Nacionales
Macri envía un proyecto para eliminar la colimba definitivamente

El Gobierno analiza enviar al Congreso un proyecto para derogar el servicio militar obligatorio, que fue acotado sólo parcialmente en 1994 por una ley sancionada durante la presidencia de Carlos Menem, en una iniciativa impulsada por la Subsecretaría de Juventud y que cuenta con el visto bueno del Ministerio de Defensa.
Según anticiparon a Télam dos fuentes oficiales, la Secretaría de Relaciones Parlamentarias, a cargo de la ex diputada Paula Bertol, ultima detalles en estos días y ordenó a asesores técnicos de su equipo su revisación.
En los considerados del anteproyecto -al que tuvo acceso la agencia oficial-, se explica que en la norma de 1994 técnicamente “el servicio militar obligatorio sigue vigente, puede ser puesto en práctica en tiempos de guerra, crisis o emergencia nacional. Estas condiciones son definidas por las autoridades del Estado en cualquier momento, bajo criterio exclusivo del Poder Ejecutivo”.
“Está en carpeta, aunque todavía es muy pronto para decir cuándo será el momento elegido para enviarlo al Parlamento, eso depende de varios factores”, explicaron a Télam desde Casa Rosada.
Desde el oficialismo también informaron que el anteproyecto fue analizado por el ministro de Defensa, Julio Martínez, y luego de que le diera su aval, fue derivado por Jefatura de Gabinete a la oficina de Bertol, quien suele ajustar los detalles legales, junto con Pablo Clusellas (secretario Legal y Técnico).
En un guiño al electorado joven, el equipo del subsecretario de Juventud de la Nación, Pedro Robledo, confeccionó el anteproyecto hace dos meses, al advertir que la posibilidad de una conscripción obligatoria aún es una normativa vigente, contenida en la ley 24.429 (llamada ley del Servicio Militar Voluntario).
Según la lay actual, “en caso que el Ministerio de Defensa no cubriera los cupos solicitados con los voluntarios, podría solicitar al Ejecutivo una convocatoria obligada”, con previo permiso parlamentario.
“El sistema de sorteo pasó a convertirse (en 1994) en inscripción abierta, para quienes deciden seguir la carrera militar asalariada. Sin embargo, esto no significa que el Servicio Militar no esté vigente, sino que sólo fue suspendido en cuanto a su obligatoriedad. Además, debe señalarse que la conscripción militar obligatoria no ha sido en absoluto abolida”, consigna el anteproyecto.
Por lo tanto, se le pide al Congreso con esta iniciativa en su artículo 1ro derogar los artículos 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 y 33 de la ley 24.429, desterrando “la mera posibilidad de volver a caer en errores pasados, como puede ser cercenar derechos humanos intrínsecos como la libertad física y psíquica de la libre elección personal del propio destino”.
El artículo 2 del borrador propone incorporar un artículo 29 bis a la 24.429 en el que se determina que “en caso que se decrete conflicto armado de carácter internacional, se le permite al Poder Ejecutivo, previa conformidad del Congreso, convocar a aquellos soldados voluntarios que habiendo sido dados de baja, integren la reserva”.
“El objetivo de este proyecto es que el Congreso apruebe una ley definitiva que no deje lugar a dudas ni a interpretaciones abiertas: el servicio no debe ser obligatorio, ni aún en situación de emergencia. La existencia de los artículos a derogar establecen la posibilidad latente de volver a un viejo régimen que sólo ha causado penurias”, concluye.
La “colimba”, como se lo conoció popularmente (apócope de correr, limpiar y barrer), fue instaurada en 1901 mediante el Estatuto Militar Orgánico (ley 4.301) y dado parcialmente de baja en 1994 tras el escándalo del asesinato del conscripto Omar Carrasco por parte de sus superiores en la unidad militar neuquina de Zapala.
Desde entonces, durante 22 años, no hubo modificaciones a este régimen legal por parte de ninguno de los oficialismos que llegaron a la Casa Rosada, aunque sí fue eje de debate.
