Policiales
“En un ratito llegamos”: en su cumpleaños, murió junto sus hijos calcinado
Alejandro Torres estaba tan feliz por el regalo que le había hecho su hermana que ese mismo 25 de agosto en el que celebraba su cumpleaños número 39 decidió llevar a sus tres hijos y a una sobrina de Merlo a Tandil en su flamante auto nuevo.
Sin embargo, durante el regreso a su casa, los cinco integrantes de la familia Torres se encontraron con la muerte, después de ser embestidos por una camioneta Grand Cherokee, impactar de frente contra un camión cementero y quedar atrapados entre las llamas de un vehículo calcinado.
El hecho se produjo el último domingo de agosto cerca de las 21 en el km 225 de la Ruta Nacional Nº 3, a la altura de Cacharí, y tuvo como saldo trágico la muerte inmediata de los cinco tripulantes del Chevrolet Corsa Classic que Torres acababa de estrenar.
Asimismo, el conductor de la camioneta Grand Cherokee, Horacio Luis Castilla (67 años), quedó imputado por la justicia provincial por el delito de “quíntuple homicidio culposo agravado” por una posible conducción temeraria y por la cantidad de víctimas mortales.
En caso de ser encontrado culpable, podrá recibir una pena de entre 3 y 6 años de prisión.
Yésica Torres, la hermana de Alejandro, fue quien le regaló el vehículo unos días antes, con el fin de poder ayudarlo a mejorar su economía familiar. La víctima mortal tenía dificultades para sumar ingresos monetarios mediante su trabajo como plomero y pensaba iniciarse como chofer de Uber.
“El día domingo 25 de agosto, mi hermano cumplía 39 años y decidió ir a pasar el día a Tandil con sus tres hijos: Daira de 19, Demián de 17 y también fue Mía, de 6. También llevó a una de mis sobrinas, Lara, de 14″, relató Yésica Torres, en declaraciones al programa Telefe Noticias.
Según la propia familia, Alejandro era muy unido a sus hijos y a sus sobrinos. Era de los más dedicados a la alegría de los más chicos de la familia, por lo que todos querían pasar un tiempo con él.
De tal manera, el mismo domingo decidió salir por la mañana bien temprano desde Merlo hacia Tandil con sus tres hijos y una de sus sobrinas. Según Yésica, la prudencia de Alejandro fue tal que les impidió viajar a otras de sus sobrinas, porque ya eran cinco dentro del vehículo.
Después de llegar a la ciudad bonaerense, Alejandro les envió un mensaje de audio a sus familiares en el que describió la tranquilidad con la que se movieron en la ruta y destacó que estaban próximos al regreso. Esa fue la última vez que sus familiares escucharon su voz.
“Todos con cinturones de seguridad, no pasamos los 70 km/hora, 73, 74, y vamos re tranqui. Paramos cada media hora, 40 minutos, paramos a cargarle agua al auto, cargar agua al mate”, afirmó Alejandro en el audio.
“Ahora estamos en Las Flores. Ahora, igual, en un ratito ya llegamos y paramos a comer, todo eso, nos quedamos un ratito y pegamos la vuelta ya”, agregó, cerca del mediodía.
El accidente se produjo por la noche y las circunstancias del mismo todavía representan un misterio.
“Pasaron todo el día en Tandil y al regreso, a la altura de Azul, venían atrás de un camión de Loma Negra, de Cemento, ellos venían atrás, y una Grand Cherokee que la conducía Horacio Luis Castilla de 67 años, venía a gran velocidad desde Tandil y lo impacta desde atrás, incrustándolos detrás del camión”, relató Yésica Torres.
“Murieron todos en el acto. Después explota el auto y se queman todos: mis cuatro sobrinos y mi hermano”, completó.
Hasta el momento, se desconocen los motivos del accidente. Los peritos todavía no pudieron determinar la velocidad a la que venía la camioneta conducida por Castilla, que también quedó calcinada a causa del incendio. Como si fuera poco, en el asfalto no se pudieron registrar las marcas de frenadas, por lo que se dificulta establecer la posible velocidad de los vehículos.
