Policiales
“En un ratito llegamos”: en su cumpleaños, murió junto sus hijos calcinado
Alejandro Torres estaba tan feliz por el regalo que le había hecho su hermana que ese mismo 25 de agosto en el que celebraba su cumpleaños número 39 decidió llevar a sus tres hijos y a una sobrina de Merlo a Tandil en su flamante auto nuevo.
Sin embargo, durante el regreso a su casa, los cinco integrantes de la familia Torres se encontraron con la muerte, después de ser embestidos por una camioneta Grand Cherokee, impactar de frente contra un camión cementero y quedar atrapados entre las llamas de un vehículo calcinado.
El hecho se produjo el último domingo de agosto cerca de las 21 en el km 225 de la Ruta Nacional Nº 3, a la altura de Cacharí, y tuvo como saldo trágico la muerte inmediata de los cinco tripulantes del Chevrolet Corsa Classic que Torres acababa de estrenar.
Asimismo, el conductor de la camioneta Grand Cherokee, Horacio Luis Castilla (67 años), quedó imputado por la justicia provincial por el delito de “quíntuple homicidio culposo agravado” por una posible conducción temeraria y por la cantidad de víctimas mortales.
En caso de ser encontrado culpable, podrá recibir una pena de entre 3 y 6 años de prisión.
Yésica Torres, la hermana de Alejandro, fue quien le regaló el vehículo unos días antes, con el fin de poder ayudarlo a mejorar su economía familiar. La víctima mortal tenía dificultades para sumar ingresos monetarios mediante su trabajo como plomero y pensaba iniciarse como chofer de Uber.
“El día domingo 25 de agosto, mi hermano cumplía 39 años y decidió ir a pasar el día a Tandil con sus tres hijos: Daira de 19, Demián de 17 y también fue Mía, de 6. También llevó a una de mis sobrinas, Lara, de 14″, relató Yésica Torres, en declaraciones al programa Telefe Noticias.
Según la propia familia, Alejandro era muy unido a sus hijos y a sus sobrinos. Era de los más dedicados a la alegría de los más chicos de la familia, por lo que todos querían pasar un tiempo con él.
De tal manera, el mismo domingo decidió salir por la mañana bien temprano desde Merlo hacia Tandil con sus tres hijos y una de sus sobrinas. Según Yésica, la prudencia de Alejandro fue tal que les impidió viajar a otras de sus sobrinas, porque ya eran cinco dentro del vehículo.
Después de llegar a la ciudad bonaerense, Alejandro les envió un mensaje de audio a sus familiares en el que describió la tranquilidad con la que se movieron en la ruta y destacó que estaban próximos al regreso. Esa fue la última vez que sus familiares escucharon su voz.
“Todos con cinturones de seguridad, no pasamos los 70 km/hora, 73, 74, y vamos re tranqui. Paramos cada media hora, 40 minutos, paramos a cargarle agua al auto, cargar agua al mate”, afirmó Alejandro en el audio.
“Ahora estamos en Las Flores. Ahora, igual, en un ratito ya llegamos y paramos a comer, todo eso, nos quedamos un ratito y pegamos la vuelta ya”, agregó, cerca del mediodía.
El accidente se produjo por la noche y las circunstancias del mismo todavía representan un misterio.
“Pasaron todo el día en Tandil y al regreso, a la altura de Azul, venían atrás de un camión de Loma Negra, de Cemento, ellos venían atrás, y una Grand Cherokee que la conducía Horacio Luis Castilla de 67 años, venía a gran velocidad desde Tandil y lo impacta desde atrás, incrustándolos detrás del camión”, relató Yésica Torres.
“Murieron todos en el acto. Después explota el auto y se queman todos: mis cuatro sobrinos y mi hermano”, completó.
Hasta el momento, se desconocen los motivos del accidente. Los peritos todavía no pudieron determinar la velocidad a la que venía la camioneta conducida por Castilla, que también quedó calcinada a causa del incendio. Como si fuera poco, en el asfalto no se pudieron registrar las marcas de frenadas, por lo que se dificulta establecer la posible velocidad de los vehículos.
Al caso se le sumó la indignación de la familia, ya que por decisión del titular del Juzgado de Garantías Nº 2, con asiento en los Tribunales de Azul, el dr. Federico Barberena, se le otorgó a Castilla la posibilidad de excarcelación bajo el pago de una fianza de 10 millones de pesos.