Nacionales
Desde el 9 de abril no cobrarán peaje en rutas 12 y 14 hasta nueva concesión

A partir de las 00 del 9 de abril, la administración de las rutas nacionales 12, 14 y 174 pasarán a manos del Estado y no habrá cobro de peaje hasta que sean privatizadas nuevamente.
La medida se debe a la finalización del contrato con la concesionaria privada Caminos del Río Uruguay S.A, que no será renovado.
“Se liberarán las trazas para que puedan celebrarse sobre ella nuevos contratos de concesión”, informó Vialidad Nacional.
Una vez que el organismo tome posesión de la administración realizará un “relevamiento de la infraestructura vial y de todos los bienes que forman parte de la concesión a fin de generar el cierre administrativo y labrar las actas de infracción a la empresa saliente, en caso de que se detecten deficiencias o faltantes”.
En esa línea, Vialidad Nacional precisó que levantarán las barreras de peaje y “durante el período entre la finalización del actual contrato y el inicio de los siguientes, no se realizará el cobro” en las rutas nacionales 12, 14 y 174.
Además, durante el período transitorio, el organismo comunicó que llevará a cabo diferentes trabajos para optimizar la infraestructura y garantizar la seguridad vial, que incluye corte de pastos y desmalezado de banquinas, provisión y colocación de mezcla asfáltica en caliente, remolques y señalización.
Nacionales
Por decreto, modifican ley de tránsito: licencia, VTV y peajes

El Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado y la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía modernizaron la Ley de Tránsito, una normativa con casi 30 años de antigüedad. A partir de ahora, la licencia de conducir será digital y los peajes sin barreras, entre los principales cambios.
Las medidas se oficializaron este martes a través del Decreto 196/2025 publicado en el Boletín Oficial con el objetivo de “agilizar trámites administrativos y reducir costos para los conductores”, tanto particulares como profesionales; simplificar los procesos de renovación del Sistema Nacional de Licencias de Conducir; implementar la licencia nacional digital; eliminar la Licencia Nacional de Transporte Interjurisdiccional (LiNTI) y permitir la incorporación de peajes sin barreras.
Un factor común es que al modificar una Ley Nacional, tanto las provincias como los municipios deberán decidir si adherirse o no a la normativa para que tenga validez en sus respectivas jurisdicciones. Sin embargo, desde el Ejecutivo resaltan que con estas medidas están “generando el marco apropiado para que quienes quieran, puedan hacerlo”.
Principales cambios
A partir de ahora, la licencia nacional de conducir será digital y válida en todo el país. Para su renovación los conductores presentarán un certificado de aptitud psicofísica de manera online, cada 5 años si son menores de 65 años, cada 3 años en mayores de 65 y anualmente después de los 70 años.
Desde la Agencia Nacional de Seguridad Vial aclararon que: “Estos cambios extienden la vigencia de la licencia profesional“.
Para los casos en que la persona posea antecedentes por infracciones graves, la revalidación requerirá también la aprobación del examen teórico práctico.
A su vez, los conductores principiantes seguirán utilizando el cartel identificatorio de su condición durante los primeros 6 meses de expedida la licencia y, de incurrir en faltas graves durante los primeros 2 años, se les suspenderá la licencia.
Tanto los cursos teórico-prácticos como los exámenes de aptitud psicofísica, necesarios al momento de la obtención de la licencia, podrán realizarse en forma descentralizada por prestadores públicos y/o privados, con estándares y exigencias previamente definidos por la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Los certificados podrán presentarse de manera online, agilizando y modernizando los procesos.
Por otra parte, se eliminó la Licencia Nacional de Transporte Interjurisdiccional (LiNTI). Las licencias nacionales de conducir de las clases C, D y/o E (profesionales) serán válidas para el transporte interjurisdiccional de cargas y pasajeros, siempre que sean emitidas por jurisdicciones autorizadas por la Agencia Nacional de Seguridad Vial.
