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Van por “los gordos”: Proponen limitar a cuatro años, con una reelección, el mandato de los sindicalistas

En medio del revuelo por las detenciones de los sindicalistas Juan Pablo “Pata” Medina (UOCRA), Omar “Caballo” Suárez (SOMU)  y Marcelo Balcedo (SOEME), una diputada nacional por el radicalismo propuso limitar los mandatos de los sindicalistas a cuatro años y la posibilidad de una reelección.

La iniciativa pertenece a la legisladora Soledad Carrizo (UCR-Córdoba), quien aprovechó los resonantes casos mencionados y la reacción de la población para poner un freno a la eternización de algunos dirigentes, entre los cuales figuró Ramón Baldassini (Correos) que estuvo 51 años al frente de su gremio.

Al caso de Baldassini también podrían agregarse los del taxista Omar Viviani y del empleado municipal Amadeo Genta (31 años); del petrolero Guillermo Pereyra  (30 años); del gastronómico Luís Barrionuevo, Rodolfo Daer (alimentación) y de Carlos West Ocampo (sanidad) con 29 años al frente de sus respectivas organizaciones.

En ese contexto, ahora se trata de avanzar en la redacción de una nueva Ley de Ética Pública que dispone un control a los bienes de los líderes sindicales, mientras el interbloque Cambiemos presentó un proyecto para limitar a cuatro años, con la posibilidad de una renovación, los mandatos gremiales.

En Misiones, el ránking de los gremialistas eternos está integrado por Julio Héctor “Cachilo” Rodríguez (Luz y Fuerza) con más de 30 años en el cargo; Jorge Armando “Polilla” Giménez (UPCN); Servando Pereyra (tabaco); Benigno Gómez (empleados de comercio), Irma Radzcowski (sanidad); Marina Almirón (presna), entre otros.

La diputada Carrizo, al fundamentar su proyecto, sostuvo que “esta crisis que está viviendo el sector sindical hace que sea una oportunidad para estos debates. Lo exige la sociedad ante las consecuencias nefastas en la administración del poder”, aunque iniciativas similares fracasaron en los últimos años debido a la presión ejercida por los pesos pesados del sindicalismo argentino.

Propuso que “los mandatos no podrán exceder de cuatro años, teniendo derecho a ser reelegido por un nuevo período consecutivo de cuatro años. Al finalizar este y poder ser electo nuevamente, deberá transcurrir un intervalo de un periodo fuera del cargo”.

En los argumentos del proyecto, Carrizo destacó que “la propuesta del actual gobierno de iniciar un proceso de reforma política viene a completar el examen sobre espacios e instituciones que deben adaptarse y readecuarse a nuevos requerimientos democráticos, entre ellos, los procesos electorales locales y nacionales, y con especial consideración la cuestión sobre la alternancia y renovación de diferentes operadores institucionales del Estado”.

La diputada nacional analizó que la ley 23.551 de Asociaciones Sindicales produce un vaciamiento a raíz de “la incoherencia con que se expresa al no regular los límites necesarios para combatir al caudillaje y los síntomas del hiperpersonalismo político” dentro de las organizaciones sindicales.

En forma genérica se alude en el artículo 8º a que “las asociaciones sindicales garantizarán la efectiva democracia interna”, para la cual los estatutos deben garantizar “una fluida comunicación entre los órganos internos y sus afiliados, que los delegados obren con mandato de sus representados y les informen luego de su gestión, la efectiva participación de todos los afiliados garantizando la elección directa de los cuerpos directivos y la representación de las minorías en los cuerpos deliberativos”.

Al ser consultada acerca de las reacciones que podría generar su iniciativa en el seno de los gremios, la legisladora dijo que “con los gremios lo hemos discutido en forma privada. De ninguna manera es para debilitar a las organizaciones sindicales, pero ante los hechos de corrupción y desmanejo que vemos la sociedad exige que tomemos la iniciativa”.

Añadió que “el Estado debe intervenir cuando la libertad sindical está afectada y dañada, y no hay alternancia en el poder”, dijo, razón por la cual advirtió que “este proyecto viene de antes, el poder legislativo nacional debe establecer un límite porque en algunos sindicatos se ve dañada la libertad sindical. Todavía no he tenido la oportunidad personal de presentárselo al Presidente, pero rescato la libertad con la cual uno puede trabajar los proyectos”.

Además el proyecto dispone que los gremios que deban modificar sus estatutos en cumplimiento de esta ley, deberán hacerlo dentro del plazo de un año de promulgada, y el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, o el que en el futuro lo reemplace, controlará el cumplimiento de este requisito y la readecuación estatutaria, aplicando las sanciones correspondientes en caso de inobservancia.

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Después del acto del Día de la Independencia, el viernes 6 de julio comienzan las vacaciones

El inicio del receso escolar de invierno coincide con la fecha patria. El acto escolar se realizará unos días antes y serán 16 días de descanso.

