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Macri envía un proyecto para eliminar la colimba definitivamente

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El Gobierno analiza enviar al Congreso un proyecto para derogar el servicio militar obligatorio, que fue acotado sólo parcialmente en 1994 por una ley sancionada durante la presidencia de Carlos Menem, en una iniciativa impulsada por la Subsecretaría de Juventud y que cuenta con el visto bueno del Ministerio de Defensa.

Según anticiparon a Télam dos fuentes oficiales, la Secretaría de Relaciones Parlamentarias, a cargo de la ex diputada Paula Bertol, ultima detalles en estos días y ordenó a asesores técnicos de su equipo su revisación.

En los considerados del anteproyecto -al que tuvo acceso la agencia oficial-, se explica que en la norma de 1994 técnicamente “el servicio militar obligatorio sigue vigente, puede ser puesto en práctica en tiempos de guerra, crisis o emergencia nacional. Estas condiciones son definidas por las autoridades del Estado en cualquier momento, bajo criterio exclusivo del Poder Ejecutivo”.

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“Está en carpeta, aunque todavía es muy pronto para decir cuándo será el momento elegido para enviarlo al Parlamento, eso depende de varios factores”, explicaron a Télam desde Casa Rosada.

Desde el oficialismo también informaron que el anteproyecto fue analizado por el ministro de Defensa, Julio Martínez, y luego de que le diera su aval, fue derivado por Jefatura de Gabinete a la oficina de Bertol, quien suele ajustar los detalles legales, junto con Pablo Clusellas (secretario Legal y Técnico).

En un guiño al electorado joven, el equipo del subsecretario de Juventud de la Nación, Pedro Robledo, confeccionó el anteproyecto hace dos meses, al advertir que la posibilidad de una conscripción obligatoria aún es una normativa vigente, contenida en la ley 24.429 (llamada ley del Servicio Militar Voluntario).

Según la lay actual, “en caso que el Ministerio de Defensa no cubriera los cupos solicitados con los voluntarios, podría solicitar al Ejecutivo una convocatoria obligada”, con previo permiso parlamentario.

“El sistema de sorteo pasó a convertirse (en 1994) en inscripción abierta, para quienes deciden seguir la carrera militar asalariada. Sin embargo, esto no significa que el Servicio Militar no esté vigente, sino que sólo fue suspendido en cuanto a su obligatoriedad. Además, debe señalarse que la conscripción militar obligatoria no ha sido en absoluto abolida”, consigna el anteproyecto.

Por lo tanto, se le pide al Congreso con esta iniciativa en su artículo 1ro derogar los artículos 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 y 33 de la ley 24.429, desterrando “la mera posibilidad de volver a caer en errores pasados, como puede ser cercenar derechos humanos intrínsecos como la libertad física y psíquica de la libre elección personal del propio destino”.

El artículo 2 del borrador propone incorporar un artículo 29 bis a la 24.429 en el que se determina que “en caso que se decrete conflicto armado de carácter internacional, se le permite al Poder Ejecutivo, previa conformidad del Congreso, convocar a aquellos soldados voluntarios que habiendo sido dados de baja, integren la reserva”.

“El objetivo de este proyecto es que el Congreso apruebe una ley definitiva que no deje lugar a dudas ni a interpretaciones abiertas: el servicio no debe ser obligatorio, ni aún en situación de emergencia. La existencia de los artículos a derogar establecen la posibilidad latente de volver a un viejo régimen que sólo ha causado penurias”, concluye.

La “colimba”, como se lo conoció popularmente (apócope de correr, limpiar y barrer), fue instaurada en 1901 mediante el Estatuto Militar Orgánico (ley 4.301) y dado parcialmente de baja en 1994 tras el escándalo del asesinato del conscripto Omar Carrasco por parte de sus superiores en la unidad militar neuquina de Zapala.

Desde entonces, durante 22 años, no hubo modificaciones a este régimen legal por parte de ninguno de los oficialismos que llegaron a la Casa Rosada, aunque sí fue eje de debate.

