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El segundo semestre de Macri arranca con aumentos

El costo de vida seguirá encareciéndose en el inicio del segundo semestre del año, pese que el Gobierno y los empresarios insiste en que se reactivará el consumo. Las alzas vendrán en las prepagas, el transporte, las comunicaciones y otros rubros.

El Gobierno confirmó que hubo una inflación del 42% en los últimos doce meses y espera llegar a diciembre con un dato proyectado para 2016 del 25%, lo que demandará una fuerte desaceleración en este segundo semestre. En los hechos, el costo de vida seguirá aumentando a un ritmo que será más leve que el registrado sobre todo en el segundo trimestre del año por la suba de tarifas, pero alto en comparación con lo que experimentan los países de la Región como Uruguay, Paraguay, Chile y Perú.

Las empresas de medicina prepaga tendrán en julio un aumento del 5% que se sumará al 15% de junio, de acuerdo con lo autorizado en la resolución 572/2016 del ministerio de Salud, lo que afectará a 4.600.000 personas de poder adquisitivo medio o alto. Estas compañías, que están autorizadas para operar con fines de lucro, registrarán el tercer aumento en el año, dado que en febrero sus planes habían experimentado un ajuste del 9%.

Los usuarios de Movistar tendrán que pagar un 14% más en promedio por los planes prepagos y pospagos; Personal, en tanto, ajustará el 25 de julio sus precios en un 10,9% para los servicios de carga virtual; Claro no tiene previsto aplicar subas.

También subirán este 1 de julio un 38,62% los aportes para las obras sociales y para el sistema de seguro de salud que pagan los monotributistas, según anunció la AFIP en su resolución general 3775: pasará de $ 233 a $ 323.

Y quienes vivan en edificios deberán afrontar subas en las expensas de entre 20% y 40% dado que los consorcios tienen que pagar el aumento para los encargados y el alza de precios en los productos de limpieza y en la tarifa de la energía eléctrica de los espacios comunes y los ascensores.

Las familias con un mayor poder adquisitivo que cuentan en sus hogares con servicio doméstico sumarán a la lista de aumentos la recomposición salarial del 33% para los trabajadores del sector, luego de que se adelantara la paritaria, pautada originalmente para septiembre. El acuerdo comprende un 18% de aumento para julio (es retroactivo, comprende al medio aguinaldo) y un 15% adicional en diciembre; el acuerdo, vigente hasta el 31 de mayo de 2017, impacta tanto para el básico mensual como para la remuneración por hora.

A su vez, en junio entró en vigencia el aumento en la suba del aporte del empleador para la obra social del trabajador de casas particulares: la suba de $ 233 a $ 419 elevó el aporte total mensual, sumando la jubilación y la cuota de la ART, de $ 498 y $ 684.

Adicionalmente, los porteños y bonaerenses que utilizan el sistema de subterráneos porteño deberán pagar desde julio un 66% más para viajar, dado que el boleto con la tarjeta SUBE pasará de $ 4,50 a $ 7,50.

El alza fue confirmó días atrás por el titular de Subterráneos de Buenos Aires (SBASE), Juan Pablo Piccardo, después de una audiencia pública realizada bajo una orden judicial y tras un aumento fallido en junio. La suba del servicio había sido comunicada en abril, junto con el tarifazo del 100% en el resto del transporte de la red metropolitana, pero se demoró hasta estos días por la exigencia judicial para que se realice la audiencia pública.

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El presidente electo Alberto Fernández prometió impulsar la legalización del aborto en la presentación de un libro en la Facultad de Derecho. “Queremos más libertad y derechos para todas”, dijo.

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Controles de alcoholemia y drogas a policías y otras fuerzas federales

Un grupo especial podrá llegar sin previo aviso a dependencias y operativos y el control será obligatorio.

Los integrantes de las fuerzas de seguridad federales serán sometidos a controles antidoping y de alcoholemia en cualquier horario y sin previo aviso, según una resolución del Ministerio de Seguridad de la Nación publicada hoy en el Boletín Oficial.

La iniciativa está prevista en la resolución 507/2019, mediante la cual se crea la Unidad de Pruebas Toxicológicas (UPT), bajo la órbita de la Dirección de Prevención de la Corrupción y Ejecución de Pruebas de Integridad de la cartera de Seguridad.

Esa unidad realizará controles “de carácter obligatorio sobre el personal de las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales para la detección de consumo de estupefacientes y alcohol”.

“Para el cumplimiento de su objetivo estará autorizada a toda hora y sin previo aviso a ingresar en cualquiera de las dependencias u operativos de despliegue de las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales”, indica el artículo 2 de la resolución.

