Las comunidades Ychyry, Yvoty Porã, Tataendy y Takuapi Mirî presentaron una nota dirigida al presidente del Concejo Deliberante de Colonia Delicia Mado, denunciando las frases estigmatizantes que los ediles renovadores, Matías Sosa y Juan Carlos Closs, pronunciaron contra el pueblo mbyá en una sesión realizada días atrás.

En sus discursos, los funcionarios oficialistas habían expresado que “las comunidades mbyá guaraní de Colonia Delicia son un atraso para el municipio” y que “evitan el desarrollo”, además de catalogarlos como “usurpadores”.

Las declaraciones tuvieron lugar durante la Semana de los Pueblos Indígenas, recordada del 19 al 25 de abril. Fue en ese marco que los ediles renovadores rechazaron un proyecto de ordenanza que buscaba declarar de interés municipal las actividades realizadas durante esa semana.

Inmediatamente, las comunidades mbyá de la zona movilizaron la denuncia correspondiente ante la incongruencia y discriminación de los argumentos esgrimidos por los concejales, al considerar además que las “conductas son encuadrables en incumplimiento de los deberes de funcionario público, agravado por discriminación e incitación al odio y la violencia que surgen a partir de las manifestaciones públicas e institucionales de los concejales Matías Sosa y Juan Carlos Closs”.

Repudio y pedido de sanciones

En la nota presentada este miércoles a media mañana en la administración del HCD de Colonia Delicia, los denunciantes solicitaron que se los convoque a una nueva sesión a los fines de “expresar personalmente a los concejales nuestro sentir a partir de los dichos y expresiones estigmatizantes, discriminatorias, sus consecuencias para nuestras vidas y relaciones con los demás miembros de la sociedad que habita este municipio, a la que también pertenecemos y por cuyos representantes también votamos”.

En segundo lugar, exigieron que “se tomen las medidas disciplinarias que correspondan contra los ediles que han expresado, en violación de las normas que invocamos, estas expresiones discriminatorias contra el pueblo Mbyá Guaraní en su conjunto y en particular los que habitamos este municipio”.

Desde el colectivo también repudiaron las acusaciones al ser caracterizados como “usurpadores, comparados con animales, colocados en una posición subhumana o subciudadana”. “No habla más que de la gran ignorancia que manifiestan estas personas”, apuntaron contra los concejales.

“La más clara manifestación de ello es colocarnos como los enemigos del desarrollo, justamente cuando la idea de desarrollo que se promueve –extractivismo- es la que más daño y exclusión nos ha causado”, lamentaron.

Al repudio se sumó el Equipo Nacional de Pastoral Aborigen, integrante del Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (ENDEPA), formado por voluntarios de distintos municipios misioneros que apoyan y acompañan los reclamos del Pueblo Mbya Guaraní, que habita ancestralmente este territorio.

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El mburuvichá de la comunidad Kokuere´i II, intenta gestionar la realización de un pozo perforado para acceder al agua que les permitirá realizar las tareas domésticas diarias. Actualmente deben caminar un kilómetro para abastecerse, pero aseguran que “es un riesgo” tanto para la salud, como para los niños y las mujeres ante “el acecho de acosadores”.

La faltante de agua no es nueva. El cacique Ramón Duarte dialogó con La Voz de Misiones y recordó que hace 7 años reside en un espacio verde, lindante con la avenida Sargento Cabral de San Ignacio a 800 metros del Río Paraná, y desde entonces “no tienen agua”.

En total son 75 personas que integran esta comunidad, entre ellas 47 niños y 28 adultos, quienes para poder abastecerse deben caminar diariamente hacia el río y recolectar el agua en varios recipientes, para beber, cocinar y cubrir otras necesidades.

Duarte, también lamentó que: “Hace tiempo venimos haciendo el reclamo pero no tenemos respuesta. El año pasado entregué la nota en el Instituto Misionero de Agua y Saneamiento (IMAS), falta resolver en la Dirección de Asuntos Guaraníes”. A lo que agregó, “ahora logré que un amigo nos consiga una bomba, cañería y cables, pero falta que alguien nos ayude a conseguir la máquina para hacer la perforación”.

Un derecho vulnerado que dispara múltiples peligros

La faltante de agua, además de atentar contra la salud de las comunidades, pone en riesgo la integridad física y personal de las mujeres, los niños y adolescentes. En un audiovisual producido por el Equipo Misiones de Pastoral Aborigen, la joven Kerechu Mirí señaló “El lugar para lavar ropa queda lejos, a veces si voy sola tengo miedo de los juruá porque ese lugar está en una propiedad privada”.

