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Fiscal archivó una causa por abuso contra un sacerdote de Río Cuarto
La medida se efectivizó a pesar de los contundentes resultados de un estudio psiquiátrico realizado al religioso, que revela su peligrosidad.
CÓRDOBA. Se trata de la denuncia presentada por “el chico del campanario”, un empleado de mantenimiento que en el 2012 expresó haber sido drogado y violado por un sacerdote. Los resultados de la pericia psicológica fueron desfavorables al religioso, pero el fiscal opinó que hay una “duda”.
El fiscal de esa jurisdicción, Pedro Matías Guerra, acaba de mandar a archivo el expediente contra C.G.A., el sacerdote que actualmente está asignado por el Obispado a la Parroquia San Pantaleón de Río Cuarto (Córdoba) y que, en el año 2012 se desempeñaba en la Parroquia San Roque de Corral de Bustos.
“Este Ministerio Público no pone en tela de juicio la versión suministrada por la supuesta víctima – sostuvo el fiscal Guerra- pero a los fines de analizar su eficacia o valor convictivo de los relatos debe tenerse presente la necesidad de que la prueba testimonial sea rigurosamente analizada en su coherencia interna y sobre todos que sea corroborada por otros medios de prueba”.
“Luego de examinar todos los elementos probatorios incorporados y valorados, el suscripto entiende que la investigación se encuentra completa y agotada, no resultando probable la incorporación de nuevas evidencias que modifiquen sustancialmente la presente resolución y que del mérito de la prueba colectada imposibilita alcanzar el grado de probabilidad necesario para avanzar hacia una imputación”, continúa el escrito.
Y agrega, en sentido contrario: “Sin embargo tampoco se logra arribar al grado de certeza necesario para concluir que el hecho no se cometió”.
Lo insólito de la medida es que el archivo fue decidido a pesar del contundente dictamen de una profesional que integra el Servicio de Psicología Forense del Poder Judicial y que concluyó que el sacerdote sospechado “presenta claros y abundantes indicadores de perversión en el área de la sexualidad”.
El caso
Mauricio R. trabajaba en el 2012 con el cura denunciado en la parroquia San Roque de Corral de Bustos. El sacerdote lo empleó para el mantenimiento de la iglesia limpiando excrementos de paloma del campanario. Sin embargo, un día -según la denuncia- le suministró una pastilla para hacer “una cura de sueño”, y cuando se despertó, el religioso estaba desnudo a su lado y sintió evidencias de haber sido abusado.
Los abusos fueron denunciados también en el ámbito de la Iglesia, pero a pesar de sus intentos de obtener justicia, no se tomó medida alguna. Por su parte, el Servicio de Psicología Forense del Poder Judicial informó que el párroco “presenta claros y abundantes indicadores de perversión en el área de la sexualidad“. Sin embargo, el fiscal Pedro Matías Guerra, mandó a archivo la causa, alegando que existe una “duda insuperable”.
Ante la decisión del fiscal, la víctima de abuso eclesiástico indicó a TN: “Siento que se cometió una injusticia. Nunca esperé que el señor fiscal defendiera a tal punto al cura. Su decisión me mató en vida. Hace siete años que vivo un calvario, llevando esta cruz. Me sometí a la cámara Gesell y puedo mirar a cada una de las personas con las que hablé a la cara, porque fui siempre con la verdad, que tiene que prevalecer. Fueron siete años sintiendo en el cuerpo esa asquerosidad “, lamenta.
Mediante dos allanamientos simultáneos ejecutados anoche en un barrio de Itaembé Guazú en Posadas, la Policía desbarató una red de usura y detuvo a tres sospechosos, al tiempo que decomisó 350 tarjetas de débito y tres camionetas, entre otros elementos de interés para la causa.
De acuerdo a la información difundida, la pesquisa estuvo a cargo del personal de la División Investigaciones de la Unidad Regional X, en conjunto con los agentes de la Brigada de Investigaciones del Nodo de Seguridad Itaembé Guazú, quienes mediante labores encubiertas siguieron el rastro de una banda dedicada a realizar prácticas de usura y retención indebida de documentación en perjuicio de familias vulnerables.
De esta manera, con los datos reunidos con las tareas de campo, anoche solicitaron órdenes de allanamiento y con el aval de la Justicia irrumpieron en dos inmuebles ubicados en el barrio 508 Viviendas.
