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Más de 50% de suba y alquileres en dolares en la Costa Argentina

Lo advirtió la Defensoría del Pueblo bonaerense. Es en comparación con el año pasado. En algunos casos las subas llegan a 172%. Aunque los operadores inmobiliarios prometen y las autoridades bonaerenses impulsan acuerdos de precios para el verano, el mercado tiene su propia dinámica. La Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires determinó con un relevamiento que los alquileres en la costa atlántica y la zona de las sierras bonaerenses para la próxima temporada de verano registran aumentos promedio de más del 50% en relación con los valores del año pasado.

Hay variaciones más amplias detectadas en el estudio que comparó los precios de 12 localidades veraniegas con los que se aplicaron en el verano de 2018. En los extremos está una renta de 15 días en Santa Teresita para la primera quincena de marzo que registró 172% de incremento. El precio para un departamento con capacidad para cuatro personas, con servicios básicos está en más de 22 mil pesos, cuando hace un año pedían 8.800 pesos. Es decir, el aumento -según el trabajo- fue de 14.483 pesos.

El registro más bajo de modificación se observó en la primera quincena de enero en Tandil: sólo se movió un 17,5% hacia arriba. Conseguir alojamiento en viviendas de Mar del Plata en las dos quincenas de enero será un 65% más caro.

La tarea realizada por la Defensoría consistió en consultar las inmobiliarias más importantes del mercado en esos destinos. El año pasado los técnicos del organismo hicieron lo mismo y por eso ahora se puede hacer la comparación.

“Hicimos un relevamiento en los doce destinos más elegidos tanto de la costa como de las sierras bonaerenses (9 de ellos, de playa). Existen aumentos considerables, por lo que hay que advertir a los turistas ante las posibles maniobras que podrían perjudicarlos”, explicó el defensor del Pueblo, Guido Lorenzino.

Según el relevamiento de ese organismo, el aumento promedio es de 55,32% con respecto al mismo período del año pasado.

Algunos ejemplos como para tomar nota. En Pinamar la primera quincena de enero tiene un promedio de $ 37.000 y la segunda, $ 43.008. En el mes de febrero, el primer tramo piden $ 33.358 y en el segundo, $ 28.766. En Villa Gesell: primera quincena $ 28.700; segunda, $ 32.933.

El informe, elaborado por el área de Atención Primaria a los Inquilinos de la Defensoría, recopiló precios de San Clemente del Tuyú, Santa Teresita, San Bernardo, Mar de Ajó, Pinamar, Villa Gesell, Mar del Plata, Miramar, Necochea, Sierra de los Padres, Sierra de la Ventana y Tandil.

Semanas atrás, desde la Cámara de Martilleros de Mar del Plata habían estimado que la suba promedio era del 25% respecto de 2018. Es decir, la mitad de lo que muestra el actual relevamiento como suba promedio y muy lejos de los casos más extremos.

La Defensoría recomendó a los turistas una serie de medidas a tener en cuenta para evitar estafas a la hora de pagar por una estadía en las ciudades turísticas de la provincia.

Por ejemplo, aconsejó alquilar a través de inmobiliarias registradas; desconfiar de anuncios con precios demasiado bajos o mal redactados; no realizar transferencias bancarias ni enviar pagos por empresas internacionales si no conoce fehacientemente a quien se le deposita el dinero.

Además, recomendó poner especial énfasis en la protección de los datos: en primer lugar, usar los buscadores de internet para realizar una buena investigación sobre quienes ofrecen los alquileres y procurar no brindar información que permita su identificación o la de su familia.

 

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Alberto Fernández prometió impulsar la legalización del aborto: “Queremos más derechos para todas”

El presidente electo Alberto Fernández prometió impulsar la legalización del aborto en la presentación de un libro en la Facultad de Derecho. “Queremos más libertad y derechos para todas”, dijo.

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Controles de alcoholemia y drogas a policías y otras fuerzas federales

Un grupo especial podrá llegar sin previo aviso a dependencias y operativos y el control será obligatorio.

Los integrantes de las fuerzas de seguridad federales serán sometidos a controles antidoping y de alcoholemia en cualquier horario y sin previo aviso, según una resolución del Ministerio de Seguridad de la Nación publicada hoy en el Boletín Oficial.

La iniciativa está prevista en la resolución 507/2019, mediante la cual se crea la Unidad de Pruebas Toxicológicas (UPT), bajo la órbita de la Dirección de Prevención de la Corrupción y Ejecución de Pruebas de Integridad de la cartera de Seguridad.

Esa unidad realizará controles “de carácter obligatorio sobre el personal de las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales para la detección de consumo de estupefacientes y alcohol”.

