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Van por “los gordos”: Proponen limitar a cuatro años, con una reelección, el mandato de los sindicalistas

En medio del revuelo por las detenciones de los sindicalistas Juan Pablo “Pata” Medina (UOCRA), Omar “Caballo” Suárez (SOMU)  y Marcelo Balcedo (SOEME), una diputada nacional por el radicalismo propuso limitar los mandatos de los sindicalistas a cuatro años y la posibilidad de una reelección.

La iniciativa pertenece a la legisladora Soledad Carrizo (UCR-Córdoba), quien aprovechó los resonantes casos mencionados y la reacción de la población para poner un freno a la eternización de algunos dirigentes, entre los cuales figuró Ramón Baldassini (Correos) que estuvo 51 años al frente de su gremio.

Al caso de Baldassini también podrían agregarse los del taxista Omar Viviani y del empleado municipal Amadeo Genta (31 años); del petrolero Guillermo Pereyra  (30 años); del gastronómico Luís Barrionuevo, Rodolfo Daer (alimentación) y de Carlos West Ocampo (sanidad) con 29 años al frente de sus respectivas organizaciones.

En ese contexto, ahora se trata de avanzar en la redacción de una nueva Ley de Ética Pública que dispone un control a los bienes de los líderes sindicales, mientras el interbloque Cambiemos presentó un proyecto para limitar a cuatro años, con la posibilidad de una renovación, los mandatos gremiales.

En Misiones, el ránking de los gremialistas eternos está integrado por Julio Héctor “Cachilo” Rodríguez (Luz y Fuerza) con más de 30 años en el cargo; Jorge Armando “Polilla” Giménez (UPCN); Servando Pereyra (tabaco); Benigno Gómez (empleados de comercio), Irma Radzcowski (sanidad); Marina Almirón (presna), entre otros.

La diputada Carrizo, al fundamentar su proyecto, sostuvo que “esta crisis que está viviendo el sector sindical hace que sea una oportunidad para estos debates. Lo exige la sociedad ante las consecuencias nefastas en la administración del poder”, aunque iniciativas similares fracasaron en los últimos años debido a la presión ejercida por los pesos pesados del sindicalismo argentino.

Propuso que “los mandatos no podrán exceder de cuatro años, teniendo derecho a ser reelegido por un nuevo período consecutivo de cuatro años. Al finalizar este y poder ser electo nuevamente, deberá transcurrir un intervalo de un periodo fuera del cargo”.

En los argumentos del proyecto, Carrizo destacó que “la propuesta del actual gobierno de iniciar un proceso de reforma política viene a completar el examen sobre espacios e instituciones que deben adaptarse y readecuarse a nuevos requerimientos democráticos, entre ellos, los procesos electorales locales y nacionales, y con especial consideración la cuestión sobre la alternancia y renovación de diferentes operadores institucionales del Estado”.

La diputada nacional analizó que la ley 23.551 de Asociaciones Sindicales produce un vaciamiento a raíz de “la incoherencia con que se expresa al no regular los límites necesarios para combatir al caudillaje y los síntomas del hiperpersonalismo político” dentro de las organizaciones sindicales.

En forma genérica se alude en el artículo 8º a que “las asociaciones sindicales garantizarán la efectiva democracia interna”, para la cual los estatutos deben garantizar “una fluida comunicación entre los órganos internos y sus afiliados, que los delegados obren con mandato de sus representados y les informen luego de su gestión, la efectiva participación de todos los afiliados garantizando la elección directa de los cuerpos directivos y la representación de las minorías en los cuerpos deliberativos”.

Al ser consultada acerca de las reacciones que podría generar su iniciativa en el seno de los gremios, la legisladora dijo que “con los gremios lo hemos discutido en forma privada. De ninguna manera es para debilitar a las organizaciones sindicales, pero ante los hechos de corrupción y desmanejo que vemos la sociedad exige que tomemos la iniciativa”.

Añadió que “el Estado debe intervenir cuando la libertad sindical está afectada y dañada, y no hay alternancia en el poder”, dijo, razón por la cual advirtió que “este proyecto viene de antes, el poder legislativo nacional debe establecer un límite porque en algunos sindicatos se ve dañada la libertad sindical. Todavía no he tenido la oportunidad personal de presentárselo al Presidente, pero rescato la libertad con la cual uno puede trabajar los proyectos”.

Además el proyecto dispone que los gremios que deban modificar sus estatutos en cumplimiento de esta ley, deberán hacerlo dentro del plazo de un año de promulgada, y el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, o el que en el futuro lo reemplace, controlará el cumplimiento de este requisito y la readecuación estatutaria, aplicando las sanciones correspondientes en caso de inobservancia.

