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Cerca de 130 familias podrían ser propietarias de las tierras que usurpan hace más de treinta años
Alrededor de 130 familias asentadas hace más de 30 años en tierras privadas, que abarcan porciones de los municipios de Florentino Ameghino y Mojón Grande, plantearon la situación a la Subsecretaría de Tierras para llegar a un acuerdo con los propietarios y así poder adquirir los terrenos en los que viven. Desde el organismo se comprometieron pero aclararon que la situación no es de fácil resolución, por tratarse de tierras privadas y no fiscales.
El predio en cuestión cuenta con un total de 2.501 hectáreas, el 63 por ciento corresponde al municipio de Florentino Ameghino, en los parajes Puerto Rosario y Resinguero, y el 37 por ciento restante a Mojón Grande, en los parajes Cinco Mil y Guatambú. Sonia Mello, subsecretaria de Tierras y Colonización de la Provincia, manifestó que mantuvieron una reunión con la presencia del intendente de Mojón Grande y el diputado Joaquín Olivera, con la idea de encaminar la situación con las familias productoras que quedaron fuera de anteriores convenios de regularización.
Desde la Mutual de Agricultores Familiares del Alto Uruguay (Mafau), indicaron que son 130 familias las que se relevaron de forma preliminar pero que cuando se realice el censo definitivo, solicitado por la Subsecretaría de Tierras para el expediente que se inició en el caso, el número podría aumentar. Mafau es un entidad creada por los vecinos de la zona con asesoramiento de profesionales de la Universidad Nacional de Misiones, con el objetivo de avanzar en un plan de regularización.
En la década del 70 se comenzó a poblar la zona y desde entonces nunca se pudo hacer nada por la tenencia de las tierras”,
explicó Eusebio Salazar, uno de los referentes de la mutual. Salazar explicó que la situación de irregularidad en la que habitan
nos limita para muchas cosas, pero sobre todo para mejorar la calidad de vida, porque estas tierras no son nuestras. Somos trabajadores que le ponemos el pecho todos los días al trabajo en la chacra. Y como todos queremos mejorar la calidad de vida, tener una escuela, tener salud y seguridad, que es lo esencial para vivir mejor”,
remarcó al explicar la urgencia que tienen por regularizar la situación.
Al respecto de una posible negociación con los propietarios de las tierras, el diputado provincial Joaquín Olivera, quien acompañó a los funcionarios en el encuentro con los agricultores, señaló a El Territorio que “lo importante en estos casos es negociar en conjunto y no solos”.
Debe ser el Gobierno el negociador, porque los propietarios saben que esas tierras ya no les pertenecen de hecho y especulan con la venta. Además saben que le deben al municipio y el municipio no ejecuta porque eso va a repercutir en la gente, ya que esas tierras se rematarían y la situación de la gente que habita sería peor”.
Asimismo, aclaró a los agricultores que las tierras no serán gratis, ya que en algún momento deberán abonar un precio mínimo. “La Provincia no puede regalar las tierras, en todos lados se está haciendo esto en los casos de ocupación”, sostuvo. Al respecto, la subsecretaria de Tierras explicó que hay un sector de los terrenos que la provincia ya había adquirido, que están con permiso de ocupación.
Se había hecho un convenio de partes entre propietarios y ocupantes, y quedó un remanente que involucra a bastante familias, nos queda resolver esta situación, pero lo bueno es que hay voluntad, tanto de los productores como de las autoridades”,
manifestó Sonia Melo.
Policiales
Desbaratan red de usura en Posadas: tres detenidos y 350 tarjetas incautadas
Mediante dos allanamientos simultáneos ejecutados anoche en un barrio de Itaembé Guazú en Posadas, la Policía desbarató una red de usura y detuvo a tres sospechosos, al tiempo que decomisó 350 tarjetas de débito y tres camionetas, entre otros elementos de interés para la causa.
De acuerdo a la información difundida, la pesquisa estuvo a cargo del personal de la División Investigaciones de la Unidad Regional X, en conjunto con los agentes de la Brigada de Investigaciones del Nodo de Seguridad Itaembé Guazú, quienes mediante labores encubiertas siguieron el rastro de una banda dedicada a realizar prácticas de usura y retención indebida de documentación en perjuicio de familias vulnerables.
De esta manera, con los datos reunidos con las tareas de campo, anoche solicitaron órdenes de allanamiento y con el aval de la Justicia irrumpieron en dos inmuebles ubicados en el barrio 508 Viviendas.