Al caso se le sumó la indignación de la familia, ya que por decisión del titular del Juzgado de Garantías Nº 2, con asiento en los Tribunales de Azul, el dr. Federico Barberena, se le otorgó a Castilla la posibilidad de excarcelación bajo el pago de una fianza de 10 millones de pesos.
El conductor de la Grand Cherokee, oriundo de la Ciudad de Buenos Aires y con residencia en Tandil, ofreció un inmueble de la Capital Federal como parte de la fianza y recuperó la libertad a los pocos días del accidente.
Además, Barberena obligó a Castilla a entregar su registro de conducir y quedó inhabilitado para manejar un vehículo durante la duración del proceso. También se le prohibió salir del país en el mismo período.
Por el momento, Castilla acudió una semana después del accidente al Hospital Dr. Ángel Pinto de Azul con un fuerte dolor en el pecho. Desde entonces se encuentra internado allí en una sala común, bajo custodia policial.
“Le otorgaron una excarcelación de 10 millones de pesos. La vida de mi familia pasa por alto. Pone plata y el tipo queda libre. Nosotros lo que queremos es que se haga justicia. Que pague. Nadie nos va a devolver la vida de ninguno de mi familia, pero queremos que él esté preso y que pague por lo que hizo”, se lamentó Yésica Torres, entre lágrimas.
Se espera que la titular de la UFI Nº 6 de Azul, Karina Genusso, obtenga los resultados de los análisis toxicológicos para determinar la posible presencia de alcohol en la sangre de Castilla al momento del fatal accidente.
Los ex policías Alejandro Ramón Arrieta, Iván Ezequiel Arrieta y Horacio Elías Couto, permanecen detenidos en una comisaría posadeña y el jueves serán trasladados a indagatoria ante la Justicia.
De acuerdo a lo consignado por fuentes consultadas por La Voz de Misiones, los tres enfrentan cargos por delitos de “lesiones leves calificadas y resistencia a la autoridad”.
La indagatoria se realizará ante el magistrado en turno Juan Manuel Monte, titular del Juzgado de Instrucción Dos de Posadas. En la ocasión, los ex policías podrán declarar o bien abstenerse.
En paralelo a la novedad judicial, el jefe de la Policía de Misiones, el comisario general Sandro Martínez, habló sobre el episodio y brindó otras consideraciones sobre el asunto.
En diálogo con Radio UP, el mandamás de la fuerza provincial confirmó que “hay tres ex policías que continúan detenidos y a disposición del Juzgado de Instrucción Dos de Posadas”, en tanto que precisó que “la causa es por lesiones calificadas por haber sido cometidas contra un funcionario policial y atentado contra la autoridad”.
Sobre las detenciones, Martínez indicó que “la protesta es un derecho constitucional que está asegurado, pero en este caso no fueron detenidos por la protesta, fueron detenidos porque atentaron contra la autoridad pública”.
“El personal policial los quiso identificar y ellos fueron hostiles, ofrecieron resistencia hacia la autoridad. Tenemos tres policías lesionados. El derecho a protesta está protegido, pueden protestar pero en este caso no tiene nada que ver con la protesta”, reafirmó.
Martínez además dejó en claro que tanto estos tres ex policías como el propio Diego Correa ya no pertenecen a la institución: “Hace rato ya dejaron de ser policías”.
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El reclamo
Los hermanos Arrieta y Couto fueron detenidos ayer a la mañana, frente a la Casa de Gobierno, luego de entregar una nota y encadenarse a una de las ventanas del edificio para reclamar “el mismo arreglo” que obtuvo Correa, el otro ex policía que acampó casi cuatro meses en ese lugar y tres semanas después de levantar la medida se compró una camioneta RAM que disparó señalamientos.
Familiares de los recientemente detenidos cuestionaron el arresto y apuntaron contra el procedimiento, que incluso fue filmado por varios testigos que estaban en la plaza 9 de Julio.
