación, el área alcanza las 75 hectáreas de conservación y se afianza como la reserva más importante de Misiones y del país en protección de microendemismos y especies únicas vinculadas al bioma de Cerrado.
El lugar resguarda uno de los ambientes más singulares de la Argentina: el bioma de Cerrado, considerado un “hotspot” o punto caliente de biodiversidad. Aunque este ecosistema es muy frecuente en Brasil, su presencia es escasa y marginal en países como Paraguay, Bolivia y Argentina, lo que convierte a Tenondé en un sitio estratégico para la conservación ambiental.
En sus pastizales, humedales e islas de bosques fueron identificadas ocho de las doce especies endémicas recientemente declaradas Monumento Natural Provincial de Misiones. Algunas de ellas existen únicamente en esa región del sur de San Ignacio.
La singularidad ecológica del área motivó a la Fundación Hábitat y Desarrollo a adquirir las primeras hectáreas en 2019 y avanzar desde entonces en la ampliación de la reserva. El director de Conservación de la organización, Gustavo Aparicio, explicó al medio ambientalista Paranaense, que el crecimiento fue posible gracias a un proyecto financiado por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).
“Estimamos que en Tenondé tenemos cerca del 20% del ambiente único de Cerrado”, señaló Aparicio, quien además remarcó que actualmente uno de los principales desafíos es el control de especies invasoras y el avance de plantas leñosas sobre los pastizales donde habitan los endemismos.
En paralelo, Aparicio y el investigador Héctor Keller -doctor en Recursos Naturales y especialista en flora misionera- mantuvieron reuniones con autoridades del Ministerio de Ecología para avanzar en la formalización de la reserva y definir estrategias de conservación para las especies protegidas.
Aparicio y Keller con el subsecretario de Ecología, Facundo Ringa, y el director de Áreas Protegidas, Fabio Malosh.
En comunicación con La Voz de Misiones, Keller, quien descubrió y clasificó las doce especies exclusivas declaradas Monumento Natural Provincial, destacó la importancia de la ampliación territorial. “Con esto se está afianzando como la reserva más importante de Misiones y del país con microendemismos”, afirmó.
“No conozco otro sector de Argentina que reúna una superficie tan pequeña con tantas especies endémicas creciendo en ella”, sostuvo Keller.
Entre las especies exclusivas del lugar se encuentra la conocida “mentita campera”, además de otras plantas asociadas a las areniscas del Cerrado misionero. Según explicó el investigador, muchas de estas especies tienen una distribución extremadamente reducida y podrían desaparecer si el ecosistema pierde sus características naturales.
“La incorporación de 25 hectáreas tiene un alto impacto porque amplía el hábitat para especies en peligro y aumenta notablemente la diversidad de flora y fauna de la reserva”, finalizó.
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