Allí concretaron la detención de tres sospechosos identificados como Andrés A. R. (43), Andrés B. (39) y Susana M. (43), quienes ahora se encuentran a disposición de la Justicia.
En los procedimientos además se incautaron elementos comprometedores para la banda, como ser 350 tarjetas de débito con sus respectivas contraseñas de cajero y 25 documentos nacionales de identidad que habrían sido retenidos para garantizar el cobro de préstamos con intereses exorbitantes. También se hallaron cuadernos, anotaciones y registros contables que forman parte del circuito financiero informal investigado.
No fue lo único. Los efectivos recuperaron una gran cantidad de electrodomésticos y bienes de uso cotidiano presuntamente entregados por las víctimas como forma de pago ante la imposibilidad de afrontar los intereses impuestos por los prestamistas.
Según precisaron, todos los elementos serán inventariados y puestos a disposición del Juzgado para avanzar con la identificación de damnificados y la restitución correspondiente.
Como parte del operativo también fueron secuestrados cuatro vehículos vinculados a la maniobra, entre ellos una Toyota Hilux, una Volkswagen Amarok, una Toyota SW4 y un Fiat Fiorino, todos utilizados por la organización en la actividad investigada.
Las pesquisas continúan bajo supervisión judicial para determinar si existen otros domicilios involucrados, nuevas víctimas y eventuales integrantes del circuito usurero, sin descartarse nuevas medidas en las próximas horas.
Los allanamientos fueron realizados en el barrio 508 Viviendas de Itaembé Guazú.
La agrupación posadeña Yerba Canchada vuelve al concierto antes de que termine el año y será con una fiesta el sábado 27 de diciembre en El Galpón de la murga (Pedro Méndez 2260).
El show se llama “N’el Patio”, con la idea de mixturar el ritmo afrolatino con impronta litoraleña para una fiesta popular como viene planteando la banda desde trece años.
Las entradas tienen lotes con valores anticipados al 3764652874 : el Lote 1 tiene un costo de $15.000 o 2 por $28.000 hasta el 12 de diciembre. Luego se habilitará el Lote 2 a $18.000 o 2 por $35.000 hasta el 26 de diciembre. Finalmente, el costo en puerta será de $20.000.
En esta edición especial, la fiesta contará con la presencia de D Cerro DJ. Habrá una puesta visual, especialmente diseñada para acompañar el clima veraniego que propone el concepto del concierto.
Yerba Canchada publicó hasta el momento solo el disco “Juira los Argeles” (2016), bajo el auspicio del Instituto Nacional de Música (Inamu) y contiene diez canciones de 33 minutos en total, con éxitos propios como “Barro Ñaú”, “Caña de limón” o “La Kambá”.
El grupo está integrado por Matías Juañuk en voz y guitarra criolla, Maxi Juañuk en guitarra eléctrica y coros, Micho Acuña en el bajo y coros, Valeria Berend en acordeón, Leandro Yahni en teclados y los percusionistas Mauricio Ovando, Omar Gauna, Matías Dutra y Jerónimo Brítez.
El debate oral contra los docentes y dirigentes sindicales Mónica Gurina y Leandro Sánchez se reanudó está mañana en el SUM del Palacio de Justicia.
Previo al inicio, se conocio un pedido de la fiscal María Laura Álvarez, quién planteó que la audiencia de hoy se realice a puertas cerradas, solo con la presencia de las partes y los medios acreditados.
En sus argumentos, expuso que se sintió “coaccionada, intimidada y acosada” por el público que acompañaba a los docentes enjuiciados.
En el escrito sostuvo que en sus 13 años de trayectoria jamás experimento algo similar y recordó que la magistrada Marcela Leiva en varias oportunidades debió realizar llamados de atención a los asistentes para obtener el silencio adecuado en la sala.
La defensa, encabezada por el equipo legal integrado por los letrados Eduardo Paredes, Roxana Rivas y María Laura Alvarenga, se opuso al pedido.
La magistrada Leiva, presidenta del tribunal unipersonal encargada de dirigir el proceso, no dió lugar al pedido y aceptó el ingreso del público, aunque reiteró las normas de comportamiento.
Para este miércoles se prevé la declaración de al menos seis testigos, entre comerciantes y agentes policiales, principalmente.
Para hoy también está programado que se realice la ronda de alegatos y al culminar se decidirá el momento del dictado de sentencia.
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