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Los gobernadores dicen que no podrán pagar los sueldos por culpa de Macri

Los 19 que no responden a Cambiemos rechazaron los recortes de impuestos que son coparticipables. Y advirtieron que no son responsables de las “propias y malas políticas económicas y financieras” del Presidente.

BUENOS AIRES (Agencias y diarios). Los gobernadores de la oposición advirtieron que peligra el pago de sueldos por la “grave situación de desfinanciamiento” que les provoca el paquete de medidas de Mauricio Macri, y amenazaron con ir a la justicia por una compensación.

En una reunión que se realizó este miércoles en la sede del CFI, se concentró el rechazo de 19 mandatarios provinciales a las medidas de Macri referidas a los recortes de impuestos como IVA y Ganancias, que son coparticipables.

Estuvieron presentes los gobernadoress o representantes de las provincias donde no gobierna Cambiemos, incluso algunos cercanos a la Rosada como Alberto Weretilneck, que antes presentó ante la Corte Suprema un recurso contra al congelamiento del precio de las naftas.

La cumbre terminó con un duro documento de rechazo a las medidas que los gobernadores consideran tomadas de “forma inconsulta, unilateral y sin tener en cuenta de dónde saldrán los recursos” para afrontarlas.

Nos hace compartir los costos fiscales al no disponerse con ellas las compensaciones necesarias a las provincias, generando un despojo de nuestros recursos y colocándonos en una grave situación de desfinanciamiento”, se quejaron.

Los mandatarios señalaron que Macri no puede “disponer inconstitucionalmente de recursos que son de las provincias”, lo que da pie a la amenaza del último párrafo del documento, donde advierten que irán a la justicia en caso de que la Rosada no instrumente las compensaciones para que no pierdan recursos.

Fuentes al tanto de lo discutido en la reunión explicaron que la idea planteada por los gobernadores es una acción coordinada de los 19 fiscales de Estado provinciales presentando en paralelo recursos ante la Corte Suprema, en caso de que en los próximos días el Gobierno no plantee una negociación.

En la nota los representantes provinciales sostuvieron que ante el recorte de recursos coparticipables están “en grave peligro” de no poder afrontar gastos corrientes como “el cumplimiento de las obligaciones salariales” y “la prestación de servicios esenciales”.

A continuación, le advirtieron a Macri que no les corresponde pagar por las consecuencias de “sus propias y malas políticas económicas y financieras, de las cuales no tenemos ninguna responsabilidad”.

Los gobernadores señalaron que la medida, “a todas luces tan arbitraria y perjudicial”, los pone “al borde de una grave crisis, que puede empujar incluso a la toma de medidas de carácter excepcional o de emergencia”.

En la reunión en el CFI estuvieron presentes los gobernadores Juan Manuel Urtubey (Salta), Alberto Rodríguez Saá (San Luis), Gerardo Zamora (Santiago del Estero), Miguel Lifschitz (Santa Fe), Carlos Verna (La Pampa), Alberto Weretilneck (Río Negro), Sergio Uñac (San Juan), Hugo Passalacqua (Misiones), Juan Manzur (Tucumán), Gustavo Bordet (Entre Ríos), Mariano Arcioni (Chubut), Rosana Bertone (Tierra del Fuego), Lucía Corpacci (Catamarca), Sergio Casas (La Rioja), Gildo Insfrán (Formosa), Omar Gutiérrez (Neuquén) y Domingo Peppo (Chaco). Además, estuvieron como enviados el vicegobernador de Santa Cruz, Pablo González, y el ministro de Economía de Córdoba, Osvaldo Giordano.

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Los movimientos sociales le sacaron al macrismo la emergencia alimentaria

El proyecto fue presentado por la oposición. Tuvo el aval de Cambiemos. Se destinarán unos 10 mil millones de pesos. 

BUENOS AIRES (Diarios y agencias). La Cámara de Diputados aprobó la ley de emergencia alimentaria, que contempla un aumento del 50% de la ayuda a políticas de alimentación y nutrición, con un costo fiscal estimado de $10 mil millones.

