Ambiente
Luego de siglos de explotación el Araucaria está en vías de extinción
Esta especie perdió el 97% de su extensión desde el siglo XX y se encuentra en “peligro crítico”. Resaltan el trabajo realizado en Misiones para lograr su conservación y destacan que se debería realizar un seguimiento específico para lograr mejores resultados.
MISIONES. Araucaria angustifolia o “pino paraná” es un árbol nativo del norte de Argentina y sur de Brasil, considerado en peligro crítico de extinción. Una publicación de investigadores de la UNNE expone la necesidad de frenar la degradación de áreas existentes y conservar la variación genética de esta especie que perdió el 97% de su extensión desde el Siglo XX.
Angustifolia en Sudamérica llegó a formar bosques muy extensos; hacia 1960 se contabilizaban unas 200.000 hectáreas como manchones de bosques silvestres en las sierras del norte de Misiones.
Es una especie de árbol que, a pesar de poseer superioridad en cuanto a su magnitud respecto a otros árboles con los que compite, por su estado de conservación, es considerada en peligro crítico de extinción.
Es que los bosques de A. angustifolia fueron talados con el fin de aprovechar la madera de los árboles y de abrir los terrenos para la agricultura.
Luego de siglos de explotación, los bosques de araucarias quedaron reducidos a sólo una mínima fracción de su extensión original y actualmente su estado de conservación es “En Peligro Crítico (CR)” según la UICN (Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza).
Con el fin de crear conciencia sobre el estado actual de la especie, investigadoras de la Cátedra de Silvicultura de la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNNE, elaboraron una publicación en la que describen el estado del recurso haciendo énfasis en su importancia económica, utilidad, estado de conservación y recursos genéticos disponibles.
“Sólo a través del conocimiento del patrimonio que poseemos es posible implementar acciones para su conservación, protección e integración de las comunidades locales en dichas actividades” se sostiene en el informe “Estado de los bosques de Araucaria angustifolia: especie nativa en peligro crítico”.
El informe fue realizado la Dra. Claudia Luna, docente-investigadora de la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNNE y la MSc. María Laura Fontana, también docente-investigadora de la FCA-UNNE y además investigadora de la Estación Experimental Agropecuaria INTA Sáenz Peña.
Las investigadoras exponen de qué manera esta especie ha sido explotada por su madera y la expansión agrícola y señalan que para la recuperación de este ecosistema es necesario conocer las características ecológicas y los aspectos más relevantes sobre la conservación y hábitat de esta especie tan emblemática en Argentina.
Respecto a la situación actual de la especie, explican que se halla distribuida al noreste de la Argentina, el este de Paraguay y sureste de Brasil, en la región Bosque de la Selva Paranaense en el Bosque Atlántico del Alto Paraná.
En Brasil pueden encontrarse ejemplares al sur del trópico de Capricornio, entre altitudes comprendidas entre 50 y 1.800 m.s.n.m, y en la región sudoriental. En Paraguay se encontraron unos pocos ejemplares nativos, los que fueron protegidos creándose una Reserva Nacional a partir de 1971 en Pinalito (departamento de Alto Paraná).
En Argentina, se encuentra en el ecotono de las Selvas Mixtas con los bosques de Araucaria de Brasil, donde todas las características de los pinares de Araucaria de Misiones hacen que sean tan representativos como los del área del sur de Brasil.
Su comportamiento ecológico le permite prosperar en una amplia variedad de suelos, desde pobres – derivados de la arenisca – hasta ricos provenientes de basalto; que van de profundos a poco profundos, húmedos y adecuadamente drenados.
Las bajas temperaturas de las elevadas altitudes donde se encuentra distribuido, le permiten manifestar una tolerancia y adaptabilidad que le confiere ventajas respecto a otros árboles con los que compite. Es una especie muy longeva que llega a vivir unos 400 años con de 35 a 60 m de altura y 0,8 a 2 m de diámetro.
Tiene importancia económica por su gran valor maderero, de fácil trabajabilidad, y produce también celulosa de fibra larga y papel de calidad excepcionalmente elevada. Las semillas son una fuente de proteínas para los seres humanos y para la nutrición del ganado doméstico y silvestre
Estado de conservación
El área ocupada por estos bosques a comienzos del siglo XX se ha visto reducida en más del 97%; debido a la tala indiscriminada y habilitación de terrenos agrícolas.
Algunos de los agentes que agravan su estado de conservación crítico, se deben al cambio climático; considerándose como factores estresantes principales al déficit hídrico y térmico; además de la erosión genética causada por la presión de selección, dado que se eliminaban los mejores ejemplares adultos y quedaban en pie aquellos generalmente enfermos y con escaso valor para la futura regeneración, con el consiguiente empobrecimiento del ‘pool’ génico de las poblaciones remanentes.
