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MEDIOAMBIENTE

El Inai expresa su “enorme preocupación” por el desmonte en comunidades mbya

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Luego del reinicio del desmonte en territorios indígenas en Campo Grande, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas interpeló a Ecología de Misiones por autorizar la extracción de madera.

 

POSADAS. Tras el reinicio de actividades de extracción de madera de la empresa Carba SA en lotes ubicados en territorios indígenas en Campo Grande, ahora el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (Inai) expresó su preocupación respecto de la problemática.

En un comunicado elevado al Ministerio de Ecología de Misiones, el organismo -que depende del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación- se hace eco de que “la empresa nuevamente ha procedido en los últimos días a realizar desmontes en territorio comunitario, como ya lo hiciera durante el mes de febrero pasado, siendo impedido su continuidad por miembros de la propia comunidad”.

En este sentido, expresan que su preocupación consiste en la “posible vulneración de los derechos que tutela el territorio cuyo resguardo se ve amenazado o afectado, violando las prerrogativas constitucionales -art. 75 inc. 17 CN y Convenio 169 de la OIT-, siendo que, para mayor abundamiento, el territorio de la comunidad Kaá Kupe ha sido relevado de acuerdo a la Ley Nacional Nº 26.160 y Resolución Inai 251/14”.

Asimismo, aducen que, a contramano de la protección legal que debería ejercer, “el Ministerio de Ecología habría autorizado el mencionado desmonte”, además de que “tampoco es posible encontrar fundamento a la urgencia que llevó al dictado de la autorización en plena emergencia por la declaración de la pandemia de Covid-19 que llevó al aislamiento social obligatorio, en este caso, a la comunidad, por lo cual con los antecedentes conflictivos que esta situación contiene, no deja de ser una evidente acción que profundiza el mencionado conflicto”.

La misiva, firmada por la titular de la entidad, Magdalena Odarda, y dirigida al ministro de Ecología de Misiones, Mario Vialey, sotiene la “enorme preocupación del Inai ante los hechos denunciados”, ante lo cual solicitan al funcionario “tenga a bien informarnos de las acciones que está llevando su cartera para considerar las consecuencias de los actos administrativos impulsados y, en consecuencia, el temperamento adoptado o a adoptarse a los efectos de resguardar la integridad territorial y física de los miembros de comunidades indígenas”.

 

 

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LA REGIÓN

Paraguay: el Bosque Atlántico sufre el avance de plantaciones de marihuana

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Entre 2004 y 2018 se deforestaron casi 1 millón de hectáreas en territorio paraguayo de la ecorregión que comparte junto a Brasil y Argentina.

 

ASUNCIÓN. La plataforma Global Forest Watch alertó por nuevos focos de deforestación en las áreas protegidas Mbaracayú, San Rafael, Morombí y Caazapá, ubicadas en medio del Bosque Atlántico del Alto Paraná (Baapa), en la región Oriental del Paraguay.

Así, un equipo de Mongabay Latam y el diario La Nación de Paraguay viajó hasta las áreas protegidas para comprobar la destrucción de bosques debido a la plantación de marihuana.

Desde 2004, cuando entró en vigencia la Ley 2.524, conocida como de Deforestación Cero -que establece pena carcelaria para quienes hagan deforestación-, en los registros judiciales no hay rastros de que una persona investigada por delito ambiental haya terminado en la cárcel.

Según los informes de las circunscripciones judiciales departamentales, los casos judiciales en los que se investigan delitos vinculados a la deforestación tienen que ver con el tráfico de rollos o la extracción de madera.

Todas las causas terminan con leves condenas que van desde el pago de multas hasta la obligación del investigado de realizar trabajos comunitarios.

El Bosque Atlántico abarca los departamentos de Amambay, Paraguarí, Concepción, Canindeyú, Caazapá, Alto Paraná, Caaguazú, San Pedro, Guairá e Itapúa, es decir, diez de los 14 departamentos de la región Oriental del Paraguay.

Esta ecorregión ocupa además la provincia argentina de Misiones, y secciones de los estados del suroeste del Brasil (Paraná, Río Grande do Sul, Santa Catarina, San Pablo y Mato Grosso do Sul), donde se encuentra la mayor parte de la región.

Originalmente, contaba con una superficie de 120 millones de hectáreas de selvas, que en las últimas décadas fueron reducidas a un nivel alarmante. Muchas de estas regiones quedaron separadas y aisladas entre sí, formando diferentes bloques fragmentados, sin conexión entre ellos, amenazando así la supervivencia de numerosas especies de fauna y flora. Es por ello que es urgente conectar los diferentes bloques por medio de corredores biológicos.

Sólo en territorio paraguayo se deforestaron 977.000 hectáreas desde 2004 hasta el 2018.

Para el abogado e investigador Juan Martens, lo que se da en los procesos judiciales relacionados al ambiente se llama “justicia selectiva”, ya que los únicos que son investigados por tráfico de rollos, deforestación u otros delitos conexos son los trabajadores de menor grado en toda la industria clandestina.

“Son los cultivadores, los que extraen la madera, los que cobran para llevar, los choferes. En los procesos judiciales no se tiene a un financista, a alguien que está realmente lucrando con la deforestación”, expuso Martens en diálogo con el medio paraguayo.

En 2019 se iniciaron 16 investigaciones por tráfico de madera, de las cuales diez se concentran en Caaguazú. En la Reserva Mbaracayú, departamento de Canindeyú, los guardaparques hicieron 16 denuncias por presencia de parcelas para plantación de marihuana en el 2019. Ninguna de ellas terminó en una investigación judicial hasta ahora.

Existen organizaciones muy fuertes que operan con plantaciones ilegales y que, cada día, suman más gente a lo que ya sería una industria.

Para el Ministerio del Ambiente, la situación también se muestra complicada, a decir de Julio Marecos, director de fiscalización de la institución. “Solamente en el Parque Caazapá, hicimos 11 intervenciones en el 2019. Destruimos plantaciones ilegales de marihuana, de granos.

De todos estos operativos, apenas en un par de casos, se llegó hasta la cuestión judicial. Pero en el caso de marihuana, ni un sólo detenido en todas las operaciones.

Para el ejercicio fiscal de este año, el Congreso Nacional redujo en 27.000 millones de guaraníes el presupuesto inicial del Ministerio Público para el periodo 2020.

Esta medida afectó el funcionamiento de varias oficinas de la institución, principalmente las del interior del país. “Igual te digo que tengo gente seria, comprometida con la institución, haciendo todo lo posible por evitar que sigan destruyendo nuestros bosques”, finaliza Salas.

 

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