El Consejo General de Educación de la provincia de Misiones informó este jueves que el acto por el 9 de julio, en conmemoración al 202 aniversario de la Declaración de la Independencia, se realizará el viernes 6 de julio.

De la misma forma, se anunció que tras finalizado el acto, los alumnos y docentes de todos los niveles y modalidades, entrarán en el período de vacaciones de invierno.

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Gatillo fácil: policías denunciados de un grave hecho en Posadas

El jueves, al mediodía, 2 policías estaban realizando un control policial con pedido de documentación a los vehículos que pasaban por la intersección de las avenidas Jauretche y Bustamente, todo transcurría con normalidad hasta que por el lugar pasaba una moto con 2 personas, de repente y aparentemente temiendo al control, el conductor del rodado dejó a su acompañante en el lugar, giró en U y huyó en contramano por una de las avenidas. Ante esta situación uno de los policías decidió disparar al joven que manejaba la moto con balas de gomas, dichos disparos impactaron en el motoquero quien cayó a la cinta asfáltica provocandole lesiones y su posterior derivo al hospital Madariaga.

La Jefatura de Policía habría iniciado un sumario administrativo a fin de establecer las responsabilidades de cada uno de los policías que participaban del operativo, si incurrieron en irregularidades y eventual exceso en su accionar. A su vez, afrontan causa penal ya que fueron denunciados por el motociclista, quien se encuentra en su casa con reposo absoluto, luego de haber pasado la noche en el hospital.

 

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EXCLUSIVO: No hay análisis de ADN en el caso de las nenas de Pozo Azul

Una consulta a los dos laboratorios a los que puede recurrir la Justicia Penal de Misiones permitió conocer el dato: “No hemos recibido muestras para analizar relacionadas con esa causa”. Cronología del caso.

Ya pasaron 50 días del ataque a las nenas de Pozo Azul y no hay resultados del ADN. La demora podría extenderse por tiempo indeterminado si se considera que ni siquiera se están analizando las muestras obtenidas durante la investigación judicial que intenta determinar si Franco Emanuel Sotelo fue el autor del rapto, ataque sexual e intento de homicidio a una niña de seis años.

DEMORA. Portada de La Voz de Misiones sobre los resultados de ADN. Fue a 10 días del ataque. Ya pasaron 50 días y nada. En la foto el principal acusado, Franco Sotelo.

Las opciones para la Justicia Penal de Misiones son concretas, pudiendo solicitar estudios complejos, como la determinación de ADN, en dos laboratorios: uno de ellos cuenta con la última tecnología, está manejado por profesionales misioneros e instalado en el Parque de la Salud, en Posadas. El otro laboratorio disponible está en el Hospital Muñiz, en el barrio de Parque Patricios, en la Ciudad de Buenos Aires.

Sin embargo, una consulta de este medio en ambas instituciones concluyeron en una misma respuesta: “No hemos recibido muestras para analizar relacionadas con esa causa”.

La investigación, a cargo del juez de San Vicente, Gerardo Casco, logró una importante recolección de pruebas durante la primera etapa de la instrucción de la causa, que incluyó la colaboración de comisarías de San Pedro, Pozo Azul, Santiago de Liniers, Eldorado y Posadas. El trabajo de coordinación entre las distintas dependencias pudiera ser la causa de la significativa demora para comenzar con los análisis de laboratorio.

Pero como si algo se encargara de entorpecer el camino hacia la verdad, otra de las pericias clave debió ser suspendida. La Cámara Gesell a la que debían ser sometidas las hermanas quedó postergada por un detalle casi insólito: “la familia de las víctimas cambió de domicilio y todavía no logramos encontrarlos”, confirmó una fuente policial de aquella zona rural.

Cronología de una hipótesis

El hilo cronológico establecido en la investigación judicial comienza el sábado 14 de abril por la mañana, en la localidad de San Pedro, donde el relato conduce a una madre y su hija de doce años, víctimas de un intento de robo en una calle céntrica, a plena luz del día. El arrebatador fue un joven muy violento que lastimó a la mujer y huyó frustrado ante el grito de la niña pidiendo auxilio.

El malhechor abandonó el lugar a bordo de un auto color blanco. Debió tomar la ruta nacional 14 y luego la ruta provincial 20, rumbo a Pozo Azul.

Allí el chacal observó a las dos hermanas caminando solas a la vera de la ruta y decidió raptarlas. La mayor de 12 años logró escapar, pero la menor, de seis, quedó cautiva en el automóvil que la llevó por la ruta provincial 17 hasta la localidad de Santiago de Liniers.

En un descampado, el depravado abusó sexualmente de la inocente de seis años y luego la golpeó en la cabeza con un objeto contundente dejándola al borde de la muerte. Habría sido alrededor de las 11 de la mañana.