Fue sido incluida en la Lista Roja de la UICN en 2006 en la categoría de “En Peligro Crítico de extinción”, y a la fecha quedan menos de mil hectáreas en unas pocas áreas naturales protegidas (San Antonio, Cruce Caballero y La Araucaria; en Misiones).
En Argentina, fue sometida a una tala excesiva en los últimos años, al punto que en la actualidad no quedan ejemplares dignos de aprovechamiento industrial. Si bien no se cuentan con datos actuales de existencias, algunos informes citan una superficie aproximada de 28.500 ha con ejemplares naturales en sobremadurez o decrepitud que no los hace aprovechables, hecho que demuestra lo comprometida que está la situación de los bosques de Araucaria.
Actualmente Misiones conserva la mayor superficie de selva de serranía de araucarias pero este remanente no está integrado por rodales continuos, por lo que la superficie efectiva y funcional de este ambiente es menor.
Relevancia de la conservación
Para las investigadoras de la UNNE, pese a que en la actualidad es una especie protegida y la cosecha de su madera en Brasil está prohibida por la ley; las áreas de distribución natural están fragmentadas y son dispersas, y las grandes poblaciones remanentes son escasas.
“La situación de conservación de este tipo de bosque es considerada en peligro crítico de extinción” resaltan. Además, la distribución etaria de las poblaciones remanentes está sesgada hacia las clases más viejas. “En la medida que se tome conocimiento de la importancia que tiene esta especie en las comunidades que la circundan, resulta necesario pensar en un uso del recurso que esté en equilibrio con la conservación de las poblaciones naturales actuales”.
Al mismo tiempo, sostienen que debe apelarse a todas las herramientas disponibles para frenar la degradación y recuperar áreas sometidas al aprovechamiento desmedido. Consideran que conservar la variación genética es indispensable para implantar estrategias más eficientes de conservación, ya sean éstas in situ o ex situ, si se fundan en el conocimiento de los requisitos ambientales y en las pautas de variabilidad de la especie contemplando los cambios climáticos futuros.
Resaltan las experiencias de trabajo, en especial en Misiones, para la conservación de la variación genética de la especie, y consideran que los programas de conservación de Araucaria podrían verse robustecidos, si se realizan programas de seguimiento específicos e investigaciones más dinámicas de su eco fisiología.
Primera Edición
Ambiente
Orembae advierte que Corpus no cuenta con evaluación de impacto ambiental
La Asociación Civil Orembae aseguró que el proyecto de la represa hidroeléctrica Corpus Christi, en el emplazamiento de Pindo-í, no cuenta con Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), luego de recibir una respuesta oficial del Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables de Misiones a un pedido de acceso a la información pública ambiental.
“Esta respuesta viene a tirar por tierra a los propagandistas del Proyecto de la COMIP que sostienen que los impactos del emplazamiento de Corpus serían mínimo”, sostuvo Martín Ferroni, abogado de la Asociación Orembae.
Según informó la organización, la respuesta estatal, emitida el 29 de mayo en el marco del Expediente N.º 9910-114/2026, confirma que no existe un estudio de impacto ambiental presentado por los impulsores de la obra, ni dictámenes técnicos de la autoridad ambiental, audiencias públicas o una Declaración de Impacto Ambiental.
A partir de esta documentación, Orembae cuestionó las afirmaciones realizadas por representantes de la Comisión Mixta Argentino-Paraguaya del Río Paraná (Comip) y otros promotores del proyecto, quienes sostienen que la represa afectaría una reducida superficie y un bajo número de familias.
“La Comip y el diputado (Martín) Arjol están difundiendo datos totalmente sesgados e interesados a sus propósitos de la ejecución de la represa. No cuentan con valor técnico”, señaló.
Ferroni explicó, además, que al carecer de respaldo técnico y legal, no existe una evaluación formal que permita determinar el alcance real de los impactos ambientales.
La asociación a partir de un comunicado también remarcó que los estudios de prefactibilidad mencionados por los impulsores del emprendimiento no reemplazan el procedimiento ambiental exigido por la legislación vigente.
En ese sentido, recordaron que la Ley General del Ambiente (Ley Nº. 25.675) establece la obligatoriedad de realizar una Evaluación de Impacto Ambiental antes de autorizar obras susceptibles de afectar el ambiente, además de garantizar instancias de participación ciudadana. Asimismo, citaron el Acuerdo de Escazú y el artículo 41 de la Constitución Nacional como normas que respaldan el derecho de acceso a la información ambiental.
