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Aborígenes del Cuñá Pirú denuncian nuevo avance sobre su territorio

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Comunidades mbya guaraní del Valle del Cuñá Pirú denuncian un nuevo avance sobre su territorio, con la tala ilegal de árboles nativos y movimiento del suelo.

Las aldeas se ubican sobre la ruta provincial 7, en inmediaciones del mirador del Cuñá Pirú, en la localidad de Aristóbulo del Valle.

En este sentido, se informó que el pasado lunes, miembros del Equipo Misiones de Pastoral Aborigen (Emipa) advirtieron la presencia de maquinarias en un sector de la propiedad.

Desde la entidad contaron además que, al acercarse al lugar e indagar a los trabajadores, estos adujeron tener permiso del municipio para preparar la tierra para ser cultivada.

Ya en el 2019, en el mismo predio, se registraron duros enfrentamientos, con un machetazo a un miembro de Emipa incluido, entre aborígenes y trabajadores rurales.

“Hoy es una topadora con lo que nos agreden amparados por las autoridades municipales”, dijeron sobre el último hecho en un comunicado.

“Un grupo de personas ha invadido nuestro territorio arrasando con los árboles que allí había”, continuaron, y agregaron: “Avanzaron en forma alevosa, aprovechando la cuarentena, sobre nuestro territorio, del que somos titulares registrales reales”.

Luego de esa situación, dieron aviso al Ministerio de Ecología, desde donde respondieron que agentes de la cartera conducida por Mario Vialey se harían presentes en el lugar para constatar la denuncia.

“En principio, no tenemos ningún permiso o autorización de plan de aprovechamiento en el área que indican las comunidades indígenas, por lo que se podría tratar de una infracción a las normativas vigentes. Agentes de control del ministerio recorrerán el territorio y se acercarán a las comunidades para verificar la denuncia en el territorio”, dijo Vialey a Misiones Online.

Desde Emipa confirmaron a La Voz de Misiones que un equipo de la cartera ecológica se encuentra en el lugar en estos momentos.

Asimismo, refirieron que se trata de un territorio reconocido y cedido en 2019 por la Universidad Nacional de La Plata, un litigio que significó 17 años de lucha para las comunidades.

Las tierra fueron entregadas a las comunidades tras un juicio que cerró con un acuerdo legal de partes el año pasado con la restitución a los aborígenes de unas 6.000 hectáreas, que tramitan actualmente la titularidad.

No es la primera

A principios de este año, la comunidad Ka’a Kupe, ubicada en el municipio de Campo Grande, protagonizó duros choques con los trabajadores de la empresa Carba, autorizada por el Ministerio de Ecología a llevar adelante un plan de manejo del bosque.

La discusión por estas tierras está vigente desde abril de 2019, cuando las comunidades originarias denunciaron que el Ministerio de Ecología de Misiones autorizó el desmonte de las tierras sagradas.

La situación puso sobre la mesa la discusión sobre la extracción selectiva y la degradación paulatina del bosque. En aquella oportunidad, La Voz de Misiones recorrió la zona junto al cacique y miembros de la aldea.

Allí se pudo observar los grandes huecos dejados en la selva por el paso de las máquinas. En este sentido, desde Emipa informaron a este medio que, por el momento, esos trabajos están parados.

La zona afectada -un área natural de 5.000 hectáreas que se encuentra dentro de los territorios relevados y protegidos por la ley 26.160- corresponde a la comunidad Ka’a Kupe, ubicada en cercanías de la ruta provincial 7. Además, también se encuentran afectadas las comunidades Koen Ju e Yvy Chi.


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Ambientalistas preparan asamblea contra propuesta de represa en Corpus

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Integrantes de la Mesa Provincial No a las Represas  se encuentran definiendo el temario que compartirán durante la asamblea prevista para mediados de mayo en Aristóbulo del Valle y aguarda la participación de varias organizaciones misioneras por la toma de conciencia ante el eventual avance del proyecto hidroeléctrico Pinandí, en el municipio de Corpus

Para profundizar en la temática, el fin de semana pasado tres ambientalistas misioneros participaron del encuentro Unión de Asambleas de Comunidades (UAC), en Gualeguaychú, donde debatieron sobre el impacto de papeleras, megaminería, fracking, represas, barrios náuticos, uso masivo de agrotóxicos y transgénicos.  

