Cinco productores, integrantes de la familia Cerpa, fueron detenidos el martes 12 de agosto, sobre la ruta provincial 18, en cercanías a Dos Hermanas, acusados en una causa por supuestas amenazas, tras una orden del juez de Instrucción Penal Uno de San Pedro, Ariel Belda Palomar. 

La medida tuvo un rápido repudio por parte de familiares, vecinos e incluso ediles que se manifestaron mediante asambleas. También hubo un corte sobre la ruta provincial 17, frente a la comisaría de Dos Hermanas, y un bloqueo en la Aduana en Bernardo de Irigoyen para reclamar la liberación de los hombres, lo que finalmente se concretó este martes.

Tras la detención de los cinco vecinos de 34, 42, 56, 58 y 64 años, respectivamente, concretada en un procedimiento realizado por más de 30 efectivos policiales con presencia del juez, el Concejo Deliberante de Bernardo de Irigoyen había emitido un comunicado en el que manifestó su acompañamiento a las familias afectadas por el procedimiento judicial y policial que calificaron como “irregular e injusto”.

A través de un breve escrito, enfatizaron: “Expresamos nuestro más enérgico repudio al accionar del juez de Instrucción Penal Dr. Belda Palomar, que vulneró derechos adquiridos, sorprendió a las familias y afectó a niños, mujeres y productores de nuestra ciudad”.

La disputa

La familia Cerpa reside en una chacra del lote 17 de Bernardo de Irigoyen hace al menos 60 años. A la defensa de los hombres, que por los vecinos son reconocidos como productores, trabajadores y padres de familia “sin antecedentes criminales”, se sumó la propia presidenta del recinto deliberativo, Carmen Borges Da Silva.

La edil se refirió a la motivación detrás de la denuncia contra los productores y señaló que la única “amenaza” se produjo dentro del propio terreno de los detenidos, quienes habrían prohibido a ciertos compradores de madera ingresar y cortar árboles protegidos por ley provincial.

Carga de madera que habría sido extraída de la chacra de la familia Cerpa

A raíz de esto, los interesados en extraer la madera nativa procedieron a realizar la denuncia por “amenazas” que luego culminó con la detención, el martes 12 de agosto alrededor de las 15, efectuada por efectivos de la Policía de Misiones, en cumplimiento de una orden de allanamiento emitida por Belda Palomar.

Allí fueron capturados los cinco hombres, acusados en una causa por supuestas amenazas, mientras que de sus domicilios secuestraron armas de fuego.

Miembros de la familia Cerpa

El caso movilizó a más de 200 vecinos, quienes se reunieron para manifestar su enojo en reiteradas oportunidades, hasta que finalmente este martes los hombres fueron liberados en horas de la tarde.

“Si bien ellos vuelven a sus chacras, que es la tierra donde nacieron y se criaron hasta la quinta generación de familiares, porque son vecinos que hace 65 años viven ahí, es muy compleja la situación. Ahora quedaron bajo caución y una vez al mes tienen que ir a firmar. Ahora hay que esperar a ver cómo sigue el proceso”, añadió Borges Da Silva consultada por La Voz de Misiones.

En cuanto a los desafíos pendientes en el municipio aseguró: “Acá hay que trabajar el tema de tierras porque realmente vivimos en un lugar donde falta mucho por hacer en cuanto a la regularización. Tenemos muy pocas tierras mensuradas y con título. La mayoría no se legalizaron”.

“Nunca hubo amenazas de Cerpa, lo que él hizo fue prohibir la tala de árboles y por eso después pidieron allanar. Para mí se les fue de las manos, más que un allanamiento fue un atropello porque no fueron a allanar un lugar donde existieron antecedentes, que fueran personas dañinas o malas, fueron a allanar la casa de una familia vulnerando todos sus derechos”, cuestionó. 

Por lo que lamentó: “En Irigoyen hemos tenido casos muy complejos y nunca llegaron a hacer un allanamiento con esa magnitud. No hay explicación para todo lo sucedido”.