El conductor de la Grand Cherokee, oriundo de la Ciudad de Buenos Aires y con residencia en Tandil, ofreció un inmueble de la Capital Federal como parte de la fianza y recuperó la libertad a los pocos días del accidente.
Además, Barberena obligó a Castilla a entregar su registro de conducir y quedó inhabilitado para manejar un vehículo durante la duración del proceso. También se le prohibió salir del país en el mismo período.
Por el momento, Castilla acudió una semana después del accidente al Hospital Dr. Ángel Pinto de Azul con un fuerte dolor en el pecho. Desde entonces se encuentra internado allí en una sala común, bajo custodia policial.
“Le otorgaron una excarcelación de 10 millones de pesos. La vida de mi familia pasa por alto. Pone plata y el tipo queda libre. Nosotros lo que queremos es que se haga justicia. Que pague. Nadie nos va a devolver la vida de ninguno de mi familia, pero queremos que él esté preso y que pague por lo que hizo”, se lamentó Yésica Torres, entre lágrimas.
Se espera que la titular de la UFI Nº 6 de Azul, Karina Genusso, obtenga los resultados de los análisis toxicológicos para determinar la posible presencia de alcohol en la sangre de Castilla al momento del fatal accidente.
Un grupo de delincuentes ingresó durante la madrugada de este lunes al autoservicio Don Alejo, ubicado en la intersección de la avenida Francisco de Haro y la calle Luis Pasteur, en Posadas, y se llevó aproximadamente $30 millones que estaban guardados en una caja fuerte.
El hecho fue descubierto cerca de las 7.50, cuando efectivos de la comisaría Tercera acudieron al comercio tras un requerimiento canalizado a través del CIO-911.
De acuerdo con las primeras averiguaciones, los autores forzaron una reja ubicada en el frente del local para ingresar. Una vez dentro, desactivaron el sistema de alarmas y las cámaras de seguridad antes de avanzar hacia la caja fuerte.
Tras violentar el compartimiento, sustrajeron una suma estimada en $30 millones y escaparon del lugar.
La Policía investiga por estas horas distintas hipótesis en torno al robo y, entre las líneas de trabajo, se analiza la posibilidad de que los delincuentes hayan contado con información previa sobre el funcionamiento y los movimientos internos del comercio.
En ese marco, los investigadores comenzaron a relevar las cámaras de seguridad ubicadas en inmediaciones del autoservicio con el objetivo de reconstruir el recorrido realizado por los sospechosos antes y después del robo.
También intervino personal de Policía Científica, que levantó rastros y otros elementos de interés para la investigación dentro del local.
A su vez, especialistas de Cibercrimen fueron convocados para realizar la extracción y el análisis de los registros fílmicos disponibles, en busca de imágenes que permitan identificar a los involucrados y establecer el vehículo o medio utilizado para escapar.
La investigación continúa para determinar quiénes participaron del golpe, cómo lograron acceder al comercio y hacia dónde se desplazaron después de sustraer el dinero.
Un hombre de oficio albañil, identificado como Walter S., fue detenido en El Soberbio durante un allanamiento realizado en el marco de una investigación por delitos vinculados al material de abuso sexual infantil (Masi).
El procedimiento se concretó en una vivienda ubicada en la zona de Picada Progreso y fue coordinado por personal técnico especializado de la Secretaría de Apoyo para Investigaciones Complejas (Saic) del Ministerio Público.
La medida fue ordenada por el Juzgado de Instrucción Tres de San Vicente, a requerimiento de la Fiscalía Especializada en Ciberdelitos, a cargo de Juan Pablo Espeche. Del operativo también participaron efectivos de la Dirección de Investigaciones Complejas, la comisaría local y personal de Infantería de la Policía de Misiones.
La pesquisa se inició a partir de tres reportes CyberTipline enviados por el National Center for Missing & Exploited Children (NCMEC), que fueron recibidos por el Área de Red 24/7 de la Fiscalía Especializada en Ciberdelitos de Misiones.
A partir de esos informes se activaron las tareas investigativas correspondientes, que permitieron reunir elementos para avanzar con el allanamiento.
Durante el procedimiento, los especialistas de la Saic realizaron tareas técnicas sobre los elementos encontrados en el lugar y detectaron coincidencias relevantes con la información aportada en los reportes. Además, hallaron preliminarmente archivos vinculados a material de abuso sexual infantil.
La causa reviste especial gravedad debido a que uno de los reportes advertía sobre una posible producción de este tipo de material. Esa circunstancia continúa bajo investigación y se activaron los protocolos correspondientes para preservar la identidad de la posible víctima.