Semanas atrás, funcionarios y referentes tanto del oficialismo como de la oposición volvieron a reflotar la idea de avanzar en el proyecto hidroeléctrico que se emplazaría junto a la isla Pinandí de Corpus, poniendo en alerta a los ambientalistas que el 14 de abril de 1996 lograron el plebiscito que dijo “NO a las represas” sobre el río Paraná, con un 88,63% de los votos y la participación de 299.420 votantes, lo que luego cobró respaldo con la sanción de la ley 3.294 ese mismo año. 

En diálogo con La Voz de Misiones, el ambientalista e integrante de la Mesa Provincial No a las Represas, Eduardo Luján, adelantó que en los próximos días estarán definiendo la reunión prevista para mediados de mayo en la localidad de Aristóbulo del Valle. “Ya recibimos la confirmación de la participación de varias organizaciones misioneras y ahora resta definir la fecha y un temario. Sin dudas va a estar incluida parte de esta experiencia que traemos de la Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú”, sostuvo. 

Y agregó: “Eso también ayuda porque nosotros fuimos justamente en representación de la Mesa Provincial No a las Represas y de la Mesa Misionera Socioambiental”.

Encuentro de la Unión de Asambleas de Comunidades (UAC) en Gualeguaychú.

Presencia en la UAC

Sobre el encuentro en la ciudad entrerriana detalló que, pese a la merma en asistencias debido a la crisis económica que pega de lleno en los traslados, contaron con la presencia de ambientalistas provenientes de Catamarca, Mendoza, Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos, Chaco y Misiones. 

“De Misiones éramos tres compañeros que estuvimos debatiendo junto al resto y compartiendo experiencias sobre los avances y retrocesos que tenemos en los territorios. Siempre es muy esperanzador porque logramos interconectar y potenciar en cada lugar nuestras luchas, resistencias y propuestas”, puntualizó Luján.

Para finalizar, resaltó: “Trajimos a Misiones muchas experiencias nuevas y enriquecedoras como para poder fortalecer el trabajo en la provincia en momentos en los que se van abriendo muchos frentes. La situación de los conflictos ambientales seguramente se irán agudizando, sobre todo con las nuevas leyes que ponen cada vez más en riesgo a nuestros bienes comunes. La UAC es una instancia para superar esto, o por lo menos tratar de ponerle un freno”.

Durante el cierre de la UAC participaron de la marcha que Gualeguaychú realiza cada año hacia el puente internacional Libertador General San Martín, en protesta por la instalación de pasteras en Uruguay.

Marcha sobre el puente internacional Libertador General San Martín


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La Ley de Bosques tiene un sitio web para monitorear su aplicación

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El portal de la Ley de Bosques Nativos fue lanzado el 23 de abril pasado por la Fundación Vida Silvestre con el objetivo de reunir información basada en datos oficiales sobre la legislación N° 26.331, encargada de la restauración, protección, aprovechamiento y manejo sostenible de los bosques nativos, así como también denuncias sobre su eventual violación.

De esta manera, el sitio permite ver y descargar información clave, como el estado de los Ordenamientos Territoriales de Bosques Nativos (OTBN), el presupuesto asignado, el destino y uso de fondos, así como también mapas y datos sobre deforestación por provincia y a nivel nacional, a través de mapas y gráficos interactivos, infografías, descargas de archivos y publicaciones complementarias.    

Además, contiene una sección con información general sobre la ley, las principales disposiciones y definiciones para entender su funcionamiento, los problemas en su implementación y sus consecuencias. 

La conservación como bandera

A través de un comunicado, Daniela Gomel, Especialista en Políticas Públicas y Gobernanza de Fundación Vida Silvestre Argentina recordó que: “Conservar y aprovechar de manera sustentable los bosques nativos de Argentina no solo es una obligación legal, sino también una oportunidad fundamental para el desarrollo económico y social de las diversas regiones del país”. 

En ese sentido, afirmó que desde la fundación “consideramos crucial asignar los recursos necesarios, que se actualicen los ordenamientos territoriales y asegurar su aplicación integralmente. Por eso, hemos desarrollado esta plataforma para proporcionar y compartir conocimientos y herramientas relacionadas con la ley de bosques nativos”.

