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JUDICIALES

María Ovando a juicio, habría autorizado el abuso sexual de su hija y su nieta

La mujer ya fue juzgada y absuelta en 2012 bajo la acusación de abandono de persona, por la muerte de una hija de 3 años.

ELDORADO. La misionera María Ovando (46) absuelta judicialmente por la muerte de su hija de 3 años en 2012 va de nuevo a juicio, ahora acusada de recibir dinero a cambio de consentir abusos de una hija y una nieta en su propio hogar.

El caso de la mujer en situación vulnerable, analfabeta, con 12 hijos indocumentados, tuvo repercusión nacional. Fue defendida por personalidades conocidas en el país, como la exdiputada Vilma Ripoll, entre otras.

El juicio actual arranca por una denuncia hecha en 2015, cuando Ovando fue acusada de cobrar y permitir que ambas menores fueran abusadas.

La fiscal Bibiana Alderice sostuvo en su acusación de abuso sexual contra Ovando que la mujer (madre y abuela) “tenía la obligación, no solo moral, sino también legal, de actuar en defensa de la integridad sexual de su hija y nieta, a quienes debía contener y resguardar”.

La acusación también pesa sobre Marcos Iván Laurindo (23), pareja de Ovando, y Lucas Sebastián Ferreira (23), amigo de los dos.

La fiscal Alderice pidió que se eleve a juicio su investigación. Concluyó que María Ovando cometió los delitos de abuso sexual con acceso carnal doblemente calificado y abuso sexual gravemente ultrajante.

A Laurindo y Ferreira los acusó por los mismos delitos informaron El Territorio y Stop en Línea de Eldorado.

Cuando ocurrieron los abusos, las víctimas tenían entre 6 y 9 años y 5 y 6 años. Las menores ratificaron en Cámara Gesell cómo ocurrieron los ataques, señalaron a los presuntos criminales y describieron donde ocurrieron los abusos.

La nieta de Ovando, de más edad que su hija, habría sido abusada por Laurindo, pareja de Ovando. Pero el hombre también está acusado de manosear a su hijastra, a quien el amigo de la pareja habría violado.

La investigación se abrió gracias a una denuncia de la bisabuela y abuela paterna de las víctimas, Vualda Godoy. Ante maltrato sufrido por las dos nenas, Vualda se hizo cargo de su custodia.

La abuela y bisabuela de las menores violadas dijo que la mayor le contó el abuso de larga data que sufría de parte de los dos hombres acusados.

También supo que María Ovando estaba al tanto de los abusos. Tanto que cuando la nieta trató de revelar lo que pasaba a su madre (también hija de Ovando), su abuela de 46 años le dio una cachetada y la amenazó.

Antes de este último hecho, Ovando fue denunciada por una docente de sus hijas en la Escuela 858 “Héroes de Malvinas”. Fue en octubre de 2014, cuando se la acusó de “abandono de personas agravado por el vínculo”.

La maestra relató que las menores iban a clase en en situación de abandono, “con hambre y signos de ser víctimas de maltrato físico”.

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JUDICIALES

Juicio abreviado impondría penas leves a los acusados por la megaestafa a la Justicia

La causa se remonta a 2003. Involucra a una ex jueza, a dos secretarias y al hermano de una de ellas. Además, a dos abogados. Están acusados por extraer fondos de depósitos judiciales que estaban inactivos. Usaban oficios truchos con firmas verdaderas.

POSADAS. Tras 17 años de idas y venidas, la llamada “megaestafa judicial” se definiría en un juicio abreviado con la imposición de penas leves a los acusados, según se supo el pasado fin de semana de fuentes cercanas a la causa radicada en Posadas.

El caso comenzó a ventilarse en 2003 y tiene como principales acusados a la ex jueza Graciela Brígida Candelaria Salvado de Sotelo (foto de archivo); a la ex jefa de despacho de ese juzgado, Nora Castelli; al hermano de ésta, Cayetano “Nani” Castelli; y a los abogados Paula Espinosa y Guillermo Abdón Fernández.

Los citados junto a una secretaria judicial de apellido Saidman, extraían dinero de depósitos judiciales que se encontraban inmovilizados por el paso del tiempo.