Según los testigos, la misma persona denunciante, que previamente recibió la prohibición de cortar árboles, se había apersonado en la chacra de los Cerpa, junto al juez, el 12 de agosto, luego de cortar el alambrado del predio y tumbar los portones.

“Por eso fue más grande la indignación de la sociedad, porque fue la primera vez en la historia que pasa algo así, como si estuviéramos mirando una película. El mismo denunciante estuvo junto al juez y la Policía, es como para hacernos pensar qué habrá detrás de todo esto”, concluyeron. 

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Los hermanos Germán y Julio Llanos denuncian persecución y amedrentamiento sufrido en los últimos meses tras una presentación judicial, en un intento por recuperar las tierras que pertenecieron a su familia por tres generaciones en la localidad de Colonia Polana. En este informe, los denunciantes le ponen nombre y apellido a quienes acusan por abuso del poder, de vulnerar sus derechos y quedarse, momentáneamente, con su propiedad.

Todo comenzó con una denuncia por usurpación de tierras presentada por los hermanos Llanos sobre un territorio de aproximadamente 107 hectáreas, de las cuales 55 fueron cultivadas con yerba mate; en el municipio que hoy tiene alrededor de mil habitantes y está situado dentro del departamento de San Ignacio, a casi un kilómetro del río Paraná y unos 116 kilómetros de Posadas.

Para conocer de cerca esta historia, La Voz de Misiones visitó la chacra donde los hermanos Llanos detallaron la cronología del conflicto.

En primera instancia, no pueden acceder a la vivienda familiar situada allí, actualmente ocupada por dos serenos presuntamente enviados por Raúl Núñez, que es concejal en la misma localidad. En segundo lugar, se ven impedidos a pagar los impuestos municipales de esa chacra y tampoco pueden disponer de la producción de yerba.

“Esta es la chacra que era de nuestro viejo, hoy día en sucesión, con ciertos problemas con intrusos como ustedes pueden ver, tenemos esta persona que está acá con machete y otra más, enviados por el concejal del municipio de Colonia Polana, que es Raúl Núñez”, comenzó Germán Llanos durante una entrevista con LVM.

De esta manera, señaló a uno de los miembros de la familia Núñez, la cual gobierna el municipio desde hace más de dos décadas. En el año 2003, Alfredo Raúl Núñez ocupó el cargo de intendente durante cuatro mandatos consecutivos, hasta que en 2015 le cedió el mando a su esposa, Antonia Medina, quien actualmente transita su segundo período de gobierno.

En tanto, los hijos del matrimonio Núñez-Medina también lograron cargos públicos dentro del mismo pueblo. Desde el año 2014, Tamara Josefina Núñez se desempeña como jueza de paz, mientras que su hermano Raúl Francisco Núñez ocupa una banca en el Concejo Deliberante desde 2019, y hoy es el presidente del cuerpo deliberativo, segundo en la línea de mando municipal después de su madre.

Alfredo Raúl Núñez, Antonia Medina, Raúl Francisco Núñez y Tamara Josefina Núñez

Finalmente, el círculo del poder familiar se cierra con el policía Nicolás Andino, pareja de la jueza Tamara Núñez, quien supo estar a cargo de la comisaría local años atrás.

En la trama de sucesos relatados por los hermanos Germán y Julio Llanos, señalaron al actual jefe de la comisaría de Colonia Polana, el oficial principal Juan Javier Alejandro Skromeda, como el responsable de blindar el accionar de Raúl Núñez.

Además, los Llanos acusaron a Skromeda ante el jefe de la Unidad Regional IX Jardín América, comisario general Marcelo Chimiski, describiendo que en una oportunidad los intentó vincular con una carga de drogas.

Las tierras a nombre de Núñez

Según la resconstrucción de los denunciantes, la toma del territorio comenzó con la presentación de un boleto de compra venta en manos de Raúl Núñez, en la Municipalidad de Colonia Polana, fechado en 2013 con la firma de Julio Cesar Llanos, el padre de los denunciantes.