La investigación forma parte de las acciones impulsadas por el Ministerio Público para fortalecer el abordaje de los delitos contra niños, niñas y adolescentes en entornos digitales, con intervención de personal especializado y coordinación entre las distintas áreas involucradas.
Desde este lunes 24 de agosto comenzó a regir en Misiones el sistema acusatorio previsto por el Código Procesal Penal Federal, un cambio que modifica el funcionamiento de la Justicia federal y redefine los roles de fiscales y jueces en las investigaciones penales.
La implementación alcanza a la jurisdicción de la Cámara Federal de Apelaciones de Posadas y convierte a Misiones en la décima jurisdicción del país en incorporar este modelo procesal. El nuevo esquema se aplica sobre los 17 departamentos de la provincia.
El principal cambio está en la investigación de los delitos: a partir de ahora, el Ministerio Público Fiscal tendrá a su cargo la dirección de las investigaciones, mientras que los jueces dejarán de conducir la instrucción y pasarán a concentrar sus funciones en el control de las garantías y la resolución de los planteos que formulen las partes.
Fiscalía Distrito Misiones
La puesta en marcha del sistema acusatorio está acompañada por la creación de la Fiscalía de Distrito Misiones, una estructura que reemplaza el esquema anterior de fiscalías federales y generales y concentra la representación del Ministerio Público Fiscal de la Nación en toda la provincia.
El distrito estará conformado por una Unidad Fiscal con asiento en Posadas y tres sedes fiscales descentralizadas: Oberá, Eldorado y Puerto Iguazú.
La fiscal general Vivian Andrea Barbosa fue designada provisoriamente como coordinadora de la Fiscalía de Distrito. Como fiscal revisora quedó la fiscal general interina Silvina Flavia Gutiérrez, mientras que el fiscal general interino Pablo Ricardo Di Loreto fue designado como reemplazante suplente.
La Unidad Fiscal Posadas tendrá competencia sobre Capital, Candelaria, Apóstoles y Concepción de la Sierra.
La sede de Oberá abarcará Cainguás, San Ignacio, Leandro N. Alem, San Javier, Libertador General San Martín, Veinticinco de Mayo, Oberá y Guaraní. Eldorado tendrá jurisdicción sobre Eldorado, Montecarlo y San Pedro, mientras que Puerto Iguazú comprenderá los departamentos Iguazú y General Manuel Belgrano.
Fiscal en lugar central
Con el nuevo modelo, el fiscal pasa a ocupar un lugar central en el proceso penal. Será quien dirija la investigación, determine las líneas de trabajo y lleve adelante la acusación, mientras que los jueces actuarán como terceros imparciales encargados de controlar que el proceso se desarrolle dentro de las reglas establecidas.
La Unidad Fiscal Posadas contará con áreas diferenciadas para Atención Inicial; Investigación y Litigio de Casos Sencillos; Investigación y Litigio de Casos Complejos; Transición; Ejecución Penal; Atención y Acompañamiento a Víctimas; y asuntos No Penales y Electorales.
En las sedes de Oberá, Eldorado y Puerto Iguazú funcionarán áreas de Atención Inicial, Investigación y Litigio de Casos, Transición y No Penal.
El cambio también apunta a un proceso penal con mayor protagonismo de las audiencias orales. La Oficina Judicial tendrá un rol central en la gestión de las audiencias y en la organización de los recursos necesarios para el funcionamiento del nuevo sistema.
Salas de audiencia
La puesta en funcionamiento del sistema acusatorio también demandó una adecuación de la infraestructura judicial de la provincia.
El Consejo de la Magistratura informó que durante 2026 se realizaron obras de puesta en valor y readecuación de seis salas de audiencia y dependencias de la Oficina Judicial distribuidas en cinco edificios de la jurisdicción.
Desde este lunes, la Cámara Federal contará con seis salas operativas: una en Puerto Iguazú, una en Oberá, una en Eldorado y tres en Posadas.
Los trabajos incluyeron modificaciones en instalaciones eléctricas, colocación de equipos de aire acondicionado, pintura, detectores de humo y señalética de emergencia, entre otras tareas.
Según el Consejo de la Magistratura, la inversión destinada a infraestructura física alcanzó los $71.186.700, mientras que otros $32.590.000 fueron destinados a mobiliario. En total, las mejoras demandaron una inversión de $103.776.700.
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