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Ministerio de Ecología permite tala de árboles en territorio ancestral mbya

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El desmonte fue denunciado por tres comunidades en abril de 2019. Ayer, un aborigen quiso sacarle una foto a un hombre que talaba un árbol, quien le apunto con una escopeta y lo amenazó de muerte.

 

CAMPO GRANDE. En las últimas horas, salió a la luz una nueva denuncia de la comunidad mbya guaraní Ka’a Kupe, ubicada en el municipio de Campo Grande.

La comunidad viene hace años luchando para que se reconozca su propiedad sobre la tierra y que se detenga la tala de árboles nativos por parte de la empresa Carba, lo cual fue autorizado por Ecología en los últimos meses.

El último conflicto suscitado en torno a la problemática fue informado por la propia comunidad en un comunicado, en el cual sostienen que, alrededor de las 9 de la mañana de este lunes, un joven miembro de la aldea -identificado como Roberto Duarte (22)- fue a recorrer el territorio, “cuando encontró a un supuesto empleado de la empresa Carba SA cortando árboles con motosierra”.

Asimismo, agregaron que, cuando Duarte le preguntó qué hacía, al tiempo que pretendía sacarle una foto con su celular, el presunto trabajador lo amenazó a los gritos: “¡Si me sacás una foto te pego un tiro en la cabeza!”.

De esta forma, aseguraron estar “desprovistos de toda protección judicial”, víctimas de “una policía que nos ignora y un Estado provincial que no reconoce derechos”.

De larga data

La discusión por estas tierras está vigente desde abril de 2019, cuando las comunidades originarias denunciaron que el Ministerio de Ecología de Misiones autorizó el desmonte de las tierras sagradas.

En febrero de este año se desató la polémica luego de que referentes de varias aldeas protestaron frente a los tractores para que estos no avanzaran sobre la selva.

La zona afectada –un área natural de 5.000 hectáreas que se encuentra dentro de los territorios relevados y protegidos por la ley 26.160– corresponde a la comunidad Ka’a Kupe, ubicada en cercanías de la ruta provincial 7. Además, también se encuentran afectadas las comunidades Koen Ju e Yvy Chi.

Luego de los sucesos de febrero, a lo que se suma otra tala en enero, a principios de este mes las máquinas estuvieron trabajando en un sector denominado lote 5b.

Las tres comunidades participaron del proceso administrativo que autorizó el desmonte, denunciando siempre la violación de sus derechos a consulta pública sin que fueran oídos.

Se interpuso un recurso de reconsideración contra la autorización del gobierno provincial a que se realice el desmonte, “el que según nuestras normas tiene efecto suspensivo”, recalcaron desde la comunidad.  No obstante, en pleno aislamiento obligatorio, la empresa continuó con el desmonte.

Ecología de corte

El reclamo de los aborígenes sobre el avance de Carba S.A. en tierras sagradas “tiene un responsable y no es la empresa, es el Ministerio de Ecología de la provincia que continúa justificando el desmonte”, subrayó Marcelo Vasco Baigorri, periodista y miembro del Equipo Misiones de Pastoral Aborigen (Emipa).

Baigorri criticó “la orientación de las políticas adoptadas por el Ministerio de Ecología, que deberían reverse hacia la conservación y terminar con este tipo de conflictos que destruyen mucho más que un pedazo de selva, atacan la esencia de la relación de entre los guaraníes y el entorno natural”.

Según explicó el referente de la pastoral, la tala del monte nativo se hace en rodales -espacios determinados autorizados por Ecología- donde el desmonte es medido y minucioso sobre especies específicas.

“La empresa elige los árboles más añejos porque ya no producen tantas semillas o frutos, pero sí tienen, por su gran porte, valor comercial por la madera”, detalló el periodista y continuó: “El mbya guaraní siente esa pérdida como algo muy profundo porque ellos son parte de su entorno”.

“Lo legal no siempre es moral”, sintetizó Vasco Baigorri en referencia a las justificaciones del ministro de Ecología, Mario Vialey, sobre los permisos otorgados amparados en un Plan de Aprovechamiento de Bosques Nativos.