Cambios en la VTV
Respecto de los plazos para la realización de las revisiones técnicas, en vehículos 0km de uso particular, se extiende a 5 años a partir de la fecha de patentamiento inicial. En el caso de los 0km de uso no particular, tendrán que hacer su primera revisión en el plazo que establezca la jurisdicción local, y que no podrá superar el año. En vehículos usados de uso particular con hasta 10 años de antigüedad la revisión técnica tendrá una vigencia de 2 años y en los de antigüedad mayor a 10 años la vigencia será anual.
Peajes
Otro cambio que moderniza el sistema es la implementación en todas las rutas nacionales del país de los peajes sin barreras, que no obstaculicen el tránsito vehicular. Para ello la Dirección Nacional de Vialidad deberá establecer un cronograma de implementación que prevea que, para junio de 2027, todas las rutas nacionales deberán contar exclusivamente con sistemas de cobro free Flow.
Finalmente, la normativa incluye el concepto de “vehículo autónomo”, estableciendo los requisitos obligatorios con diferentes niveles de automatización.
Trailers y casas rodantes
A partir de ahora, trailers y casas rodantes categoría O1 (acoplados, remolques y trailers para el traslado de equipaje, pequeñas embarcaciones deportivas o elementos de recreación familiar de hasta 750 kilos), podrán ser trasladados por cualquier vehículo y bastará con tramitar un solo Certificado de Seguridad Vehicular (CSV).
Antes, había que realizar este trámite por cada vehículo para asociarlo al trailer. Esto impactará en menores costos, ahorro de tiempo para los usuarios y menor burocracia.
Nacionales
La inflación de febrero fue de 2,4% y en la región NEA de 1,9%

En la tarde de hoy, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) dio a conocer los datos de la inflación correspondientes al segundo mes del año, la cual se ubicó en 2,4%, con lo que levemente superó el 2,2% registrado en enero y en doce meses los precios acumularon un alza del 66,9%. A su vez, la región del NEA tuvo el registro más bajo, siendo la única que perforó la barrera del 2%.
En términos generales, la división de mayor aumento fue Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (3,7%), por subas en Alquiler de la vivienda y gastos conexos, y Electricidad, gas y otros combustibles. Le siguió Alimentos y bebidas no alcohólicas (3,2%), principalmente por incrementos en Carnes y derivados.
En tanto, la división que registró la mayor incidencia en todas las regiones fue Alimentos y bebidas no alcohólicas (3,2%), por los aumentos en Carnes y derivados, el gran traccionador para la aceleración del índice de precios al consumidor (IPC).
En contraste, las dos divisiones que registraron las menores variaciones en febrero de 2025 fueron Equipamiento y mantenimiento del hogar (1,0%) y Prendas de vestir y calzado (0,4%).
A nivel de las categorías, IPC núcleo (2,9%) lideró el incremento, seguida de Regulados (2,3%), mientras que los precios Estacionales registraron una baja de 0,8%.
Variaciones por región
Mientras que el NEA registró la cifra más baja con el 1,9%, la Patagonia fue la que registró el número más alto, 3,2%.
Por encima del total nacional también se ubicaron Cuyo (2,7%), Noroeste (2,6%) y la Región Pampeana (2,5%). Por debajo de ese nivel estuvieron el Gran Buenos Aires (2,2%) y el Noreste (1,9%).
Particularmente en el NEA hubo divisiones con expansiones superiores al total general regional, protagonizadas por Educación (11,3%), seguida por Alimentos y bebidas no alcohólicas (2,7%), Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (2,7%), Bienes y Servicios varios (2,5%), Comunicación (2,3%) y Salud (2,1%).
En tanto, las divisiones que mostraron subas inferiores al nivel general regional fueron Transporte (1,7%), Recreación y Cultura (1,7%), Equipamiento y mantenimiento del hogar (1,1%) y Bebidas alcohólicas y Tabaco (0,6%).
Finalmente, dos divisiones mostraron deflación en el mes de análisis: Prendas de vestir y calzado (-0,2%) y Restaurantes y Hoteles (-0,6%).
La inflación fue de 2,2% en enero y la interanual alcanzó 85,5%
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