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MEDIOAMBIENTE

Ministerio de Ecología permite tala de árboles en territorio ancestral mbya

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El desmonte fue denunciado por tres comunidades en abril de 2019. Ayer, un aborigen quiso sacarle una foto a un hombre que talaba un árbol, quien le apunto con una escopeta y lo amenazó de muerte.

 

CAMPO GRANDE. En las últimas horas, salió a la luz una nueva denuncia de la comunidad mbya guaraní Ka’a Kupe, ubicada en el municipio de Campo Grande.

La comunidad viene hace años luchando para que se reconozca su propiedad sobre la tierra y que se detenga la tala de árboles nativos por parte de la empresa Carba, lo cual fue autorizado por Ecología en los últimos meses.

El último conflicto suscitado en torno a la problemática fue informado por la propia comunidad en un comunicado, en el cual sostienen que, alrededor de las 9 de la mañana de este lunes, un joven miembro de la aldea -identificado como Roberto Duarte (22)- fue a recorrer el territorio, “cuando encontró a un supuesto empleado de la empresa Carba SA cortando árboles con motosierra”.

Asimismo, agregaron que, cuando Duarte le preguntó qué hacía, al tiempo que pretendía sacarle una foto con su celular, el presunto trabajador lo amenazó a los gritos: “¡Si me sacás una foto te pego un tiro en la cabeza!”.

De esta forma, aseguraron estar “desprovistos de toda protección judicial”, víctimas de “una policía que nos ignora y un Estado provincial que no reconoce derechos”.

De larga data

La discusión por estas tierras está vigente desde abril de 2019, cuando las comunidades originarias denunciaron que el Ministerio de Ecología de Misiones autorizó el desmonte de las tierras sagradas.

En febrero de este año se desató la polémica luego de que referentes de varias aldeas protestaron frente a los tractores para que estos no avanzaran sobre la selva.

La zona afectada –un área natural de 5.000 hectáreas que se encuentra dentro de los territorios relevados y protegidos por la ley 26.160– corresponde a la comunidad Ka’a Kupe, ubicada en cercanías de la ruta provincial 7. Además, también se encuentran afectadas las comunidades Koen Ju e Yvy Chi.

Luego de los sucesos de febrero, a lo que se suma otra tala en enero, a principios de este mes las máquinas estuvieron trabajando en un sector denominado lote 5b.

Las tres comunidades participaron del proceso administrativo que autorizó el desmonte, denunciando siempre la violación de sus derechos a consulta pública sin que fueran oídos.

Se interpuso un recurso de reconsideración contra la autorización del gobierno provincial a que se realice el desmonte, “el que según nuestras normas tiene efecto suspensivo”, recalcaron desde la comunidad.  No obstante, en pleno aislamiento obligatorio, la empresa continuó con el desmonte.

Ecología de corte

El reclamo de los aborígenes sobre el avance de Carba S.A. en tierras sagradas “tiene un responsable y no es la empresa, es el Ministerio de Ecología de la provincia que continúa justificando el desmonte”, subrayó Marcelo Vasco Baigorri, periodista y miembro del Equipo Misiones de Pastoral Aborigen (Emipa).

Baigorri criticó “la orientación de las políticas adoptadas por el Ministerio de Ecología, que deberían reverse hacia la conservación y terminar con este tipo de conflictos que destruyen mucho más que un pedazo de selva, atacan la esencia de la relación de entre los guaraníes y el entorno natural”.

Según explicó el referente de la pastoral, la tala del monte nativo se hace en rodales -espacios determinados autorizados por Ecología- donde el desmonte es medido y minucioso sobre especies específicas.

“La empresa elige los árboles más añejos porque ya no producen tantas semillas o frutos, pero sí tienen, por su gran porte, valor comercial por la madera”, detalló el periodista y continuó: “El mbya guaraní siente esa pérdida como algo muy profundo porque ellos son parte de su entorno”.

“Lo legal no siempre es moral”, sintetizó Vasco Baigorri en referencia a las justificaciones del ministro de Ecología, Mario Vialey, sobre los permisos otorgados amparados en un Plan de Aprovechamiento de Bosques Nativos.

Con el apeo de árboles y el conflicto abierto, el ministro Vialey se refirió a la disputa con los mbya y, en declaraciones al sitio web Argentina Forestal, explicó: “Las actividades se retomaron en dos lotes de la propiedad en esta segunda etapa de la cuarentena, ya que el sector forestal está exceptuado por ser una actividad considerada de servicios esenciales por disposición provincial y nacional. Respetando el Lote 3, que fue el señalado como un lugar sagrado por una de las comunidades -de cinco que conviven con la empresa-, se autorizó a continuar con su Plan de Aprovechamiento de Bosques Nativos en la propiedad según lo previsto por la legislación vigente”.