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Diputados aprobó el proyecto de ‘alcohol cero’ para conductores en todo el país

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alcohol

La Cámara de Diputados de la Nación aprobó y envió al Senado el proyecto que reforma la Ley de Tránsito para reducir de 0,5 a 0 miligramos la cantidad de alcohol por litro de sangre que puede tolerarse para conducir. 

El proyecto se aprobó con 195 votos afirmativos, 19 en contra y cuatro abstenciones, que provinieron, mayoritariamente, de diputados de provincias con actividad vitivinícola. 

“Esta ley es producto del esfuerzo que hicieron quienes están en los balcones, la movilización y compromiso de muchas ONGs que hoy nos acompañan y que fueron quienes pusieron en el conocimiento de todos los diputados el objetivo de esta ley, que lejos está de ser una ley contra el consumo de alcohol. No tiene que ver con la prohibición de beber sino de no conducir cuando se ha consumido alcohol”, argumentó el presidente de la comisión de Transportes Jorge Rizzotti, de la Unión Cívica Radical (UCR). 

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“Todos los abordajes terapéuticos y de control del uso de sustancias en usuarios y usuarias, que tienen perspectiva de derechos, coinciden en que el consumo de sustancia no es compatible con conducir vehículos”, agregó. 

“La modificación de esta ley es un paso fuerte de extremo, un paso en un camino largo. Esta legislación intenta un cambio cultural, pretende luchar contra la violencia vial y configurar una práctica de conciencia y responsabilidad ciudadana”, completó.  

Por el Frente de Todos, Jimena López, vicepresidenta de la comisión de Transportes, destacó que “esta ley que tiene que ver con la siniestralidad producto del consumo, viene a reparar al menos un poco, la gran pérdida que sufrieron muchas familias”. 

“Esta ley viene a poner límite a la especulación de una copa o dos. El consumo tiene impacto y afecta las facultades”, indicó. 

Por su parte, la diputada del PRO, María Luján Rey, enfatizó: “Hoy estamos regulando cómo se debe conducir en nuestro país, esta ley viene a igualar la responsabilidad a los conductores priorizando la seguridad. El bien que queremos resguardar no es más ni menos que el bien de la vida”. 

Desde el interbloque Federal, el exministro de Transportes, Florencio Randazzo, precisó: “Cuando hablamos de seguridad vial estamos hablando de vida o muerte; y sobre todos en menores de 25 años la mayor causa de muerte no natural es la accidentología vial, por eso valga si tiene importancia o no debatir este tipo de cuestiones”. 

En contra 

En contra del proyecto se manifestaron los diputados José Luis Espert, de Avanza Libertad, y Ricardo López Murphy, de Republicamos Unidos, quienes sostuvieron que el proyecto “no ataca el fondo del problema y restringe libertades ciudadanas”. 

“Legislar sobre alcohol cero por supuesto que es barato y gratis, pero creo que no pasa por esto el problema de los accidentes viales sino por una cuestión de educación vial, muchas más autovías en lugar de rutas comunes y de esa manera el estado y la responsabilidad política estarían resolviendo el problema de los ciudadanos”, afirmó Espert. 

“Conducir alcoholizado aumenta el riesgo de accidentes”, reconoció el legislador opositor, pero indicó que “no está demostrado que bajar de 0.5 a 0.0 tenga efectividad y justifique que se limiten aún más las libertades de los ciudadanos”.  

“Creo que no fuimos donde está la clave del problema: en las penalidades, en la gestión y en la educación vial. Esta legislación no pone los énfasis donde deberían estar y por esta razón no concuerdo con el proyecto de la mayoría”, señaló Lopez Murphy.

Provincias 

 La actual Ley de Tránsito 24.449 establece, para cualquier tipo de vehículos, una tolerancia de hasta 500 miligramos (0,5 gramos) de alcohol por litro de sangre; para motocicletas o ciclomotores hasta 200 miligramos (0,2 gramos); y para transporte de pasajeros de menores de edad y de carga, alcohol cero. 

La “tolerancia cero” con el alcohol ya se implementa en siete provincias y 13 localidades del país, donde se obtuvieron mejores resultados en términos de siniestros viales que con la normativa actual.