“Luego de entregar la nota llegaron los de Infantería a retirarlos con el jefe de la Unidad Regional y los sacaron súper mal, sin dar tantas respuestas a las preguntas de por qué se los llevaban”, indicaron.
“La única respuesta fue que no van a permitir que nadie más reclame nada frente a Casa de Gobierno y que la orden viene de arriba”, agregaron.
Respecto a los reclamos, añadió: “Nosotros queremos la misma solución que se le dio a Correa y a (Adolfo) Guirula”.
Los hermanos Arrieta, Couto, Correa y Guirula, son cuatro de los ocho ex agentes policiales involucrados en la causa iniciada por intento de sedición y conspiración tras el descubrimiento del chat Solo Cola, donde para la Justicia se orquestaba un plan para desestabilizar a la cúpula de la institución tras las protestas de 2024 que tuvieron lugar sobre la avenida Uruguay, frente al Comando Radioeléctrico I.
En ese mismo expediente se encuentra el ahora diputado provincial Ramón Amarilla y por esa misma causa todos los involucrados permanecieron más de siete meses detenidos en distintas unidades carcelarias de la provincia.
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Ángel Ramón Zalazar (82) compareció este martes ante la Justicia, se abstuvo de declarar y fue formalmente imputado por el asesinato de su ex yerno Alfredo Wiebel (48), empresario y piloto de carreras ultimado de cinco balazos en la mañana del 11 de septiembre en Puerto Iguazú.
La audiencia se realizó esta mañana y para ello el implicado debió ser traslado desde el hospital Samic de la Ciudad de las Cataratas hacia Eldorado, donde lo esperaban para indagatoria en el Juzgado de Instrucción Dos, a cargo del magistrado César Lirussi.
En esa instancia, el hombre decidió guardar silencio y tras ser notificado de los elementos de prueba en su contra fue formalmente imputado por el delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego, calificación provisoria que podría modificarse conforme avance la investigación.
Por disposición judicial, Zalazar quedó internado con custodia policial en el hospital Gardés de Eldorado, medida que se mantendrá hasta tanto se resuelva entre un pedido de prisión domiciliaria o un traslado hacia una unidad carcelaria preparada para pacientes de su condición.
Testimoniales y querella
Los instructores de la causa pudieron avanzar con la indagatoria luego de recibir un informe de la junta médica que evaluó a Zalazar, cuyos resultados arrojaron dos conclusiones clave: una es que el hombre comprende la criminalidad de sus actos y la otra es que en su cuadro de salud general no se observan patologías que pongan en riesgo su vida, siempre y cuando continúe recibiendo la asistencia médica.
En paralelo, la causa continuará avanzando con la toma de testimoniales y los primeros en declarar serán los albañiles que ese 11 de septiembre a la mañana observaron la secuencia entera del ataque ocurrido en una obra en construcción ubicada sobre la avenida República Argentina, casi Pancho Ramírez, de Iguazú.
Al expediente, además, ya se incorporó la familia de la víctima en carácter de querellante particular bajo la representación del letrado Walter Quintana, quienes de esta forma podrán participar activamente en el caso.
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Un hombre murió esta mañana en una vereda del barrio Fátima II de Garupá y efectivos policiales investigan en qué circunstancias se produjo el deceso, como así también el origen de las lesiones que presentaba en brazos y piernas.
De acuerdo a lo consignado por fuentes policiales, el fallecido se trataría de un hombre identificado como Alberto Valdés y su cuerpo quedó tendido en inmediaciones a las calles Santa Fe y Paraná.
La intervención policial se dio a las 9.30 de hoy, cuando vecinos reportaron a través del sistema 911 de la presencia de un hombre que caminó varias cuadras trastabillándose hasta que se desvaneció en el lugar y murió.
Los efectivos intervinientes constataron, además, que el hombre presentaba lesiones en brazos y piernas, heridas que ahora intentarán determinar su origen.
En el lugar intervienen la dependencia jurisdiccional y la Policía Científica, mientras se realizan las actuaciones correspondientes para confirmar su identidad y determinar las circunstancias de la muerte.
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