“Para el cumplimiento de su objetivo estará autorizada a toda hora y sin previo aviso a ingresar en cualquiera de las dependencias u operativos de despliegue de las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales”, indica el artículo 2 de la resolución.

La disposición alcanza a los integrantes de la Policía Federal Argentina, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval y Policía de Seguridad Aeroportuaria, quienes “deberán prestar plena colaboración y asistencia en los requerimientos” que le efectúen los miembros de la UPT.

Según se establece en el protocolo de actuación, quienes estén a cargo de los controles de alcoholemia y de estupefacientes “realizarán una selección aleatoria de los agentes que serán evaluados” y a tal fin “solicitarán listados del personal o bien recorrerán la dependencia u operativo eligiendo azarosamente a los agentes que se encuentren en sus puestos de trabajo”.

Además, podrán requerir a las autoridades responsables la presencia de aquellos agentes que hayan sido seleccionados a tal efecto pero que se encuentren de servicio fuera de la dependencia u operativo.

En caso de que alguno de los test arroje resultado positivo, se pondrá en conocimiento a las autoridades del área a la que pertenece el efectivo, quienes deberán “suspender inmediata y preventivamente toda actividad operativa del agente en cuestión, restringiendo así también el uso de armamento”.

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El peronismo se encaminaba a aprobar un repudio al “golpe de Estado” en Bolivia

Cambiemos limitó su proyecto a condenar las intervenciones políticas y militares. Pero quedó en minoría. Macri pretendía que ni se hablara de “golpe”.

BUENOS AIRES (Diarios y agencias). Sin el apoyo del macrismo, el pronunciamiento de repudio “al golpe de estado en Bolivia” iba camino a ser aprobado por la mayoría peronista en Diputados, ya que no hubo acuerdo entre los bloque

Ya se había anticipado que el oficialismo se abstendría de votar el texto del PJ a pesar de haber presentado un proyecto que condenaba lo sucedido con Evo Morales.

El presidente Mauricio Macri logró que sus legisladores evitaran referirse a la salida de Evo Morales como “un golpe de Estado”, pero no evitó que repudiaran la intervención militar que lo obligó a dimitir el domingo.

El debate interno entre el PRO y la UCR demoró la sesión de la Cámara de Diputados e impidió que acordaran una declaración conjunta con el resto de la oposición y casi se frustre.

Es que los legisladores de Cambiemos no llegaron a sus bancas cuando había pasado una hora de la citación y Emilio Monzó bien podría haber suspendido la sesión, pero prefirió esperar hasta que se reunieran 129.

Ni bien comenzó, pidió un cuarto intermedio para negociar un texto común entre los bloques pero no fue posible y el secretario parlamentario Eugenio Inchausti leyó las tres declaraciones: la del Gobierno, la de la oposición y la de Evolución, el bloque de Martín Lousteau, que no estaba para firmar.

El de Cambiemos no menciona golpe de Estado y repudia las irregularidades en las elecciones del 20 de octubre y es bastante más duro que las definiciones de Macri y Faurie por estos días, con letra de los radicales con experiencia diplomática que integran el bloque.

Dice: “Ratificar el compromiso con la cláusula democrática de la OEA y el protocolo de Usuahia del Mercosur, repudiar los ataques contra el sistema democrático, sufridos por el Estado Plurinacional de Bolivia, las condenables intervenciones policiales y militares en el proceso político, como así también las gravísimas alteraciones a la voluntad popular que desembocaron en el anuncio de una nueva convocatoria a elecciones nacionales.

Rechazar cualquier golpe contra la democracia y cualquier tipo de violencia, apoyando las autoridades constitucionales y la alternancia democrática”.

“Abogar por el inmediato restablecimiento pleno del Estado de derecho que garantice la paz en el pueblo de Bolivia a través de la convocatoria y realización de elecciones con total transparencia y la vigencia irrestricta a sus normas constitucionales”, termina el texto firmado por los tres jefes de bloque: Mario Negri (UCR), Álvaro González (PRO) y Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica).

El segundo párrafo de los fundamentos sienta una postura que tampoco se escucha en el palacio San Martín: “Es particularmente preocupante que reaparezcan en nuestro continente injerencias directas de las fuerzas armadas propiciando la renuncia de autoridades civiles”.

El del peronismo es escueto porque buscó ser consensuado por todo el recinto, pero no fue posible. “Expresar su profundo repudio al golpe de Estado perpetrado el 10 de noviembre de 2019 en el Estado plurinacional de Bolivia, que obligó al presidente Evo Morales y a otros funcionarios a renunciar”, dice el primero de los tres párrafos.

El de Carla Carrizo y Teresita Villavicencio, aliadas de Lousteau, cuestiona el golpe de Estado en Bolivia y las “prácticas electorales” fraudulentas.

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