La principal hipótesis en la investigación rápidamente ubicó en la zona a Franco Sotelo, quien entonces debió viajar a toda velocidad por la ruta nacional 12 hasta Posadas, atravesando media provincia con el auto ensangrentado. Poco después, alrededor de las 13 horas llegó a la casa de su ex pareja y madre de su hija, Gisela Rodríguez; sin el auto, que había dejado en el lavadero del barrio.

En los días posteriores la policía logró un testimonio clave: el operario que lavó el auto de Sotelo declaró que “estaba lleno de sangre”. A pesar de la limpieza, las pruebas preliminares con Luminol determinaron la presencia de sangre en el interior del vehículo secuestrado, y las pericias sobre el ADN deberían establecer que la sangre pertenece a la inocente de seis años que fue agredida.

Para la noche del sábado 14 de abril, testigos identificaron a Sotelo paseando en su auto por la Costanera de Posadas, junto a su expareja y la hija de ambos, de 7 años, la misma edad que ahora tiene su supuesta víctima.

Fuga de película

En el mundo del hampa todos se conocen, y con más de diez causas por robos de importantes sumas de dinero, Sotelo no era un anónimo en la unidad de investigaciones o para la brigada de inteligencia de la Policía misionera.

Por eso, el domingo 15 de abril, desde la mañana, un “operativo a discreción” situó una Renault Trafic frente a la casa donde estaba Sotelo, quien no se impacientó por la presencia de esos hombres, y recién se alteró al leer un mensaje en el celular con un aviso concreto: “están buscando a Franco Emanuel Sotelo por el abuso de…”. En ese momento comenzó la fuga y persecución dignas de una película.

El primer dato que se conoció manchó a la institución policial. El mensaje de advertencia que permitió que Sotelo saliera trepando por los techos fue enviado por un hombre de la fuerza, el suboficial Hugo Provenzal, quien al ser detenido alegó haber ganado cariño por Sotelo durante su reclusión en la comisaría primera y en su intento por inculcarle la palabra de Dios.

El policía cómplice pasó algunas semanas tras las rejas y salió en libertad tras pagar 50 mil pesos de caución.

El lunes 16 de abril, por la mañana, Franco Sotelo apareció en la parrilla “El Eucaliptal”, sobre la vieja ruta 12, en Garupá. Allí “compró una gaseosa, pero como vendemos sólo en envase de vidrio tuvimos que cargarla en uno descartable. Saludó tranquilo, pagó y se fue hacia abajo, relató la dueña del lugar señalando hacia donde confluye el arroyo Garupá con el río Paraná, en la frontera con Candelaria.

En esa esquina siempre hay canoas y Sotelo necesitaba una. Entonces le pidió a un canoero del lugar que lo cruce a Paraguay. “Estaba vestido con saco y camisa, dijo que vino a una fiesta y sus amigos lo habían dejado, que vivía allá y necesitaba volver”, relató el baquiano, un hombre de calle y de códigos, que rápido se percató: “se notaba que venía escapando de algo, además tenía lastimada la mano derecha”, recordó.

Para la tarde de ese lunes, más de 300 policías tenían cercado a Sotelo, quien aguantó una noche más a la intemperie, en el monte que rodea a la ex Bailanta 622.

El martes 17 de abril tuvo que salir a conseguir agua y comida, y a los tiros una patrulla del Grupo de Operaciones Especiales (GOE) lo persiguió por las calles terradas del asentamiento Punta Alta. Sotelo corrió malherido hasta que cayó cruzando la autovía y un camión lo atropelló.

Como para complicar algo más la investigación, se deberá establecer porqué la bala alojada en el cuerpo de Sotelo es calibre 22, distinta a las reglamentarias de 9 milímetros que utilizan los uniformados.

Un perfil que no da…

La historia delictiva de Franco Sotelo está determinada por un patrón de conducta evidenciado en su historial de atracos, todos en contra de la propiedad privada, generalmente hurtos o robos agravados por romper puertas, aunque sin enfrentamientos ni violencia física; “era un hábil ladrón”, según lo calificó su exabogado, Ricardo Rulo Rodríguez. El letrado fue el primero en cuestionar la cronología de la investigación.

“La experiencia indica que quien cometió el ataque era un violador psicopático, de una psicopatía profunda si se analizan los aberrantes detalles de la violación, no fue así nomás”, confesó Rodríguez, al tiempo que analizó: “Franco no tenía nada que ver con ese perfil. Más bien hablamos de un hombre familiero”.

Al cumplirse 50 días del brutal ataque a las nenas de Pozo Azul, los tiempos de la Justicia parecen más dilatados que en otras ocasiones, alimentando las sospechas de encubrimiento para conocer la verdad. Y es que los vínculos entre Franco Sotelo con informantes de la policía son una posibilidad que el propio Juez Casco no descarta: “Voy a ir hasta el final de esta historia”, afirmó a este medio.

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