La declaración fue exigida por los movimientos sociales y de acuerdo con los voceros del macrismo en el Congreso, la demanda se cubrirá con recortes a la obra pública.

El proyecto fue presentado por la oposición el lunes y aprobado por todas las fuerzas políticas, incluida Cambiemos, que decidió avalarlo para contener la protesta social y evitar otro choque con la oposición en plena campaña electoral.

El Senado lo sancionaría el próximo miércoles, si Federico Pinedo (PRO) y el jefe del PJ Carlos Caserio pueden garantizar el quórum.

La sesión duró menos de 3 horas, con 5 minutos por cada orador, un acuerdo de oficialismo y kirchnerismo para no subir el clima de protesta social que empezó con acampes la semana pasada y este miércoles sumó una concentración frente al Congreso durante la sesión.

La diputada de izquierda socialista, Mónica Schloutthauer, fue la única abstención en la sesión. El proyecto se aprobó con 222 votos y sólo hubo una modificación en el artículo 4.

Según un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) ese cálculo daba 20947 millones de pesos. La ley obligaría al Gobierno a aportar la mitad de esa cifra para los mismos conceptos: el plan nacional de protección social, políticas alimentarias (comedores y merenderos) y el Pro Bienestar, que está a cargo del Pami.

En Cambiemos aseguran que la ley no será más que una nueva resignación presupuestaria y en tal caso el problema lo tendrá el próximo Gobierno. La ley sólo impide cubrir los aumentos con fondos destinadas a otros servicios sociales y obliga a quien sea jefe de Gabinete en enero de 2020 a indexar trimestralmente estas partidas según la variación más alta entre el Indice de precios al consumidor (IPC) o la canasta básica del Indec.

La ejecución de las partidas y las transferencias a las provincias (motivo de queja de los gobernadores) serán auditadas por la Sindicatura General de la Nación (Sigen), por gestión de la diputada massista Carla Pitiot.

“El 51,7% de las niñas, niños y adolescentes son pobres, el nivel más alto en una década. La Sigen permitirá tener información homogénea, sistemática y sostenible en el tiempo acerca de los modos de uso de los fondos públicos en una problemática crítica, explicó la legisladora.

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La inflación de agosto fue 4% por los alimentos, pero en el NEA llegó a 4,5%

La quita del IVA a mediados del mes pasado, atenuó en 0,9% el impacto. Y la estimación para septiembre arrancó con un piso de 6% según algunas consultoras. Los que más aumentaron fueron hogar y salud. 

BUENOS AIRES (Diarios y agencias). La inflación de agosto ascendió a 4% respecto del mes anterior, lo que equivale a una suba interanual del 54,5%. A su vez, el acumulado de los primeros ocho meses del año asciende a 30%, según el INDEC.

En el registro por regiones, el Nordeste figuró a la cabeza en agosto con 4,5%, mientras que Cuyo alcanzó 4,4%; Patagonia 4,2%; Noroeste 4,1%; Pampeana y Gran Buenos Aires 3,9%.

De acuerdo con los especialistas, la causa principal de la disparada fue la brusca devaluación que se produjo tras los resultados electorales de las PASO y rápidamente se trasladó a los precios, como suele suceder ante cada estampida del dólar en la Argentina.

Si bien el efecto pleno se sentirá este mes, la escalada inflacionaria de la segunda quincena de agosto modificó el escenario de desaceleración que se venía concretando desde abril y el Indice de Precios al Consumidor (IPC) volvió a dispararse.

Tras haber registrado un aumento de 2,2% en julio y haber sido la cifra más baja del año, en agosto llegó al 4% con el impacto más inmediato en alimentos y bebidas, que registró un alza del 4,5%, pero se atenuó por la quita del IVA a 14 categorías de productos de la canasta básica.

De acuerdo con varias consultoras, este beneficio impositivo generó un impacto en los precios -en promedio bajaron 0,9%- y en la demanda, que creció en estos ítems en términos interanuales, frente al resto de los rubros que en agosto siguieron mostrando importantes caídas respecto del año pasado.