Con el apeo de árboles y el conflicto abierto, el ministro Vialey se refirió a la disputa con los mbya y, en declaraciones al sitio web Argentina Forestal, explicó: “Las actividades se retomaron en dos lotes de la propiedad en esta segunda etapa de la cuarentena, ya que el sector forestal está exceptuado por ser una actividad considerada de servicios esenciales por disposición provincial y nacional. Respetando el Lote 3, que fue el señalado como un lugar sagrado por una de las comunidades -de cinco que conviven con la empresa-, se autorizó a continuar con su Plan de Aprovechamiento de Bosques Nativos en la propiedad según lo previsto por la legislación vigente”.

Asimismo, sobre el proceso de reanudación de las actividades, Vialey indicó que “en este tiempo se revisaron los procedimientos, y la empresa Carba S.A. tiene los planes forestales autorizados por el organismo para la extracción selectiva de bosques nativos”, dijo y remarcó: “Es una empresa que siempre mostró predisposición de participar en las mesas de negociación y aportan a los planteos propuestas superadoras. Necesitamos en Misiones más empresas como esta”.

El ministro aseguró que “este es un plan forestal antiguo, que cumplió con todas las instancias legales del proceso y fue respetuoso de todas las partes involucradas”, y planteó que “entre las mismas comunidades hay diferentes visiones e intereses, y por ello es una situación compleja de abordar para llegar a un acuerdo que atienda o conforme a todas las partes. Pero los canales de diálogo están vigentes”.

 


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Ecología suspendió millonaria multa por apeo en comunidad Mirí Marangatú

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El viernes 19 de julio, el Ministerio de Ecología, a través de la resolución 236/24, suspendió la disposición 107/24 que exigía el cobro de 34 millones de pesos en concepto de “extracción y comercialización de maderas nativas” a la comunidad mbya Mirí Marangatú, que reside en la Reserva de las 2.000 hectáreas de Puerto Iguazú.

La medida había sido impulsada por el director de Bosques Milton Morán en mayo pasado y finalmente suspendida la semana pasada, teniendo en cuenta que antes de aplicar cualquier sanción, Ecología debe dar intervención a la Dirección de Asuntos Guaraníes.

De esta manera, consideraron que “se hace necesario” suspender la multa económica que recaía sobre el cacique Romualdo Benítez “hasta tanto se efectivice en estos obrados la debida intervención de Asuntos Guaraníes y demás organismos que pudieren tener injerencia en la temática de las Comunidades de Pueblos Originarios”.

Resolución 236/24 del Ministerio de Ecología que suspende la disposición 107/24

Consultado por La Voz de Misiones, el director de Asuntos Guaraníes, Francisco Rodríguez, confirmó que se encuentra trabajando sobre el expediente y en los próximos días realizarán una reunión con la comunidad para resolver el inconveniente y evaluar el reclamo del Ministerio de Ecología, ya que, a su entender “la denuncia de apeo fue hecha por integrantes de la misma comunidad”. 

Por su parte, el ministro Martín Recamán ratificó en diálogo con FM Santa María de las Misiones que dará intervención a Asuntos Guaraníes y recordó que Mirí Marangatú “tiene varias denuncias en su haber, incluso por la tala de 30 árboles”.

Al respecto, profundizó: “La comunidad tenía actas de infracción en poder del Ministerio de Ecología, realizadas por la Policía, por otras comunidades vecinas. Puntualmente ésta, estaba vinculada al apeo de 30 árboles, había una infracción

Y agregó: “En el territorio sucede de todo y no quiero enfocarme solo en ellos. A mí me pesa más una extracción de madera sin un plan de manejo. Muchas veces me toca hablar con transportistas y madereros, que vienen con el acta en mano, porque les incautaron el vehículo en operativos de Policía y Gendarmería. Pero no les podemos dar una solución cuando le aplicaron una infracción. Hay una ley que se aplica y hay una sanción y las vamos a aplicar, con el espíritu de mantener nuestro monte en pie”.

Cacique se defiende de denuncia por apeo ilegal en Iguazú: “Es una farsa”


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Nacieron los primeros osos hormigueros mellizos del país en el Iberá

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A través de un comunicado emitido por la red social “X”, la fundación Rewilding Argentina anunció el “primer registro de osos hormigueros mellizos en el país”. El nacimiento ocurrió en la reserva San Alonso, situada dentro del Parque Nacional Iberá, y fue registrado y difundido por la organización no gubernamental que trabaja para revertir la crisis de extinción de especies.