La disposición alcanza a los integrantes de la Policía Federal Argentina, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval y Policía de Seguridad Aeroportuaria, quienes “deberán prestar plena colaboración y asistencia en los requerimientos” que le efectúen los miembros de la UPT.

Según se establece en el protocolo de actuación, quienes estén a cargo de los controles de alcoholemia y de estupefacientes “realizarán una selección aleatoria de los agentes que serán evaluados” y a tal fin “solicitarán listados del personal o bien recorrerán la dependencia u operativo eligiendo azarosamente a los agentes que se encuentren en sus puestos de trabajo”.

Además, podrán requerir a las autoridades responsables la presencia de aquellos agentes que hayan sido seleccionados a tal efecto pero que se encuentren de servicio fuera de la dependencia u operativo.

En caso de que alguno de los test arroje resultado positivo, se pondrá en conocimiento a las autoridades del área a la que pertenece el efectivo, quienes deberán “suspender inmediata y preventivamente toda actividad operativa del agente en cuestión, restringiendo así también el uso de armamento”.

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El peronismo se encaminaba a aprobar un repudio al “golpe de Estado” en Bolivia

Cambiemos limitó su proyecto a condenar las intervenciones políticas y militares. Pero quedó en minoría. Macri pretendía que ni se hablara de “golpe”.

BUENOS AIRES (Diarios y agencias). Sin el apoyo del macrismo, el pronunciamiento de repudio “al golpe de estado en Bolivia” iba camino a ser aprobado por la mayoría peronista en Diputados, ya que no hubo acuerdo entre los bloque

Ya se había anticipado que el oficialismo se abstendría de votar el texto del PJ a pesar de haber presentado un proyecto que condenaba lo sucedido con Evo Morales.

El presidente Mauricio Macri logró que sus legisladores evitaran referirse a la salida de Evo Morales como “un golpe de Estado”, pero no evitó que repudiaran la intervención militar que lo obligó a dimitir el domingo.

El debate interno entre el PRO y la UCR demoró la sesión de la Cámara de Diputados e impidió que acordaran una declaración conjunta con el resto de la oposición y casi se frustre.

Es que los legisladores de Cambiemos no llegaron a sus bancas cuando había pasado una hora de la citación y Emilio Monzó bien podría haber suspendido la sesión, pero prefirió esperar hasta que se reunieran 129.

Ni bien comenzó, pidió un cuarto intermedio para negociar un texto común entre los bloques pero no fue posible y el secretario parlamentario Eugenio Inchausti leyó las tres declaraciones: la del Gobierno, la de la oposición y la de Evolución, el bloque de Martín Lousteau, que no estaba para firmar.

El de Cambiemos no menciona golpe de Estado y repudia las irregularidades en las elecciones del 20 de octubre y es bastante más duro que las definiciones de Macri y Faurie por estos días, con letra de los radicales con experiencia diplomática que integran el bloque.

Dice: “Ratificar el compromiso con la cláusula democrática de la OEA y el protocolo de Usuahia del Mercosur, repudiar los ataques contra el sistema democrático, sufridos por el Estado Plurinacional de Bolivia, las condenables intervenciones policiales y militares en el proceso político, como así también las gravísimas alteraciones a la voluntad popular que desembocaron en el anuncio de una nueva convocatoria a elecciones nacionales.

Rechazar cualquier golpe contra la democracia y cualquier tipo de violencia, apoyando las autoridades constitucionales y la alternancia democrática”.

“Abogar por el inmediato restablecimiento pleno del Estado de derecho que garantice la paz en el pueblo de Bolivia a través de la convocatoria y realización de elecciones con total transparencia y la vigencia irrestricta a sus normas constitucionales”, termina el texto firmado por los tres jefes de bloque: Mario Negri (UCR), Álvaro González (PRO) y Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica).

El segundo párrafo de los fundamentos sienta una postura que tampoco se escucha en el palacio San Martín: “Es particularmente preocupante que reaparezcan en nuestro continente injerencias directas de las fuerzas armadas propiciando la renuncia de autoridades civiles”.

El del peronismo es escueto porque buscó ser consensuado por todo el recinto, pero no fue posible. “Expresar su profundo repudio al golpe de Estado perpetrado el 10 de noviembre de 2019 en el Estado plurinacional de Bolivia, que obligó al presidente Evo Morales y a otros funcionarios a renunciar”, dice el primero de los tres párrafos.

El de Carla Carrizo y Teresita Villavicencio, aliadas de Lousteau, cuestiona el golpe de Estado en Bolivia y las “prácticas electorales” fraudulentas.

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