Allí concretaron la detención de tres sospechosos identificados como Andrés A. R. (43), Andrés B. (39) y Susana M. (43), quienes ahora se encuentran a disposición de la Justicia.
En los procedimientos además se incautaron elementos comprometedores para la banda, como ser 350 tarjetas de débito con sus respectivas contraseñas de cajero y 25 documentos nacionales de identidad que habrían sido retenidos para garantizar el cobro de préstamos con intereses exorbitantes. También se hallaron cuadernos, anotaciones y registros contables que forman parte del circuito financiero informal investigado.
No fue lo único. Los efectivos recuperaron una gran cantidad de electrodomésticos y bienes de uso cotidiano presuntamente entregados por las víctimas como forma de pago ante la imposibilidad de afrontar los intereses impuestos por los prestamistas.
Según precisaron, todos los elementos serán inventariados y puestos a disposición del Juzgado para avanzar con la identificación de damnificados y la restitución correspondiente.
Como parte del operativo también fueron secuestrados cuatro vehículos vinculados a la maniobra, entre ellos una Toyota Hilux, una Volkswagen Amarok, una Toyota SW4 y un Fiat Fiorino, todos utilizados por la organización en la actividad investigada.
Las pesquisas continúan bajo supervisión judicial para determinar si existen otros domicilios involucrados, nuevas víctimas y eventuales integrantes del circuito usurero, sin descartarse nuevas medidas en las próximas horas.

Los allanamientos fueron realizados en el barrio 508 Viviendas de Itaembé Guazú.
Cultura
Yerba Canchada vuelve para despedir el año a pura cumbia y baile en el Galpón
La agrupación posadeña Yerba Canchada vuelve al concierto antes de que termine el año y será con una fiesta el sábado 27 de diciembre en El Galpón de la murga (Pedro Méndez 2260).
El show se llama “N’el Patio”, con la idea de mixturar el ritmo afrolatino con impronta litoraleña para una fiesta popular como viene planteando la banda desde trece años.
Las entradas tienen lotes con valores anticipados al 3764652874 : el Lote 1 tiene un costo de $15.000 o 2 por $28.000 hasta el 12 de diciembre. Luego se habilitará el Lote 2 a $18.000 o 2 por $35.000 hasta el 26 de diciembre. Finalmente, el costo en puerta será de $20.000.
En esta edición especial, la fiesta contará con la presencia de D Cerro DJ. Habrá una puesta visual, especialmente diseñada para acompañar el clima veraniego que propone el concepto del concierto.
Yerba Canchada publicó hasta el momento solo el disco “Juira los Argeles” (2016), bajo el auspicio del Instituto Nacional de Música (Inamu) y contiene diez canciones de 33 minutos en total, con éxitos propios como “Barro Ñaú”, “Caña de limón” o “La Kambá”.
El grupo está integrado por Matías Juañuk en voz y guitarra criolla, Maxi Juañuk en guitarra eléctrica y coros, Micho Acuña en el bajo y coros, Valeria Berend en acordeón, Leandro Yahni en teclados y los percusionistas Mauricio Ovando, Omar Gauna, Matías Dutra y Jerónimo Brítez.
Judiciales
Comenzó el segundo día de juicio a Mónica Gurina y Leandro Sánchez
El debate oral contra los docentes y dirigentes sindicales Mónica Gurina y Leandro Sánchez se reanudó está mañana en el SUM del Palacio de Justicia.
Previo al inicio, se conocio un pedido de la fiscal María Laura Álvarez, quién planteó que la audiencia de hoy se realice a puertas cerradas, solo con la presencia de las partes y los medios acreditados.
En sus argumentos, expuso que se sintió “coaccionada, intimidada y acosada” por el público que acompañaba a los docentes enjuiciados.
En el escrito sostuvo que en sus 13 años de trayectoria jamás experimento algo similar y recordó que la magistrada Marcela Leiva en varias oportunidades debió realizar llamados de atención a los asistentes para obtener el silencio adecuado en la sala.
La defensa, encabezada por el equipo legal integrado por los letrados Eduardo Paredes, Roxana Rivas y María Laura Alvarenga, se opuso al pedido.
La magistrada Leiva, presidenta del tribunal unipersonal encargada de dirigir el proceso, no dió lugar al pedido y aceptó el ingreso del público, aunque reiteró las normas de comportamiento.
Para este miércoles se prevé la declaración de al menos seis testigos, entre comerciantes y agentes policiales, principalmente.
Para hoy también está programado que se realice la ronda de alegatos y al culminar se decidirá el momento del dictado de sentencia.
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