En el mismo posteo, que estuvo acompañado por un video, la fundación detalló que “desde 2007, la reintroducción del oso hormiguero gigante en Iberá ha sido un éxito. Este año, registramos el nacimiento de mellizos, un hecho rarísimo en esta especie”.

De esta manera, se dio a conocer a la osa hormiguera que dio a luz por primera vez en el país a mellizos o, al menos, la primera con registros que dan cuenta de ello. En la región se conoció solamente un caso en el Pantanal Sul en el Mato Grosso, Brasil, donde trabaja la organización Onçafari.

Rescate y liberación

Los animales liberados en el parque Iberá son en su mayoría huérfanos rescatados por los gobiernos de otras provincias del norte argentino, como Chaco, Formosa, Santiago del Estero, Salta y Jujuy.

Más de 100 de estos osos hormigueros fueron rehabilitados y liberados al cumplir el año de edad aproximadamente. Tanto los huérfanos como algunos adultos dieron origen a la población del humedal correntino.

En cada temporada la fundación registra nuevos nacimientos de animales a lo largo y ancho del país, como fue el caso de tres cachorros de yaguareté, mientras que ahora se produjo un nuevo récord dentro de su proyecto para la reintroducción del oso hormiguero gigante.

Estos mamíferos, que se extinguieron en Corrientes a mediados del siglo XX, pueden medir hasta 2 metros de longitud y pesar alrededor de 50 kilogramos.

El oso hormiguero gigante es el más grande de los edentados, grupo que también incluye a los perezosos y armadillos (tatúes, mulitas y afines).


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Cacique se defiende de denuncia por apeo ilegal en Iguazú: “Es una farsa”

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Esta semana el cacique Romualdo de la aldea Miri Marangatú, ubicada en la zona de las 2000 hectáreas de Puerto Iguazú, recibió una denuncia del Ministerio de Ecología por “extracción y comercialización de maderas nativas” junto a una notificación que exige el pago de “34 millones de pesos”.

En diálogo con La Voz de Misiones, Romualdo confirmó que la notificación recibió por parte de efectivos de la Comisaría Tercera el viernes 5 de julio y frente a esta situación, reconoció: “Estoy tranquilo porque la denuncia es una farsa, busca que abandonemos la aldea. Hace varios años estamos esperando tener un aula satélite, por lo que creemos que el municipio tampoco nos va a ayudar en esto, pero estamos resistiendo”.

Miri Marangatú está conformada por alrededor de 35 familias donde hay más de 60 niños en edad de ingresar al jardín o cursar la escuela primaria. Hoy están sin acceso a la educación, ya que la escuela más cercana se encuentra a dos kilómetros de distancia y por día deberían recorrer un total de cuatro kilómetros, entre ida y vuelta.

Además del pedido de un aula satélite, solicitaron una sala de atención médica sin recibir respuesta. Pero además tienen varias necesidades básicas insatisfechas, como por ejemplo, el acceso al agua potable y a la luz eléctrica. Ahora, enfrentan una demanda que amenaza su hogar y su forma de vida.

A través de un comunicado, recordaron que la comunidad convive “en armonía con la naturaleza, dedicándose a la artesanía y utilizando materiales sostenibles como barro y tacuara”, de esta forma y al igual que las demás comunidades originarias “protege el bosque y utiliza principalmente árboles caídos”.

Luego afirma “esto es un abuso descarado. Romualdo, cuya lengua materna es el guaraní, fue forzado a firmar esta notificación sin una explicación clara ni ayuda para entender las complejas expresiones en español. Esta acción atenta contra sus derechos básicos y busca expulsarlos de sus tierras ancestrales”.

Ya en el año 2020 recibieron una denuncia “por apeo ilegal” por parte del mismo organismo, la cual llevó a una inspección en el área perteneciente a ese pueblo. En ese entonces el cacique reconoció “hay mucho interés por el territorio de Mirí Marangatú”.

 


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