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Como si nada, sigue atendiendo la pediatra acusada por la muerte en Camino

Rocío Nardes trabaja además en el Sanatorio Posadas, donde fue vista atendiendo pacientes el sábado y el miércoles pasados, en la guardia del centro de salud.

La muerte de la pequeña Luana Kruka (7 años) el pasado sábado 8 de septiembre en el Sanatorio Camino dejó abierto un interrogante sobre la atención médica recibida por la paciente, a quien no le dieron un diagnóstico preciso sino hasta después del fatal desenlace.

La mirada de los padres de la pequeña se centró en el tratamiento recibido por parte de una de las pediatras que representa al Sanatorio Camino, Rocío Nardes, sobre quien pesa la sospecha de “Mala Praxis”  que investiga el juez Marcelo Cardozo, quien inmediatamente determinó el secuestro de la historia clínica y la exhumación del cuerpo para una autopsia, cuyos resultados definirán la carátula de la investigación a cargo de la fiscal Amalia Spinnato.

En medio de la repercusión nacional por la muerte de Luana Kruka a causa del la bacteria Streptococcus, los padres de la niña salieron al cruce de quien creen que es la responsable del deceso, la pediatra Rocío de los Ángeles Nardes: “Queremos que esta doctora no vuelva a atender a otro chico hasta conocer su responsabilidad en la muerte de Luana”, señaló Martín Kruka, el papá.

Como si nada

El escándalo de la pediatra Nardes no impidió que la profesional continuara con su trabajo, aunque la presión social hizo que en los días posteriores a la muerte de Luana, la docrtora cerrara su cuenta personal de Facebook, ante el asedio de los internautas. Pero las guardias continuaron como si nada hubiese ocurrido.

Una de las madres alertadas por las publicaciones que se viralizaron dio aviso de que la doctora Rocío Nardes estaba trabajando el fin de semana en el Sanatorio Posadas. Sin restricciones por parte de la Justicia ni de las autoridades médicas de los sanatorios posadeños, la pediatra acusada por la familia Kruka no tiene impedimento legal para trabajar con su matrícula -M05352- del Colegio Médico Misiones.

Las acciones de la Justicia fueron inmediatas. Desde el secuestro de la historia clínica hasta la exhumación del cuerpo y la autopsia, todo se realizó con premura en las diligencias. Sin embargo, la investigación está en curso y todavía no está definida la carátula del caso que, para los Kruka, no podría diferir de “Mala Práxis” en la atención médica de la doctora Nardes, quien continúa en las nóminas de Pediatras disponibles de las guardias en los Sanatorios Camino y Posadas.

 

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No se pierde una. Mauri Closs se fotografió en la Bombonera

El triunfo de Boca Juniors 2-0 frente a Cruzeiro por la Copa Libertadores tuvo un espectador conocido por los misioneros: Maurice Closs, exgobernador de Misiones y actual senador nacional, disfrutó de la velada futbolística y lo publicó.

La Copa Libertadores entra en una etapa de definiciones y Boca pasó una prueba importante. A la cita futbolística asistió el político y empresario misionero con uno de sus hijos que, en agradecimiento, publicó y arrobó a su papá en Twitter.

“Gracias viejo por hacerme hincha de Boca”, escribió @OctiCloss en la red social. Con expresión de sorprendido, Maurice posó para la foto, pública, en su cuenta @mauricloss.

Para Facebook también posaron, en otro plano, mostrándose más distendido el empresario.

PARA EL FACE. Otra toma lo muestra a Mauri más distendido.

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Alumnos de la Católica de Santa Fe protestan por aumentos desproporcionados

La casa de estudios impuso un incremento de dos mil pesos para todas las carreras y los estudiantes interrumpen el tránsito en una manifestación frente al edificio de avenida Rademacher.

El aumento de la cuota mensual en todas las carreras de todas las sedes de la Universidad Católica de Santa Fe generó el rechazó del alumnado que, organizado, salió a cortar las calles en protesta frente a las sedes de Santa Fe, Rosario, Rafaela y Posadas.

Desde las 17 horas, cientos de estudiantes de la UCSF se convocaron en Posadas buscando respuestas de las autoridades que, si bien salieron a dialogar, no conformaron con sus argumentos.

El incremento del arancel académico alcanza los 2 mil pesos escalonados hasta diciembre. Para el final del año 2018, la tarifa llegará a su máximo: enero $5500; julio $6500; octubre y noviembre $7500 y diciembre $8500.

Las razones esgrimidas por las autoridades para justificar el aumento no alcanzan para frenar al alumnado que, advierte en sus carteles: “no vamos a parar hasta conseguir un arreglo coherente con el directorio”.

Deudores afuera

Si un alumno de la Universidad Católica de Santa Fe debe más de una cuota, queda automáticamente fuera de la lista de asistencia de alumnos regulares y quedan, además, sin la posibilidad de rendir exámenes.

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