Por su parte, Ara Poty agregó: “Necesitamos agua. Aquí vivimos con nuestra abuela y abuelo y hay muchos niños. A ellos necesariamente debemos llevarlos con nosotras al arroyo. Cuando hace mucho calor lo pasamos muy mal, ¿cómo vamos a ir hasta el lugar donde encontramos agua en esa situación?.

A lo que, Jera Poty añadió: “Aquí no tenemos agua, la traemos de lejos. Cuando llueve tratamos de recogerla en tanques. La falta de agua nos trae sufrimiento y la verdad es que ya no sabemos qué hacer. A veces traemos agua en malas condiciones y los niños se enferman”.

A lo que agregó: “Como somos las mujeres las que más vamos solas a lavar ropa, volvemos bien de tardecita y corremos peligro. Los hombres no indígenas llegan y nos molestan, por eso ya no queremos ir”.

Para finalizar, resaltó: “Una vez nos asustó mucho un zorro porque el caminito está en medio de un tacuaral y nos siguió hasta salir al camino más despejado, ese día nos asustamos mucho”. 

La comunidad Jatai Mirí de la cual Jera Poty es miembro, atraviesa la misma problemática. Al respecto, su mburuvichá Lino Brítez, repudió: “Necesitamos agua. De donde nos proveemos queda a mil metros. Pedimos al anterior intendente y al de ahora, igual no nos ayudan. No sabemos qué hacer”. 

También resaltaron que en ciertas épocas del año la vertiente tiende a secarse, por lo que deben esperar a que llueva para higienizarse. “El agua es un derecho humano. Exigimos inmediata solución”, exigió.

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La Universidad Nacional de Misiones (Unam) convocó a sumarse a la marcha federal del próximo martes 23 de abril en “defensa de la educación pública, gratuita y de calidad” contra el ajuste presupuestario que lleva adelante el gobierno de Javier Milei en todas las casas de estudio públicas del país.

El anuncio fue comunicado esta mañana en una conferencia de prensa en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, que estuvo encabezada por el vicerrector Sergio Katogui, en conjunto con otras autoridades de la Unam, docentes, no docentes y representantes del estudiantado.

Ante los medios de comunicación, Katogui informó las razones por las cuales la universidad decidió sumarse a la movilización nacional y confirmó que se realizará en las tres regionales, Posadas, Eldorado y Oberá.

Degradación universitaria

El vicerrector expresó que el ámbito académico entiende que el valor que se asigna a la educación en general, y a la pública en partícula, es de un acto de “degradación” por parte del actual gobierno y argumentó que esto se ve reflejado en “el gesto de desaparecer” la cartera ministerial y transformarla en una subsecretaría y, en el caso, concreto de las universidades en “una subsecretaría de Políticas Universitarias”.

Otras de las cuestiones a las que se refirió el Katogui fue la prórroga del presupuesto académico de 2023, el cual afirmó que fue insuficiente el año pasado, por lo cual el gobierno anterior tuvo que “repetir dos cuotas” para el gasto del funcionamiento de la casa de estudio.

En esa línea, sostuvo que, además de las cuestiones presupuestarias para el funcionamiento general de la universidad,  “tocan directamente a los intereses de los docentes y no docentes, que es la cobertura salarial“.

Por último, Katogui apuntó: “Hoy tenemos a nuestros docentes y no docentes con sus salarios retrasados respecto a la inflación y nos hemos visto en todas nuestras actividades disminuidas, recortadas, pero sin posibilidades de, por lo menos, repetir, y ni hablemos de aumentar el nivel general de nuestras actividades”.

Cabe mencionar que en febrero, el Consejo Superior de la Universidad resolvió declarar la emergencia presupuestaria en todo el ámbito de la casa de estudios por tiempo indeterminado, además de otorgarle facultades extraordinarias a la rectora Alicia Bohren a los fines de “ajustar los procedimientos para garantizar el normal funcionamiento de todas las Unidades académicas”.

Marcha federal

Con ese panorama expuesto por una de las autoridades de la Universidad Nacional de Misiones, los estudiantes, docentes, no docentes y directivos de las tres regionales marcharán a la par de las casas de estudios públicas de todo el país.

En Posadas, habrá dos puntos de concentración. El primer lugar será la Escuela de Enfermería, ubicada en la intersección de las avenidas Moreno y López Torres, a las 14.30. Desde allí se trasladarán al mástil de la avenida Bartolomé Mitre, a las 15.30, y finalmente marcharán por las calles del centro de la capital hasta la plaza 9 de Julio.

En la regional de Eldorado, las autoridades de la Facultad de Ciencias Forestales convocó a las 16 en la avenida San Martín, frente a cooperativa de electricidad de la ciudad.

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