Orembae consideró “inadmisible” avanzar en la convocatoria a un nuevo plebiscito sobre Corpus Christi sin que exista información ambiental completa y pública sobre el proyecto. “No puede haber consulta informada sin información”.
Entre los reclamos planteados, la organización solicitó el cese de la difusión de afirmaciones sobre supuestos impactos mínimos, el respeto a la decisión popular expresada en 1996 y a la normativa provincial vigente, la no convocatoria a un plebiscito mientras no se cuente con estudios ambientales completos y la garantía plena del acceso ciudadano a la información pública ambiental.
Ferroni también señaló que la respuesta remitida por el Ministerio de Ecología dejó sin contestar cinco puntos del pedido de acceso a la información pública, vinculados a las gestiones realizadas por el Poder Ejecutivo en relación con los estudios de impacto ambiental.
Según explicó, esos requerimientos apuntaban a determinar la participación de organismos provinciales en los estudios mencionados por la Comip . “No podemos afirmarlo ni tampoco desmentir porque no nos comunicaron nada. Esa información fue omitida en la respuesta oficial”, remarcó el abogado.
Orembaé presentó amparo contra Ecología por acceso a información sobre Corpus
Ambiente
Misiones marca un hito con la certificación mundial de carbono forestal
Misiones es la primera jurisdicción del mundo en obtener la certificación de un programa forestal de reducción de emisiones liderado por un gobierno subnacional. Así lo publicó este martes en su página web la organización líder en certificaciones a nivel mundial, Verra.
La aprobación fue otorgada por Verra, entidad responsable del programa Verified Carbon Standard (VCS), y corresponde al Programa Jurisdiccional y Anidado REDD+ (JNR). Mecanismo diseñado para medir y certificar reducciones de emisiones derivadas de la conservación de bosques nativos.
La certificación le permite a Misiones generar créditos de carbono verificables a partir de la preservación de la Selva Paranaense. El programa es liderado por el gobierno provincial y abarca aproximadamente tres millones de hectáreas de Bosque Atlántico nativo, el principal remanente de este ecosistema en Argentina y uno de los reservorios de biodiversidad más importantes del planeta.
Según informó Verra, durante el período comprendido entre 2017 y 2022, se logró generar aproximadamente 13,1 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente (tCO₂e) en reducciones verificadas de emisiones.
Inédito
A diferencia de los proyectos tradicionales de carbono, que suelen desarrollarse sobre superficies específicas, los programas jurisdiccionales evalúan el desempeño ambiental de una provincia o territorio en su conjunto.
Misiones fue certificada bajo el denominado “Escenario 2” del Marco JNR de Verra, una modalidad que permite a los gobiernos provinciales generar créditos de carbono por áreas forestales que no se encuentran alcanzadas por proyectos privados individuales.
Desde el punto de vista técnico, el esquema exige sistemas de monitoreo forestal, medición de emisiones, trazabilidad y mecanismos de distribución de beneficios que garanticen que las reducciones de carbono sean reales, adicionales y verificables por organismos independientes.
Además, cualquier proyecto privado que opere dentro de la provincia deberá ajustarse a las líneas de base aprobadas por el programa jurisdiccional, evitando la doble contabilización de emisiones reducidas.
Antecedente
El reconocimiento de Verra llega apenas dos semanas después de que el gobierno de Misiones anunciara en el Senado de la Nación que había recibido la aprobación final de la auditoría internacional para certificar 10,9 millones de créditos de carbono generados entre 2017 y 2022.
En aquella presentación, el ministro de Hacienda, Adolfo Safrán, destacó que la provincia había construido desde 2021 un esquema propio de mercados de carbono, respaldado por normativa específica y con participación de propietarios privados, anticipando el hito internacional que ahora se concretó con la inscripción oficial del programa en el registro de Verra.
Financiamiento climático internacional
La certificación abre la puerta al acceso de financiamiento climático internacional mediante la comercialización de créditos de carbono de alta integridad ambiental.
Los créditos representan toneladas de dióxido de carbono que dejaron de emitirse gracias a la conservación de los bosques y pueden ser adquiridos por empresas, gobiernos u organizaciones que buscan compensar parte de su huella de carbono.
Durante la presentación en el Senado se explicó que los recursos generados por la venta de créditos serán administrados mediante un fideicomiso y estarán destinados a financiar proyectos ambientales, compensar a propietarios privados que participan del esquema y fortalecer las acciones de conservación y control de la deforestación.