Al ver la firma del papá en el documento presentado por Núñez, los hermanos notaron anomalías la estampa y la sometieron a pericias caligráficas que determinaron que era falsa.

La supuesta transacción para la compra de la chacra había sido avalada, además, por el escribano Roberto Carlos Yegros, que se quedó sin su matrcícula profesional en 2020, luego de inspecciones del Colegio Notarial donde se observaron irregularidades que tuvieron como consecuencia sumarios; los que -por su gravedad- dieron lugar al pedido de destitución al Superior Tribunal de Justicia , lo cual se concretó noviembre de ese año.

Para dos ex concejales opositores de Colonia Polana, el poder que ejerce la familia Núñez – Medina es sinónimo de “hostigamiento y persecución”. Tal es el caso de Ramón Fernández quien ejerció durante el período 2011-2015, e impulsó una comisión investigadora a la gestión de Alfredo Núñez, que deribó en una denuncia penal por incumplimiento de deberes y malversación de fondos.

Para impedir esa investigación y la presentación de pruebas, Fernández recibió tres denuncias por supuesto abuso sexual, las cuales fueron desestimadas de inmediato por la inconsistencia en el relato de las presuntas víctimas. 

Fernandez cree que las represalias por cuestionar al poder de turno no terminaron allí y vincula a los Núñez como los responsables de lo sucedido dos meses más tarde, cuando su casa fue incendiada.

“Si no pueden por una forma, te buscan por otra, como para cansarte y que vos te retires de la política, porque vos sos una persona honesta y a ellos no le sirve eso, porque vos le estás controlando, preguntando, pidiendo y a ellos no le gusta, ellos no quieren mostrar nada, ocultan todo”, enfatizó el ex concejal que, luego de los episodios que debió resistir, dejó la política y se mudó del pueblo.

Una experiencia similar transitó Sebastián Kachorroski, concejal opositor durante la primera gestión de Antonia Medina, entre 2015 y 2019, quien entrevistado por este medio también refirió a falsas denuncias, amenazas y la pérdida de bienes materiales que lo llevaron a abandonar la escena política.

“Son formas de intentar silenciarte, pero uno no se calla. Una de las cosas más graves fue cuando me prendieron fuego el auto. Ahí sí, pudo haber fallecido mi viejo; mi papá y mi mamá, porque eran los que estaban durmiendo a diez metros del incendio”, advirtió Kachorroski durante la entrevista.

Actualmente, con todas las pruebas aportadas, los Llanos esperan respuestas de la Justicia .

La Voz de Misiones se comunicó telefónicamente con la intendenta Antonia Media, con el concejal Raúl Núñez y con su abogado defensor, Ángel Gauto, pero ninguno accedió a darnos una entrevista.

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El Tribunal Electoral de Misiones informó, a primera hora de hoy, que se encuentran acreditados los pagos a las autoridades de mesa que participaron de las elecciones legislativas provinciales el pasado 8 de junio.

El anuncio lo dieron a través de su cuenta de Instagram en el que detallaron: “Se informa a las autoridades de mesa que el pago por la labor cumplida en las elecciones del 08/06/2025 se encuentra depositado en cuenta desde el día de hoy, 12 de agosto de 2025”.

La medida alcanza a todos los ciudadanos que fueron designados y se desempeñaron como autoridades de mesa, tanto presidentes, a quienes les corresponde la suma de $40.0000, como vicepresidentes y auxiliares de mesa, en los comicios donde se eligieron representantes legislativos provinciales.

 

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El organismo recordó que el pago responde a la retribución económica prevista por la labor realizada durante la jornada electoral, y que cualquier inconveniente con la acreditación debe ser informado directamente ante el Tribunal Electoral para su revisión.

Finalmente, detallaron que en los casos de CBU correspondientes a bancos que no sean Macro, el depósito podría demorar en acreditarse durante el transcurso del día. 

A su vez, para las autoridades de mesa que no registraron CBU, el organismo adelantó que “en breve se informará el procedimiento para percibir el pago”.

Cinco frentes y seis partidos irán a las urnas el 26 de octubre en Misiones

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