La categoría que más subió fue Equipamiento del Hogar, con 6,1%, seguida de la de Salud, que trepó 5,2%. A su vez, las bebidas alcohólicas y el tabaco subieron 4,4%; el transporte, 4%; recreación y cultura, 4,2%; restaurantes y hoteles, 3,6% y prendas de vestir y calzado, 3,1%.

Los que menos subieron fueron los rubros de educación, con 2,5%; vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (2,1%); y comunicación (1,2%).

La inflación núcleo fue de 4,6%, en tanto que los precios de los regulados y de los productos estacionales ascendieron a 2,1% y 3,9%, respectivamente. A su vez, los precios de los bienes treparon 4,9% y los de los servicios, 2,3%, de acuerdo con el organismo estadístico.

El rector de la Universidad Metropolitana (UMET), Nicolás Trotta, la inflación de agosto trepó al 4,3%, por lo que la suba de precios acumulada desde diciembre ascendió al 30,5% y la interanual, a 55,1%. “La inflación de 2019 superará a la de 2018, que fue del 48%, y se convertirá en la más alta desde 1991”, enfatizó el economista.

La consultora que dirige la ex funcionaria del Indec, Graciela Bevacqua, “en lo que resta del año, el alza de los precios estará determinada principalmente por la dinámica que adquiera el dólar. Sin incrementos de tarifas, se espera que cierre cercano al 55%. Quedan pendientes para los próximos meses aumentos en prepagas, cigarrillos y servicio doméstico”, precisa el informe de la consultora GB.

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CGT reclamó por la pobreza y la inflación, y el macrismo le dio una tarjeta alimentaria

Además coincidieron en que no es necesaria declarar la emergencia alimentaria. Fue durante un encuentro que mantuvieron los gremialistas con los ministros Sica y Stanley.

BUENOS AIRES (Diarios y agencias). La Confederación General del Trabajo (CGT) fue a una audiencia con el Gobierno Nacional para reclamar por la pobreza y la inflación, y consiguieron una tarjeta alimentaria para los desocupados.

Dicho acuerdo se incluyó en un paquete que prevé un mecanismo de apoyo logístico de los gremios para contener la demanda de los comedores para los sectores más vulnerables.

Mientras tanto, la Casa Rosada analizará una ayuda social extra a los desocupados de los gremios que integran la central obrera. A la vez, se debatió un programa alimentario para los sindicatos que estén con afiliados desempleados.

La ayuda se canalizaría a través de una tarjeta alimentaria que complementaría la ayuda social que ya tiene acordada la Nación con la CGT.

La colaboración entre Balcarce 50 y la CGT fue acordada en una reunión entre la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, y el ministro de Producción, Dante Sica, y la cúpula de la central obrera  representada por Carlos Acuña, Armando Cavalieri, Gerardo Martínez, Andrés Rodríguez y Héctor Daer.

Durante el encuentro los líderes gremiales expresaron su preocupación por la profundización de la pobreza y el impacto de la inflación en los precios de los alimentos que afecta de manera directa a los sectores más desprotegidos y a los desempleados.

De esta manera, Stanley y Sica coordinaron con la CGT que asistirá al gobierno a contener la demanda alimentaria e identificar a los sectores o zonas donde el Estado no llega.

Los líderes de la cúpula de los gremios se comprometieron a pasar un listado con los comedores por asistir. Se trata de áreas o barrios donde los movimientos sociales y la Iglesia no llegan.

Tanto los funcionarios del Gobierno como de la CGT coincidieron en que en estos momentos no hace falta declarar la emergencia alimentaria, ya que hay herramientas para asistir a los más necesitados con la ley vigente.

Así, el gobierno alineó su discurso en torno a este tema, ya que tras la reunión de Mauricio Macri con su gabinete, Alejandro Finocchiaro -ministro de Educación- pidió a la oposición que “no se utilice el sufrimiento de la gente para hacer política” y destacó que “en la ley votada en septiembre de 2016 se establecieron todo tipo de herramientas para situaciones como la que estamos viviendo, que de hecho ya las está usando la ministra Stanley”.

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