Si bien fue imposible dimensionar a cuánto ascendió el perjuicio, ya que las maniobras se concretaban con oficios falsos, pero con las firmas de la magistrada y secretarios que el trámite requería, desde siempre se habló de cifras millonarias.

La causa quedó entrampada entre apelaciones, rechazos y recursos hasta completar más de 30 cuerpos y cerca de ocho mil fojas que apuntaron desde el principio a una acusación básica de “asociación ilícita”, con otros cargos complementarios.

La defensa de los involucrados presentó un pedido de juicio abreviado ante el tribunal integrado por los jueces subrogantes, quienes se expedirían sobre el particular en los próximos días y podrían dar un cierre al expediente.

Entre las variadas conjeturas que se conocieron, figuró la posibilidad de que el tribunal defina la cuestión el próximo miércoles y con penas que llegarían a los cinco años de prisión efectiva para cinco de ellos y a los tres años para la ex secretaría de la jueza.

Si prospera dicha propuesta, quedarían en condiciones de ir tras las rejas Salvado de Sotelo, Nora Castelli, “Nani” Castelli, Abdón Fernández y Paula Espinoza, cuyos defensores habrían aceptado el cargo de “organizadores” de la asociación creada para delinquir. En ese grupo estaría exceptuada la secretaria Saidman.

Pero el grupo vería aliviada su situación ya que en determinado momento del proceso los integrantes cumplieron al menos tres años y tres meses en prisión, con lo cual estaría obligados a nada más que a unos dos meses de encierro, mientras que Salvado de Sotelo se acogería al beneficio de la prisión domiciliaria por ser mayor de 70 años, según se supo.

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JUDICIALES

Denuncian a juez que obligó a niño de 3 años a “vincularse” con la familia del abusador

El niño de 3 años fue citado para una entrevista en Tribunales con una psicóloga. En lugar de eso, lo instalaron en una sala con los familiares del acusado de abusarlo.

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JUDICIALES

Defensor de Rocío Santa Cruz dijo que la Justicia “opera en función de los medios”

El abogado Eduardo Paredes dijo que su cliente, Rocío Santa Cruz, será sobreseída en el juicio por desobedecer a la Justicia. Explicó que este delito no existió porque estaba vigente un recurso de casación que tiene efectos suspensivos.

POSADAS. “A veces el sistema judicial opera en función a la construcción de los medios”, sostuvo el abogado Eduardo Paredes al cuestionar el proceso que terminó con la condena a la ex miss Argentina, Rocío Santa Cruz, por embestir y dar muerte a un motociclista.

Paredes hizo esa observación en una entrevista con el Canal 6 Digital, al ser consultado acerca de situación de su cliente, quien deberá comparecer en juicio por desobediencia judicial, al ausentarse a pesar de que había recibido una condena.

El caso de la ex modelo y profesional el plantel de la AFIP-Posadas, había quedado relegado entre los temas de interés en los medios de comunicación, hasta que se supo que nuevamente será enjuiciada, esta vez por el hecho mencionado.

Paredes, en particular dijo que en el proceso contra Santa Cruz desde que el 31 de enero de 2016 atropelló a Ramón Víctor Cabrera, lo mató y huyó del lugar del accidente hasta que fue detenida y juzgada, hubo un “enseñamiento mediático”.

Caso contrario, añadió, “nunca se hubiese elevado a juicio. La sentencia debió ser anulada. Algunos de los argumentos del fallo son peligrosos. La moto del fallecido no tenía luz trasera, pero dicen que el auto tenía buena luz y eso es una tontería y en eso basaron los fundamentos”.

Con respecto al próximo enjuiciamiento de su cliente, el abogado dijo que “se la lleva al banquillo por una cuestión procesal, pero ese expediente no tiene futuro y ella será sobreseída”.

Al abundar en su argumento, recalcó que “cuando a ella se la condena en el juicio, al momento en que se recurre la sentencia de cuatro años, el recurso de casación tiene un efecto suspensivo.  En esa sentencia se le prohibió salir al país,  pero cuando se interpuso el recurso de casación eso quedó suspendido”.

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