A través de la Resolución 146/2025, publicada este martes en el Boletín Oficial, el Instituto Nacional de la Yerba Mate (Inym) anuló las resoluciones 15/2003, 37/2007 y 103/2017 que le otorgaban atribuciones para controlar la buena calidad del producto.

La nueva normativa modificó el régimen de sanciones relacionado con las declaraciones juradas y remarcó que el organismo debe centrar su intervención en la calidad, trazabilidad y salubridad del producto, sin interferir en la formación de precios, una función que ya no cumplía en virtud del DNU 70/2023, de diciembre de 2023, y el Decreto 812/2025, de noviembre pasado.

Sin embargo, con la eliminación dispuesta ahora de resoluciones específicas sobre estándares de calidad y sanciones, el organismo ve reducida su intervención, incluso, en el respeto estricto de los ciclos biológicos de la planta, prohibiendo su cosecha y secado antes de tiempo.

Las resoluciones derogadas vigilaban y sancionaban el exceso de palo en la yerba elaborada, la presencia de elementos extraños o contaminantes, o el incumplimiento del Código Alimentario Argentino.

Asimismo, sancionaba prácticas prohibidas en la cosecha, como el uso de machete, el pisoteo del material, la presencia de flores, frutos o hojas quemadas, o el transporte de personal sobre la yerba.

También, el exceso de semillas, bayas y materiales extraños en la yerba canchada; las deficiencias en higiene, seguridad, secanza, estacionamiento, identificación de bolsas y control de humedad; y la tenencia, molienda o reprocesamiento del palo, considerado subproducto no apto para uso alimenticio.

Además, prohibía la presencia de animales, residuos y plagas en la playa de recepción; y regulaba la falta de higiene y seguridad durante la cosecha, quebrado, acondicionado y transporte del producto.

Según las primeras repercusiones periodísticas de la medida conocida hoy, “la yerba podrá tener ahora exceso de palo y de semillas, y hasta resabios de hongos porque ya no será obligatoria la utilización de bolsas que controlen la humedad”.

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El ex diputado nacional del Frente Renovador Neo, Carlos Alberto Fernández, que finalizó su mandato en el Congreso el 10 de diciembre, asumió este lunes como subsecretario de Planificación Operativa, del Ministerio de Salud Pública de la provincia.

La presentación del médico pediatra, ex intendente de Oberá, se oficializó esta mañana durante una reunión virtual con directores de hospitales y Zonas de Salud de toda la provincia, donde el ministro de Salud de Misiones, Héctor González, formalizó la nueva conformación de su equipo.

Así, se formalizó la designación de Javier Fernando Daniel Mattivi como subsecretario de Salud, en reemplazo de Héctor Proeza, que fue como coordinador del Programa Incluir; y del obereño Fernández como subsecretario de Planificación Operativa, área que se encontraba vacante.

Según informó la cartera ministerial en sus redes sociales, acompañaron la presentación de los nuevos funcionarios, los subsecretarios de Apoyo y Logística, Carlos Báez; de Atención Primaria y Salud Ambiental, Danielo Román Silva; de Recursos Humanos y Planificación, Rodolfo Fernández Sosa; y de Gestión Administrativa y Financiera, Alejandro Paczkovski.

 

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El gobierno consiguió este viernes al mediodía en el Senado el dictamen de la Ley de Presupuesto 2026, que obtuvo media sanción el miércoles en Diputados, aunque no pudo volver a incluir el capítulo 11 que derogaba las leyes de Emergencia en Discapacidad y el Financiamiento Universitario, rechazado en la cámara baja en la votación en particular.

El despacho cosechó 11 firmas en la Comisión de Presupuesto del Senado, que preside el jujeño Ezequiel Atauche, y se espera que el proyecto baje al recinto el próximo viernes 26, donde se descuenta que el oficialismo intentará forzar la incorporación al texto del capítulo eliminado por la Cámara de Diputados.

Si bien, la espada del gobierno en el Senado, Patricia Bullrich, declaró a los periodistas que la esperaban a la salida del edificio que el Presupuesto “se votará tal cual vino de Diputados”, son varios los medios porteños que hablan de una ofensiva navideña de La Libertad Avanza (LLA) sobre los gobernadores para restituir al proyecto, por lo menos parcialmente, lo establecido en el capítulo eliminado, en especial la derogación de las leyes sobre discapacidad y universidades, que la Casa Rosada considera “deficitarias”.

La prensa porteña atribuye la “cautela” de Bullrich al hecho de que “muy pocos de los aliados del gobierno quieren volver a discutir los artículos perdidos” y porque, además, si se reabriera el texto se correría el riesgo de que la oposición pidiera otras modificaciones, como la eliminación del artículo 30, que elimina el piso del 6% obligatorio para inversión en Educación.

Sin embargo, horas antes, el ministro del Interior, Diego Santilli, adelantó que el gobierno iba a insistir con modificar el texto en el recinto. “Hay que corregirlo en el Senado”, afirmó y apunto, directamente, contra la emergencia en discapacidad y el financiamiento universitario: “La discusión está en dos leyes que tienen que ver con el exceso por arriba de la norma y que puede generarte el desequilibrio hacia adelante, entonces hay que corregirlo en el Senado”, explicó en declaraciones radiales.

Inocencia

Durante la reunión de la Comisión que preside Atauche, los senadores recibieron al secretario de Hacienda, Carlos Guberman, quien expuso los principales lineamientos técnicos del proyecto y respondió las consultas de los parlamentarios.

Guberman señaló que la presentación del Presupuesto representa “un paso importante” y afirmó que el proyecto se apoya en tres ejes centrales: el acompañamiento social sin intermediación; la recuperación y modernización de las capacidades en defensa y seguridad; y un proceso de transformación del Estado orientado a acompañar el crecimiento del sector privado.

El secretario de Hacienda del gobierno de Javier Milei detalló, además, la distribución del gasto prevista para 2026: el 45% se destinará a previsión social, pensiones y jubilaciones; el 16 % a asistencia social; el 11% a salarios del sector público; y el 9 % al pago de intereses de la deuda, lo que concentra el 82% del Presupuesto. “El 18% restante corresponde, entre otros rubros, a subsidios al transporte y la energía y al gasto universitario”, explicó.

Un rato antes, junto a la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, se firmó el dictamen de la Ley de Inocencia fiscal, que también tuvo media sanción en Diputados el miércoles y se tratará el 26 próximo en el recinto. Después, el Senado cerrará hasta febrero, cuando retomará la discusión de la reforma laboral y la ley de glaciares.

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