Reconocimiento internacional
“Este programa demuestra lo que es posible cuando los gobiernos lideran la acción climática. Misiones construyó las instituciones, las políticas y las alianzas necesarias para proteger sus bosques y llevar los resultados de ese trabajo al mercado. Así luce el éxito cuando las políticas públicas y los mercados de carbono trabajan juntos”, destacó Mandy Rambharos, directora ejecutiva de Verra.
Por su parte, Adolfo Safrán, señaló en la publicación de Verra: “Celebramos haber alcanzado un hito tan importante para la conservación. La Provincia de Misiones siempre ha hecho de la protección de la selva una política de Estado. Nuestro mecanismo de distribución de beneficios permitirá devolver a la comunidad el esfuerzo realizado durante décadas. Invitamos a los inversores calificados interesados en créditos de alta calidad a sumarse y apoyarnos en esta iniciativa. Agradecemos a Verra por su colaboración permanente y su disposición para trabajar junto a nosotros.”
Con su inscripción definitiva en el Registro Verra, Misiones se posiciona como una referencia internacional en materia de conservación forestal, mercados de carbono y financiamiento climático basado en resultados verificables
Ambiente
Orembaé presentó amparo contra Ecología por acceso a información sobre Corpus
La Asociación Civil Orembaé interpuso una acción de amparo ante la Justicia provincial contra el ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables de Misiones por la falta de respuesta a un pedido formal de acceso a información pública ambiental vinculado al Proyecto Corpus y al cumplimiento del mandato popular surgido del plebiscito de 1996.
La presentación judicial quedó radicada en el Juzgado Civil y Comercial Cinco de Posadas, luego de que vencieran los plazos legales establecidos por la Ley XVI N.º 81 de Acceso a la Información Ambiental sin que el organismo provincial brindara respuesta.
Martín Ferroni, abogado de la asociación, sostuvo “no se trata de una cuestión de falta de transparencia, sino de un incumplimiento de deberes legales”. y remarcó que “el acceso a la información ambiental constituye un derecho humano reconocido tanto por la legislación argentina como por tratados internacionales”.
El pedido administrativo había sido presentado el 22 de abril y contemplaba dos ejes principales. Por un lado, se solicitó información sobre las gestiones realizadas por el Poder Ejecutivo provincial ante el gobierno nacional en cumplimiento de la Ley XI N.º 5, norma que ratifica el resultado del plebiscito realizado el 14 de abril de 1996, donde la ciudadanía misionera se expresó mayoritariamente en rechazo a la construcción de la represa Corpus Christi sobre el río Paraná.
Por otro lado, Orembaé requirió acceso a estudios de prefactibilidad y factibilidad técnica y ambiental, Evaluaciones de Impacto Ambiental (EIA), Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA), registros de participación ciudadana y demás actuaciones vinculadas al proyecto en el emplazamiento Pindo-I, documentación que -según señalaron- habría sido generada por la Comisión Mixta del Río Paraná (Comip) y otros organismos intervinientes.
“La Comip está difundiendo públicamente la existencia de supuestos estudios vinculados al proyecto y queremos saber si efectivamente se realizaron conforme a los procedimientos legales establecidos por la provincia”, señaló Ferroni.
En la presentación judicial, la organización también cuestiona la intervención de la Comip sobre cuestiones ambientales y territoriales que, según afirman, corresponden al dominio originario de la provincia de Misiones. “Los bienes naturales pertenecen a la provincia y no a la Nación”, apuntó.
Asimismo, desde la asociación indicaron que la legislación vigente impide legalmente avanzar con la construcción de Corpus o cualquier otra represa sobre el tramo del río Paraná correspondiente al territorio misionero. “La Ley XI N.º 5 tiene origen en la voluntad soberana del pueblo expresada mediante plebiscito y no puede ser dejada sin efecto por una mayoría legislativa simple ni por decisiones administrativas”, planteron.
La acción judicial se fundamenta en el artículo 16 de la Constitución Provincial, el artículo 43 de la Constitución Nacional, la Ley XII N.º 2 de Amparo, la Ley General del Ambiente N.º 25.675 y el Acuerdo de Escazú, tratado internacional que garantiza el acceso oportuno y efectivo a la información ambiental.
Además del amparo, Orembaé solicitó una medida cautelar urgente para que la Justicia ordene al ministerio de Ecología entregar la información requerida en un plazo máximo de cinco días hábiles.
El abogado advirtió que analiza avanzar con denuncias penales contra funcionarios responsables por presunto incumplimiento de deberes de funcionario público, así como realizar presentaciones ante organismos internacionales por posibles incumplimientos de las obligaciones asumidas por Argentina en el marco del Acuerdo de Escazú.
“El acceso a la información ambiental es un derecho humano y su vulneración sistemática no puede quedar sin consecuencias jurídicas”, concluyó Ferroni.
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