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El salario mínimo subirá 20% hasta marzo y alcanzará los $69.500

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salario mínimo

El Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil acordó esta tarde un incremento del 20 por ciento en cuatro tramos sobre el haber básico, actualmente en $57.900, por lo que en marzo se llegará a $69.500.

Así lo confirmó el Ministerio de Trabajo de la Nación, que detalló que el acuerdo alcanzado junto a la CGT, la CTA y las cámaras empresarias contempla un aumento del 7% en diciembre, 6% en enero, 4% en febrero y un 3% marzo con una revisión prevista para el segundo mes de 2023.

Los participantes de la mesa de negociación arribaron esta tarde a la Casa Rosada para firmar el acuerdo y tomarse una fotografía con el presidente Alberto Fernández.

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La votación por el salario mínimo, que se realizó de manera virtual, cosechó 31 votos a favor y uno en contra, del secretario General de la CTA Autónoma, Hugo “Cachorro” Godoy.

“Hace rato que la inflación en Argentina no la determinan los aumentos de precios, sino por la especulación de los sectores empresariales. Y no vemos ningún esfuerzo de los empresarios para una distribución de ingresos en favor de los trabajadores”, apuntó Godoy en un comunicado.

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Chat de sospechoso por atentado a CFK: “Recién intentamos matar a Cristina”

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atentado a CFK

La vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, pidió durante la tarde de este martes que Nicolás Carrizo, el jefe de la banda de los “copitos”, que trabajaba junto a Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte, sea procesado como coautor del intento de asesinato contra ella, ocurrido el 1 de septiembre.

Así lo reflejó la dirigente en un hilo de Twitter en el que dio a conocer el resultado de la pericia realizada al celular del joven: “Recién intentamos matar a Cristina”, reza uno de los mensajes que reveló la ex mandataria.

“El mensaje que estás viendo surge de la pericia al teléfono celular de Gabriel Carrizo, el tercer detenido por el intento de asesinato en la puerta de mi casa. Las conversaciones que mantuvo esa misma noche con sus contactos, prueban su rol como coautor”, lanzó Fernández en su publicación.

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Frente a ello, la presidenta del Senado informó que, junto a sus abogados, “solicitamos que -Carrizo- sea procesado como coautor por este delito junto a Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte y que, además, se les aplique la figura de asociación ilícita prevista en el Art. 210 del Código Penal”.

Asimismo, CFK criticó las actuaciones de la Justicia, alegando que “entre otras medidas de prueba que debería haber hecho el juzgado, solicitamos pericia caligráfica del manuscrito sobre la Regla Tueller, hallado en la casa de Brenda Uliarte”.

Los mensajes

“Recordá esta fecha”, “Esta hdp (sic) ya está muerta”, “No sabés que hicimos con esto”, “Generar miedo”, “Para que el gobierno sepa con quienes se están metiendo”, son algunos de los mensajes hasta ahora desconocidos y enviados desde el celular de Carrizo, jefe del grupo de supuesto vendedores de copos de nieve para el que trabajaban quienes cometieron el atentado a CFK, según surge de la presentación de la querella.

En el escrito, los abogados que representan a Fernández de Kirchner también se refirieron a dos mensajes enviados por Carrizo en la mañana del 2 de septiembre, horas después del ataque fallido, a uno de su interlocutores de confianza a quien le decía: “Es un golpe que le dimos al gobierno” y “esto se va a poner peor”, refirió el medio Página/12, citando la presentación.

Los mensajes están consignados en un informe producido por la Dirección de Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) del Ministerio Público Fiscal (MPF) producido el 26 de octubre.

Los apoderados de la Vicepresidenta, José Manuel Ubeira y Marcos Aldazábal, cuestionaron además a la jueza del caso, María Eugenia Capuchetti, por su “nula iniciativa” en la investigación, y resaltaron la relevancia de evidencias surgidas durante el último mes para luego solicitar que se tomen las medidas probatorias y procesales urgentes.

En el escrito los abogados pidieron que se ordene una ampliación de la declaración indagatoria de los detenidos Sabag Montiel, Uliarte y Carrizo en base a nuevas evidencias surgidas en la causa.

Precisamente, los letrados entienden que hay pruebas para procesarlos como coautores de asociación ilícita, algo que reclamaron a la magistrada.

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