Asimismo, sobre el proceso de reanudación de las actividades, Vialey indicó que “en este tiempo se revisaron los procedimientos, y la empresa Carba S.A. tiene los planes forestales autorizados por el organismo para la extracción selectiva de bosques nativos”, dijo y remarcó: “Es una empresa que siempre mostró predisposición de participar en las mesas de negociación y aportan a los planteos propuestas superadoras. Necesitamos en Misiones más empresas como esta”.

El ministro aseguró que “este es un plan forestal antiguo, que cumplió con todas las instancias legales del proceso y fue respetuoso de todas las partes involucradas”, y planteó que “entre las mismas comunidades hay diferentes visiones e intereses, y por ello es una situación compleja de abordar para llegar a un acuerdo que atienda o conforme a todas las partes. Pero los canales de diálogo están vigentes”.

 

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LA REGIÓN

Paraguay: el Bosque Atlántico sufre el avance de plantaciones de marihuana

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Entre 2004 y 2018 se deforestaron casi 1 millón de hectáreas en territorio paraguayo de la ecorregión que comparte junto a Brasil y Argentina.

 

ASUNCIÓN. La plataforma Global Forest Watch alertó por nuevos focos de deforestación en las áreas protegidas Mbaracayú, San Rafael, Morombí y Caazapá, ubicadas en medio del Bosque Atlántico del Alto Paraná (Baapa), en la región Oriental del Paraguay.

Así, un equipo de Mongabay Latam y el diario La Nación de Paraguay viajó hasta las áreas protegidas para comprobar la destrucción de bosques debido a la plantación de marihuana.

Desde 2004, cuando entró en vigencia la Ley 2.524, conocida como de Deforestación Cero -que establece pena carcelaria para quienes hagan deforestación-, en los registros judiciales no hay rastros de que una persona investigada por delito ambiental haya terminado en la cárcel.

Según los informes de las circunscripciones judiciales departamentales, los casos judiciales en los que se investigan delitos vinculados a la deforestación tienen que ver con el tráfico de rollos o la extracción de madera.

Todas las causas terminan con leves condenas que van desde el pago de multas hasta la obligación del investigado de realizar trabajos comunitarios.

El Bosque Atlántico abarca los departamentos de Amambay, Paraguarí, Concepción, Canindeyú, Caazapá, Alto Paraná, Caaguazú, San Pedro, Guairá e Itapúa, es decir, diez de los 14 departamentos de la región Oriental del Paraguay.

Esta ecorregión ocupa además la provincia argentina de Misiones, y secciones de los estados del suroeste del Brasil (Paraná, Río Grande do Sul, Santa Catarina, San Pablo y Mato Grosso do Sul), donde se encuentra la mayor parte de la región.

Originalmente, contaba con una superficie de 120 millones de hectáreas de selvas, que en las últimas décadas fueron reducidas a un nivel alarmante. Muchas de estas regiones quedaron separadas y aisladas entre sí, formando diferentes bloques fragmentados, sin conexión entre ellos, amenazando así la supervivencia de numerosas especies de fauna y flora. Es por ello que es urgente conectar los diferentes bloques por medio de corredores biológicos.

Sólo en territorio paraguayo se deforestaron 977.000 hectáreas desde 2004 hasta el 2018.

Para el abogado e investigador Juan Martens, lo que se da en los procesos judiciales relacionados al ambiente se llama “justicia selectiva”, ya que los únicos que son investigados por tráfico de rollos, deforestación u otros delitos conexos son los trabajadores de menor grado en toda la industria clandestina.

“Son los cultivadores, los que extraen la madera, los que cobran para llevar, los choferes. En los procesos judiciales no se tiene a un financista, a alguien que está realmente lucrando con la deforestación”, expuso Martens en diálogo con el medio paraguayo.

En 2019 se iniciaron 16 investigaciones por tráfico de madera, de las cuales diez se concentran en Caaguazú. En la Reserva Mbaracayú, departamento de Canindeyú, los guardaparques hicieron 16 denuncias por presencia de parcelas para plantación de marihuana en el 2019. Ninguna de ellas terminó en una investigación judicial hasta ahora.

Existen organizaciones muy fuertes que operan con plantaciones ilegales y que, cada día, suman más gente a lo que ya sería una industria.

Para el Ministerio del Ambiente, la situación también se muestra complicada, a decir de Julio Marecos, director de fiscalización de la institución. “Solamente en el Parque Caazapá, hicimos 11 intervenciones en el 2019. Destruimos plantaciones ilegales de marihuana, de granos.

De todos estos operativos, apenas en un par de casos, se llegó hasta la cuestión judicial. Pero en el caso de marihuana, ni un sólo detenido en todas las operaciones.

Para el ejercicio fiscal de este año, el Congreso Nacional redujo en 27.000 millones de guaraníes el presupuesto inicial del Ministerio Público para el periodo 2020.

Esta medida afectó el funcionamiento de varias oficinas de la institución, principalmente las del interior del país. “Igual te digo que tengo gente seria, comprometida con la institución, haciendo todo lo posible por evitar que sigan destruyendo nuestros bosques”, finaliza Salas.

 

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