A lo que agregó “la web posee como novedad que es interactiva para el usuario y que, además, se pueden descargar los datos con las fuentes correspondientes en formato Excel. Esto permite que cada persona pueda hacer análisis propios y hacer foco en los datos que más le interesan. La web será actualizada con cierta regularidad en base a información pública que vayamos obteniendo sea por informes oficiales o pedidos de información pública que realicemos”. 

Deforestación en ascenso pese a la legislación

La Ley 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de Bosques Nativos fue sancionada en 2007 con el objetivo de planificar las actividades que se realizan en estos ecosistemas y lograr equilibrar producción y conservación de la naturaleza, constituyéndose como una herramienta fundamental para la protección de los bosques.   

Su sanción fue uno de los mayores hitos en materia de regulación ambiental, ya que permitió visibilizar la problemática de la deforestación y la importancia de la conservación de los bosques en la Argentina. 

Simultáneamente, fomentó una disminución progresiva en la tasa anual de deforestación a lo largo y ancho del país, estabilizándose hasta el año 2019, cuando volvió a incrementarse en gran medida producto de la frecuencia e intensidad de los incendios forestales. 

Desde Vida Silvestre, aseguran que “en todos estos años su implementación ha sido parcial y nunca contó con el total del presupuesto que debería asignarse, tanto para el control, monitoreo y vigilancia, como para estimular el uso sustentable y la restauración”. 

A pesar de contar con esta Ley, los bosques nativos de Argentina siguen perdiéndose en zonas donde está prohibida la deforestación, producto del cambio de uso del suelo para actividades agropecuarias, forestales, urbanísticas y viales. Según estimaciones, entre los años 2007 y 2021, el 76% de la deforestación fue ilegal”, detallan en el comunicado. 

Información estadística confeccionada por Fundación Vida Silvestre


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Destruyeron trampas de cazadores furtivos en Puerto Iguazú

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Guardaparques del Parque Provincial Puerto Península y guardafaunas desactivaron al menos tres trampas adaptadas para cazar animales silvestres dentro de la reserva de las 2000 Hectáreas, enfrentando un nuevo caso del flagelo que va en aumento y atenta contra la fauna misionera.

Las estructuras utilizadas por cazadores furtivos fueron halladas durante un operativo de prevención de delitos ambientales realizado el fin de semana pasado cuando agentes de conservación localizaron un trillo y lo transitaron en el monte por unos seis kilómetros

A lo largo del trayecto los guardaparques y guardafaunas encontraron tres sobrados o esperas montados en un árbol de Obeña, estructuras diseñadas para la caza furtiva que finalmente fueron destruidas.

Últimos casos

En el mes de febrero guardaparques provinciales y sus pares nacionales del Parque Federal Campo San Juan llevaron adelante un operativo de prevención de delitos ambientales sobre el río Paraná, desde el arroyo Santa Ana hasta la Cuenca Baja del arroyo Garupá, donde detectaron actividad de cazadores furtivos y secuestraron cuatro redes de distintos tamaños y medidas, 15 esperas y 3 de las llamadas «boyas locas», armadas artesanalmente con bidones y anzuelos.

En marzo, más de 900 metros de redes y una embarcación de madera fueron incautados en una recorrida por guardaparques del Pasaje Protegido Lago Urugua-í y policías de la División de Defensa del Medio Ambiente.

Ese mismo mes, dos hombres fueron detenidos en el Parque Provincial Salto Encantado tras ser sorprendidos por efectivos de la Unidad Regional XI con elementos de caza y dos rifles adaptados para esa actividad, accesorios que finalmente fueron secuestrados.

Actividad ilegal en incremento

La caza furtiva registró un aumento desde el 2020. Por un lado están quienes la reconocen como “una cuestión cultural”, sin embargo, hoy las actividades de distensión y educación ambiental inculcan la obligación de realizar las denuncias correspondientes.

Esto es así porque la ley provincial XVI N°22 prohíbe “la captura, caza, tenencia, transporte, exhibición, oferta, demanda, comercialización o cualquier otra acción u omisión que puede afectar la preservación, conservación o reproducción de especies”.

Pese a la legislación, la cacería continúa siendo la principal amenaza que afecta a los animales de la selva misionera y a la integridad del ambiente, poniendo en riesgo el equilibrio ecológico de la selva y en consecuencia el bienestar de las personas. 


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